Ministro de Defensa colombiano tras el asesinato de un exguerrillero de la FARC: «No tengo por qué renunciar»
“No tengo por qué renunciar”: Guillermo Botero tras muerte de exguerrillero a manos de un cabo
El Ejército reconoció que un militar sí fue el responsable y su superior pidió perdón. Oposición impulsa una moción de censura contra el ministro de Defensa.
A Dimar Torres, exguerrillero de las Farc, lo habría matado un soldado del Ejército Nacional que ha sido identificado como Daniel Eduardo Gómez.
El comandante de la fuerza de tarea Vulcano, a la que pertenece el suboficial señalado de cometer este crimen, pidió perdón a la comunidad en la vereda Carrizal, zonal rural de Convención, Norte de Santander.
«No mataron cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, el comandante tiene que venir a poner la cara y aquí estamos», aseguró el general Diego Villegas.
Guillermo Botero, por su parte, se refirió a las críticas que ha recibido por las versiones encontradas que dio tras la muerte de Dimar Torres.
“Yo no tengo por qué renunciar. No estoy incurso en ninguna investigación ni he obrado contrario a la ley; he obrado con absoluta transparencia. Reitero: la versión que yo di era la verdad formal en ese momento y era la versión que dio el cabo Gómez tanto a la Fiscalía como a sus superiores», aseguró el ministro a propósito de su primera declaración sobre que la muerte del exguerrillero habría ocurrido en medio de un forcejeo.
Ahora quedan varios interrogantes que deberán resolver investigadores de la Fiscalía: ¿Qué razón condujo al cabo Gomez a matar a Dimar Torres? ¿Habían tenido diferencias antes del homicidio? ¿Tenían algún tipo de vínculo? ¿Estaba cumpliendo Torres con el proceso de paz?
Por eso, los 35 militares del pelotón, al cual pertenece el supuesto responsable, se encuentran en una unidad militar de Ocaña a la espera de ser requeridos por autoridades.
Fiscalía confirmó que el militar enfrentará cargos por homicidio luego de que las practicas hechas al cuerpo del exguerrillero revelaran que había recibido cuatro impactos de bala.
El dictamen de medicina legal también controvierte la supuesta castración del excombatiente.
«Técnicamente, el informe muestra la existencia de una esquirla que afectó los órganos genitales de la persona fallecida», explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Sin embargo, aún se adelantan estudios para determinar si Torres sufrió abuso sexual y tortura.
Moción de censura
En el Congreso de la República se desató una tormenta política por este caso. Oposición promueve un debate de moción de censura, mientras gobierno y uribismo lo defienden.
“Creemos que esa posición del ministro (Botero) de mentirle al país debe ser objeto de debate de control político”, dijo Alberto Carrasquilla, senador del Polo Democrático.
María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, salió en su defensa: “El liderazgo del presidente Duque y el ministro de Defensa están dando contundentes demostraciones de lucha contra el crimen. Por eso nuestro respaldo”.
Oposición radica moción de censura contra ministro Guillermo Botero ante la Cámara
Para los representantes opositores, el ministro de Defensa no está en condiciones para “ejercer las funciones propias de su cargo de manera responsable, eficaz, objetiva e imparcial”.
Los partidos de oposición radicaron formalmente la solicitud para realizar un debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero, a raíz de la polémica generada tras el asesinato de Dimar Torres Arévalo, quien murió asesinado por el Ejército el pasado 22 de abril, en la vereda Campoalegre, municipio de Convención (Norte de Santander).
En el documento radicado, la oposición criticó fuertemente a Botero por las declaraciones entregadas a Blu Radio el pasado 24 de abril, en las que señalaba que la bala que causó la muerte de Torres pertenecía al arma de un soldado y que esta había sido utilizada en “legítima defensa”.
También reprocharon que, luego que el general Diego Villegas admitiera la responsabilidad del Ejército y pidiera perdón por los hechos, Botero hubiese señalado que el uniformado no tenía autorización para hacer ese pronunciamiento y que, además, no se retractaba de lo dicho inicialmente.
Para la oposición, el ministro de Defensa “debió esperar un dictamen legista o un pronunciamiento detallado de la Fiscalía General de la Nación para no mentirle al país o a la opinión pública (…) Las crudas imágenes que la comunidad grabó y que se han difundido por redes sociales contrastan con las afirmaciones de Botero”.
En ese mismo sentido, luego de que Botero señalara en Caracol Radio que “si hubo homicidio, tuvo que haber una motivación”, la oposición acusó que el jefe de la cartera de defensa tiene una intención de “encubrir desviar u obstaculizar la investigación que debe desarrollarse a partir del delito cometido”.
En Senado, la congresista Angélica Lozano, de la Alianza Verde, también anunció que se radicará una proposición para llevar a cabo un debate de moción de censura en esa corporación.
Hermana de Dimar Torres dice desconocer qué motivó su asesinato
Yaneth Torres, hermana de Dimar Torres, exintegrante de las Farc asesinado en Norte de Santander, habló sobre la situación vivida por su hermano, asesinado en el Catatumbo a manos del Ejército Nacional. Primero pasó a cuestionar lo dicho por el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
«¿Por qué el ministro de Defensa (Guillermo Botero) dice cosas sin estar seguro?», se preguntó la mujer luego de que se informara que su hermano no murió en un forcejeo con un militar, como él señaló inicialmente, sino que fue asesinado bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como falsos positivos.
De acuerdo con Torres, su hermano estuvo en las Farc y pagó por ello y actualmente ejercía labores de campesino en Norte de Santander. Según dijo, tras asesinar a su hermano los militares fueron observados por menores de edad sudando, cerca a una fosa y con la intención de ocultar la moto en la que se movilizaba el exguerrillero.
«A mi hermano lo encontraron con rastros de bala en un brazo, en la parte de la rodilla y en el cráneo», señaló Yaneth Torres, quien dijo que no sabe por qué razones su hermano fue asesinado. También instó a que se adelanten las investigaciones y se haga justicia con el caso de su familiar quien, indicó, estaba tranquilo tras su reincorporación a la vida civil.
Torres también recordó que su hermano sufría una discapacidad que le impedía caminar bien, situación que deja en entredicho un supuesto forcejeo con un militar teniendo en cuenta sus problemas de movilidad.
Y es que la muerte a balazos del exguerrillero de las Farc desmovilizado generó una gran controversia en el país. El Ministerio de Defensa informó inicialmente que falleció al recibir un disparo accidental de un miembro del Ejército, pero para la comunidad donde sucedieron los hechos, en Norte de Santander, se trató de una ejecución extrajudicial en la que, además, le fueron mutilados los genitales.
El episodio ocurrió el 22 de abril en la zona de Campo Alegre, del municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander, donde hay una fuerte presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc, bandas criminales y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), este último considerado por el gobierno como una banda narcotraficante.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó dos días después que un cabo del Ejército bajó por un caño en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para unirse al grupo encargado de custodiar el oleoducto que pasa por la zona, cuando se encontró con el exguerrillero Dimar Torres, quien al parecer intentó quitarle el fusil. «En la refriega se disparó el fusil, esta persona quedó herida y posteriormente falleció», explicó Botero a periodistas.
Al ser informado de lo ocurrido, el Ejército asignó «equipos multidisciplinarios para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió» la muerte de Torres, según un comunicado de la institución castrense. La versión de Botero contrastó en ese momento con las de los lugareños y la del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se creó tras la desmovilización de las Farc en 2016, hasta el punto de que en redes sociales llegaron a exigirle este fin de semana que renunciara.
Según el senador del partido Farc Carlos Lozada, tras la desaparición de Torres los habitantes de la zona ingresaron a un campamento del Ejército y «encontraron la fosa que los soldados estaban cavando para enterrar a este compañero y luego hallaron también el cadáver dentro del predio». Por lo anterior, exigió al Gobierno del presidente, Iván Duque, «plenas garantías» para quienes dejaron las armas con el propósito de que puedan hacer adecuadamente su proceso de reincorporación a la sociedad.
La historia cobró aún más relevancia este sábado, cuando Noticias Uno dio a conocer imágenes grabadas por los vecinos del exmiliciano cuando encontraron su cuerpo. «El cadáver tenía claros signos de castración. Su órgano sexual cortado fue puesto encima de su pecho», indicó el noticiero. Ante la controversia y debido a que desde la firma de la paz en Colombia han sido asesinados 129 exmiembros de las Farc, la Comisión de Paz del Congreso viajó el sábado al Catatumbo para dialogar con la comunidad y las autoridades.
En la zona, más de 100 personas se hicieron presentes en una audiencia pública en la que pidió perdón el general Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, de la que forma parte el militar implicado en el hecho. «Lo lamento desde lo más profundo. No es suficiente pero estoy aquí, yo me regalé para estar acá y no como dijeron algunos de que como mataron a un civil vine. Es que no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas», sostuvo Villegas.
El general precisó que lo ocurrido «no es una acción militar» y que no está tranquilo con lo que pasó, por lo que se comprometió a hacer «todo lo necesario para que la Fiscalía demuestre qué fue lo que hizo, por qué lo hizo y quién lo hizo. Que diga la verdad y que pague por lo que hizo».
El senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz, indicó que el hecho «no fue accidental», sino un «homicidio en persona protegida o ejecución extrajudicial». Asimismo, dijo que las versiones sobre violación o mutilación de los genitales de la víctima «no parecen tener sustento probatorio».
Por su parte, el senador Iván Cepeda precisó que se intentó hacer desaparecer a Torres porque «efectivamente hay una fosa en donde al parecer se iba a enterrar». Lo anterior, comentó, deja ver que «se trata de una ejecución extrajudicial, intento de desaparición y crimen contra el acuerdo y el proceso de paz».
En la noche del domingo el ministro Botero volvió a referirse al tema en una rueda de prensa para asegurar que la primera versión que dio «era coincidente con lo que había expresado el cabo Daniel Eduardo Gómez tanto a los superiores como a la Fiscalía en el interrogatorio». Sin embargo, agregó que hoy el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, «entregó información con respecto a la necropsia y a la trayectoria balística». El ministro de Defensa dijo que no tiene por qué renunciar.
Sobre el particular, Martínez explicó que tras la investigación el militar será imputado por el homicidio del excombatiente de las Farc Dimar Torres. «El informe da cuenta de la existencia de cuatro orificios de bala y el dictamen establece que el impacto letal corresponde a una entrada de proyectil malar y nasal y derecha», comentó.
En virtud de esta circunstancia, «que realmente no coincide con el interrogatorio que se surtió al cabo, más las pruebas técnicas, se ha concluido que se trataría de un homicidio», puntualizó el fiscal.
Cauca, Nariño y Antioquia, donde más han asesinado miembros de la Farc
El asesinato del exguerrillero de las Farc Dimar Torres junto a la zona de reincorporación de Convención, Norte de Santander (el 22 de abril), del que se señala al cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez, se convirtió en noticia nacional, precisamente, porque en el hecho hubo militares involucrados cuando ellos han sido los encargados de protegerlos, junto con la Policía.
Pero desde que las Farc firmaron la paz, el 24 de noviembre del 2016, han sido asesinados más de 100 de sus antiguos integrantes, y la mayoría, el 52 por ciento, en Cauca, Nariño y Antioquia, departamentos con fuerte presencia de bandas criminales.
Cauca y Nariño encabezan, con el 20 por ciento y el 18 por ciento de los crímenes, respectivamente.
La Fiscalía investiga 106 homicidios, pero según el partido Farc, los excombatientes asesinados son 126. Incluso afirma que hay 9 desaparecidos y que otros 12 se han salvado de intentos de homicidio.
Y, mientras para el exjefe guerrillero y hoy senador de la Farc Carlos Antonio Lozada los casos investigados no han sido suficientemente esclarecidos por la unidad de la Fiscalía especializada en estos crímenes, el organismo sostiene que solo respecto de los homicidios hay avances en 50 casos, que representan el 47,6 % de las investigaciones.
Según la Fiscalía, sobre el total de hechos violentos contra miembros de las antiguas Farc, es decir, incluidos intentos de asesinatos y desapariciones, el avance en las investigaciones es del 48 por ciento. Entre los avances de esas investigaciones reporta 6 sentencias, 121 vinculados a procesos penales y 37 personas capturadas.
En total, de acuerdo con el organismo acusador, han sido expedidas 65 órdenes de captura, y de los 37 capturados, 5 ya tienen sentencia, 13 están enfrentando un juicio y los procesos de los 19 restantes están en la fase de investigación.
Un hecho llamativo entre las investigaciones abiertas es que en 61 los responsables de los asesinatos son los grupos armados organizados o bandas criminales, con 22 casos. Le siguen el ‘clan del Golfo’, con nueve asesinatos, y el Eln, con siete homicidios. Después está el grupo residual del Epl, con cinco casos. Hasta antes del caso del exguerrillero asesinado en Convención, la Fuerza Pública aparecía como responsable de un caso de asesinato.
En medio de la violencia que persigue a los exguerrilleros de las Farc, la Fiscalía resalta que del total que entraron al proceso de paz (13.196), las víctimas de homicidio son el 0,95 por ciento.
Pero, en su último informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Carlos Ruiz-Massieu, jefe de la misión de ese organismo en Colombia que verifica las garantías de seguridad para los excombatientes y su proceso de reincorporación, el asunto de los asesinatos se puso de presente como una de las preocupaciones.
“El despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía cerca de los Espacios Territoriales es crítico; sin embargo, la competencia violenta entre los grupos armados ilegales por el control territorial en zonas fuera de estos perímetros de seguridad continúa amenazando la seguridad de los excombatientes y las comunidades, así como socavando los esfuerzos generales de implementación de la paz”, afirmó Ruiz-Massieu ante el Consejo de Seguridad.
Exguerrilleros también denuncian intentos para involucrarlos en delitos
No solo los asesinatos de exguerrilleros vienen preocuando a los excombatientes de las Farc. También, según dicen, los supuestos intentos de involucrarlos en montajes judiciales.
Estos hechos han generado temores en los exguerrilleros rasos y en los propios excomandantes, como Joaquín Gómez, exjefe del bloque Sur y quien hoy adelanta su reincorporación en Pondores, La Guajira.
La más reciente denuncia de un supuesto montaje la hicieron exguerrilleros que se mantienen agrupados en el espacio de reincorporación de Colinas, en San José del Guaviare.
Según la denuncia, el jueves pasado, en la vereda Alta Angoleta, hombres que se identificaron como miembros de Antinarcóticos de la Policía –pero que no tenían insignias de esa institución–, llegaron hasta ese sitio y se llevaron a cinco hombres y dos mujeres, así como a cuatro niños.
Los excombatientes aseguran que se trató de un “desplazamiento forzado de sus parcelas”. Según los exguerrilleros, los adultos fueron llevados a interrogatorio con la Sijín, y los niños quedaron en manos del Instituto de Bienestar Familiar.
Un día después (el viernes), los hombres y mujeres recuperaron su libertad, pero fueron citados de nuevo a un interrogatorio dentro de un mes. Ellos retornaron al espacio de reincorporación de Colinas.
“Las autoridades militares ejecutoras del desplazamiento les expresaron a estas familias, en un acto de represión, que tienen un plazo de tres días para desalojar sus tierras o procederán a prenderles fuego a sus casas y a incautar sus animales”, dicen los exguerrilleros.
Además, dicen que un oficial “de alto mando militar” en la zona “intimida a los campesinos ofreciéndoles dinero e infringiendo miedo para que entreguen información de personas que ellos no conocen”.
Para los excombatientes, esos procedimientos hacen parte de una estrategia para presionarlos.
Por su lado y días antes, Joaquín Gómez había denunciado supuestos seguimientos y maniobras para afectar su proceso de reinserción a la vida civil como parte del acuerdo de paz de La Habana.
En una carta enviada a la Procuraduría General, el excombatiente pidió que se investiguen sus denuncias sobre supuestos intentos de realizar un “montaje judicial” en su contra.
“He sido víctima de una constante hostilidad por agentes encubiertos y enemigos descubiertos del proceso de paz e implementación. Diversas personas de la región han llegado de manera reciente a realizar propuestas para que me involucre con acciones ilegales, a través de la venta o compra de dólares, compra de armamento, o para que participe en negocios multimillonarios que en esencia también son ilícitos”, dijo en la comunicación.
Y agregó: “Mi respuesta a estas provocaciones a los acuerdos de paz ha sido la de rechazar de manera contundente estos hechos”.
Disparo en el rostro mató a exguerrillero
Cuatro impactos de bala fueron hallados en el cuerpo del exguerrillero de las Farc Dimar Torres, cuya muerte fue atribuida por la Fiscalía a un cabo del Ejército en hechos ocurridos el 22 de abril, en inmediaciones de la zona de reincorporación de Convención, Norte de Santander.
Según los resultados de la necropsia de Medicina Legal y del informe de balística, un disparo en el rostro fue la causa de la muerte de Torres. Estos informes fueron determinantes para que la Fiscalía señalara de homicidio al cabo Daniel Eduardo Gómez, quien habría disparado contra Torres.
El abogado Diego Martínez, quien representa a la víctima, dijo que se espera que hoy se imputen los cargos al cabo, y no descarta que haya otros implicados, pues, según la información que tiene, el excombatiente muerto fue detenido en un retén militar.
Según los vecinos de la vereda Campo Alegre de Convención, quienes alertaron sobre lo ocurrido con Torres, este tenía signos de tortura en sus genitales. Sin embargo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que lo hallado fue “una esquirla que afectó los órganos genitales”.
Tras conocerse el dictamen de Medicina Legal, en el centro del debate quedó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien en versiones preliminares dijo que el exguerrillero habría muerto en un forcejo con el cabo. En el Congreso promueven una moción de censura al Ministro.
Al responder a las críticas, Botero afirmó que lo que hizo inicialmente fue transmitir la versión entregada por el cabo a sus superiores y a la Fiscalía.
“Desde que conocimos los resultados de la Fiscalía, que indicó que este hecho tenía las características de un homicidio, hemos actuado con toda la transparencia”, dijo. Y agregó: “no estábamos en el plan de ocultar absolutamente nada”.
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