La muerte de Dimar Torres – El Tiempo, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Entre las decenas de asesinatos que a diario se cometen en el país, hay algunos que por su connotación y posibles consecuencias deben ser priorizados por las autoridades encargadas de investigar y procesar a los responsables. Nos referimos al caso del desmovilizado de las Farc Dimar Torres Arévalo, asesinado en muy oscuras circunstancias a manos de miembros de las fuerzas del Ejército que custodiaban el área en donde se concentran y cumplen su proceso de reintegración decenas de antiguos integrantes de esa guerrilla en Norte de Santander.
Las denuncias de la comunidad en la zona son muy preocupantes. Aseguran que ante la desaparición de Torres procedieron a su búsqueda, y que tras las evasivas de los uniformados lograron llegar hasta un sitio cercano en donde los militares supuestamente estaban enterrando el cadáver.
Tan grave es el asunto que este fin de semana, el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Luis Villegas Muñoz, fue hasta el municipio de Convención, Norte de Santander, a “dar la cara”. “No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron hombres de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el comandante debe venir a poner la cara”, admitió, con gallardía, el oficial.
Esto contrasta con lo dicho por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien se había pronunciado, en forma apresurada, hay que decirlo, dando crédito a la versión del cabo en la zona, en el sentido de que fue a causa de un forcejeo cuando trataron de arrebatarle el fusil. Seguramente vendrán nuevos pronunciamientos, con más elementos de juicio, del jefe de esta cartera.
Hay que lamentar, entonces, con fortaleza e indignación, que siga sucediendo la barbarie entre nosotros. Llegó a sentirse el regreso de una época despiadada e inescrupulosa cuando la misión de la Comisión de Paz del Senado de la República concluyó, desde el lugar de los hechos, que el monstruoso asesinato de Torres fue una ejecución extrajudicial, que el exmiliciano fue torturado como en las peores épocas del paramilitarismo y, de no haber contado con una serie de testigos que denunciaron el hecho, pronto hubiera entrado a hacer parte de la larga lista de desaparecidos en medio del conflicto armado interno de Colombia.
En un país con fantasmas de violencia de Estado, como el nuestro, lo que le pasó al excombatiente, que se había acogido al acuerdo de paz con la guerrilla y empezaba a trabajar para la familia que acababa de formar, es muy peligroso. De hecho, ya les ha sucedido a varios desmovilizados en las últimas décadas. Y es leña para el fuego de la profunda desconfianza que tantas veces ha impedido que esta sea una sociedad pacífica y reconciliada.
Se trata de un crimen que mina el encomiable acuerdo de paz que ha enfrentado y confrontado a la sociedad, pero que era más que necesario, más que urgente. Hay que confiar en que este salvaje asesinato haya sido un caso aislado. Pero, más que nunca, aunque la impunidad no debe ser moneda corriente, en este caso se necesita claridad meridiana y que haya justicia pronta.
