Colombia: la minga indígena, una pelea histórica por las tierras del Cauca
La minga indígena, una pelea histórica por las tierras del Cauca
Casi un mes completó la minga indígena que surgió como oposición al Plan de Desarrollo y por los incumplimientos de pactos firmados en 2005, 2009 y 2014. Se empezó a levantar el bloqueó en la vía Panamericana y el presidente Iván Duque iría hasta la zona para firmar un acuerdo final.
Si el dilema en el Cauca fuera únicamente por hectáreas de tierra, la diferencia entre lo que ofrece el gobierno de Iván Duque y lo que piden las comunidades indígenas para despejar la vía Panamericana es abismal. El Ejecutivo habla de 1.500 hectáreas para resolver las necesidades de todas las organizaciones que integran la minga, mientras que el requerimiento de los organizadores de la protesta es de 40.000 hectáreas, desde la perspectiva de que así se pueden saldar los acuerdos incumplidos en las movilizaciones semejantes de 2005, 2009 y 2014.
El pasado viernes en la noche se llegó a un acuerdo parcial que permitió el inicio del desbloqueo de la vía Panamericana. La carretera estaría habilitada en 36 horas, mientras se realizan labores para remover piedras y palos que bloqueaban el camino, y así permitir que el presidente Iván Duque llegue a la zona a sostener un diálogo con la minga. El objetivo es realizar un debate sobre los temas políticos que afectan a los indígenas y campesinos del Cauca. Tras 27 días de protestas, el primer pacto entre los líderes del paro y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, es que se realizará una inversión de $800.000 millones. Una diferencia abismal frente a los $4,6 billones que se pidieron en un principio.
Esta semana, ante los requerimientos de la minga, Duque manifestó, en tono de interrogante: “¿Tiene el Estado $4 billones para invertir más en tierra, cuando hay 300.000 hectáreas en cabeza del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para un poco más de 220.000 personas, dos veces Bogotá en extensión territorial?”. Las cuentas del CRIC son otras, pues en su criterio apenas el 37 % de las 544.900 hectáreas de territorios de propiedad colectiva que realmente tienen son productivas. Otras están en parques nacionales, sitios sagrados o con otras restricciones.
Por eso su insistencia en que las hectáreas que piden corresponden solo al 4,5 % de la necesidad que hoy tienen los pueblos indígenas. En términos reales, su estimativo es que solo el Cauca requiere 874.417 hectáreas para atender a 261.214 indígenas. Una perspectiva que desborda los cálculos del Gobierno, pues a pesar del plan plurianual de inversiones y de otras expectativas del Estado, el Pacto por la Equidad del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 proyecta un monto de $29 billones para los grupos indígenas, palenqueros, negros, afros, raizales y Rrom.
Sin embargo, salta a la vista que el desafío de la minga indígena y la exigencia del Gobierno para llegar a acuerdos previo despeje de la vía Panamericana va más allá de los criterios matemáticos sobre el número de hectáreas por reclamar o conceder. Es claro que también, en el río revuelto de la protesta y la reacción del Estado, hay intereses políticos en juego, necesidades básicas de salud, educación o vivienda insatisfechas, reclamos que pasan por capítulos sin saldar de la guerra y la paz, y una larga historia de lucha de los pueblos indígenas por su reivindicación social.
Los comienzos de la lucha
Paradójicamente, una rápida mirada al pasado de esta disputa histórica refiere que, si bien en las filas del ejército libertador hace dos siglos hubo combatientes indígenas del Cauca, cuando se logró la Independencia en 1819, su situación empeoró en la práctica. En pocas palabras, de tener territorios en un régimen tributario, pasaron a ser protagonistas de una pelea desigual: tratar de impedir la desintegración de sus resguardos. Pero al final prevalecieron los intereses de hacendados y latifundistas que se apropiaron de las tierras indígenas, y a ellos los volvieron mano de obra.
Una práctica que se reforzó a lo largo del siglo XIX, a pesar de las múltiples guerras civiles, varias de las cuales se libraron en territorio caucano, incluso con devolución de tierras. Sin embargo, las leyes de la época favorecieron mayoritariamente a los terratenientes, ávidos de quedarse con los resguardos. Cuando llegó la Guerra de los Mil Días, en 1899, la norma vigente para dirimir el conflicto indígena era la Ley 89 de 1890, que suspendió parcialmente la división de los resguardos, pero no solucionó la brecha social frente al avance de los hacendados urgidos de labriegos.
Después de la guerra, tras la desmembración del Gran Cauca, a partir de la Ley 55 de 1905 las comunidades indígenas quedaron a merced de los municipios interesados en sus resguardos, con la mano oculta de los propietarios de tierras pescando en río revuelto. Este contexto explica el movimiento liderado por el indígena de origen paez Manuel Quintín Lame, quien a partir de 1911, desde la zona de Tierradentro, empezó a organizar su “República Chiquita” de indios, con premisas contundentes: la recuperación de tierras usurpadas y la negativa a pagar terraje.
Con tres ventajas para el éxito: Manuel Quintín Lame sabía de armas, porque había combatido en la Guerra de los Mil Días; por su propia familia de terrazgueros conocía los abusos del terraje, a través del cual se obligaba a los indígenas a trabajar en las haciendas para usufructuar pequeñas parcelas, y además se había convertido en uno de los mejores tinterillos de Popayán, para defender indígenas ante los despachos judiciales. De esta forma, la causa del “doctor Quintino”, como lo llamaban sus clientes, derivó en “mingas adoctrinadoras”, y después en franca pelea contra el Ejército.
El levantamiento se extendió a los cabildos indígenas de Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño, hasta que Manuel Quintín Lame fue detenido en 1915 y llevado a la cárcel de Popayán. Cuando salió libre después de nueve meses, los terratenientes del Cauca y la aristocracia de Popayán se habían organizado alrededor del indígena Pío Collo, quien fue determinante para que volviera a caer preso. Cuando recobró su libertad, en 1921, se fue a Tolima, creó el Supremo Consejo de Indios, y en Ortega vivió hasta los 83 años. Sus huellas de rebeldía nunca se borraron en el Cauca.
Por eso, a lo largo del siglo XX, la región fue escenario de permanentes reclamos de los pueblos indígenas. Cuando la violencia partidista incendió a Colombia, el norte del Cauca volvió a ser territorio de guerra. De hecho, hacia 1950 el grupo de inspiración comunista liderado por Jacobo Prías e Isauro Yosa, en el sur del Tolima, creó un destacamento en el Cauca conocido como El Movimiento Agrario de Riochiquito, que en los años 60 fue incluido dentro de las “Repúblicas Independientes” que el Estado decidió enfrentar para eliminar los focos de expansión comunista.
Así como el político conservador caucano Guillermo Valencia había sido el principal opositor de Quintín Lame, su hijo Guillermo León Valencia, en calidad de presidente, fue quien promovió la Operación Soberanía para acabar con las Repúblicas Independientes. Una de ellas, Riochiquito, que era liderada por Manuel Marulanda Vélez. A pesar de que la zona fue recobrada por el Estado, con el paso de los años fue territorio de expansión de las nacientes Farc, al punto que de la región del macizo colombiano surgieron los frentes 2, 13, 32, 49, 60, 61 y 66 del bloque Sur de esta guerrilla.
Esta secuencia explica por qué desde los años 60 los pueblos indígenas del Cauca quedaron atrapados en una guerra ajena. En 1971 surgió el Consejo Nacional Indígena del Cauca (CRIC) con el objetivo de recuperar tierras, y tiempo después el movimiento armado Quintín Lame, sobre todo tras el asesinato del líder paez y sacerdote Álvaro Uncué, perpetrado en Santander de Quilichao. Antes de terminar la década de los 80, la lucha del CRIC fue replicada a nivel nacional, y tomó forma a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), dedicada a defender a las comunidades.
A pesar de la Constitución
En 1991, con la nueva Constitución, tras el reconocimiento de Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural, se incluyeron disposiciones para proteger a las comunidades indígenas. Sin embargo, ese mismo año, en diciembre, en la finca El Nilo en Caloto (Cauca), fueron masacrados 20 indígenas. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado tuvo que reconocer su responsabilidad y reparar con 15.663 hectáreas a los pueblos afectados. Pero la región nunca dejó de ser escenario de confrontación y de incumplimiento estatal.
Cuando las comunidades indígenas llegaron a su límite, pues además de la ausencia del Estado, guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico se ensañaron en sus pueblos, estas entendieron que era la hora de volver a las mingas. La de 2005 se hizo por la vida, pues más allá de los reclamos históricos, la urgencia era frenar los asesinatos, secuestros y desplazamientos forzosos. Empezó en Caloto, se expandió por la región y el primer gobierno de Álvaro Uribe la logró desactivar tras prometer un aumento en el presupuesto y tierras que estaban en un proceso de extinción de dominio.
Ante los incumplimientos, la minga volvió en 2009, afectando la movilización en la vía Panamericana. Además de sus reclamos ancestrales, terminando el segundo mandato de Álvaro Uribe, los reclamos incluyeron temas políticos como el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la aplicación de las políticas de la Seguridad Democrática. Una vez más, las diferencias se saldaron con promesas de entrega de hectáreas de tierra, inclusión de políticas indígenas en el presupuesto general y diversos aspectos sociales que con el correr del tiempo siguieron en veremos.
A finales de 2014, el turno para solucionar una nueva minga indígena le correspondió al gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza de su ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, nieto del expresidente caucano Guillermo León Valencia. En esa ocasión hubo ocupación de haciendas azucareras y bloqueo de vías. El principal compromiso del Estado fue invertir $80.000 millones y comprar 41.000 hectáreas. Además, se actualizaron litigios en el Incoder, se reconoció la legitimidad de la Guardia Indígena y se avanzó en temas de educación, salud y transferencias.
En desarrollo de esos acuerdos, y luego de una nueva minga en 2017, ese año se expidió el Decreto 1811, anunciado como la creación de mecanismos para cumplir los compromisos adquiridos con el CRIC. En dicho decreto, el Estado aceptó crear una comisión mixta para concertar las políticas públicas y planes de acción para los pueblos indígenas. La implementación de ese acuerdo quedó tasada en $3,6 billones, e incluía inversiones concretas en salud, educación, comunicaciones, familia, derechos humanos y fortalecimiento de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental.
La minga que puso en jaque al gobierno Duque y que inició en medio del debate por el Plan Nacional de Desarrollo, fue más compleja que las anteriores, porque el CRIC reclama el cumplimiento de las promesas desde 2005. Con nuevas exigencias: que se acuerde con el Ejecutivo el plan cuatrienal 2019-2022 y se cumpla el plan de inversión que se anunció en la minga de 2017, pues hasta ahora no va ni en el 40 %. Además, la minga también exigió la inclusión de las propuestas de los campesinos del Cauca para crear una política incluyente que los reconozca como sujetos de consulta previa.
El Gobierno, durante la negociación, anunció que en el 80,4 % de las peticiones de la minga se pueden construir acuerdos. En el tema de tierras se comprometió a adquirir nuevas hectáreas, a adelantar la legalización de predios, a crear una subcomisión de tierras y a concertar mecanismos para la resolución de conflictos territoriales. Sin embargo, el punto clave era la asignación presupuestal, pues mientras la minga pedía cerca de $1,6 billones para la compra de tierras, el Ejecutivo ofreció $90.000 millones.
Las posiciones en la mesa de negociación entre el Gobierno y la minga cada día se acercan más y se llegó a acuerdos parciales el viernes. Desde ayer sábado hay trabajos en la vía Panamericana en la remoción de escombros para que en 36 horas el presidente llegue al Cauca, se reúna con las comunidades y firmé un pacto final. Sin embargo, los indígenas, a usanza de sus tradiciones, esperarán a lado y lado de la vía para evitar sorpresas. En el tema de tierras se acerca un nuevo compromiso del Estado para solucionar este histórico problema, y la eventualidad de una próxima minga estará atada al cumplimiento.
Todos ganan y todos pierden con el fin de la Minga
Por TATIANA DUQUE
Si nada cambia, este martes el presidente Iván Duque llegará a Monterilla, Cauca, para reunirse con los delegados indígenas, campesinos y afro de la Minga. Eso después de que destaparon la vía Panamericana tras 26 días de bloqueos que dejaron más de 70 mil millones de pesos en pérdidas en tres departamentos en los que viven casi 2 millones de colombianos, 12 víctimas mortales y el ruido de la infiltración de armados a la Minga.
Los indígenas anunciaron la cita del martes y La Silla Pacífico la corroboró con dos fuentes de la Minga, por aparte.
Por ahora, el Gobierno se comprometió a solo el 17 por ciento de la plata que la Minga pedía (800 mil millones), reactivó la mesa con los afro en el norte del Cauca (que era una de sus peticiones) e incluirá un capítulo para los campesinos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero los temas que la Minga considera gruesos y políticos como mantener cumplimiento al Acuerdo de Paz, la protección a los líderes, la sustitución de cultivos y el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos, solo comenzarán a ser resueltos el martes en la cita con Duque.
De todos modos, el acuerdo y la destapada de la vía debilitan el impacto de las movilizaciones sociales planeadas para este mes y el paro nacional del 25 de abril, ya que pierde uno de sus focos más fuertes.
Las dos partes cantan victoria
En la madrugada de ayer tres delegados de la Minga y tres del Gobierno firmaron 14 acuerdos puntuales, todos relacionados con plata y que se resumen en:
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El Gobierno hará inversiones nuevas por 823 mil millones de pesos, una fracción de la exigencia inicial de 4 billones. La mayor parte (700 mil millones) irán para el Cric del Cauca; le siguen los indígenas de Caldas (63 mil millones); del Huila (36 mil millones); y los campesinos (23 mil millones). Irán a planes de vivienda, tierras nuevas, vías, protección, reparación de víctimas y restitución.
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Las dos partes harán reuniones entre abril y mayo para hacer seguimiento de los recursos y acuerdos.
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El Gobierno incluirá un capítulo sobre campesinos en el Plan de Desarrollo.
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El Gobierno tendrá más funcionarios para asuntos campesinos del Ministerio del Interior (son solo dos).
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El Gobierno reactivará la mesa campesina y la mesa de diálogo con los afro del norte del Cauca.
Acta Final Minga2019
Todo esto se logró luego de una de las sesiones más extensas de todo el paro, pues duró más de 12 horas.
Cada lado dio su parte de victoria, resaltando que su contraparte cedió.
“Hubo una mejor disposición del gobierno de entender por qué la minga, entender que los gobiernos firman acuerdos independientemente de quién sea y los cumplió”, nos dijo Edwin Capaz, el delegado de derechos humanos de la Asociación de Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que hace parte del Consejo Indígena Regional del Cauca (Cric).
En contraste, para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se logró un acuerdo porque “no dijimos mentiras, entendieron que nadie sacaba nada con un papel que no iban a cumplir, entendieron eso con acuerdos medibles y cumplibles”.
En esa misma línea, cada uno de ellos aduce que ganó el primer y más largo pulso entre organizaciones sociales y gobierno.
El Gobierno, porque logró un acuerdo sin que Duque fuera y por un monto relativamente menor y viable de cumplir, pues las nuevas inversiones (que son adicionales a los 10 billones del capítulo indígena del Plan de Desarrollo) solo representan el 17 por ciento del dinero que valía el pliego de peticiones.
La idea que el Gobierno siempre mantuvo en la negociación, y que los delegados “repetían como libreto” como nos dijo un delegado de la mesa por parte de los campesinos, era que Duque les había dicho a la Ministra y el Comisionado de Paz, las dos cabezas de la negociación de ese lado, que no firmaran cosas que no iban a cumplir.
“No queríamos repetir los errores del pasado”, dijo el comisionado, Miguel Ceballos, ayer en Cali.
Haber logrado el acuerdo la da al Gobierno una prueba de que sí avanza con la población indígena – siempre y cuando cumpla con su parte.
Además, de que no es cierto que no “manda personas sin capacidad de decisión”, como nos dijo Cristobal Guamanga del proceso de campesinos (Pupsoc) del Cauca y mostrar avances y resultados medibles, como les dijeron los delegados de Duque en la mesa.
Por el lado de los indígenas, campesinos y afro que se unieron en la Minga , ganan porque mostraron -una vez más- la fuerza que tienen como movimiento social, y más si están unidos.
Esa fuerza de unidad se logró en buena medida porque el Cric decidió hacer acuerdos con otros sectores y rodearse de congresistas de oposición para darle más fuerza y amplitud a sus peticiones como contamos, una estrategia que puede mantener en el seguimiento a los acuerdos económicos.
Además, lograron su cita con el Presidente, que era su principal petición. En ella podrán hablar de los puntos políticos que no se resolvieron con el acuerdo de ayer, que son sus peticiones de fondo.
“Sobre todo buscamos claridades frente a los pueblos indígenas, frente al ejercicio de defensa de derechos humanos, claridades al respeto de la tierra y el territorio, sobre políticas lesivas como el fracking, y esa discusión permita un nivel de entendimiento y respeto entre las partes”, nos dijo Capaz de la Acin sobre la reunión
Las derrotas del Gobierno
A pesar de esos cantos de victoria, lo largo y duro de la Minga también tuvieron costos para los dos lados.
Para el Gobierno, no es positivo haber tenido el problema económico y social de haber visto una de las principales vías del país cerrada por semanas.
Un problema que, además, tiene un lado de dudas de seguridad que por lo tanto afecta uno de los valores clave para el uribismo: ver de nuevo hostigamientos a la fuerza pública o la violencia de los mototaxistas de Popayán al atacar la sede del Cric pueden golpear la imagen de un Gobierno que llegó con la bandera de recuperar la seguridad.
Eso porque tuvo como evitar la crisis: la Panamericana resultó bloquedada porque dejó crecer la molestia hasta tener el bloqueo más grande y fuerte en años, como contó ayer nuestro analista Héctor Riveros en su columna semanal, porque la posibilidad estaba anunciada varias semanas antes del bloqueo.
“Si el Presidente hubiera venido, como le pedimos un mes antes, no tomamos esta acción de derecho (bloquear la Panamericana)”, dijo ayer Giovanny Yule, vocero de la Minga, al anunciar el desbloqueo.
De hecho, el bloqueo le valió a Duque un regaño público del expresidente Álvaro Uribe, su padrino político.
Esa mano dura se manifestó en que, durante las más de tres semanas de las negociaciones, desde el Gobierno y el uribismo se ambientó la idea de la infiltración de la Minga, ya fuera armada o de parte de Nicolás Maduro.
Aunque no mostraron pruebas claras, más allá de casos aislados, eso trabó varias veces las negociaciones, y terminó beneficiando a las disidencias, pelusos y guerrilleros del ELN que rondan por la zona que estaba bloqueada, como contamos.
Y si bien en casos como la explosión en Dagua la versión del Gobierno puede ayudar a mostrar esa mano dura, también afecta su apuesta de dialogar aunque con condiciones, lo que le puede costar en lo que todavía falta para el final definitivo de esta Minga.
“A Duque le diremos que necesitamos garantías porque nos trataron de secuestradores y terroristas, volvemos e insistimos que acá estamos es comunidad y mingueros reclamando derechos que nos pertenecen”, insistió ayer Yule sobre los temas de la reunión del martes.
Las derrotas de los movimientos sociales
Uno de los golpes a los movimientos sociales es que la Minga haya tenido algunos fuertes episodios de violencia, como el uso de una suerte de tatuco artesanal para atacar un helicópetero de la policía en la Universidad del Valle.
Eso, sumado a la tutela en la que un juez de Popayán les ordenó levantar los bloqueos porque atentaban contra varios derechos fundamentales, puede golpear la legitimidad de la forma en la que presionan por sus reclamos.
Que la Minga haya levantado el bloqueo a la Panamericana, logrado el acuerdo económico y pactado una cita con Duque en 48 horas golpea directamente a las movilizaciones sociales que están planeadas para después de Semana Santa entre los cafeteros para el 24 de abril y el paro nacional de sindicatos y campesinos planeado para el 25.
Esto principalmente porque sin Panamericana bloqueada y con la Minga a punto de levantarse, pierden impulso esas movilizaciones: de haberse sumado, su impacto mediático habría sido mayor, y el paro habría arrancado golpeando más fuerte la gobernabilidad de Duque frente a movimientos sociales activados.
De hecho, el miércoles delegados de Fecode y de la central obrera CUT, la más grande del país, se reunieron con la comisión política de la Organización Nacional Indígena (Onic) para que los indígenas se unieran al paro, según nos confirmó Juvenal Arrieta, vocero de la Onic.
En ese momento, dentro de la organización indígena entendieron que la Minga más grande del Cauca seguramente iba a durar hasta esa fecha.
De hecho, aunque el acuerdo de ayer no incluye a las mingas en Putumayo, Nariño y Valle, pierden oxígeno ahora que la Minga más grande (eran 20 mil personas en Cauca) “se recogió”, como llaman sus voceros a levantar los 11 puntos de bloqueo.
De hecho, ya hay instaladas mesas de negociación en Putumayo con el Viceministro del Interior; en la vía Pasto-Tumaco con el Ministro de Agricultura; y en La Delfina, Valle, con el de Ambiente. Y en los tres hay compromisos de no bloquear las vías, por lo que es improbable que se crezcan.
“En el caso de los awá en Nariño no son tan fuertes políticamente como el Cric, por lo que las negociaciones van caminando y ya dijeron que no bloquearán la vía”, nos dijo el alcalde de Pasto, Pedro Obando.
Si bien faltan dos semanas para las movilizaciones nacionales, que la situación en Cauca haya avanzado le da un aire a Duque para evitar un escenario como el del ‘tal paro no existe’ de 2013.
Pero no todo está definido.
Primero, porque su reunión del martes sigue siendo un tiro al aire, toda vez que como será un diálogo entre opuestos políticos, muy posiblemente no lleve decisiones de fondo respecto a temas de que impactan en lo nacional como el fracking, evitar más asesinatos de líderes o una solución al tema de tierras para los indígenas: ayer reiteró la Ministra que “no hay plata ni hectáreas para dárselas».
Y eso, además del chicharrón de cumplir lo ya pactado, mantiene la sombra de que la Minga se pueda reactivar y la movilización social recupere su impulso.
