Argentina: movimientos sociales alistan nuevas protestas frente al incremento de la pobreza
Le reclaman al gobierno que los reciba para negociar un aumento del salario de los programas de empleo. La remuneración cubre sólo el 50% de la canasta de indigencia.
Las organizaciones sociales se declararon en estado de alerta y se preparan para hacer sentir en la calle el reclamo de sus bases, en caso de que el gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, continúe sin brindarles respuestas en medio de la difusión del incremento de los índices de pobreza.
El jueves, Stanley suspendió la reunión que tenía prevista en esa cartera con los movimientos sociales. «No había posibilidad de dar respuesta a los reclamos», sería parte de la explicación con la que se encontraron las organizaciones.
En consecuencia, la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero, entre otros, anunciaron la intensificación de las medidas, juntas o por separado.
Gildo Onorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)), analizó: «Esto excede la Ley de Emergencia Social. Porque acá hay un salto en la canasta básica y una devaluación de la moneda que impacta sobre todos los trabajadores y especialmente en los más humildes. Nosotros estamos planteando una recomposición de los programas de empleo acorde a la inflación. Y con los índices de pobreza anunciados es más que razonable».
La canasta básica para una familia tipo (padre, madre, un hijo y una hija menores de edad), para poder vivir mensualmente es, según el Indec, de $ 27.570 pesos. El salario mínimo, vital y móvil, es de $ 12.500. Y la llamada canasta alimentaria, el ingreso mínimo que requiere una familia tipo para dejar de ser indigente, es de $ 11.117,11 pesos. Ante estas cifras, Onorato marca que «los programas de empleo están en 6000 pesos. Ni siquiera llegan a la canasta alimentaria».
Por ello, varias de las organizaciones sociales acompañarán la movilización de la CGT convocada para el próximo 4 de abril. Y en caso de no mediar respuestas, el grueso de las organizaciones prevé concretar, el próximo diez de abril, una Jornada Nacional general con diferentes acciones callejeras.
Para Daniel Menéndez, de Barrios de Pie «el gobierno muestra una improvisación enorme. El problema es que no hay pensada ninguna política pública que se pueda anunciar para mejorar la realidad». Además, Menéndez anunció que Barrios de Pie tiene previsto el 3 de abril una movilización a la sede de la firma Mastellone Hermanos SA, en Puerto Madero, «para reclamar que dejen de especular con el precio de la leche y que haya abastecimiento».
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, marcó: «Es alarmante para miles de familias, que ni siquiera haya un anuncio social de parte del gobierno simultáneamente al anuncio de los datos del Indec». El PO votó movilizarse el 4 de abril, pero no en la marcha de la CGT, porque plantean, entre otros puntos, «que no hay un paro nacional como debería haber, de 36 horas con movilización». También para ese día evalúan un acampe en la Avenida 9 de Julio. Y posteriormente «unificar acciones de lucha» en la Jornada Nacional general.
Habría posibilidades de reunión con el gobierno para el 3 de abril. Si se concreta, de allí dependerá, en gran medida, si se levantan medidas. O si, caso contrario, la protesta sube la temperatura social.
Desde el Movimiento Evita también acusaron a la cartera de Desarrollo Social de desfinanciar 17 Espacios de Primera Infancia (jardines comunitarios) para niños y niñas de entre 45 días y tres años bajo la gestión de organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires. Entre otros puntos, las directoras de esos EPI reclaman siete meses de atraso en salarios de trabajadoras y alimentos «en perjuicio de 1700 niños y bebés» en territorio bonaerense. «En la Provincia tenemos 17 espacios que funcionan desde 2018. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hace desembolsos cada seis meses. Nosotros recibimos sólo uno, el año pasado, con un retraso de cuatro meses. El segundo desembolso, deberíamos haberlo cobrado en octubre y todavía no lo recibimos», cuenta a Tiempo Carolina Pedelacq, directora del jardín comunitario Juana Azurduy, del distrito de San Martín. Y detalla que en el transcurso de este mes «habilitaron algunos pagos en cuentagotas» a cinco de los 17 EPI afectados. «Los jardines se sostienen por el compromiso de las mujeres de los movimientos populares. Hacemos un esfuerzo enorme por no dejar a las familias tiradas como pretende la ministra Stanley».
