Argentina: el gobierno crea una oficina para defender los derechos humanos de policías
Bullrich pone la gorra a los derechos humanos
Crearon la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Estela de Carlotto criticó la medida.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, renovó la agenda de campaña con otro gesto en su política de respaldo irrestricto a las fuerzas de seguridad con la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La resolución 234/2019, del Ministerio de Seguridad, breve, no abunda en fundamentos y señala que se realizarán «acciones» y «estudios diagnóstico» bajo la órbita de la Dirección de Violencia Institucional, dándole un giro en sus funciones ya que dispone reparar «los daños causados por agravios a los derechos humanos» de los propios efectivos, causados por «otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos». La cartera encabezada por Bullrich dejó trascender, como único fundamento de la decisión, que busca amparar a los uniformados frente a los escraches en la vía pública e insultos en las redes sociales de los que son objeto. Pese a la consulta de Página 12, el ministerio no dio más precisiones al respecto.
«Promueve un clima de cercanía entre los que cuidan a las personas cada día, profundizando el criterio de ‘cuidar a quienes nos cuidan’ en el cambio de paradigma de poner a la víctima en el centro de nuestras preocupaciones», ratificó la política de seguridad de Cambiemos el director de Violencia Insititucional, Daniel Barberis, en el comunicado oficial, y confirmó el cambio de sentido de la dirección que encabeza: «Los Derechos Humanos son para todos y hasta hoy las fuerzas estaban excluidas. Además de ser garantes de los DDHH de la ciudadanía, hoy tendrán este derecho inherente a la protección de los derechos humanos».
El anuncio está en línea con las decisiones tomadas por Bullrich en los últimos meses para fortalecer el perfil de «seguridad» en el año electoral: el protocolo de uso de armas de fuego, que habilita a los efectivos de fuerzas federales a disparar a matar en cualquier circunstancia; el proyecto del Código Penal enviado al Congreso que legítima ese protocolo y, en particular, el programa «Restituir», que reincorpora a efectivos procesados por causas de uso excesivo de la fuerza. «Los organismos de derechos humanos nunca se ponen del lado del policía asesinado ni de la víctima», había provocado Bullrich en una entrevista a Clarín días después de anunciar el programa «Restituir».
«Desconozco el argumento que utilizan para defender los derechos humanos de las fuerzas de seguridad, déjenlos crear un gremio y ellos se van a saber defender», fue la inmediata respuesta de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien indicó que la organización analizará la resolución antes de iniciar cualquier medida, y, en diálogo con Futurock, lamentó: «Quizá capten votos con estas medidas que toma la ministra, pero no nos tienen que tomar por tontos, la buena policía sabe qué tiene que hacer en cada momento».
La resolución 234/19 pone la unidad en funciones dentro la dirección de Violencia Institucional, a cargo de Daniel Barberis, y bajo la órbita de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales, a cargo de Pablo Noceti, el abogado ex defensor de represores de la dictadura y señalado por participar de la represión de Gendarmería en la que murió Santiago Maldonado. «Los escraches de los que fueron víctimas hijos y familiares de los gendarmes involucrados en el caso Maldonado» fue uno de los motivos que dejó trascender el Ministerio, a través del diario La Nación, para crear la unidad que garantice «plenamente la protección de los derechos humanos de los efectivos de las citadas Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales».
La particularidad de poner la unidad en funciones bajo una dirección creada con otros objetivos ocurre bajo una gestión que se encargó de desmantelar la Dirección de Derechos Humanos en los primeros meses de gobierno. El área estaba divida en tres grupos especiales. El Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), a cargo de colaborar con la extracción de ADN para identificar a los nietos y nietas apropiadas durante la última dictadura fue el primero en quedar desactivado, lo que generó la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo. También fue desmantelado el grupo para la identificación de NN de desaparecidos por la dictadura y en casos reciente, como el de Luciano Arruga. Por último también fue vaciado de recursos el equipo de respuestas a los pedidos judiciales vinculados al rol de las Fuerzas en investigaciones de lesa humanidad y otro dedicado al análisis de documentos de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería.
«Está bien la decisión. Está enmarcado en el plan nacional de derechos humanos», se limitó a justificar el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ante el anuncio de la ministra Bullrich, en el que trabajaron conjuntamente. Según la parte resolutiva, la creación de la unidad no generará nuevos gastos para el Estado, pero deberá «relevar información y producir estudios de diagnóstico», realizar «acciones e iniciativas» no especificas y ofrecer formación para «contribuir a fortalecer la cultura del respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos» siempre en protección de las fuerzas de seguridad.
