La CIDH pide liberar a las personas detenidas luego de nuevas marchas opositoras
CIDH pide libertades para dialogar
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este domingo al Gobierno de Nicaragua “restablecer las libertades” de los ciudadanos, como una muestra de voluntad de lograr un acuerdo que solucione la crisis sociopolítica que sufre el país.
“En cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la CIDH urge al Estado (de Nicaragua) a restablecer libertades de las y los nicaragüenses como una muestra concreta de buena fe y voluntad para avanzar en un diálogo que permita destrabar la crisis en Nicaragua”, destacó este organismo en su cuenta de Twitter.
Los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) estaban reunidos la noche de este domingo para definir la estrategia que seguirán en los próximos días sobre las conversaciones con el Gobierno.
La Alianza Cívica informará este lunes su decisión respecto a si continuarían las negociaciones con la delegación del Gobierno, con la cual ha mantenido conversaciones en una mesa de diálogo, dijo uno de sus voceros.
Las negociaciones se han visto afectadas porque el Gobierno aún no decide liberar a la totalidad de los manifestantes presos y no cesa la represión contra las marchas cívicas opositoras, indicaron representantes de la Alianza.
Carlos Tünnermann, miembro del equipo negociador de la Alianza, dijo que ya habían tomado una decisión, pero que la anunciarían hasta este lunes.
“Mañana lunes (hoy) vamos a informar cuál es la decisión, que es una decisión colectiva y no puedo anunciarla yo por separado. La decisión es tomada entre todos”, expresó Tünnermann, al finalizar una de las reuniones internas de la ACJD el domingo.
“La decisión en principio ya está tomada”, añadió Tünnermann, “pero se conocerá mañana (lunes) cuando demos a conocer un comunicado. Como lo hemos hecho, avisaremos la hora y el lugar”.
Mario Arana, del grupo dialogante de la Alianza, indicó que “hemos estado en reuniones de índole estratégica, creo que habrá un comunicado y estamos pendientes”.
Miembros del equipo negociador de la Alianza, como Tünnermann y José Pallais, expresaron que las acciones de la Policía Nacional que impidieron el desarrollo de una marcha el sábado pasado, convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) encarcelando temporalmente a un grupo de más de 160 manifestantes, ponían en riesgo la continuidad del diálogo.
Habla Báez
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, dijo este domingo que los delegados en el diálogo no deben olvidarse del pueblo.
“El diálogo funcionará en la medida que el verdadero sujeto activo del diálogo sea el pueblo”, dijo Báez a los periodistas.
“Los presos políticos no se negocian, no se negocian las libertades ni los derechos humanos, que nunca se pierden ni cuando se está en la cárcel, no hay que negociar libertades. Los derechos humanos, la libertad de los presos políticos tienen que ser condición previa para poder entrar a dialogar cosas importantes, pero que son secundarias en relación con la dignidad humana. Los presos políticos tienen que salir todos y ya”, recalcó el obispo.
El operativo policial realizado en #Nicaragua, que en #Managua impidió el desarrollo de la movilización opositora para exigir la liberación de los presos políticos, dejó al menos 165 detenidos y 6 heridos. Abrimos hilo para denunciar represión de ayer del Estado nicaragüense.?? pic.twitter.com/ZXo2NqSmi8
— CIDH – IACHR (@CIDH) March 17, 2019
Brutal represión policial deja 164 detenidos
La brutalidad policial no impidió que centenares de ciudadanos ondearan sus banderas azul y blanco y gritaran a todo pulmón: ¡Viva Nicaragua libre! Por primera vez, desde que hace cinco meses se impuso un estado de excepción de factoprohibiendo las marchas, los protestantes se manifestaron en las calles de Managua, demandando la liberación de todos los presos políticos. El saldo del atrevimiento: opositores heridos, golpeados y más de 160 detenidos por la Policía Nacional, que a las diez de la noche fueron puestos en libertad por la presión popular y la condena internacional.
Desde tempranas horas del sábado, las principales avenidas y todas las rotondas de la capital Managua fueron militarizadas por centenares de policías, antimotines y turbas motorizadas. El guion cumplía lo ordenado desde El Carmen: nadie protesta y el que lo haga: puño, patada, palo y plomo, sin importar dónde. Sin embargo, aún cercados en centros comerciales y corporativos aledaños, los ciudadanos se manifestaron en diversos puntos sobre la avenida que va desde la rotonda Centroamérica hasta el centro comercial Metrocentro.
Convocados por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), los manifestantes volvieron a retar en las calles al régimen, para exigir la libertad de todos los presos políticos, encarcelados por demandar la renuncia de Ortega y Murillo, elecciones anticipadas libres y transparentes y justicia sin impunidad para las víctimas de la masacre.
La cita era a las dos de la tarde para marchar, aunque la Policía Nacional había advertido que no lo permitiría, tal y como lo ha hecho desde septiembre pasado, cuando el régimen criminalizó las manifestaciones y amenazó con cárcel a los que marcharan sin permiso policial. Organizaciones empresariales, la Alianza Cívica y grupos derechos humanos han visto truncada sus convocatorias a marchar, al ver denegados el permiso policial. Esta vez la Unidad Nacional mantuvo su llamado para exigir la liberación “incondicional y absoluta” de los más de 600 reos de conciencia que tiene el régimen en sus cárceles.
De la rotonda Centroamérica hacia el Paseo de las Victorias, en Managua, era el recorrido que la UNAB estableció para marchar. Poco más de un kilómetro. El régimen no estaba dispuesto a ceder un centímetro de calle. La Policía golpeó y arrestó con violencia a los primeros ciudadanos que se aventuraron a llegar al punto de partida. El problema para el régimen es que después de unos, llegaron otros y otros. Muchos más.
En edificios y parqueos
El edificio, que lleva el mismo nombre que la rotonda Centroamérica, se llenó de decenas de ciudadanos autoconvocados que desde el parqueo de la edificación cantaban el himno nacional y consignas contra el régimen. La Policía no podía hacer nada contra ellos. La administración del local les impidió entrar, por lo que desde fuera comenzaron a disparar contra los ciudadanos. Para defenderse los opositores usaron la manguera contra incendios y bañaron a los agentes. Antimotines y turbas motorizadas cercaron la edificación por todos sus costados. Nadie entraba ni salía.
“Los policías no nos dejaban salir. Entonces nos pusimos a gritarles que queríamos paz. Que nos dejaran protestar”, dijo una de las manifestantes que estaba en el parqueo del segundo.
A unos cientos de metros al norte del edificio, en una gasolinera, se reunió un grupo de ciudadanos y periodistas de medios independientes y agencias internacionales. La Policía llegó y sin mediar palabras se abalanzó sobre ellos. Más detenidos con la misma táctica: golpes, empujones, golpes y a la tina de las patrullas. Un matrimonio fue arrestado solo por gritar: !Libertad, libertad!
“Nadie te puede prohibir que te manifiestes pacíficamente. ¿A quiénes estamos agrediendo? A nadie”, comentó un ciudadano, antes de ser golpeado y arrestado por los antimotines.
Los reporteros fueron encajonados y se resguardaron en un parqueo externo del centro financiero Lafise. Acorralar a los medios se ha convertido en una táctica de la Policía Nacional para evitar que se documente los abusos y violaciones contra la población. La periodista Cinthya Torres, de La Prensa, fue agredida y el camarógrafo Luis Sequeira, de la agencia internacional France Presse, fue golpeado por un agente, que le robó su equipo de trabajo.
Desde ese parque se observaba a las patrullas pasar con arrestados. Ese espacio se convirtió en un punto de reunión para ciudadanos que huían de la Policía. En ese momento ya no era necesario cargar una bandera, un cintillo o cualquier emblema azul y blanco para ser objeto de cateo y arresto de la Policía. Caminar cerca era un delito. Los agentes veían sospechoso a cualquiera que no tuviera su uniforme o que anduviera en moto, como las turbas sandinistas. Conductores fueron bajados de sus vehículos para ser golpeados y luego detenidos.
El edificio plaza Centroamérica cercado. La gasolinera acorralada. El parqueo asediado. La Policía tenía encerrados a todos. Pero surgió otro brote de protesta en el centro comercial Metrocentro, donde los agentes entraron y apalearon a los ciudadanos, quienes se defendieron unos a otros hasta con sillas. Los oficiales llegaron como fieras. Pateando golpeando
No habían pasado ni dos horas, cuando los primeros reportes hablaban de 50 detenidos en todos los brotes de protesta, después 60, 80, 100. La lista llegó, según la UNAB, hasta 164, aunque la Policía Nacional informó, en un comunicado, de 107 arrestados por “violentar el orden público”.
Entre los detenidos se encontraban tres delegados de la Alianza Cívica que participan en las negociaciones con la dictadura: el estudiante universitario Max Jerez, la abogada Azahálea Solís, y Sandra Ramos, directora del movimiento de mujeres María Elena Cuadra.
Salida negociada
La avenida que va desde la rotonda Centroamérica hasta Metrocentro se convirtió en un corredor de patrullas policiales y turbas motorizadas. No había un palmo de pavimento que no fuera vigilado. La Policía no podía entrar a los edificios y negocios comerciales y los ciudadanos no salían por miedo a ser arrestados. Los autoconvocados hicieron suyos los locales y cantaban el himno y ondeaban la bandera nacional. Se manifestaban de la única manera que el régimen no puede impedirlo: acorralados, pero dignos.
La represión policial fue condenada por organizaciones nacionales e internacionales, así como por personalidades como el obispo Silvio Báez y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez. Los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, entre otros, demandaron el cese de la violencia policial y la liberación de los ciudadanos secuestrados, quienes fueron llevados hasta las cárceles del nuevo Chipote.
Entre los encerrados en la gasolinera se encontraban Juan Sebastián Chamorro y José Pallais, ambos miembros de la Alianza Cívica, quienes hablaron con el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, para que mediara por una salida de todos los ciudadanos. Se negoció que las personas podrían salir y que no serían detenidos o perseguidos por la Policía Nacional.
Primero salieron los más de 60 ciudadanos encerrados en la gasolinera. Luego siguieron los autoconvocados en la plaza Centroamérica. Por último, decenas de personas que estaban en Metrocentro, quienes aprovecharon la presencia del comisionado general Fernando Borge, segundo jefe de la Policía de Managua, para expresar su desacuerdo con la actuación policial.
“Nos tratan como animales, solo por querer protestar libremente. Usted no me está haciendo ningún favor al dejarme ir. La Policía nos viola nuestros derechos”, le espetó una joven al jefe policial.
Dejados en libertad
Las recién estrenadas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas ya como el nuevo Chipote, se convirtieron al final de la tarde y noche en el foco de atención. ¿Qué pasaría con los detenidos? En menos de tres horas, el régimen detuvo a más ciudadanos que los que ha excarcelado desde que a mediados de febrero reinició el diálogo nacional.
Videos en las redes sociales muestran que los más de 100 detenidos fueron llevados a un auditorio, donde siguieron manifestándose contra el régimen. “El que no brinca es sapo”, cantaban.
Casi al final de la noche fueron sacados los 167 ciudadanos. Salieron de la DAJ en tres autobuses, que a su paso por las calles de Managua fueron saludados y celebrados por los pobladores, y liberados en las instalaciones de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), donde decenas de pobladores los esperaban para abrazarlos.
“Lo que ha indicado la movilización de hoy es la necesidad que tiene el pueblo de salir a las calles y que no se deje amedrentar por la represión”, dijo la exguerrillera Mónica Baltodano, que fue detenida por el sector de la Centroamérica.
A los policías les dije: “Nosotros combatimos a una dictadura con las armas, ahora lo que anda aquí es un pueblo desarmado, un pueblo ejerciendo cívicamente sus derechos, ustedes no tienen ningún derecho a tratarnos así”.
Entre las detenidas estaba también Flor Ramírez, que se ha hecho popular por vestir un huipil azul y blanco durante las protestas. “Aún en la cárcel seguiré diciendo que (el régimen) le está haciendo mal a toda Nicaragua”.
Arzobispo Brenes: Violencia policial aviva fuego de la división
El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), lamentó la violencia ejercida por la Policía Nacional para impedir una manifestación el pasado sábado y dijo que ese hecho “enciende más el fuego de una división”.
Brenes dijo que, frente a los hechos, las partes que negocian para buscar una solución a la crisis actual del país deben valorar y escuchar el sentimiento de la población.
“Tienen que valorar y escuchar los sentimientos que hay dentro de la población, es importante llevar a la mesa de los encuentros, no solamente lo que ellos piensan como instituciones, sino que puedan recoger los sentimientos de la población”, expresó el prelado.
Al preguntarle si cree que el Gobierno tiene buena voluntad para desarrollar las negociaciones, Brenes dijo: “Las respuestas están en las acciones”.
Que no se repita
El jerarca de la Iglesia católica comentó: “Ojalá que esto no se repita más, que todos podamos hacer el esfuerzo para que esto desaparezca de los programas, proyectos y podamos buscar un entendimiento serio como la Conferencia Episcopal lo ha dicho”.
Más de 160 personas estuvieron detenidas durante horas en la cárcel de Auxilio Judicial de la Policía, por protestar la tarde del sábado en Managua, cuando fueron reprimidas por la policía.
“Verdaderamente da tristeza que no podamos marchar en armonía, que los nicaragüenses no podamos entendernos. Es triste que se presenten al mundo ambientes de violencia, esto me llena de mucha tristeza porque ocurre en un ambiente en el que se está tratando de buscar soluciones y esto prácticamente enciende más un fuego de una división”, expresó el cardenal Brenes al concluir la misa en la parroquia San José, de la comunidad de Sabana Grande.
Arquidiócesis condena
Al final de la misa, se leyó ante la concurrencia una nota de prensa donde la Arquidiócesis de Managua “deplora y condena los hechos de la tarde del sábado que evidencia la necesidad de resolver con franca y efectiva responsabilidad la crisis nacional”.
“Esas imágenes son muy tristes, sin duda alguna, han dado la vuelta al mundo. Invito a los cristianos y a los que no creen, que a través de sus actitudes, tengan sentimientos que nos lleven a un verdadero entendimiento y a construir familias sin rencores, sin muros. Pensaba en una frase: no quieras para los demás lo que no quieras para ti, pensaba en los miembros de la Policía, que tienen un familiar, una mamá, tienen hijos, a nadie le gustaría ser golpeado, arrastrado”, señaló Brenes.
Uruguay condenó la violencia policial en Nicaragua que dejó 107 detenidos
El Gobierno condenó “enérgicamente” los actos de violencia policial contra manifestantes opositores que pedían la liberación de “presos políticos” en Nicaragua y que terminó con 107 personas detenidas.
Mediante un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores resalta que “la continua limitación de las libertades individuales” contra defensores de los derechos humanos y periodistas “son incompatibles con un sistema democrático de Gobierno”.
Este fin de semana la Policía nicaragüense reprimió con violencia a varios manifestantes que intentaron participar en una marcha para exigir al Gobierno de Daniel Ortega la libertad de los “presos políticos” en el marco de la crisis que estalló hace casi un año.
El comunicado agrega que estos hechos “vienen reiterándose desde hace casi un año” y son “un grave obstáculo” para poder superar “la crisis social y política que vive ese país”. “Uruguay vuelve a exhortar al Gobierno de Nicaragua a que genere las condiciones de confianza necesarias para reencauzar el ‘Diálogo Nacional’, única forma de encontrar una solución negociada que conduzca al inmediato cese de la violencia y al esclarecimiento de los crímenes cometidos y el castigo de los responsables”.
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