Colombia: la CIDH llama a la implementación de los acuerdos de paz objetados por Duque
CIDH alerta porque la JEP no tiene ley estatutaria
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual de 2018, hizo un llamamiento especial al Estado colombiano a adoptar las medidas necesarias para avanzar en la definición y entrada en vigencia de la ley estaturia que reglamenta el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
El informe fue presentado por Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de esta comisión internacional, quien añadió que la CIDH observa con preocupación que a más de dos años de la firma del Acuerdo de Paz y a un año de su entrada en funcionamiento, la JEP no cuente con esta ley.
En el informe, dado a conocer este jueves 21 de marzo en Washington, la CIDH solicitó “respeto al principio de separación de poderes y a las decisiones de las autoridades que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del proyecto de ley. Ello con el fin de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar los derechos de las víctimas”.
Además, la Comisión racalcó la necesidad de articular entre sí las entidades del Sistema integral de justicia transicional, JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, «así como de estos con las demás instituciones del Estado, mediante la realización de acuerdos institucionales, de modo de lograr un Sistema Integral cuyo eje central sean las víctimas en el marco del respeto de los derechos humanos de todos los actores involucrados en el conflicto».
El pronunciamiento se conoció luego de que el presidente Iván Duque objetara seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, argumentando razones de inconveniencia, decisión que implica la parálisis de la aplicación integral de la norma. El debate está hoy de vuelta al Congreso. Además, el presidente propuso una reforma constitucional para, entre otros dos puntos, evitar que la violencia sexual, incluso contra menores de edad, se juzgue en la JEP.
En este informe la Comisión dejó escrito que ve con preocupación una impunidad muy alta en el juzgamiento de estos casos en la justicia ordinaria. «la Comisión señala con preocupación que a pesar de la adopción de varias medidas encaminadas al cumplimiento de las órdenes previstas en los Autos 092 y 009 de la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado, las informaciones recibidas indican que aún no se ha logrado garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación, estimándose en 92% de impunidad de los casos del Auto 092 y el 97% de todos los casos reportados por la Corte Constitucional».
Por esta razón recordó que el Acuerdo de Paz establece «el reconocimiento de los victimarios de todos los hechos de violencia sexual y su sometimiento a los procesos de justicia, tanto por exmiembros de las FARC-EP como por miembros de la fuerza pública, y reitera al Estado la importancia de visibilizar este tipo de violencia, estableciendo espacios específicos con privacidad y seguridad para la realización de audiencias de los casos de violencia sexual y creando dispositivos de protección para las víctimas».
Esta posición de la CIDH sobre la necesidad de garantizar la entrada en vigencia de la Ley estaturaria de la JEP y el apoyo al sistema de justicia trasicional se suma a la que ha tenido buena parte de la comunidad internacional. Entre ellas las embajadas de Alemania, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Francia, Países Bajos y Noruega y las Naciones Unidas. Recientemente, en un encuentro con Patricia Linares, presidenta de estas jurisdicción especial, le expresaron su apoyo. Para los embajadores, la JEP es un pilar del posconflicto y que su entrada en funcionamiento es necesario para la reconciliación y la reparación de las víctimas.
Líderes sociales
Frente a la situación de derechos humanos en Colombia, la CIDH reiteró también profunda preocupación por el alto número de ataques a defensores y defensoras y líderes y lideresas sociales, que ha dejado un saldo de al menos 213 muertos desde el 1 de enero de 2016 hasta octubre de 2018, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH).
Asimismo, la Comisión manifestó que en 2018 en Colombia continúan una serie de desafíos con relación a la situación de seguridad en las zonas rurales donde persiste la violencia; violaciones de derechos humanos que se mantienen en la impunidad; el alto número de personas que continúan desaparecidas; la situación de desplazamiento forzado. “Lo anterior -dice la CIDH- se suma al reto de poner en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)”.
Estatutaria de la JEP volverá a la Corte si Congreso hace cambios de fondo
Después del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las objeciones a la JEP en la que se declaró inhibida, en el legislativo avanzará el trámite para definir si se aceptan o no las peticiones que está haciendo el presidente Iván Duque.
Por esa razón el secretario del Senado Gregorio Eljach, indicó que solo restan tres meses para que las corporaciones se pronuncien al respecto ya que los términos cambiaron sustancialmente. “Hay unos términos toda vez que el proyecto de la ley estatutaria de la JEP está sujeto a los términos del ‘Fast Track’ por lo que se deberá tomar una decisión antes del 20 de junio. Estos temas no se pueden tocar en sesiones ordinarias”.
Y agregó que “apenas conozcamos oficialmente el pronunciamiento de la Corte Constitucional seguiremos normalmente con el trámite, ya las comisiones accidentales están nombradas y se seguirá sin problema alguno”.
Además de esto y contrario a lo indicado por la Corte, en donde se manifestó que se esperaría el resultado del estudio del Congreso para revisar nuevo el texto, Eljach explicó que solo será enviado el documento al alto tribunal si se hacen cambios de fondo. “Si hay nuevas apreciaciones, decisiones tomas tiene que ir a la Corte porque no pasó por el examen inicial de Constitucionalidad que ya se hizo. Si se hacen cambios debe ir a la Corte Constitucional que será definitivo”.
Finalmente el secretario indicó que en caso de que una corporación apruebe las objeciones pero la otra las niegue, se archivarán únicamente los artículos objetados. “Hay varios principios y no tiene mucha justificación que en este caso 153 artículos se sacrifiquen por una norma antigua, el derecho ha evolucionado y la Corte ha mostrado el camino. Esto quiere decir que en caso de que se nieguen las objeciones solo se archivará lo objetado”.
Uribismo ve una victoria en decisión de la Corte; la oposición quedó con sinsabor
“Al presidente no se le puede despojar de la competencia para objetar por inconveniencia, ni al Congreso se le puede despojar de la competencia para tramitar las objeciones. Así como cuando ganó el ‘No’ e insistimos en un acuerdo que el gobierno de la época no permitió, ahora insistiremos en un acuerdo en el Congreso para aprobar las objeciones del presidente Duque”, expresó el expresidente.
De igual manera, Ernesto Macías, presidente del Senado, aseguró, de acuerdo con Caracol Radio, que esperaban que la Corte Constitucional decidiera que fuera el Congreso el que se encargara del trámite de las objeciones del presidente a la ley estatuaria de la JEP.
“Debo reconocer que la Corte actuó como debía ser, como esperábamos. En primer lugar, reconociendo la independencia de los poderes públicos y, en segundo lugar, diciendo claramente que el Congreso debe tramitar las objeciones y eso es lo que vamos a hacer”, expresó.
Así mismo, Paloma Valencia celebró, en su Twitter, que el tribunal decidiera “respetar las competencias del presidente”, para que, en palabras de ella, el país pueda avanzar en un “gran acuerdo nacional”.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianzas Verde, dijo, de acuerdo con Caracol Radio, que no comparte la decisión de la Corte, aunque la respeta, misma posición de la representante Juanita Goebertus.
“Como oposición, no ganamos esta discusión. La decisión tomada es salomónica, pero acatamos lo que dice la Corte Constitucional”, expresó Goebertus.
No obstante, cabe mencionar que Iván Cepeda, opositor de las objeciones de Duque, destacó la decisión del alto tribunal, pues silenció “las voces autoritarias que pretendían descalificarla con la acusación de que no respeta el orden del Estado de derecho”.
Ahora, por la decisión de la Corte, el Congreso debe debatir y decidir si acepta o modifica las objeciones. Luego de eso, enviaría a la Corte un expediente legislativo.
A partir del momento en que el Congreso tome una decisión, la Corte asume la competencia para ejercer el control sobre el procedimiento y contenido, y resolverá los problemas jurídicos que surjan, para que la JEP pueda tener la ley para su funcionamiento.
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