Investigación analiza protocolos de género contra el acoso sexual en cien universidad de América Latina
Claroscuros en 100 universidades de América Latina
El equipo de Distintas Latitudes y 35 periodistas de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas nos dimos a la tarea de analizar el tema del acoso y la violencia sexual en las universidades de América Latina. Para ello, seleccionamos una muestra de 100 universidades de 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
Con esta pieza, en la que abordamos los hallazgos generales de esta investigación transnacional, iniciamos la publicación de #PasóEnLaU, un especial que contiene reportajes, entrevistas y materiales audiovisuales que estaremos publicando en Distintas Latitudes y otros medios de la región.
También desde esta entrega ponemos a disposición de nuestra comunidad la base de datos que construimos, esperando sea un detonante para una conversación pública y regional, que pretendemos acompañar con diversas actividades online/offline que estarán desarrollándose durante todo marzo y abril. El tema y la comunidad universitaria de la región, pensamos, no merece menos.
Por Jordy Meléndez Yúdico y Georgina González
- Con información de Fernanda Rezzano, Angélica Castro, Gisella Rojas, Jorge Espejel, Juan González, Mariana Limón, Mariel Lozada, Norihelys Ramos, Norma Flores Allende, Pierina Sora, Tania Chacón, Valentina de Marval, Yaritza Hernández, Ketzalli Rosas, Lizbeth Hernández.
Diana es el nombre de una mujer universitaria de 22 años que vive en uno de los municipios más violentos de México. Pero en esta historia el nombre de la persona y de la ciudad importan poco. Lo mismo podría ser Marina de Villa Soldati que va a una universidad en Buenos Aires, Argentina, o Estefanía, que cursa el doctorado en una universidad en Calí, Colombia. Incluso podría ser Luis, que vive en Soyapango, en El Salvador. Podría ser cualquiera de los más de 20 millones de universitarios que estudian en las más de 10 mil instituciones de educación superior que hay en América Latina.
El tema aquí es que estas personas, que rondan entre los 18 y los 29 años, están expuestas a diversos tipos de violencia de manera constante. No es un secreto: América Latina es una de las regiones más violentas del mundo.
De las 50 ciudades con más homicidios a nivel global, 42 están en Latinoamérica. México vive desde hace años una guerra entre cárteles de la droga que, tan sólo en 2018, dejó 34 mil personas asesinadas. La violencia de las pandillas en el Triángulo Norte, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador, ha generado unas olas migratorias como pocas veces se habían visto. En Argentina, hubo 259 femicidios el año pasado. Ni hablar del crecimiento en la violencia machista en otros países como Chile, Paraguay o Uruguay. Otro dato: según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 6 y 9 de cada 10 mujeres de ciudades como Lima, Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá han sufrido acoso sexual callejero y en el transporte público.
Sin embargo, en la caracterización de la violencia en América Latina, se tiende a olvidar que mucha de ella ocurre en espacios “privados”, como la casa, el trabajo o la escuela. Y que la mayoría de estos casos de violencia se conocen y se denuncian poco.
La universidad, ese espacio construido para el aprendizaje, la investigación académica, el crecimiento profesional, incluso la movilidad social, es también un espacio cruzado por diversos tipos de violencia en América Latina. La violencia sexual entre ellas.
Si bien es cierto que un número importante de instituciones de educación superior han comenzado a reflexionar y tomar acciones concretas para frenar, prevenir o sancionar el acoso y la violencia sexual en sus aulas, campus y comunidades, la realidad muestra que aún hay un largo camino por recorrer. Por eso la relevancia de #PasóEnLaU, una investigación periodística que analiza la situación de 100 universidades latinoamericanas en 16 países de América Latina y el Caribe.
¿Cómo planteamos esta investigación transnacional?
En noviembre de 2016, en Distintas Latitudes (DL) publicamos el reportaje “Violencia sexual en las universidades de América Latina: omisiones, obstáculos y opacidad”. Encontramos algo que en ese entonces era casi obvio: muy pocas universidades contaban con protocolos para atender el acoso y la violencia sexual.
Este 2019, el equipo de DL decidió volver al tema acompañado por más de 35 periodistas de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas. Para esta tarea, seleccionamos una muestra de 100 universidades de 16 países: Argentina (8), Bolivia (6), Brasil (6), Chile (6), Colombia (6), Costa Rica (6), Cuba (6), Ecuador (6), El Salvador (6), Guatemala (6), Honduras (6), México (8), Nicaragua (6), Paraguay (6), Perú (6), Venezuela (6). En cada país, la mitad de las universidades se escogieron en función de su matrícula estudiantil. La otra mitad se seleccionó según el ranking QS, que evalúa la calidad de la enseñanza universitaria, con datos de 2017 a 2019.
Quedó así un universo de 51 instituciones privadas, 48 públicas y 1 de subvención estatal, que en conjunto aglomeran a más de cuatro millones quinientos mil estudiantes (4,500,000) en sus diferentes niveles de educación superior: licenciatura o pregrado, maestría y doctorado. Es una cifra que se dice fácil, pero que es más que la cantidad de personas de un país como Uruguay o poco menos que la población total de Costa Rica. Esta matrícula representa 22.5% del total de universitarios de toda la región.
El objetivo general de #PasóEnLaU fue identificar cuántas de las universidades seleccionadas contaban o no con protocolos de atención a la violencia sexual y, en caso de tenerlos, saber si eran públicos; si se implementaban correctamente; y si han creado espacios más seguros para las y los universitarios. Los resultados, en la mayoría de los casos, son desalentadores. Solamente 40% de las universidades investigadas cuentan con protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual, aunque no en todos los casos son públicos ni de fácil consulta. 36% de las universidades no tiene una política específica para atender este tema y 24% no contestó nuestras preguntas, presumiblemente porque tampoco cuentan con ellos, ni hay indicios de su existencia. En otras palabras, 60% de las universidades investigadas carece de una política interna, institucionalizada, pública y abierta con sus comunidades para atender los casos de acoso, abuso y otras formas de violencia sexual. Casos que, como se verá a lo largo de este especial, no son pocos.
El tema es relevante. Afecta potencialmente a millones de personas y tiene distintas particularidades. Por ello, en #PasóEnLaU, además de analizar cuantitativa y cualitativamente los protocolos contra el acoso y la violencia sexual, nos acercamos a estudiantes mujeres, hombres y LGBTI+; a docentes y a trabajadores de las universidades y decidimos ahondar en contextos específicos como los casos de Cuba, Venezuela y Paraguay para tener una serie de historias que nos permitieran problematizar mejor la situación.
Si bien analizamos algunas de las 100 universidades más grandes o reconocidas de la región, quedaron por fuera miles más. Este es un debate que tiene que darse de la manera más amplia posible.
¿Qué es un protocolo?Un protocolo es un documento que contiene una serie normas, estrategias y procedimientos aceptadas y aprobadas, que indican los pasos a seguir y entidades a cargo de recibir, encausar, investigar y sancionar o absolver acusaciones sobre conductas que conforman acoso o abuso sexual.
¿Qué NO es un protocolo?Un protocolo NO es lo mismo que una “guía” o “manual de procedimientos”. No hace sugerencias, sino que mandata lo que debe hacer una institución frente a situaciones definidas como acoso o violencia sexual. El protocolo debe ser público y de fácil consulta para la comunidad.
¿Quién elabora los protocolos?Son elaborados por distintas entidades. Hay protocolos creados luego de movilizaciones, inquietudes o necesidades que surgen al interior de la universidad. Puede ser creado por la Secretaría General, Decanato o Rectoría, según la normativa orgánica interna de cada universidad.
¿Qué encontramos? Estos son nuestros principales hallazgos
Las 100 universidades seleccionadas para esta investigación representan, en términos de matrícula estudiantil, 22.5% del total de personas universitarias en América Latina y el Caribe.
Gracias a la metodología que se utilizó para este reportaje, se incluyen universidades públicas tan grandes como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), universidades privadas de elite, como la Torcuato Di Tella en Argentina, o corporaciones universitarias privadas y confesionales con alta población estudiantil como UNIMINUTO en Colombia. Sin embargo, no importa si son públicas o privadas: la falta de políticas públicas para atender el acoso y la violencia sexual es una constante. Vamos por partes.
La mayoría de las universidades investigadas, 60 de 100, no cuenta con protocolos públicos e identificables para atender, prevenir o sancionar el acoso y la violencia sexual.
Esta tendencia se incrementa si revisamos exclusivamente el caso de las universidades privadas; y baja ligeramente en el caso de las públicas.
Estos datos también se pueden leer de otra manera, para ver la dimensión del problema: de 54 universidades investigadas en Brasil, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela únicamente 5 cuentan con protocolos contra el acoso y la violencia sexual.
Si miramos región por región, Centroamérica es donde menos universidades con protocolos encontramos. De 30 universidades analizadas en Costa Rica (6), El Salvador (6), Guatemala (6), Honduras (6) y Nicaragua (6), solamente nueve cuentan con estos documentos. Sin embargo, al hacer zoom en países del Triángulo Norte, los números son más dramáticos: únicamente 3 de 18 universidades han publicado estas normativas. Se trata de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (privada) en El Salvador; la Rafaél Landívar (privada) en Guatemala, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (pública).
En contraparte, los países del Cono Sur concentran la mayor cantidad de universidades con la existencia de protocolos. De 20 universidades analizadas en Argentina (8); Chile (6) y Paraguay (6), 10 cuentan con éstos.
Mención aparte merecen Cuba y Venezuela, dos países en los que ninguna de las universidades investigadas cuenta con protocolos. Las posibles explicaciones a este fenómeno se publicarán más adelante.
Otro dato que llama la atención es la gran cantidad de universidades que no respondieron ni quisieron atender las preguntas y solicitudes que les planteamos. 24 de 100 universidades no respondieron -hasta el 18 de marzo- las solicitudes de información que les fueron remitidas por diversos canales institucionales y tampoco se identificó la existencia de dichos mecanismos. Esto es de especial relevancia, porque de nada sirve tener un protocolo que es desconocido por su propia comunidad universitaria.
Uno de los datos más interesantes resulta del análisis detallado de los años de creación de estos protocolos. De las 100 universidades analizadas, el protocolo más antiguo corresponde a la Universidad de Costa Rica, que se publicó en 1997.
Tuvieron que pasar más de 13 años para que otra universidad se animara a hacerlo. Entre 2010 y 2012, otras cuatro universidades publicaron sus protocolos.
Sin embargo, entre 2015 (año de la primera movilización masiva #NiUnaMenos en Argentina) y 2018 se creó el 75% de los protocolos en las universidades seleccionadas: 30 universidades de un total de 40. Este dato es especialmente relevante porque muestra una relación evidente entre el crecimiento de las olas feministas y la presión social y mediática frente al tema y la reflexión, generación y publicación de estas normativas. Como se verá a lo largo de esta serie, los protocolos casi nunca son concesiones graciosas de las autoridades universitarias, sino luchas ganadas directamente por las comunidades estudiantiles.
Lo más relevante es, quizá, justo eso: que una universidad cuente con un protocolo institucional para atender, prevenir y sancionar el acoso y la violencia sexual es apenas un primer paso. Protocolo no es igual a que las universidades sean 100% espacios seguros. La frase “A mí también me pasó en la U” es algo que se repite país por país. Y eso lo veremos en las siguientes publicaciones. Esperamos nos acompañen.
