Guatemala no es país para defensores: los persiguen, criminalizan y los asesinan
Hace cinco días, Willy René de Paz Bojórquez murió baleado. Dos personas le dispararon en su negocio en Poptún, Petén. Era miembro del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos y durante ocho años fue dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
De Paz tenía 42 años y había recibido amenazas por su trabajo como defensor de la tierra y el territorio, y por exigir la nacionalización de recursos y servicios privatizados en Guatemala.
Es el tercer defensor de derechos asesinado en lo que va de 2019.
América Latina es la región más letal para quienes defienden los derechos humanos. De los 321 asesinatos denunciados en 27 países en 2018, el 54% ocurrieron en Colombia y México, según un informe de Frontline Defenders. Guatemala aparece en el tercer lugar de la lista.
A partir del 2015 la cantidad de crímenes contra defensores de derechos en Guatemala comenzó a aumentar afectando principalmente a defensores del territorio y de recursos naturales.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), explica que tanto en Guatemala como en otros países como Honduras y Colombia, esa tendencia alarmante está vinculada a crisis políticas y un retroceso general en las garantías de derechos humanos en prácticamente todo el continente.
—Tiene que ver con la asunción de personas y partidos políticos al poder con expresiones de xenofobia, de racismo, anti derechos humanos en general. Este proceso es el que viene acompañando este incremento de agresiones, asesinatos y criminalización.
Con la llegada al gobierno de Jimmy Morales y FCN Nación en 2016 se incrementaron los actos de criminalización contra defensores, asegura el activista Santos, quien considera que forman parte de una estrategia de retroceso en materia de democracia y derechos humanos que también se ha manifestado a través de acciones e iniciativas de ley que limitan los derechos y promueven la impunidad.
—Hemos visto este retroceso en el Ministerio de Gobernación, cambios en las autoridades en la Policía Nacional Civil, el incremento de ataques en contra de la CICIG e iniciativas de ley que son preocupantes. Al final de cuentas todo eso tiene que ver con el fenómeno de impunidad. Hay un vínculo muy estrecho en ese sentido con los asesinatos de defensores.
Modificaciones a la ley para crear un clima de impunidad
Entre las iniciativas de ley que han recibido rechazo de parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos está la 5377, la cual fue presentado por el diputado Luis Fernando Linares Beltranena –del partido PAN– y que propone reformar la Ley de Reconciliación Nacional para establecer una amnistía total para militares y ex guerrilleros que cometieron delitos graves de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Otra de las iniciativas que atenta contra los derechos humanos es la 5257, la Ley de oenegés, que pretende fiscalizar y así controlar a las organizaciones no gubernamentales con la opción de cerrar a las que apoyan a instituciones que luchan contra la corrupción.
La Ley de Protección de la Vida y la Familia —la 5272— presentada por los diputados Aníbal Rojas Espino y Christian Boussinot en 2017, es una iniciativa que criminaliza a la población LGBTIQ y a las mujeres.
Es una estrategia política que en el ámbito cotidiano se refleja en un aumento de agresiones y en una cantidad alarmante de asesinatos en 2017 y 2018.
Entre enero y abril 2018, se habían registrado cinco asesinatos. Pero después del 2 de mayo, cuando el presidente Jimmy Morales criticó de manera directa al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y a CODECA, comenzó una ola de violencia en la que siete defensores de diferentes organizaciones fueron asesinados en menos de un mes. Al terminar el año 26 defensores habían perdido la vida.
Una cadena de violencia
Por lo menos el 49% de las y los defensores asesinados, según Frontline Defenders, habían recibido amenazas previamente.
Jorge Santos resalta que es importante entender que en muchos casos los diferentes tipos de violencia forman parte de una cadena en ascenso. Como en el caso de Willy René de Paz, quien primero recibió amenazas por exigir la nacionalización de la energía eléctrica para asegurar que todos a través del Estado tuvieron acceso a este servicio. Fue criminalizado y acusado por robo de energía eléctrica de parte de la empresa ENERGUATE. Hasta finalmente ser asesinado el 17 de marzo.
—Podríamos llamar a eso la profundización de la violencia. Inicialmente te intentan cooptar. Si no te logran comprar o cooptar, te amenazan y te intimidan. Te difaman. Con eso arranca un proceso de criminalización más amplio que implica denuncias judiciales hasta alcanzar la detención. Si todos esos procesos en su conjunto no funcionan, pues el asesinato es la agresión más profunda. Junto a la criminalización es el tipo de agresión que más contiene los procesos de resistencia y organización de parte de defensores a nivel general—, explica el activista Santos.
El 19 de marzo se denunció la desaparición de Carina Ivón Mazariegos, de 32 años, en Retalhuleu. Ella es enfermera e integrante de CODECA en San Andrés Villa Seca. Ya fue activada la alerta Isabel Claudina para buscar a Carina Ivón, quien de acuerdo con la organización campesina, es familiar del candidato a alcalde del Movimiento para la Liberación de los Pueblos.
El Mingob elimina instancia de apoyo
A partir de 2015 ha habido una emergencia de la defensa de derechos humanos en Guatemala. Santos no rechaza que el aumento de asesinatos sean una respuesta extrema a esa ola de concientización en el país.
Mientras los riesgos para defensores de derechos han aumentado, la instancia para detener la violencia en su contra desapareció. En 2008 se creó una instancia bajo el Ministerio de Gobernación con el objetivo de analizar ataques contra defensores para determinar patrones y plantear acciones institucionales para detener la violencia.
Los integrantes eran representantes de organizaciones de derechos humanos, Ministerio Público, PNC y el Ministerio de Gobernación que cada semana hacían un análisis de casos específicos de agresiones. Aparte crearon un chat de alerta para reaccionar de forma inmediata y organizada en el momento de ocurrir una agresión.
Pero el actual Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart cambió este el protocolo, dice Santos.
—Puso como parámetro que este chat se iba a abandonar y que los casos de agresiones deben de ser traslados por escrito a nombre del ministro para que fueran tramitados en el despacho superior. Entonces ese elemento de atender la emergencia en el momento pierde sentido.
Los cambios impulsados por el ministro Degenhart motivó el retiro de las organizaciones de sociedad civil de la instancia con la entrega de una carta de protesta. Hasta la fecha no han recibido respuesta a la carta y no saben si la instancia continúa dentro del ministerio.
Para la instancia se formó un grupo de policías especializados en derechos humanos dentro del departamento de investigación criminal de la PNC. Según la información que tiene UDEFEGUA, los contratos de este grupo de agentes fue descontinuado a partir del 31 de diciembre 2018.
Una nota de contexto: ¿Por qué luchaban los tres activistas que fueron asesinados esta semana?
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