El gobierno mexicano reconoce que la violencia de género es problema de Estado y anuncia un plan de emergencia
Violencia de género es problema de Estado, reconoce gobierno; anuncia plan de emergencia
El gobierno federal anunció este miércoles una serie de acciones de carácter emergente y alcance nacional con la finalidad de enfrentar la violencia en contra de las mujeres y disminuir la incidencia de delitos como feminicidios, desapariciones de mujeres, violencia y abusos sexuales, entre otros.
El plan, dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), tiene como punto de partida el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es un problema de Estado y por lo tanto debe formar parte de la estrategia nacional de seguridad.
La idea es poner en marcha acciones inmediatas, con independencia de la revisión que también se hará de la política pública nacional respecto a los feminicidios y otros delitos.
En el centro del diseño de este plan emergente se encuentra el dato dado a conocer el pasado 22 de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas, que en un comunicado oficial alertó que en México son asesinadas al día 9 mujeres y niñas, a lo que se suma el hecho de que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido algún nivel de violencia.
De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las víctimas en carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio pasaron de 422 en 2015 a 872 en 2018, lo que equivale a un crecimiento superior al 100%.
La titular del Inmujeres, Nadin Gasman, señaló que los refugios para mujeres víctimas de violencia siguen funcionando y brindando servicio, pero bajo la rectoría y supervisión del Estado.
Añadió que en el paquete legislativo que enviarán se contemplan castigos para los funcionarios públicos que apliquen estereotipos contra las mujeres.
Esta estrategia arrancará en zonas que han sido delineadas como prioritarias en el plan de seguridad del gobierno federal, donde hay más altos niveles delictivos relacionados con la violencia feminicida.
Algunas de las acciones son las siguientes:
*Reconocimiento de que las distintas formas de violencia contra las mujeres (desde el feminicidio hasta el abuso sexual) son un problema de Estado y no un asunto de particulares, y que por lo tanto es responsabilidad del mismo asumir una estrategia integral para combatirlo.
*Incorporar en la atención de las regiones prioritarias identificadas en la estrategia de seguridad del gobierno federal mecanismos de prevención y seguimiento de delitos como el feminicidio, la violencia sexual, el secuestro de mujeres, la desaparición, entre otros.
*Un registro y monitoreo de casos para identificar lugares y horarios de ocurrencia, y facilitar con ello la identificación de dinámicas delictivas con el objetivo de poner en marcha acciones para combatirlas.
*Iniciar un registro nacional de niñas y niños huérfanos de feminicidios con la finalidad de poner en marcha esquemas para su atención.
*Fortalecer mecanismos de prevención y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la atención de delitos relacionados con violencia contra las mujeres.
*Revisión de los procedimientos de alerta de género y su efectividad. Actualmente hay 17 declaradas de 33 solicitudes presentadas.
*Revisión del sustento jurídico y funcionamientos de los Centros de Justicia para las Mujeres que existen en las entidades.
*Establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías y escuelas para identificar el maltrato infantil.
*Desarrollar aplicaciones móviles para que las mujeres puedan identificar zonas de alto riesgo y que las autoridades puedan reaccionar más rápido.
*Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desaparición para identificar líneas y vacíos en la investigación.
*Aplicaciones móviles para que las mujeres puedan identificar zonas de alto riesgo y que las autoridades puedan reaccionar más rápido.
Segob presenta plan para prevenir feminicidios
En México, 66 mujeres de cada 100 han sufrido algún tipo de violencia ejercida por sus parejas o familiares, en 2018 fue asesinada una mujer o niña cada 160 minutos y en 17 estados del país hay alerta de género, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La funcionaria, acompañada de la titular del Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, presentó un «plan de acciones emergentes para garantizar la integridad, seguridad y la vida de mujeres y niñas que implica intervención de los tres niveles de gobierno».
«La violencia contra niñas se ha incrementado de forma dramática. Hemos de reconocer que no se ha dado efecto útil para garantizar la vida de las mujeres, el plan que hoy se presenta sólo es un primer paso», dijo durante la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, Sánchez Cordero.
La titular del Inmujeres, Nadine Gasman, afirmó que el plan contempla la prevención del delito y la atención y cuidado de mujeres víctimas de violencia.
Además, se integrará un consejo consultivo para dar seguimiento al cumplimiento del plan y se tomarán acciones inmediatas que contemplan coordinaciones estatales para construcción de paz, registro nacional de un sistema público concesionado para identificar la violencia a niñas en escuelas, seguimiento y vigilancia en espacios de hospedaje y un registro nacional del transporte público y mantener vigilancia en el mismo.
Al plan de AMLO para mujeres le urge incluir la voz de los que saben del horror: colectivos
El Plan Emergente para Garantizar la Integridad, Seguridad y Vida de las Mujeres y las Niñas en México presentado hoy por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo es un planteamiento con puntos muy generales, e incluso ya establecidos en la Ley, por lo que aún debe clarificar los lineamientos para erradicar la violencia contra las mujeres, coincidieron representantes de organizaciones civiles y expertas feministas.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), Lulú V. Barrera, fundadora del colectivo Luchadoras, y Elena Contreras, representante de Las del Aquelarre –colectivo feminista que ha participado en los trabajos de la solicitud de la Alerta de Género en la Ciudad de México–, así como la Diputada federal, Martha Tagle, resaltaron que será necesario que el Gobierno tome en cuenta la experiencia de las organizaciones civiles y colectivos, y que trabaje de la mano con ellas para avanzar en la ruta contra la violencia feminicida en el país.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, dieron a conocer el plan integral con el que buscan prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México. Anunciaron una serie de medidas que se basan en la coordinación de los tres niveles de Gobierno; atender recomendaciones internacionales; identificar zonas de riesgo; un registro nacional del transporte público y concesionario, así como campañas permanentes de prevención.
PLANTEAMIENTO AMBIGUO
María de la Luz Estrada, Lulú V. Barrera y Elena Contreras consideraron que el Plan contra la Violencia hacia las Mujeres sólo muestra aspectos generales que no permiten definir o esbozar cuáles serán los métodos de acción para tratar la problemática.
“Son líneas muy amplias que no necesariamente nos dan elementos para saber si la política será suficiente y adecuada”, expresó Lulú Barrera.
Para Martha Tagle Martínez, Diputada federal del partido Movimiento Ciudadano, el planteamiento no presenta grandes novedades o algo extraordinario a lo que ya establece en la Ley General de Víctimas.
“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece muchas de las acciones que hoy se anunciaron […] varias de las cosas ya están en la Ley, no es nada nuevo a lo que ya está en la Ley. Seguimos sin sentir dónde está el tema emergente, porque al final de cuesta eso está en la Ley y es lo que tienen que hacer las instituciones”, declaró la Diputada Tagle.
Las representantes de organizaciones feministas junto con la Diputada de Movimiento Ciudadano insistieron que falta clarificar cómo planean enfrentar el problema.
“Me parece que hace falta ser mucho más claro en la emergencia y no tenemos una claridad de este Plan, que debería ser implementado de manera emergente ante una situación de lo que se vive en el país. No hay algo muy concreto por donde avanzar”, abundó la congresista.
Lulú Barrera añadió: “en realidad, el documento que ha circulado son 10 diapositivas que no profundizan sobre los abordajes”.
María de la Luz Estrada explicó que en “los cómo estará la certeza” de saber si las autoridades realmente quieren cambiar: “que ya salgamos de la simulación y realmente se puedan hacer acciones de fondo, es decir, entiendo que es un plan de urgencia contra el feminicidio donde se plantearon temas también muy generales”.
Elena Contreras, del Colectivo feminista Las del Aquelarre, destacó que al Plan la falta un eje que considera toral para erradicar la violencia de género: la educación.
La activista consideró que el planteamiento está incompleto en materia de prevención “toda vez que no incluyen a los hombres en las fórmulas y es necesario tomar en cuenta que son los hombres los que ejercen en su mayoría la violencia de género”.
Explicó que es necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea incluida a la estrategia porque “un plan emergente debe tener miradas integrales, e históricamente la SEP nunca ha realizado una revisión de sus planes de estudios, la transversalización del enfoque de género y derechos humanos es indispensable, especialmente en la educación básica, por ello no es descabellada la idea de que se soliciten acciones integrales”.
APLAUDEN EL RECONOCIMIENTO
María de Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), comentó que el anuncio es importante porque se trata de un reconocimiento donde el Estado admite que falló en términos de política para el tema de feminicidios.
“El Estado no había asumido su rectoría y entiendo que ellos [el Gobierno] lo que dicen es que el Estado tiene que asumir la responsabilidad y garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia”.
Para Lulú Barrera la presentación del Plan fue un acto político que era urgente para decir que sí tendrán una política en la materia, pero sigue en elaboración.
“Creo que necesitamos es saber y tener indicadores concretos acerca de cómo cada acción va a cambiar cada cosa en particular”, dijo.
El Colectivo Las del Aquelarre aplaudió la adopción del paquete de servicios a mujeres víctimas de violencia, sin embargo, aclaró que es necesario que haya una vigilancia permanente para garantizar su correcto funcionamiento.
La Diputada Martha Tagle coincidió que el Estado, –todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial – dejaron de hacer sus obligaciones en materia de violencia contra las mujeres, sin embargo, reiteró que la situación actual, [el alto nivel de violencia feminicida] requiere un Plan Emergente, con medidas extraordinarias, y el planteamiento anunciado hoy por López Obrador, no va en ese sentido.
“Todas las acciones anunciadas tienen que ver más con lo que establece ya por obligación, pero necesitamos un Plan Emergente, porque a las mujeres las están matando día a día”.
En México 66 de cada 100 mujeres en México sufren violencia en el país y se asesina entre nueve a 10 mujeres y niñas cada día. Cada 160 minutos son privadas de la vida una mujer o una niña, pues en el 2018, el feminicidio alcanzó la “escalofriante” cifra de 3 mil 580 víctimas, de acuerdo a las cifras que presentó hoy la titular del Segob, Olga Sánchez Cordero.
PUNTOS CLAVE
La revisión a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y la auditoria a los casos de feminicidios son dos puntos del Plan Emergente para Garantizar la Integridad, Seguridad y Vida de las Mujeres y las Niñas en México que resaltaron las activistas entrevistadas.
El Plan contempla una revisión a las AVGM que ya han sido decretadas en el país, conformar un grupo técnico y crear un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de la AVGM.
Sobre este punto, María de la Luz Estrada manifestó que las autoridades “sí recogieron las demandas hechas por las organizaciones en relación a la urgente necesidad de evaluar los impactos que han tenido las medidas [emanadas de las AVGM]”.
“Porque hasta ahorita no ha habido ningún dictamen para evaluar los resultados de la AVGM, lo cual era responsabilidad de la Comisión Nacional de Víctimas (CONAVIM)”, institución que, por cierto, actualmente sigue acéfala.
Elena Contreras también reconoció el punto propuesto y agregó que es necesario que establezcan indicadores de resultados “y que el cuerpo técnico que se pretende integrar entregue cuentas de su desempeño y de todas y todos los servidores públicos en la ruta de los feminicidios”.
A nivel nacional, de las 33 solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sólo ha sido declarada en 17 estados.
El Plan de Gobierno federal también instituye una auditoría a los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones, a fin de identificar líneas de investigación y problemas estructurales.
“Vemos con buenos ojos la auditoría a los casos de feminicidio existentes, pero habría que ampliar la lupa. Uno de los grandes problemas en el acceso a la justicia de las mujeres es la inadecuada atención a los casos de feminicidios que invisibilizan el problema”, opinó Elena Contreras.
En este punto, la feminista expuso que es conveniente que se endurezca el tratamiento a las y los servidores públicos, a jueces y magistrados, que no cumplan con su obligación.
“La sanción, remoción e inhabilitación permanente es necesaria en muchos de los casos registrados, porque es el primer obstáculo de las mujeres y sus familiares para el acceso a la justicia”, especificó.
Lulú Barrera dijo en materia de auditoria esperan que esto sea “una oportunidad para obtener justicia en muchos casos que están congelados”.
PIDEN INCLUSIÓN DE ORGANIZACIONES
Las entrevistadas y la diputada concordaron en que es necesario que el Ejecutivo tome en cuenta a las organizaciones civiles y a las defensoras para aprovechar el conocimiento, así como la experiencia que tienen estos colectivos y agrupaciones que han trabajado en busca de erradicar la violencia de género desde hace varios años.
“Todas las organizaciones que hemos participado en esta lucha hemos estado llenado estos vacíos –del Estado, en sus tres niveles– para tratar de responder a los problemas, porque al final el Estado no lo ha hecho”, explicó Luz Estrada, del ONCF.
La activista agregó que esperan que pronto el Gobierno de a conocer el Plan de fondo y la estrategia, es decir, la ruta para combatir la violencia de género, para que ellas puedan conocer cómo se va a operar y cuál será la intervención tanto de las autoridades y de las víctimas y colectivos.
“Creo que esta construcción que ellos van a empujar debe de involucrar a la sociedad civil experta en la materia, porque al final de cuestas es la sociedad la que ha estado en terreno”, reiteró Luz Estrada.
Elena Contreras hizo una petición en el mismo sentido: “que se integre a la sociedad civil, incluidas las colectivas de feministas, pero no sólo las de élite, sino a las que sabemos la agenda porque la vivimos diariamente”.
En tanto que Lulú Barrera apuntó: “creo que cualquier acción [del Gobierno] debe de estar fundamentada en datos que ya tengamos sobre violencia […]”.
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