Ecuador y el FMI: empiezan los problemas – Por Juan Paz y Miño
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Entre 1961 y 1972 Ecuador suscribió 9 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque tuvieron algunos condicionamientos, no alcanzaron la profundidad ni la significación de las 16 cartas de intención suscritas entre 1983 y 2003, porque para esta segunda época -como ocurrió con los otros países latinoamericanos-, los condicionamientos del FMI habían cambiado, ya que a la entidad le interesó asegurar tanto el pago de las deudas externas de la región, como la sujeción de América Latina al capital transnacional y, además, a la visión exclusivamente neoliberal en auge por aquella época.
Los condicionamientos del FMI, que son la base del decálogo económico del Consenso de Washinton (WC) de 1989, se ofrecían como “ajustes estructurales” para modernizar las economías latinoamericanas. Se concentraron en reducir al Estado, privatizar bienes y servicios públicos, reformar impuestos, flexibilizar el trabajo y liberalizar los mercados. El modelo teórico del Fondo tenía como eje el desarrollo y crecimiento de la empresa privada como motor de la economía, a la cual había que otorgarle el marco institucional que responda a sus intereses y todas las garantías necesarias para su “libertad”. Era, en otras palabras, un modelo de capitalismo puro, incluso alejado de cualquier modelo de capitalismo social, como el que regía en los países europeos.
Desde luego, la “visión” del FMI en nada contradijo a los intereses de las elites empresariales del Ecuador, que aspiraban, desde hace décadas, a los mismos “ajustes estructurales” del Fondo, que aparecieron como “salvadores” tras dos décadas de desarrollismo (60´s y 70´s), atacado siempre como “estatismo” y hasta de “comunismo”. De manera que las cartas de intención suscritas por los sucesivos gobiernos ecuatorianos sirvieron para apuntalar el modelo empresarial añorado por las cámaras de la producción en el país, que son las que determinaron la conducción económica de esos mismos gobiernos, a su vez identificados con las derechas políticas.
Ninguno de los acuerdos con el FMI mejoró la economía ecuatoriana y peor las condiciones sociales. Lo mismo ocurrió en 135 países, donde actuó la entidad, según un estudio académico titulado “How structural adjustment programs affect inequality: A disaggregated analysis of IMF conditionality, 1980–2014” (https://bit.ly/2TPH7nf), que demuestra cómo se agravó la inequidad. En Ecuador, los acuerdos poco sirvieron para salvar ciertas necesidades financieras de coyuntura, pero fueron exitosos para avalar el camino aperturista y neoliberal. Porque, en lo estructural, el modelo empresarial, que impulsaron gobiernos y elites dominantes del país, si bien favoreció negocios, incrementó rentabilidades y puso al Ecuador en los primeros lugares de inequidad en el mundo, al mismo tiempo deterioró sistemáticamente las condiciones de vida y de trabajo de la población y, finalmente, minó la institucionalidad nacional y hasta la gobernabilidad, expresada en la crisis política de 1996-2006, con la sucesión de siete gobiernos y una efímera dictadura.
El gobierno de Rafael Correa marcó un ciclo histórico distinto, que superó el modelo empresarial y puso bases para un tipo de economía social sujeta a la Constitución de 2008. Fue un golpe para las derechas políticas y para las elites económicas, que combatieron esa conducción del país, con la mira en la restauración de sus intereses particulares en el Estado. Contradiciendo opiniones actuales y viscerales reacciones, los resultados económicos y sociales del gobierno de Correa han sido resaltados por organismos internacionales, estudios académicos e informes nacionales.
Pero Correa, si bien expulsó al FMI en 2008, también acudió a él en 2014, para contar con su aval en la colocación de bonos soberanos del país en el mercado financiero internacional, y luego en 2016 para obtener un crédito emergente de 364 millones de dólares. Sin embargo, su gobierno no impulsó ningún modelo empresarial sujeto a las cámaras de la producción, ni subordinó el Ecuador a los condicionamientos ya conocidos del FMI. Es falso que Lenín Moreno sea un continuador del “correísmo”, una tesis sostenida permanentemente por el excandidato y banquero Guillermo Lasso, a la que han adherido incluso voceros de las izquierdas tradicionales.
La “descorreización” de la sociedad, convertida en política de Estado, ha servido para liquidar la economía social anterior, para hechar tierra sobre sus avances y logros, e incluso para dejar a un lado las normas que sobre el Estado, la sociedad y la economía están contempladas en la Constitución de 2008.
El gobierno de Lenín Moreno retomó el camino del modelo empresarial, de la mano de las mismas elites que en las décadas finales del siglo XX lo edificaron. Con ese giro, ellas han vuelto a reclamar el retiro del Estado, la revisión de impuestos, la flexibilización laboral, las privatizaciones, la liberación de los mercados y la suscipción de tratados de libre comercio. No han cambiado un milímetro sus viejas consignas.
En ese marco, el reciente acuerdo con el FMI vuelve a servir de aval y apuntalamiento del segundo modelo empresarial en marcha. Coincide con los mismos objetivos. Y las declaraciones oficiales, revestidas de palabras misteriosas que guardan el secreto del acuerdo logrado con el FMI, dejan entender que no habrá un solo rastro de economía social, sino de desarrollo capitalista puro, al que interesan los buenos negocios, el éxito de las inversiones y el cumplimiento de un plan basado en los intereses privados a costa del interés público y ciudadano.
Por los procesos históricos ya vividos y porque el camino del nuevo modelo empresarial no tienen diferencia alguna con otros momentos similares en la economía nacional, Ecuador, lejos de superar una ficticia vía hacia la “venezolanización” atribuida al modelo de economia social del pasado inmediato, hoy se encamina a fortalecer un tipo de economía que solo provocará deterioros sociales, en beneficio de poderosos y grandes grupos económicos. El reciente despido de unos 11.800 trabajadores del Estado es solo el comienzo del drama. En definitiva, con el bautizo del FMI, es ahora cuando se inician los problemas económicos y sociales para el país, no las soluciones.
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