Colombia: la oposición replica a Duque y llama a movilización nacional por los acuerdos de paz
En histórica réplica, oposición llama a marchar por la paz y la JEP
En respuesta a la objeción del presidente Iván Duque a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, los partidos de oposición hicieron un llamado a la unidad nacional para defender los acuerdos de paz.
Por esa razón, convocaron a una gran manifestación nacional para el próximo lunes 18 de marzo. En Bogotá, la movilización empezará a las 6:00 p.m. en el Planetario de Bogotá.
«Salgamos juntos, sin importar ideologías, a las calles y caminos de todo el país, no solo para exigirle al Gobierno que cumpla lo acordado, sino sobre todo para que cada persona exprese su compromiso con acciones concretas para avanzar en la construcción de paz allí donde más se ha sufrido la guerra», declaró la congresista Juanita Goebertus, vocera de la oposición en la primera alocución televisada de la historia de réplica a un presidente.
Goebertus intervino como portavoz de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Mais y Farc, y la coalición Lista de la Decencia.
«Pondremos en marcha todas las acciones políticas y jurídicas que estén a nuestro alcance para evitar que las objeciones y reformas anunciadas tengan éxito», anunciaron.
Los partidos, en su declaración, expusieron los argumentos por los que consideran que las objeciones a la JEP son perjudiciales, toda vez que la Corte Constitucional le había dado su aval a la ley estatutaria.
«Nadie está salvo si, ante una decisión de la Corte Constitucional, el Presidente de la República puede tomar la decisión de no acatar», explicaron.
«Si hoy se abre esta puerta, el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto», agregaron.
Además, según los partidos, la decisión de Duque sí afectará la construcción de paz en Colombia: «Hay que vivir muy alejado de la Colombia rural para creer que proponer cambios a las reglas del juego que permitieron el desarme de 13.000 excombatientes de las Farc no genera ningún efecto en la realidad».
«La decisión del presidente genera gran incertidumbre jurídica entre los excombatientes y desestabiliza los territorios en los que el proceso de construcción de paz es aún muy frágil», añadieron, y a renglón seguido citaron datos sobre reducción de la violencia tras la firma del acuerdo de paz.
«En 2017 Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años en el país, y logramos reducir el número de muertes por el conflicto en un 97%, el desplazamiento en un 79%, y las víctimas de minas en un 99%».
«Tuvimos, además, las elecciones más pacíficas de nuestra historia. El proceso de paz demostró que podía salvar vidas», precisaron.
Preservar independencia de la JEP, insiste la ONU
Preservar la “independencia y autonomía” de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recomendó este martes el secretario general de la ONU, António Guterres, tras su entrevista con el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en Nueva York.
Guterres recibió en su despacho al canciller Trujillo y al embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, de quienes escuchó los argumentos que tuvo el presidente Iván Duque para objetar varios aspectos de la ley estatutaria de la JEP.
“El secretario general ha repetido varias veces la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y del respeto a su independencia y autonomía, al igual que lo ha hecho el Consejo de Seguridad”, hizo saber Guterres, tras su entrevista con los diplomáticos colombianos.
El Secretario General se reúne con el canciller de #Colombia @CancilleriaCol a las 3.15 pm (hora de Nueva York). El portavoz adelantó la posición de @antonioguterres sobre la Jurisdicción Especial para la Paz JEP_Colombia. pic.twitter.com/gCWqrurE1Y
— Noticias ONU (@NoticiasONU) 12 de marzo de 2019
Trujillo viajó el lunes pasado a Nueva York para explicar a la ONU, como prioridad, la posición del Gobierno colombiano sobre esa jurisdicción especial cuya razón de ser es el juzgamiento de los autores de delitos de guerra y de lesa humanidad, con ocasión del conflicto armado.
El mandatario objetó seis artículos de la ley que fija los principios rectores de esta jurisdicción y anunció la presentación de una reforma constitucional para reformar el acto legislativo que le dio las bases jurídicas al acuerdo de paz con las Farc.
Tras conocer la decisión de Duque, sectores políticos, intelectuales y negociadores del acuerdo con las Farc denunciaron ante la comunidad internacional (ONU y Corte Penal Internacional) que el actual gobierno está empeñado en “poner obstáculos” al acuerdo de paz.
En el documento enviado a estas instancias de la comunidad internacional, los contradictores de Duque dijeron que a través de estas acciones, el Gobierno busca “lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.
En su justificación sobre las objeciones, Duque dijo, el domingo pasado, que solo lo anima el propósito de “resolver los justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad y también cumplirles a aquellos que genuinamente han escogido la ruta de la legalidad”.
El Presiente dijo además que seguirá “con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”.
Pedido a la ONU
Luego de compartirle al secretario general de la ONU las razones por las cuales se objetaron algunos aspectos de la ley de la JEP, el Canciller colombiano le pidió a Guterres que ayude a Colombia a encontrar el “consenso” interno sobre la jurisdicción especial.
Duque dijo el domingo que “estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Una oportunidad –agregó– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.
De ese consenso, Trujillo le habló al secretario Guterres.
Aunque no hubo una respuesta contundente al respecto, EL TIEMPO conoció que el líder de la ONU preguntó al canciller si el presidente Duque estaría dispuesto a hablar con todos los sectores políticos sobre el tema, a lo que Trujillo respondió afirmativamente.
De hecho, Guterres también indagó por el ambiente político en el Congreso colombiano, donde la próxima semana se iniciará el debate de fondo, no solo sobre la JEP sino sobre otros aspectos del acuerdo con las Farc.
Este miércoles el Canciller colombiano tendrá la misión de ofrecer las mismas explicaciones a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, instancia garante del acuerdo con las Farc.
Objeción presidencial puede retrasar la rendición de cuentas: HRW
La ONG Human Rights Watch (HRW) se pronunció este martes sobre la decisión del presidente Iván Duque Márquez de objetar parcialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señaló que este hecho podría socavar y retrasar la rendición de cuentas por casos vinculados al conflicto armado en Colombia.
“Si bien comparto algunas de las preocupaciones expresadas por el presidente Duque, la objeción presidencial no es la forma correcta de solucionar estos serios defectos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco se refirió a que una de las objeciones suspendería “en buena medida” los procesos penales ante la justicia ordinaria hasta que los casos sean trasladados a la JEP. En ese sentido, recordó que la organización ha expresado con anterioridad que esto podría generar “demoras inadmisibles” en los procesos judiciales en contra de crímenes atroces.
También hizo referencia a la objeción que hizo Duque sobre la renuncia de la persecución penal a quien no sean considerados como los máximo responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, luego de que la Corte Constitucional considerara que procesar penalmente a todos los acusados de crímenes durante el conflicto podría conducir a un desconocimiento de los derechos de las víctimas” debido a que el “volumen de los posibles responsables y hechos podría exceder la capacidad de la jurisdicción especial”.
“La objeción presidencial de Duque seguramente lo ayude a ganar apoyo entre quienes se oponen al acuerdo de paz (…) Pero es probable que no ayude en nada a garantizar que las víctimas del conflicto armado obtengan la justicia que tanto necesitan y a la que tienen derecho”, anotó Vivanco.
La decisión de Duque ha abierto un nuevo debate político-jurídico en el Congreso de la República, a donde volverá el articulado de la estatutaria para decidir si se acogen o no las objeciones del presidente.
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