Colombia: la misión de la ONU pide respetar el Acuerdo de Paz tras las objeciones de Duque
ONU pide respetar integralidad del Acuerdo de Paz, tras objeciones a la JEP
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia pidió que se respete «la integralidad» del acuerdo de paz firmado con las Farc, después de que el presidente Iván Duque objetara parcialmente la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
«En el marco de los estándares internacionales, consideramos esencial que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el presidente de la república aseguren que la integralidad del acuerdo final será respetada, al igual que la independencia judicial de la JEP», manifestó el organismo en un comunicado.
La Misión señaló además que se debe garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la seguridad jurídica a los desmovilizados e integrantes de la fuerza pública que se han sometido a ese tribunal.
La ONU respondió así a la decisión de Duque de objetar seis de los 159 artículos de dicha ley, que fue aprobada por el Congreso en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional.
Tras estos trámites, el único que faltaba era la sanción presidencial, pero Duque la objetó parcialmente y presentará al legislativo una reforma constitucional para hacerle unos cambios.
Según el presidente, las objeciones las hizo porque, después de analizar la citada ley, concluyó que no garantiza la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que forman parte del acuerdo firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
Ante esta medida, la Misión también hizo un llamado para «priorizar y darle mayor celeridad» a la definición de la Ley Estatutaria y lamentó que después de más de dos años de firmado el acuerdo ese tribunal, encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, no cuente con un «marco jurídico sólido».
De igual forma, espera que la JEP reciba el apoyo de todas las autoridades del país, pues de esto, recalca, dependerá que los derechos de las víctimas «sean la prioridad y el centro de la construcción de paz».
«Respaldamos y reconocemos el trabajo excepcional de la JEP para contribuir a la consolidación de la paz», concluyó la ONU.
En favor de la JEP se expresaron también exnegociadores de paz, políticos, académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil, el partido FARC y el procurador general del país, Fernando Carrillo.
A diferencia de estos, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, celebró la decisión de Duque, pues considera que con estas objeciones no se «hiere» esa jurisdicción ni se «compromete» el acuerdo de paz.
Las movilizaciones que se le vienen a Duque
Movilización en 32 municipios del país, a partir de hoy, convocada por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y Marcha Patriótica. Inicio, también hoy, de la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores del sector estatal. Reunión de Dignidad Cafetera —el 15 de marzo en Neiva y el 21 en Pereira— para definir la hora cero de una gran movilización agropecuaria. Paro de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) los días 19 y 20 de marzo. Movilización de comunidades indígenas, afros y campesinas en el Cauca, la denominada Minga por la Vida, desde este fin de semana, en diferentes territorios del suroccidente del país. Llamado a la protesta social por parte de organizaciones campesinas del Meta y el sur de Córdoba. Movilización de campesinos cultivadores de coca en San José del Fragua (Caquetá).
Estos son los paros y movilizaciones que desde esta semana se le vienen encima al gobierno del presidente Iván Duque y que representan una prueba de fuego en cuanto al manejo que el primer mandatario les dé, en lo que tiene que ver con su negociación e incluso con la manera como se afrontarán los posibles bloqueos. Las recientes encuestas muestran un repunte en el nivel de aprobación de la gestión de Duque, cimentada en su liderazgo en el llamado cerco diplomático al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y, en alguna medida, a la decisión de suspender los diálogos de paz con el Eln tras el atentado de esa guerrilla a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá. Y una coincidencia: el fin de semana, cuando se puede decir que arrancó la agitación social, el primer mandatario anunció su decisión de objetar algunos puntos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tema transversal a casi todas las protestas.
En efecto, hay algunos factores comunes en lo que tiene que ver con la motivación de estas movilizaciones, entre ellos, precisamente, la exigencia de la implementación del Acuerdo de Paz, que incluye la estatutaria de la JEP. Los otros tienen que ver con el rechazo al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno, las amenazas y crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y el incumplimiento en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Por supuesto, hay también particularidades en cada movimiento o en cada región. Fecode reclama el derecho a la libertad de cátedra, a la salud digna y de calidad para los docentes y sus familias, a la vida ante las persistentes amenazas y violencia contra los docentes, y expresa su rechazo al PND que, considera, “asfixia la educación, no aumenta el presupuesto, ni garantiza los ascensos”.
En el Cauca, una de las regiones donde históricamente se han hecho sentir con más fuerza las movilizaciones de las comunidades indígenas y campesinas, el gobernador Óscar Campo le solicitó al Gobierno Nacional establecer cuanto antes escenarios de diálogo previo, con el fin de evitar confrontaciones y el taponamiento de la vía Panamericana. “Estamos expuestos a otra movilización que dará inicio a partir del próximo 10 de marzo, convocada por las comunidades indígenas a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, circunstancia que ha encendido todas las alarmas frente a los traumatismos generados en las protestas anteriores, las cuales, han terminado en vías de hecho, lamentablemente, con graves consecuencias en la dinámica social y económica de toda la región”, le dijo el mandatario regional en una carta al presidente Duque.
Esta movilización no es solo de los pueblos indígenas. La Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz incluye a los afros, comunidades campesinas y sectores sociales, sindicales y populares de los departamentos de Cauca, Huila, Caldas y Valle, quienes han decidido expresarse “ante la crisis económica, política, social y humanitaria y el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades y pueblos en los territorios y el poco avance con ministros, viceministros y directores de entidades administrativas. Ante la falta de respeto y garantía de nuestros derechos humanos, que se ve agudizada por una regresiva agenda legislativa y unas políticas en torno a la paz, que bajo el discurso de la defensa y seguridad como elementos de la equidad, pretenden profundizar el modelo económico. Y ante la profundización de la represión a la oposición política, el despojo y el saqueo de nuestros recursos naturales”. Incluso han dicho que solo aceptarán la presencia del presidente de la República para negociar, pues consideran que los espacios que han tenido con otros funcionarios han fracasado.
Otro escenario crítico es el de los cafeteros, que le vienen exigiendo al Gobierno medidas urgentes para la salvación del sector, por estos días agobiado por la fuerte caída de los precios a nivel internacional. Dirigentes de Nariño, Santander, Huila y el Eje Cafetero se darán cita en dos encuentros, uno en Neiva el viernes 15 de marzo y otro el jueves 21 en Pereira, para definir la hora cero de una gran movilización que incluso puede llegar a Bogotá. “Veintisiete meses continuos de caída de los precios internacionales del café tienen a los caficultores colombianos en una profunda crisis de ingreso (…) ante la crisis, que durante este año se ha profundizado más, el Gobierno y la Federación de Cafeteros anuncian unas medidas bien intencionadas —sí se quiere— pero que no alcanzan a cubrir las urgencias de los productores. En estos eventos se definirán las acciones de movilización, democráticas y pacíficas, que se harán, en búsqueda de soluciones ciertas a las necesidades que atraviesa la caficultura colombiana”, anuncia Dignidad Cafetera.
Finalmente, las protestas campesinas en Meta, Caquetá y Córdoba comparten una misma motivación: los incumplimientos que, según esas comunidades, ha tenido el Gobierno con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). En el sector de Yuracayo, en Caquetá, se suspendió la erradicación en todas sus modalidades hasta que haya un acuerdo con los directivos del programa. El fin de semana, desde Montería, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, les salió al paso a algunos de los rumores y enfatizó que el Gobierno del presidente Iván Duque no tiene agendas ocultas, ni pretende debilitar el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y no hace promesas que no pueda cumplir. En este sentido, reiteró el compromiso de apoyar a las familias que están en la legalidad y dijo que los incumplimientos en pagos y proyectos productivos en algunas regiones obedecen a fallas de planificación y financiación que se han venido subsanando.
Lo cierto es que, al inicio de su gobierno, el presidente Duque aseguró que “la protesta social es legítima e importante en una democracia, pero más importante es que tengamos un diálogo social fraterno, sincero y orientado hacia mejores políticas públicas para las comunidades. Si somos exitosos en el diálogo, si somos exitosos en la construcción de soluciones, la protesta no será la alternativa a la que se acuda como primer mecanismo”. Ya hay un hecho que comienza a marcar la línea de acción que asumirá su gobierno: el viernes pasado se logró un acuerdo para levantar el paro civil que venía liderando la Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y el Territorio del Cauca, tras un diálogo con funcionarios del Gobierno, con el compromiso de revisar los pactos previos establecidos en materia de agricultura, vivienda urbana y rural, tierras, garantías de seguridad, comunicación y tecnologías. Ahora hay que ver cómo se afrontarán las protestas que se vienen encima, muchas de las cuales amenazan con bloqueos.
Así será el trámite en Congreso tras objeciones de Duque a ley estatutaria de la JEP
Inicialmente se deberá designar una comisión accidental en Senado y Cámara para que estudie las observaciones del mandatario. Aquí le contamos.
“Esta comisión presenta un informe a la plenaria y esta decidirá si acoge las recomendaciones o no», explica Ernesto Macías, presidente del Congreso.
Por: Noticias Caracol
Inicialmente se deberá designar una comisión accidental en Senado y Cámara para que estudie las observaciones del mandatario. Aquí le contamos.
“Esta comisión presenta un informe a la plenaria y esta decidirá si acoge las recomendaciones o no», explica Ernesto Macías, presidente del Congreso.
Esas recomendaciones van desde aprobar o rechazar las objeciones hasta discutir y modificar los seis artículos cuestionados. En este último caso, la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz volvería a la Corte Constitucional.
Aunque la modificación sería sobre esos 6 artículos, Gregorio Eljacj, secretario del Senado, aclara que en la discusión también cuentan los 153 restantes.
Otro escenario posible es que Senado apruebe las objeciones y Cámara las rechace, ¿qué pasaría?
«Sucedida esa contradicción entre las dos cámaras, debe archivarse el proyecto”, agrega Eljach.
Por último, apunta que Senado tiene hasta diciembre de 2019 para decidir sobre las objeciones del presidente Iván Duque.
Carta a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU
A través de esta, decenas de personas, entre ellas miembros de las delegaciones de paz, expresan ante la ONU su rechazo a las objeciones del presidente Duque a la JEP.
António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York
Apreciado señor Secretario:
El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.
El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado.
El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación” [1].
De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz” [2].
En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo» [3].
A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.
El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “(d)e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones” [4].
Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.
Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.
Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.
Señor Secretario:
Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.
PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Atentamente,
Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz
Humberto de la Calle Lombana, Exjefe del equipo de paz y exvicepresidente de la República
Sergio Jaramillo, Exalto comisionado de paz y exnegociador de paz
María Ángela Holguín, Exnegociadora de paz y excanciller de la República
Juan Fernando Cristo Bustos, Exnegociador de paz y exministro del Interior
Rafael Pardo, Exnegociador de paz y exministro
Frank Pearl, Exnegociador de paz y exalto comisionado para la paz
Roy Leonardo Barreras Montealegre, exnegociador de paz y senador Partido U
Equipo negociador FARC en los diálogos de paz
Rodrigo Londoño Echeverri, Presidente del partido FARC
Pablo Catatumbo, Exnegociador de paz y senador del partido FARC
Pastor Alape, Exnegociador de paz y dirigente del partido FARC
Julián Gallo Cubillos, exnegociador de paz y senador partido FARC
Victoria Sandino, Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC
Marcos Calarcá, Exnegociador de paz y representante del partido FARC
Rodrigo Granda Escobar, exnegociador de paz y dirigente partido FARC
Otras personalidades que suscriben:
Abad Colorado Jesús, Periodista y fotógrafo documental
Antequera José, Activista defensor de derechos humanos
Arévalo Julián, Decano Facultad de Economía Universidad Externado
Arias Wilson, Senador Polo Democrático Alternativo
Avella Esquivel Aida Yolanda, Senadora Coalición Lista de la Decencia
Ávila Martínez Ariel, Subdirector Fundación Paz y Reconciliación
Barrios Alejandra, Directora Misión de Observación Electoral (MOE)
Bejarano Guzmán Ramiro, Columnista de opinión y abogado
Bernal Luz Marina, Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’
Bolívar Gustavo, Senador Coalición Lista de la Decencia
Borja Díaz Wilson Alfonso, Exrepresentante a la Cámara y dirigente político
Botero Catalina, Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada
Cabrera Mauricio, Economista
Cala Suárez Jairo Reinaldo, Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC
Cárdenas Jhon Jairo, Representante Partido U
Carrascal Mafe, Activista política
Carreño Carlos Alberto, Representante del partido FARC
Castilla Alberto, Senador Polo Democrático Alternativo
Castillejo Alejandro, Docente Universidad de Los Andes
Celis Luis Eduardo, Analista en temas de paz y conflicto armado
Cepeda Castro Iván, Senador Polo Democrático Alternativo
Cerón Ángela, Defensora de Derechos Humanos
Cristo Bustos Andrés, Senador Partido Liberal
De Gamboa Camila, Profesora universitaria
Díaz Uribe Eduardo, Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos
Duque Lisandro, Director de cine y columnista de opinión
Dussan Jaime, Exsenador de la República y dirigente político
Escobar Ángela María, Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales
Estupiñán Liliana, Profesora universitaria
Fries Martínez Bertha Lucia, Víctima del atentado al Club EL Nogal
Galán Juan Manuel, exsenador y dirigente político
Garcés Córdoba Mariana, Exministra de Cultura
García Lidio Arturo, Senador Partido Liberal
García-Peña Daniel, Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión
García Realpe Guillermo, Senador Partido Liberal Colombiano
Gaviria Alejandro, Exministro de Salud
Gil Andrés, Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
Gil Savastano Laura Gabriela, Directora Portal La Línea del Medio
Goebertus Estrada Juanita María, Representante Partido Alianza Verde
Gómez Londoño Luis Ernesto, Exviceministro del Interior
González Arana Roberto, Historiador y profesor universitario
González Benedicto de Jesús, Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
González Posso Camilo, Exministro e investigador
González Roberto, Profesor universitario
Henao Juan Carlos, Expresidente de la Corte Constitucional
Herrera Botta Adriana, Empresaria
Hommes Rudolf, Exministro de Hacienda y columnista de opinión
Juviano Catherine, Periodista y activista social
Kohon Mariela, Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia
Lara Salive Patricia, Escritora y columnista
Leal Buitrago Francisco, Profesor e investigador universitario
León Magdalena, Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional
Leyva Durán Álvaro, Exministro y exconstituyente
López Alexander, Senador Polo Democrático Alternativo
López Montaño Cecilia, Exministra de Trabajo
López Obregón Clara, Exministra de Trabajo
López Claudia, Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora
Lozada Vargas Juan Carlos, Representante Partido Liberal Colombiano
Lozano Correa Angélica Lisbeth, Senadora Partido Alianza Verde
Mantilla Ignacio, Exrector de la Universidad Nacional de Colombia
Márquez Mina Francia Elena, Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente
Martínez Diego, Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz
Marulanda Gómez Luis Iván, Senador Partido Alianza Verde
Medina Henry, General (r)
Miranda Peña Katherine, Representante Partido Alianza Verde
Mockus Antanas, Senador Partido Alianza Verde
Monsalve Darío de Jesús, Arzobispo de Cali
Muñoz Lopera León Fredy, Representante Partido Alianza Verde
Navarro Antonio, Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador
Navas Talero Germán, Representante Polo Democrático Alternativo
Orejuela Libardo, Exrector de la Universidad Libre del Valle
Pardo Alberto, Director MundiPaz
Paz Carlos Arcesio, Empresario
Parra Gabriela, Periodista
Pizarro Rodríguez María José, Representante Coalición Lista de la Decencia
Quintero Calle Daniel, Exviceministro
Racero Mayorca David Ricardo, Representante Coalición Lista de la Decencia
Ramírez Sandra, Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
Restrepo Álvaro, Director del Colegio del Cuerpo
Reyes Alvarado Yesid, Exministro de Justicia
Ríos José Noé, Exviceministro y exnegociador de paz con el ELN
Rivera Flórez Guillermo, Exministro del Interior
Robledo Gómez Ángela María, Representante Colombia Humana
Robledo Jorge Enrique, Senador Polo Democrático Alternativo
Rodríguez Roosvelt, Senador Partido de la U
Rojas Jorge E., Exsecretario de Integración Social Bogotá
Romero Marco, Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes
Rozo Rengifo Juan Sebastián, Exministro de TICS
Sáez de Ibarra María Belén, Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional
Salcedo Doris, Escultora
Saldarriaga Óscar, Académico e investigador de la Universidad Javeriana
Sanabria Luis Emil, Director de Redepaz
Sanguino Páez Antonio, Senador Partido Alianza Verde
Sánchez Gonzalo, Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario
Sánchez María Eugenia, Casa de la Mujer
Sánchez Olga Amparo, Casa de la Mujer
Sanín José Luciano, Director de Viva la Ciudadanía
Santiago Enrique, Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz
Serpa Horacio José, Senador Partido Liberal
Socarrás Reales Fredys Miguel, Exviceministro de Trabajo
Toloza Francisco Javier, Exvocero de paz
Ungar Bleier Elizabeth, Exdirectora de Transparencia por Colombia
Valencia Agudelo León, Director Fundación Paz y Reconciliación
Vargas Velásquez Alejo, Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional
Velasco Luis Fernando, Senador Partido Liberal
[1] Comunicado de prensa del Consejo de Seguridad, Nueva York, 24 de enero de 2019: https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia. [2] Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16689738. [3] Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx. [4] Comunicado 019 de 2019: “Corte Penal Internacional insiste en que JEP tenga un marco legal definido”: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx.VOLVER
