Colombia: Duque y Santos, citados a una audiencia por el uso del glifosato
Para el próximo 7 de marzo fue fijada la fecha para la realización de la audiencia pública que presidirá el magistrado Alberto Rojas, de la Corte Constitucional, y en la que se abordará todo lo referente al uso del glifosato.
La diligencia se realizará como parte del seguimiento que le hace el alto tribunal a la sentencia en que se resolvió una tutela formulada por la Personería de Nóvita (Chocó) en contra de varias entidades por el uso de este químico en territorios ancestrales e indígenas del mencionado departamento.
La agenda contempla cuatro ejes en los que participarán delegados del Gobierno Nacional, expertos nacionales e internacionales, científicos y analistas en materia ambiental, así como autoridades responsables en el manejo de la política antidrogas del país.
Sobre el primer eje, que discutirá sobre los riesgos del glifosato en la salud de las personas, fueron citados entre otros, Alejandro Gaviria, el exministro de salud del Gobierno Santos, y Gina Tambini, representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud.
“Este punto tendrá como objetivo establecer evidencia científica, actuales investigaciones y nuevos hallazgos sobre los efectos del glifosato en la salud humana y en la biodiversidad vinculada al ser humano”, dice el documento emitido por la Corte.
Los estudios de caso recientes en los que se hayan evaluado las consecuencias o beneficios en la utilización del glifosato, en relación con el medio ambiente, las fuentes de agua, la vegetación y los animales es uno de los puntos que se tratará en el segundo eje que tendrá como panelistas a profesores de las universidades Nacional, Javeriana y Guelph (Canadá).
El tema de seguridad y defensa tendrá como panelistas al expresidente Juan Manuel Santos, quien asistirá como miembro de la Comisión Global de Política de Drogas. En este mismo panel, asistirá un viejo amigo del exmandatario: Juan Carlos Pinzón, su ministro de Defensa, pero con quien tuvo diferencias en los últimos meses de Gobierno, principalmente por lo relacionado con los diálogos de paz de La Habana.
Esta mesa busca determinar cuáles son los métodos más efectivos de erradicación de cultivos ilícitos y si la única forma es la aspersión aérea con el químico.
La última parte de la sesión estará dirigida a mostrar los avances o retrocesos en la implementación de programas de sustitución de cultivos que se adelantan en el país. Para discutir en la materia, se escucharán las voces del expresidente César Gaviria, el presidente de Indepaz, Camilo González Posso; el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y Kristina Lyons, de la Universidad de Pensilvania.
Para la audiencia están citados el presidente Iván Duque y sus ministras de Justica y del Interior, Gloria María Borrero y Nancy Patricia Gutiérrez, respectivamente. También se espera la participación de Guillermo Botero (Defensa), Ricardo Lozano (Ambiente) y Juan Pablo Uribe (Salud).
Las preguntas que deja la primera imputación por Hidroituango
Este miércoles a finales de la tarde el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que en marzo habrá una audiencia de imputación de cargos a dos exgerentes de EPM y a la Sociedad Hidroituango, por el contrato que firmaron en 2010 para que esa empresa hiciera la obra y que el Fiscal llama “pecado original de Hidroituango”.
También dijo que llamará a interrogatorio a ocho miembros de la junta directiva de la Sociedad Hidroituango de ese entonces, por la misma decisión.
Esas medidas, que ocuparon las primeras planas y fueron discutidas en los programas radiales de la mañana, dejan algunas preguntas. Estas son:
1. ¿Por qué ahora?
A pesar de que los hechos son de 2010, el Fiscal dijo ayer en su rueda de prensa que en su administración abrió la investigación hace dos años a raíz de una información que le llegó sobre posible soborno en contratación -algo de lo que hasta ahora no han revelado que tengan más indicios.
Dijo que la decisión sale de “miles y miles de documentos y páginas que hemos tenido que estudiar”, y en concreto la imputación se basa en documentos como actas de Junta Directiva y archivos de procesos de contratación, de EPM y la Sociedad Hidroituango.
Aunque esos documentos son de acceso fácil, es posible que hayan tardado en dar con ellos si la investigación incluía muchos más.
En concreto, la Sociedad Hidroituango y EPM firmaron el contrato para que la segunda construyera, manejara y luego le transfiera la hidroeléctrica hace más de ocho años, el 9 de agosto de 2010.
La oportunidad para anunciarlo coincide con otros anuncios de alto perfil sobre Hidroituango.
Por un lado, este martes LA CONTRALORÍA GENERAL LE METIÓ EL ACELERADOR a su investigación Y EMPEZÓ A REVELAR SUS HALLAZGOS FISCALES, lo que hace más ruido sobre posibles actos de corrupción.
Por otro, ayer mismo el Procurador General, Fernando Carrillo, HIZO UNA AUDIENCIA PÚBLICA EN MEDELLÍN en la que participaron protagonistas de la pelea alrededor de la crisi, como el Alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia y el gerente de EPM.
Carrillo también ANUNCIÓ que va a instaurar una acción popular para proteger los derechos de las comunidades afectadas por la crisis ambiental que ha desatado el proyecto, lo que puede significar más sanciones para EPM.
Además, se dio justo antes de que hoy EPM presente su oferta en la subasta de energía por confiabilidad que compromete al proyecto a funcionar a partir del 2021, y dos días antes de que la empresa revele el estudio que contrató para determinar la causa de la contingencia.
2. ¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía?
Para la Fiscalía, el convenio entre la Sociedad Hidroituango y EPM es ilegal porque fue a dedo, a pesar de que la Sociedad iniciado un proceso de subasta internacional, y las dos son entidades públicas.
Por eso, a su juicio, quienes lo firmaron son responsables del delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales.
El investigador del caso y asesor del Fiscal, el ex director del instituto de Desarrollo Urbano IDU y exdirectivo de la ANI, Héctor Jaime Pinilla, explicó el razonamiento esta mañana en Blu Radio.
Dijo que la decisión de la Sociedad Hidroituango de suspender la subasta para entregar el contrato de forma directa a EPM -a través de EPM Ituango, una división de la misma Sociedad pero que sería solo de propiedad de EPM- se dio por fuera de los criterios técnicos y financieros de la subasta.
“Excluyeron por razones locales a competidores extranjeros, lo cual violenta tratados internacionales que ha firmado Colombia en términos de contratación pública, ni contratación objetiva”, DIJO MARTÍNEZ.
Sin embargo, no aclaró exactamente por qué la Sociedad Hidroituango, que se rige por derecho privado -es decir, no se rige por la ley de contratación pública- debía hacer un concurso ni por qué su decisión de entregarle el contrato a dedo a EPM es un delito (del que la Corte Suprema HA DICHO que requiere que se pruebe que la persona tuvo la voluntad de favorecer a uno de los interesados y que para eso se saltó a conciencia las normas de contratación).
Es claro que sí se buscó favorecer a EPM: esa decisión la impulsaron en ese entonces gremios, medios de comunicación y políticos antioqueños.
COMO CONTAMOS, el mediador clave para que eso se diera fue Álvaro Uribe, que estaba saliendo de la Presidencia, con el argumento de que EPM tenía experiencia operando centrales hidroeléctricas como Guatapé y Porce II y III (en total son ocho con alrededor de 2 mil megavatios de capacidad en total) y que es una empresa local.
La suscripción del contrato entre EPM y la Sociedad Hidroituango, que mencionamos como un hecho clave del proyecto EN ESTA HISTORIA, MOJÓ PRENSA EN SU MOMENTO como un hito positivo y no tuvo críticas ni demandas alrededor, ALGO QUE SÍ PASÓ DESPUÉS, por ejemplo, cuando EPM adjudicó la obra al consorcio CCC, integrado por la brasilera Camargo Correa (involucrada en el caso Lava Jato, como Odebrecht), y las antioqueñas Coninsa Ramon H. y Conconcreto, un hito que también investiga la Fiscalía.
Por eso, esta primera decisión penal sobre Hidroituango surge más de una interpretación legal que de una investigación judicial compleja, con testimonios, delatores, interceptaciones o peritos.
3. ¿Por qué el Fiscal solo menciona algunos directivos?
Aunque la investigación involucra ocho miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango que participaron en la decisión de darle el contrato a EPM, el Fiscal no menciona al entonces gerente del Idea y presidente de la Junta Álvaro Vásquez.
Según las actas que mostró la Fiscalía, Vásquez fue quien propuso a la junta suspender la subasta internacional, e hizo parte de la negociación para que EPM terminará siendo el contratista.
La Fiscalía también cita a Juan Esteban Calle, gerente de EPM de la alcaldía siguiente (la de Aníbal Gaviria), a pesar de que Calle apareció en el panorama dos años después de los hechos.
Calle fue, COMO CONTAMOS, decidió en 2013 que EPM casa matriz heredara el proyecto de la empresa que había creado para ello en 2010, EPM Ituango, pero la Fiscalía no dejado claro por qué hechos o delitos lo interrogan.
Hay dos primeros imputados: Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de la Sociedad Hidroituango entre 2008 y 2011, nombrado por el entonces gobernador Luis Alfredo Ramos y postulado por Vásquez; y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango en la alcaldía de Alonso Salazar y cuando el excandidato fajardista a la Gobernación de Antioquia, Federico Restrepo, gerenciaba EPM.
Vélez Duque, técnico en EPM desde los años 80, fue el director del proyecto Ituango y vicepresidente de Generación de Energía de la empresa de servicios públicos hasta agosto de 2018, cuando lo cambiaron de cargo para “BRINDAR TODAS LAS GARANTÍAS Y FACILITAR LOS DIFERENTES PROCESOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA”.
Además de ellos dos, los otros miembros de Junta son la exdirectora de Planeación de Ramos y precandidata uribista a la Alcaldía de Medellín, Ana Cristina Moreno; el político conservador y constructor Álvaro Villegas; el secretario general del Idea de Ramos, Hugo Alejandro Mora; el gerente de EPM de Fajardo, Juan Felipe Gaviria; el exdirectivo de EPM y actual miembro de Junta de la Sociedad Hidroituango Jesús Arturo Aristizábal; y el secretario de Productividad de Ramos, Maximiliano Valderrama.
4. ¿Qué más está revisando la Fiscalía?
La investigación que va en las dos imputaciones es solo una de las ocho que adelanta la Fiscalía desde el 2017, según dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez EN RUEDA DE PRENSA AYER.
Tres de ellas tienen que ver con los daños ambientales ocasionados por la construcción de túneles sin licencia, el manejo de los escombros y de contingencias en la construcción de la obra.
Algo de lo que se viene hablando desde que ocurrió la emergencia hace diez meses, pero que hasta ahora solo se ha visto reflejado en requerimientos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla.
Las otras seis tienen que ver con los contratos que firmó EPM, como el de adjudicación al consorcio CCC, el pacto de aceleración en 2015 y la construcción de túneles y la presa, que han tenido más ruidos en la opinión pública sobre la transparencia de la empresa paisa.
Todas ellas requieren de análisis más complejos que la que ya reventó.
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