Chile: la adversa ruta de las mujeres asesinadas y que sí habían denunciado a sus parejas
“La acribilló, le pegó siete balazos y uno en la cabeza”, gritó la hermana de Natividad Barcaza Faúndez en las afueras del Hospital San José. Natividad es la víctima número 11 de femicidio en lo que va de este año.
Fue la tarde del 8 de marzo, el mismo día de la huelga y marcha internacional que conmemoró el Día de la Mujer. Esa noche, más de un millón de mujeres repletó las calles a lo largo de todo el país, gritando “no nos maten”. Lamentablemente, en este caso no fue así. El cuerpo de Natividad quedó tendido, baleado y moribundo en la calle Rancagua, en Recoleta. Había salido a comprar para el almuerzo y fue interceptada por José Torres, su ex pareja, con quien tuvo una relación por seis años.
El hombre la maltrataba y amenazaba de muerte, acoso que incrementó luego que él cumpliera su condena por narcotráfico y saliera de la cárcel en febrero. Según conocedores del caso, el día anterior, José le mandó un mensaje: “Te voy a matar mañana”. Natividad fue a denunciarlo –con celular en mano– hasta la PDI, pero no se tomaron medidas necesarias.
De acuerdo al relato de su hermana, esa mañana del 8 de marzo la amenaza se repitió. Natividad dio aviso a Carabineros, pero “no hicieron nada, ni una ronda, nada”, dijo. Esa semana había ido en tres ocasiones a poner una denuncia, pero ninguna de las policías realizó diligencias con el fin de protegerla. Ya había puesto una denuncia por “amenazas simples”, luego que Torres llegara hasta su casa a amenazarla de muerte disparando al aire. Ninguno de estos llamados de auxilio previos sirvió, murió en el hospital tras ser acribillada a balazos frente a su hija.
Al día siguiente, Torres fue encontrado colgando desde una torre eléctrica en la comuna de Padre Hurtado. Al igual que en más del 50% de los casos, el victimario optó por quitarse la vida tras asesinar a su ex pareja, según datos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para el año 2017.
El femicidio de Natividad se suma al de Carolina Muñoz, en la comuna de Quintero. Fue asesinada por su ex pareja, Raúl González, en las afueras del colegio de su hija de seis años. El hombre, de quien estaba separada hace dos meses, le disparó en el torso y en su cabeza, la noche del 7 de marzo. Carolina también había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar.
Estos casos son parte del 40,2% de las víctimas de femicidios que habían denunciado en el sistema a su pareja durante la última década. Una cifra que, a juicio de las especialistas en violencia contra la mujer, demuestra “la peor cara de un sistema que revictimiza y no protege a las víctimas”.
La cifra no es menor, considerando que la política pública para prevenir los femicidios está enfocada en la denuncia para prevenirlos, que ha sido el caballito de batalla del Gobierno de Sebastián Piñera para hacer frente a las demandas del movimiento “Ni una menos” y la cuarta ola feminista.
Durante el 2018, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género realizó la campaña “No lo dejes pasar” para visibilizar todas las formas de violencia contra la mujer dentro de una relación de pareja y hacer un llamado a denunciar estos casos en la línea teléfónica “800 104 008”, que funciona las 24 horas del día.
Medidas que, según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, son “insuficientes” ante un sistema de protección a las víctimas que hace agua. Lorena Astudillo, vocera de la red, señaló que este “es deficiente, las cifras hablan por sí sola, el 40% de las mujeres que fueron asesinadas había ido a pedirle ayuda al Estado y el Estado falló en casi la mitad de los casos”.
Las 197 víctimas
Actualmente, el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) no cuenta con cifras claras de cuántas mujeres que han acudido por ayuda al sistema de protección –que involucra al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio Público, Carabineros, la PDI y Ministerio del Interior– han terminado como víctimas de un femicidio consumado.
El Mostrador realizó un análisis de las cifras publicadas por el CIF y por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (Red). Entre el 2007 y 2017, un 40,2% de las mujeres víctimas de femicidio consumado había interpuesto una denuncia por violencia ante los organismos del Estado.
Cabe recalcar que, para realizar esta aproximación, se contabilizaron solo los casos denominados como “femicidio íntimo” por la Red, que coinciden con la clasificación de “femicidio” realizada por la CIF en el 2017, que lo describe como “el asesinato de una mujer por su actual o ex pareja, padres de hijos/as en común o en un contexto de una relación íntima/sexual”. Según esta definición, durante diez años se cometieron 489 femicidios en nuestro país y en 197 de ellos las mujeres víctimas de la violencia habían dejado constancia de dicho maltrato en el sistema, incluso hay casos en que los agresores estaban con medidas precautorias. Esta cifra puede cambiar, dependiendo de la definición utilizada por cada informe anual de la CIF, razón por la cual se ha comparado con las cifras de «femicidio íntimo» proporcionadas por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. (Revisa el registro de femicidios de la Red aquí).
Según el último informe de la CIF, en el año 2017, de los 44 femicidios consumados, 16 casos (36,4%) contaban con denuncias previas y siete de los victimarios tenían una medida cautelar anterior. En el caso de los femicidios frustrados, los 115 (47%) habían denunciado a su victimario y un 13% contaba con medidas cautelares, lo que significa que de los 159 femicidios o intentos de este, 70 mujeres habían acudido al sistema para denunciar y recibir protección y 22 de los victimarios contaban con medidas cautelares al momento de atacar a su pareja.
Este número puede ser mayor si se amplía la definición de femicidio, lo que ha sido recomendado en reiteradas ocasiones por la ONU y que recién está en estudio dentro del proyecto de Violencia Integral contra la Mujer, que se tramita en el Congreso.
Según un informe comparativo de la Cepal, este crimen se define como: “Femicidios íntimos, por conexión, violencia sexual, delincuencia organizada y casos sin determinar”. Para el año 2016, Chile registra 34 femicidios consumados y El Salvador 371. Si ocupamos la categoría de la CIF, el país centroamericano registraría 40 femicidios, solo seis más que Chile. Es por esta razón que las organizaciones por la defensa de la mujer violentada han destacado la necesidad de ampliar la definición en nuestro país.
Con el fin de ampliar la concepción de los actos de violencia contra la mujer, durante el 2018 se ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En la página web del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se destaca que las ideas centrales de la iniciativa buscan visibilizar las distintas formas de violencia a la que se ven expuestas las mujeres, “que va desde la violencia física, sexual, económica, psicológica y simbólica, tanto en espacios públicos como privados”.
Agrega que el proyecto “incorpora nuevos tipos penales que no existen en la actual legislación”, como “extender el delito de femicidio a las relaciones de pololeo, se incorpora la figura de acoso sexual en lugares públicos y se sanciona la difusión sin consentimiento de fotos íntimas, que han sido captadas con el permiso de la víctima”.
El proyecto ha sido criticado por las parlamentarias feministas y diversas organizaciones. Astudillo dijo que este proyecto tiene deficiencia, ya que “todavía pone la violencia contra las mujeres en un ámbito familiar” y que “va sin recursos, no obliga al Estado a poner dinero para evitar la violencia”. La vocera de Red añadió que la iniciativa “mantiene conceptos aberrantes como maltrato habitual y la cantidad de veces queda a criterio del Ministerio Público y, luego, a criterio de un juez. En este país se le sigue dando permiso a un hombre para golpear a las mujeres”, recalcó.
Desde el ministerio señalaron que son conscientes de las debilidades del proyecto y que se acompañará su tramitación junto a una modificación al sistema penal. Además se ingresaría una serie de indicaciones que incluyen los cambios que han sido solicitados por parlamentarias de oposición, las que habían sido declaradas inadmisibles. El proceso será asesorado por la presidenta de la Asociación de Magistradas, Francisca Zapata, especialista en casos de violencia contra la mujer.
Cuando no basta
Según la abogada Francisca Millán, especialista en violencia contra la mujer, el sistema de protección del Estado es “un vía crucis que las mujeres tienen que hacer si deciden denunciar”. Un sistema insuficiente que parte por los Servicios de la Mujer, que no cuentan con la dotación y recursos necesarios para asistir jurídica y psicocialmente a las mujeres violentadas. Como informó El Mostrador, las funcionarias encargadas de este sistema, dependiente del Sernameg, tienen una precaria situación laboral, en la que son hasta amenazadas por los victimarios de sus usuarias.
La abogada del estudio jurídico “ALM Defensa de Mujeres” explicó que la denuncia es “el primer espacio para romper el círculo de la violencia”, pero puntualizó que los organismos no tienen “ninguna responsabilidad de qué hacer con las denuncias”. Recuerdó que les han llegado casos en donde policías y fiscales “desestiman, ridiculizan y victimizan a las mujeres, que hacen eco del llamado del Gobierno a denunciar, pero son revictimizadas por el Estado”.
Astudillo comentó que “con Carabineros es una lotería, hay mujeres que van a hacer la denuncia y desde el primer momento se sienten acogidas, pero lamentablemente a nosotras lo que más nos llega es lo contrario. Carabineros les dicen que una amenaza de muerte no da para una denuncia o que, si no van con pruebas, golpeadas, llorando o con el informe médico, no pueden tomar la denuncia”. Añadió que la primera acogida es fundamental para el proceso de las víctimas, ya que muchas veces sienten “culpa y vergüenza al contar su caso, pero les dicen que para qué denuncias, que se van a demorar tanto en un juicio y se les cierra la puerta”.
Hay dos problemas estructurales en el sistema que propician la revictimización de la mujer maltratada. Desde el Ministerio de la Mujer aseguraron que las otras instituciones –Poder Judicial y las policías– entienden la violencia como “problema entre privados, entre la pareja”, tanto así que “mandan a las víctima a arreglar los problemas con su esposo en la casa”.
El tema sería un asunto “marginal” para estas instituciones, lo que quedaría evidenciado en que han tenido que ser las fiscales y juezas las que han presionado para armar espacios dedicados a la violencia contra la mujer, por ejemplo, en el Ministerio Público un grupo de fiscales habría dado los primeros pasos para generar un división especial para tratar este tipo de casos.
Un ejemplo de la poca relevancia que le daría Carabineros a este tema es que sus anteriores generales directores nunca habrían accedido a reunirse en persona con la ministra Isabel Plá, siempre se la ha derivado con la jefa de zona de Prevención y Protección de la Familia. Solo con la llegada del general Mario Rozas, en diciembre de 2018, se habría efectuado una reunión con la ministra, donde el jefe de la policía uniformada comprometió “la incorporación de la perspectiva de género en el actuar policial”.
Desde Carabineros manifestaron que la institución “ajusta sus procedimientos conforme a la normativa nacional vigente”, por lo que están “obligados a acoger la denuncia y seguir los cursos de acción descritos”. Sin embargo, reconocieron a El Mostrador que este tipo de acciones pueden existir, pero que corresponden a “actuaciones policiales marginales al marco normativo, que constituyen hechos aislados y no dan cuenta de una práctica institucionalizada”. Agregaron que “es necesario que las instituciones que trabajamos mancomunadamente disponibilicen esta información de manera formal, a fin de corregir los nudos críticos que puedan afectar el trabajo intersectorial desarrollado”.
Desde el ministerio afirmaron que cuando un carabinero o policía civil no toma una denuncia por violencia en contra de la mujer, debiera ser investigado y sancionado por la institución, ya que es una “obligación por ley” que estas instituciones acojan todas las denuncias de las mujeres. En el caso de la policía uniformada, destacaron que en el último año se ha formado a 5 mil funcionarios y funcionarias de la institución, pero que es “necesario que la formación esté en la malla base de Carabineros”.
Otro conflicto que se vincula con el proceso de reparación para la mujer violentada, es la mirada paternalista que tiene la red de protección proporcionada por el Estado. “No se confía en lo que las mujeres quieren, piensan y sienten al ser agredidas. Pretenden decirles a las mujeres lo que quieren y lo que pretenden hacer en caso de denunciar”, destacó la abogada Millán. Agregó que muchas mujeres llegan hasta el estudio jurídico AML buscando diferentes tipos de reparación, “no siempre buscan que el tipo se vaya preso, porque necesitan que trabajen para pagar la pensión alimenticia”.
“Hay negación de la autonomía de las mujeres en todos los espacios y, cuando llegan al espacio institucional, lejos de prestar oído y ser cooperativos, subsidian su voluntad, sus intereses y sus expectativas”, dijo.
La mirada arcaica
“No me cabe la menor duda que es muy habitual que personas que han hecho denuncias muchas veces no son escuchadas por las autoridades ni se toman las medidas a tiempo para evitar una desgracia”, dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, luego que se conocieran las denuncias previas que había realizado Natividad Barcaza.
Otra arista en deuda dentro de las instituciones que son parte de la adversa ruta para la mujer violentada, es la del Poder Judicial. Fiscales, jueces y juezas han sido criticados en diversos casos por sobreseer por falta de pruebas o por no cuidar a las víctimas dentro del proceso judicial.
Fuentes del Poder Judicial señalaron que las resoluciones de los juicios por violencia en contra de la mujer deben acotarse al marco que establece el sistema penal, el cual tiene “múltiples deficiencias”.
Para Astudillo, este argumento no es correcto del todo. “Efectivamente no pueden hacer más de lo que la ley dice, pero en algunas circunstancias hacen menos de lo que la ley les permite”, afirmó. La vocera de la Red contra la Violencia sostuvo que en el sistema judicial hay cierta “desidia en los casos de violencia extrema contra la mujeres, pasan muchos asesinatos de mujeres por suicidios, sin una mayor investigación y, si no fuera por las familias que han insistido, no se habría sabido nada”.
“Entre el 2010 y 2014, el Ministerio Público le ponía término a más del 50% de las causas por violencia. Está el caso de Nicole Saavedra, mujer lesbiana mutilada y secuestrada. La familia llegó a encadenarse afuera del Ministerio Público para pedir el cambio de fiscal a cargo de su caso”, agregó.
De acuerdo a la vocera un claro caso de revictimización en el sistema judicial es el juicio de Nabila Riffo. “En ese juicio contra Mauricio Ortega, que estaba siendo observado por todo un país, se permitió la violencia explícita a la mujer violentada. Los jueces permitieron que se grabara para todo el país un informe ginecológico, por ejemplo”.
La abogada Millán afirmó que el 80% de sus clientas han pasado por el sistema público y privado. “Llegan heridas, con mala cicatrización, absolutamente apaleadas por el sistema”. Destacó que el sistema judicial y los abogados y abogadas privados no ven este tipo de causa con una perspectiva especial, “creen que es algo que se aprende haciendo, toman hurto, estafa, una causa de arriendo y un femicidio frustrado, sin tener conocimiento del trato especial que necesitan estas causas”.
Millán destacó que en tribunales hace falta una “perspectiva de género” para tratar la violencia contra la mujer. La abogada recordó un caso en el que la jueza pidió en una formalización que se acreditara con pruebas, más allá de la declaración de la víctima, la violación, pero que en el caso del robo no solicitó nada más que la declaración dada. “¿Por qué hay un estándar distinto para formalizar respecto a la causa de violación y la de robo? Esto tiene que ver con que la palabra de las mujeres es insuficiente para el sistema”, apuntó.
A pesar de estas experiencias, la abogada destacó que “hay bastantes magistrados y magistradas que sí han hecho una pega respecto a la violencia contra la mujer. El Poder Judicial tiene un departamento de violencia de género y claro que hay avances que son sustantivos, pero el Poder Judicial es un institución arcaica. Muchas veces las abogadas debemos otorgar esa mirada de género en los juicios, pero hay que estudiar y estar preparadas para hacer este tipo de defensas”.
