Argentina: juez federal denuncia ante el Congreso “una red de espionaje político y judicial de magnitudes”
Ramos Padilla expone una red de espionaje tan grande que no le alcanzan las horas en el Congreso
Por más de cuatro horas, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, expuso ante los diputados ante la Comisión de Libertad de Expresión y, en base a los hechos acreditado en el expediente judicial tras la denuncia realizada por el empresario Pedro Etchebest, desnudó una trama de espionaje ilegal que involucra periodistas, ministros, legisladores, fiscales y jueces.
La exposición fue presenciada por diputados del Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, Carolina Moises del Peronismo Federal (que según los voceros del bloque estaba en representación de todos) y los legisladores de la izquierda.
Lo primero que aclaró el magistrado fue que no se trata de un caso puntual sino de “una red de espionaje de magnitudes” y aclaró que “muchos periodistas pueden haber sido afectados en su buena fe y ser parte de una operación de espionaje ilegal de la que no tenían conocimiento”.
Desordenado y sin un hilo conductor para su narración, Ramos Padilla comenzó dar detalles la investigación. En relación al allanamiento en el domicilio del “falso abogado” Marcelo D’Alessio señaló: “Pidió hablar con Bullrich, con Arribas o directamente con el Presidente de la Nación para impedir que se lleve adelante el allanamiento”.
Luego, el magistrado resaltó: “Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, Venezuela, Israel y Uruguay. Por eso le pedí al procurador que intervenga”. Y luego dio cuenta de operaciones ilegales que se llevan a cabo en Uruguay. En ese contexto leyó un intercambio entre D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli en el cual el «falso abogado» dijo que «la embajada paralela de Irán funciona en Uruguay» pidió que el Fiscal le avisara “a Macri y Vidal que no hicieran un negocio con cemento porque se iba a caer el préstamo del FMI”.
Más tarde Ramos Padilla dio cuenta que del intercambio de mensajes surgía información de operaciones en Venezuela “en la que se extraían objetivos” y las maniobras para “quebrar” ex directivos de la empresa PDVSA.
A lo largo de su exposición, y en varias oportunidades, el Juez señaló que “la organización funciona desde hace muchísimos años atrás” y que “hay muchos jueces, fiscales, periodistas y diputados que fueron engañados en su buena fe”.
En tanto, al modus operandi que utilizaba la organización paraestatal de espionaje explicó: “No era casual que D’Alessio apareciera tanto en los medios. Eso no quiere decir que los periodistas fueran parte del espionaje ilegal. Lo que los hace parte es si eran conscientes. Muchos fueron víctimas en su buena fe». Y dio detalles sobre mensajes en los que D’alessio le decía a Stonelli cuando se reuniría con Daniel Santoro (periodista de Clarín y de Animales Sueltos), cuando publicaría la nota sobre el tema Clarín y que día llevaría al “arrepentido” a declarar.
Para Ramos Padilla “el mejor modo de ejemplificar lo encontrado es un suerte de CV, en donde se mencionan las actividades que llevaba adelante la organización, denominada síntesis de investigaciones actuales. Los títulos de la carpeta que enumera las operaciones en curso eran: ‘terrorismo, Narcotráfico en Rosario, Detección de una delegación iraní clandestina en Montevideo, De Vido, Baratta, Moyano y D’Elía’”.
Por otra parte, el Juez se excusó en no poder avanzar más rápido en la investigación y relató que pese a los pedidos reiterados, el Estado no accedió al pedido de computadoras para procesar más rápido la información que se encuentra en los cuatro discos rígidos secuestrados durante el allanamiento a Marcelo D’alessio.
Entre los hechos que más sacudió a los miembros de la Cámara de Diputados está la “duplicación de identidades con pedido de captura realizadas en el Congreso de la Nación”. Ante el pedido de más detalles de los legisladores, el magistrado señaló que aun no se ha podido avanzar en saber quiénes son los involucrados. En tanto, aclaró que lo importante es la suma de los elementos que permiten concluir que «estamos ante una asociación ilícita».
En cuanto a los diputados en particular, advirtió que muchos son “usuarios de esta asociación ilícita” y volvió a enfatizar que pueden haberlo hecho de buena fe.
En uno de los teléfonos secuestrados con posterioridad al allanamiento se encontraron dos audios enviados a la diputada Paula Oliveto. Si bien el Juez dijo que se puede tratar de una prueba preconstituida y que no fueron contestados, igualmente dio a conocer el contenido.
El primer audio enviado a Oliveto, D’alessio decía: “El que armó esto es un AFI, es de la línea de Angelici puro. Yo ya no entiendo como es esta interna de interna de la interna. Yo no sé cómo se vincula un tipo de Angelici con un operador de CFK”.
El segundo audio que recibió la diputada de Cambiemos decía: “Entiendo si no me querés atender por WhatsApp. Hice lo que dije que iba a ser y me la jugué. Me traje una hora y media de información. Me falta una cámara más y audio más. Ya descubrí, manipularon todo”.
De lo relatado por Ramos Padilla también surge que D’Alessio se adjudicaba “capacidad de orientar contenidos de Leonardo Fariña con el fin de procesar con prisión efectiva a Ricardo Etchegaray”, tenía en su poder “informes de inteligencia con el sello de la embajada de Estados Unidos», intercambios de mensajes con Mario Montoto vinculados a operaciones en Venezuela y también dio a conocer mensajes en los que se hace referencia a la diputada Elisa Carrió.
Para cerrar su exposición Ramos Padilla aclaró: “Hay muchos más casos. Se han acercado víctimas, abogados, empresarios que denuncian que los estarían extorsionando para que vendan sus empresas a capitales extranjeros”.
Un peligro para la democracia
El espionaje y las extorsiones que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla son obra de “uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas” y “sólo pueden llevarse a cabo por parte de los organismos públicos habilitados por las leyes vigentes”. La advertencia pertenece a la Comisión por la Memoria bonaerense, de amplia experiencia en la materia por gestionar el ex archivo de la policía provincial, y forman parte del informe preliminar que el organismo le presentó al magistrado de Dolores a partir de las pruebas obtenidas en el allanamiento a la mansión del falso abogado Marcelo D’Alessio. Trabaje o no el extorsionador para una agencia de inteligencia o de seguridad, las prácticas de la asociación ilícita que integra “ponen en peligro el propio sistema democrático”, alerta el organismo que encabeza Adolfo Pérez Esquivel.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa a partir de un pedido formulado el 22 de febrero por Ramos Padilla, que recurrió al organismo a partir de la experiencia técnica que acumula desde hace 18 años por custodiar e investigar los archivos de la ex Dirección de inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba). El relevamiento da cuenta de “prácticas de inteligencia ilegal en Argentina y otros dos países”, precisó la CPM en un comunicado. Consultado en el Congreso sobre esos países, el magistrado mencionó a varios más: recordó el espionaje a directores uruguayos de la petrolera venezolana Pdvsa, a una delegación comercial iraní en Montevideo, mencionó los documentos encontrados en el allanamiento que se adjudican a la embajada de Estados Unidos y al ministerio de Defensa de Israel, y la propia presentación del espía como “agente de la DEA”, como el periodista Daniel Santoro se lo presentó al fiscal federal Carlos Stornelli.
Entre las prácticas ilegales detectadas, la CMP menciona “el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, seguimientos a distintas personas sin orden judicial y las denominadas técnicas ‘de ablande’ con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos”. El destino de ese trabajo sucio no es otro que incorporar los testimonios “en causas judiciales que investigan hechos de corrupción, sin que existiera orden previa y fundada de realizar esos actos conforme manda la ley”, como es evidente en la causa de las fotocopias de los cuadernos extraviados que gestionan el imputado Stornelli y el juez Claudio Bonadío.
A partir del análisis de documentación, la CPM considera que hay “pruebas suficientes que indican que de manera planificada (D’Alessio) recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos”. Distingue cinco etapas del ciclo de inteligencia: “una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios”. El comunicado no los enumera, sólo señala que las “personas a quienes reportaba” están relacionadas “con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras o con actores del Poder Judicial de la Nación”.
Entre otros “indicios” de espionaje ilegal, apunta también “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política y/o pertenencia partidaria y/o por su actividad lícita” (como sería el caso de la periodista Romina Manguel y de Alejandro Fantino), y actividades de inteligencia “con el objetivo de influir en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país y en su política exterior, así como en la opinión pública a través de los medios de comunicación”. “También se llevaron a cabo la captación de comunicaciones, el acceso al registro de migraciones y el acceso a información estatal y privada reservada, todo esto sin la debida autorización judicial y por lo tanto por fuera de la ley”, agrega.
Los actividades bajo investigación “revisten una enorme gravedad institucional” ya que violan las leyes de Inteligencia, Seguridad Interior y Defensa Nacional. Cualquiera de las hipótesis que se acrediten, léase la pertenencia o no de D’Alessio a alguna agencia estatal de inteligencia o seguridad, “configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principios republicanos del estado de derecho”. “En la primera hipótesis por el accionar de agencias estatales por fuera de la ley. En la segunda, por la absoluta endeblez y negligencia de un sistema que debería haber detectado y alertado sobre tales prácticas”, reza el informe. La Comisión que preside el premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, destaca que “encuadrar legal e institucionalmente el sistema de inteligencia sigue siendo una deuda pendiente de la democracia argentina” y recuerda que “durante estos años se han detectado diferentes situaciones que dieron cuenta de este accionar por fuera del marco legal”. Reclama que se investiguen de manera exhaustiva estos hechos “que no son aislados y en cuyo desarrollo aparecen implicados organismos estatales y judiciales que generan estructuras paralelas a las del Estado”. Concluye con la advertencia de que estas prácticas “ponen en peligro el propio sistema democrático” y llama a los poderes públicos “a adoptar medidas urgentes para revertir esta situación”.
