La ONU reitera el pedido de garantizar el sistema de justicia contra la corrupción en Guatemala
ONU urge de nuevo a Guatemala garantizar sistema de justicia independiente contra corrupción e impunidad
La protección de los derechos humanos en Guatemala y un poder judicial independiente deben ser puestos en el centro de los esfuerzos del Estado para combatir la impunidad y la corrupción, ha advertido hoy en esta capital suiza un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
“Ha habido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales. Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia”, dijeron.
Su preocupación –indicó un comunicado de prensa circulado a nivel mundial– se debe a la decisión del gobierno de Jimmy Morales para poner punto final unilateralmente a un acuerdo con la ONU, que creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El 9 de enero de 2019, la Corte de Constitucionalidad suspendió esa decisión oficial, pero continuaron las acciones para llevar hacia el final la labor de la mencionada instancia. Declaraciones del Ejecutivo de que no acataría las resoluciones de la CC contribuyen a debilitar el Estado de derecho, agregaron.
“Esta situación habría provocado una intensificación de la intimidación y amenazas contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. También se reporta un patrón similar de intimidación contra aquellos actores judiciales que, debido a la naturaleza de su trabajo, han cooperado estrechamente con la CICIG en la investigación y persecución penal de casos emblemáticos de corrupción”, citan.
Los expertos de Naciones Unidas puntualizan: “Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría”.
“Los procedimientos de revisión constitucional son vitales para garantizar la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. Es esencial garantizar un poder judicial independiente y respetar su independencia, así como garantizar un sistema imparcial. Estos también son clave para consolidar los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad”, enfatizaron.
La Comisión Internacional –exponen los entendidos en la materia desde Ginebra donde tienen su sede– también ha brindado asistencia técnica al Ministerio Público (MP), a otras instituciones y el trabajo ya realizado tanto por actores nacionales como por la misma entidad no debe ponerse en peligro, al tiempo de hacer ver otro ángulo difícil en este país centroamericano, así:
“Nos preocupa específicamente la situación de los operadores de justicia, en particular jueces y fiscales que han colaborado con la CICIG” y trabajan en casos de elevado perfil, especialmente “de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a personas con poder”. Es imperativo que cuenten con protección efectiva para que puedan ejercer sus funciones, exigen.
A propósito de los guatemaltecos que prestan su diversidad de servicios a ella, expresan profunda preocupación por la situación del personal nacional de la CICIG, de los agentes de Policía –que estaban– asignados para apoyarla, así como por las víctimas, testigos y otros actores involucrados en el trabajo y los procesos relacionados con la lucha contra la impunidad y la corrupción.
“Las investigaciones y enjuiciamientos de estos casos de alto nivel deben continuar e instamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas para que puedan resolver los casos sin ninguna interferencia, amenaza o intimidación”, concretan los especialistas para añadir de manera firme que:
“La corrupción y los flujos financieros ilícitos drenan cantidades considerables de los fondos públicos. Este gasto afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales para todos los guatemaltecos”. Por último dicen ya han estado en contacto con el Gobierno de Guatemala para expresar sus preocupaciones.
Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’ del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Aumenta «la intimidación» contra los jueces que colaboran con la CICIG
Expertos de la ONU en Derechos humanos denuncian que en Guatemala se está intensificando “la intimidación y las amenazas” contra los jueces que han colaborado con la CICIG, la comisión contra la corrupción.
Los expertos dicen que la decisión del Gobierno de no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que suspendió el fin del acuerdo de la Comisión Contra la Impunidad, ha debilitado el Estado de derecho en el país.
Según los relatores, “ha habido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales” y por ello están “extremadamente preocupados porque estas personas y sus familias puedan estar en riesgo”. También les preocupa la situación del personal nacional de la CICIG y de los agentes de policía asignados para apoyar a la comisión, así como de las víctimas y testigos.
“La protección de los derechos humanos en Guatemala y un poder judicial independiente deben ser puestos en el centro de los esfuerzos del Estado para combatir la impunidad y la corrupción”, dicen en el comunicado.
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