La mitad de las universidades argentinas cuentan con un protocolo sobre la violencia de género
Universidades sin protocolo de género
Un informe de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (Ruge), que depende del Consejo Interuniversitario Nacional, reveló que la mitad de las 57 universidades públicas carece de protocolo sobre violencia de género. Además, 20 de ellas ni siquiera tiene esa herramienta en sus facultades.
Según los datos de la Ruge, solo 31 universidades, el 55 por ciento del total, tienen protocolo vigente. Dos (3,5 por ciento) lo aplican solamente en algunas facultades, tres (5 por ciento) “están en proceso de elaborarlos” y 20 (36,5 por ciento) directamente no tienen protocolo.
Los protocolos establecen pautas para «prevenir, atender y sancionar administrativamente los casos de violencia» que pudieran suceder entre profesores, alumnos y no docentes. La primera universidad en incorporar esa herramienta fue la del Comahue, que lo implementó en 2014.
Carla Fernández, coordinadora del Comité Ejecutivo de la Ruge, advirtió que «las universidades tienen muchos problemas para su cumplimiento». Al mismo tiempo subrayó que «no basta con tener una normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos». Además, precisó que “las universidades son instituciones grandes y complejas en las que conviven actores permeables a la temática y otros resistentes».
Según Fernández, las universidades no aplican medidas no por “falta de voluntad” sino por «desconocimiento de la normativa específica». «A veces tenés un equipo multidisciplinario muy calificado en violencia de género recibiendo las denuncias, pero después encontrás muchos obstáculos en los circuitos administrativo-jurídicos», agregó la especialista.
Fernández, quien además es coordinadora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín, también se refirió al caso de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, donde un profesor fue separado de su cargo por hostigar a una alumna en Facebook y acompañar la agresión con la consigna «basta de feminazis”. La experta opinó que «los protocolos deben estar acompañados por acciones que transformen la cultura institucional y las prácticas de convivencia».
«Si se hubiera aplicado el protocolo con anterioridad no habría sido necesario llegar a la judicialización del caso, porque había antecedentes de inconductas por parte del profesor que ejerció violencia simbólica», sostuvo Fernández, quien también advirtió que es un error apelar a los protocolos como única herramienta, ya que termina asociado a una lógica punitiva. «El objetivo no es perseguir delitos sino señalar inconductas, que afectan la convivencia, y con el fin de reencausarlas», sostuvo.
La presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), Eva Dimopulos, por su parte, estimó que «las universidades vienen corriendo un paso por detrás de lo que el momento histórico está demandando»; y en el caso concreto de la UBA “hay muy pocas facultades donde el protocolo funciona bien, porque las autoridades no pusieron un peso y su aplicación depende de la voluntad de los profesionales a cargo».
Solo la mitad de las universidades públicas cuenta con protocolos contra la violencia de género
Hace apenas unos días, un profesor del colegio pre universitario Carlos Pellegrini, subió a sus redes sociales un “meme”, que es un dibujo en tono de caricatura, con la cara de una alumna de ese colegio. El contenido era sexual y violento cuya consigna final fue “basta de feminazis”.
Las autoridades utilizaron el protocolo sobre violencia de género, por lo que el profesor fue suspendido de su cargo y se le abrió un sumario administrativo. Este determinará su futuro como docente en la institución.
En este caso, la institución educativa cuenta con un protocolo al que acudir. Sin embargo, de acuerdo a datos de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (Ruge) del consejo Interuniversitario Nacional, de las 57 universidades públicas nacionales o provinciales solo la mitad posee un protocolo.
Hilando más fino, 31 de las universidades lo tienen en todas sus facultades, dos lo tienen en algunas, tres “están en proceso de elaborarlos” y 20 no tienen ninguno.
Veinte universidades, con sus respectivas facultades, que frente a una situación de violencia de género no están en condiciones de actuar con la celeridad y las herramientas correspondientes.
Este dato, no sorprende. Pensemos que en nuestro país fue la masiva movilización del primer NiUnaMenos en el año 2015 la que logró poner en agenda la violencia machista. No existen, aún hoy, registros completos que permitan reflejar la realidad que sufren cientos de mujeres a diario.
Pero volviendo a los protocolos, según señala Carla Fernández -coordinadora del Comité Ejecutivo de Ruge- a Télam, “las universidades tienen muchos problemas para su cumplimiento” y agregó que “no basta con tener una normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Las universidades son instituciones grandes y complejas en las que conviven actores permeables a la temática y otros resistentes».
Esto significa que, aun contando con protocolos, la aplicación de los mismos depende casi exclusivamente de la “actitud” de las autoridades. La dilación en la aplicación del protocolo también se debe a la falta de conocimiento de quien debe tomar las decisiones.
Tomemos como ejemplo lo ocurrido durante una toma en el colegio pre universitario Nacional de Buenos Aires. Una alumna sufrió un hecho de violencia de género, su rector no solo no actuó en forma rápida, sino que violó el derecho a la intimidad de la alumna dando a conocer el caso. Es decir que ni siquiera reparó en las cosas mínimas que se deben tener en cuenta frente a una situación así. ¿Torpeza? ¿Falta de conocimiento? ¿Relativizar la gravedad del caso? Posiblemente un poco de todo, pero cuya consecuencia inmediata es la re victimización de la mujer, en este caso una joven adolescente, que tuvo que enfrentarse a esa situación.
En este sentido Fernández aclaró: “A veces tenés un equipo multidisciplinario muy calificado en violencia de género recepcionando las denuncias, pero después encontrás muchos obstáculos en los circuitos administrativo-jurídicos que son los que tienen que recomendar a las autoridades universitarias las medidas preventivas o sancionatorias a adoptar”.
No es sencillo lograr que estos protocolos existan y se apliquen, pero dar visibilidad a la violencia machista es el único camino para modificar estos hechos.
