La comunidad LGBTI+ dividida: votar sí o no, la encrucijada ante la nueva Constitución de Cuba – Por Laura Rodríguez Fuentes
Por Laura Rodríguez Fuentes La comunidad LGBTI+ anda dividida después que el Parlamento modificó el artículo acerca del matrimonio en el Proyecto de Constitución. Una parte defiende el Sí y se une a la campaña oficial, mientras que otro grupo anuncia que votará contra la Carta Magna.
El mismo día que el Parlamento cubano clausuró en La Habana las sesiones donde se aprobaron las modificaciones del Proyecto de Constitución para la República de Cuba, sábado 22 de diciembre, algunos jóvenes discutían en el Parque Vidal de Santa Clara, a 300 kilómetros de la capital cubana.
La decisión de excluir de la futura Carta Magna el artículo 68, que definía el matrimonio como “la unión de dos personas”, fue recibida con desconcierto en la ciudad, conocida en el país por sus espacios inclusivos para la comunidad LGBTI+.
Según la Asamblea Nacional, la supresión tiene el propósito de “respetar todas las opiniones”, un argumento que parece remitir a la campaña de varias iglesias evangélicas contra el matrimonio igualitario.
Mariela Castro Espín se había referido en una entrevista reciente al “chantaje” de esos grupos religiosos, aunque nada sugería que el texto constitucional sería modificado por esa razón y que el matrimonio acabaría sometido a otro referéndum, como parte del Código de Familia, en un plazo de dos años.
Castro Espín dirige el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y también es la activista oficial por los derechos LGBTI+ más conocida del país. Su trabajo ha sido criticado porque intenta asimilar la agenda de una minoría históricamente marginada al discurso político del mismo gobierno que la persiguió y que no ha ofrecido reparación hasta hoy.
Ramón Silverio es otro activista y promotor cultural que dirige El Mejunje, un proyecto comunitario conocido en todo el país por los espectáculos de transformistas.
Silverio cree que la comunidad LGBTI+ “tampoco hizo mucho por defender el artículo”.
“No hubo contrapartida”, admitió. “Las iglesias tuvieron una influencia grande, junto a la homofobia que existe en la sociedad respecto al tema”.
El matrimonio ahora aparece descrito en el artículo 82, un pasaje redactado en lenguaje técnico y ambiguo con propósito declarado de no cerrar la puerta de la legalidad a las parejas del mismo sexo y género, a pesar de la controvertida opción del referéndum.
“Estamos poniendo derechos de personas y de grupos más vulnerables en una posición un poco crítica a la hora de llevarlos a un referendo popular”, advirtió el diputado Luis Ángel Adán Roble, en la última sesión del Parlamento en 2018.
Adán Roble es el único parlamentario con un discurso próximo al activismo LGBTI+. No obstante, en la sesión de clausura, se limitó a confirmar su apoyo a la modificación e invitó a la ciudadanía a votar a favor del Proyecto de Constitución.
¿Sí o no?
Dagnis Romero, vicecoordinadora de la Red TransCuba en Villa Clara, habla sin tapujos de lo que considera una “falta de respeto”. Se refiere a la modificación del artículo 68 y al anuncio de otro referéndum para aprobar el Código de Familia.
TransCuba es un grupo de transexuales afiliado al Cenesex y liderado por Malú Cano, una mujer trans que aparece a menudo en los medios y las redes sociales acompañando a Mariela Castro.
Dagnis tiene 36 años y cuenta que fue deportada hacia la Isla después de recorrer algunas ciudades latinoamericanas. “Salí de este país por la discriminación tan grande que existe, no he podido ni operarme, no he podido hacerme nada”, explica.
En la última década se realizaron en Cuba solo 39 cirugías de reasignación sexual, informó el periódico Trabajadores a mediados de este año. En la Isla todavía se exige el diagnóstico de “disforia de género” para acceder al quirófano, un requisito que rechaza una parte del activismo transexual internacional.
Romero califica al país como “muy atrasado” y cuenta que se enfrenta a diario al aislamiento por vivir según su identidad de género.
“Ahora me están quitando la posibilidad de formar un hogar”, dice en alusión al artículo borrado.
Sin embargo, Ramón Silverio asegura que “a gran parte de esta población nunca le interesó el matrimonio”.
“No entiendo por qué ese retroceso”, dijo Abel Raúl, un joven con padres cristianos que se mudó a Villa Clara desde el oriente de Cuba.
Desde el principio de los debates, Mariela Castro Espín ha insistido en que “no hay retroceso” y todo se debe a una malinterpretación del primer comunicado del Parlamento, publicado el 18 de diciembre en Twitter.
A partir de las sesiones del Parlamento Cenesex lanzó una campaña en las redes sociales con la etiqueta #YoVotoSí y el lema “Reescribe la felicidad”.
En la sesión de clausura del Parlamento, la diputada Castro Espín fue más lejos y atribuyó a la “contrarrevolución” la intención de numerosas personas de votar contra el proyecto constitucional tras la exclusión del artículo 68 y el anuncio de otra consulta popular en función del matrimonio exclusivamente.
Raisel Nuñez Medina, otro de los jóvenes que conversó con Tremenda Nota en el parque de Santa Clara, considera que los debates se centraron en el matrimonio, “como si fuera algo anormal, y había miles de cosas más importantes que discutir”.
“Conozco parejas que hace más de treinta años viven en el mismo hogar y tenían puestas sus esperanzas en su unión legal para hacer planes futuros”, dice.
En coincidencia con la posición de Cenesex, Ramón Silverio apoya el artículo 82 y quiere influir en el público de El Mejunje para conseguir más votos a favor del Proyecto de Constitución.
“Desde el domingo estamos realizando una campaña con explicaciones exhaustivas del artículo”, declaró a Tremenda Nota. “Estoy convencido de que la mayoría va a votar por el Sí en el referéndum”.
Por su parte, un grupo LGBTI+ de Placetas, una ciudad vecina de Santa Clara, realizó el martes 25 de diciembre un pronunciamiento en Facebook que evita la propaganda por el Sí o el No y reflexiona sobre las incongruencias del activismo oficial.
El grupo considera que la versión del artículo sobre el matrimonio aprobada por el Parlamento “no satisface las demandas de las poblaciones LGBTI”.
“Algunos activistas eran controlados con indicaciones de esperar más adelante”, denuncia el documento suscrito por colaboradores de Cenesex.
La revelación parece aludir a instrucciones enviadas por la institución a sus “redes comunitarias” para evitar respuestas o actos públicos contra la campaña homofóbica promovida por varias iglesias evangélicas.
La declaración sugiere que Placetas LGBTI votará a favor de la nueva Carta Magna, aunque sus integrantes también exigieron eliminar del texto constitucional la disposición que “autoriza” someter a referéndum el derecho al matrimonio igualitario.
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