Codehupy – Coordinadora de DDHH de Paraguay: «En época de democracia se siguen reproduciendo prácticas dictatoriales»
Codehupy denuncia prácticas dictatoriales en democracia paraguaya
El secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala, leyó un manifiesto en el que la organización aludía a esos comportamientos del pasado, con ejecuciones y torturas que “permanecen en la impunidad” y que ponen de manifiesto las carencias del país en derechos humanos.
El manifiesto lamenta que todavía no se haya podido “implementar un mecanismo efectivo que lleve a superar la impunidad de los crímenes cometidos”, unido a “la falta de educación efectiva en derechos humanos”.
No obstante, desde la Codehupy reconocieron que en Paraguay se han “registrado avances en un desarrollo legislativo” y que buena parte de la sociedad civil trabaja “con convicción y compromiso” para fortalecer la democracia paraguaya y evitar la historia se repita.
La dictadura de Stroessner, que se prolongó desde agosto de 1954 hasta la noche del 2 al 3 de febrero de 1989, dejó cerca de 20.000 víctimas directas y más de 400 desaparecidos registrados, de los que solo se han recuperado 37 cuerpos.
A eso se suman las torturas, abusos de mujeres y niñas, persecución, ataques a la población indígena y campesina, y las tierras apropiadas por los jefes de la dictadura.
Una serie de violaciones que el Estado paraguayo no termina de reconocer y condenar y que ahondan en las “grandes deudas que tiene el Estado paraguayo” con su pueblo, según señaló durante el acto el coordinador de la Mesa de Memoria Histórica, Antonio Pecci.
“Vivimos una democracia sin justicia social. La herencia del stronismo se manifiesta, sobre todo, en que no se ha avanzado en el caso de la justicia social”, apuntó Pecci, que ve en este comportamiento una ausencia de “voluntad política”.
Por su parte, María Estela Cáceres, de la Fundación Celestina Pérez de Almada, subrayó el hecho de que el actual Gobierno, presidido por Mario Abdo Benítez, no haya convocado ningún acto con motivo del 30 aniversario de la caída de la dictadura, mediante un golpe de Estado.
En ese sentido, Cáceres lamentó que el Ejecutivo haya olvidado su “deber memoria” para cumplir con el “derecho a la verdad” que merece la ciudadanía.
“Es el Estado el que debiera estar hoy rindiendo homenaje a las víctimas (…). Ante esa imposibilidad de cumplir, somos las organizaciones, las víctimas y los defensores los que estamos impulsando”, puntualizó.
Recordó además que “el pueblo paraguayo siempre, siempre luchó por la libertad, resistió a la opresión y trató de construir su destino, arduamente”.
En este aniversario, las víctimas lamentan la “hiprocresía” del Estado, como dijo en el mismo acto Enríque Benítez, que sufrió la tortura de sus familiares y la de él mismo, en su caso, ya en democracia.
Benítez exigió llevar “realmente a la práctica el compromiso de reparación” y que se reconozcan “los crímenes contra el pueblo”.
Sobre el perdón y la reparación, el secretario ejecutivo de Codehupy matizó que “es casi imposible restaurar íntegramente lo que ya sucedió”, pero el Estado sí puede garantizar “que no se vuelvan a repetir esos hechos”.
Además, Ayala criticó la falta de pronunciamiento del Gobierno sobre la caída de la dictadura y manifestó que “es un indicador de que en la agenda del Estado hoy día no aparecen los derechos humanos”.
Este acto también sirvió de homenaje a las personas que lucharon por la instauración de la convivencia democrática en Paraguay y que se encargaron de mostrar en el exterior la cara dictatorial del régimen de Stroessner, que se proyectaba en el extranjero como “una democracia sin comunismo” y que contó con aprobación internacional, dijo Pecci.
“Tenía un Parlamento que realizaba elecciones periódicamente y había fachada de legalidad democrática, pero fueron las organizaciones de la sociedad civil las que con manifestaciones demostraron que esto era una dictadura pura y dura, donde se aplicaba el terrorismo de Estado y protegía a criminales internacionales”, explicó Pecci.
MUCHO QUE CELEBRAR Y MUCHO QUE TRABAJAR A 30 AÑOS DE LA CAÍDA DE LA DICTADURA
30 años han pasado desde que se inició una celebrada era con la llegada de la democracia que aún con pendientes, constituye un régimen de mayor apertura al debate y de mejores oportunidades para la concreción de derechos. Con esfuerzo, tanto de funcionarios y funcionarias del Estado como de la sociedad civil, se han registrado avances en un desarrollo legislativo, en la creación de nuevas instituciones cuya implementación efectiva es aún un trabajo de exigibilidad y reclamo.
Sin embargo, aún con la celebración ineludible de la caída del régimen más costoso de la historia de Paraguay, no se ha podido implementar un mecanismo efectivo que lleve a superar la impunidad de los crímenes cometidos, que salvo excepciones han sido banalizados en aras a una supuesta seguridad que constituye una ofensa a tantas personas que aún hoy buscan justicia para sus muertas/os y desaparecidos/as; tampoco se ha revertido la situación de los bienes malhabidos que siguen privando de una vida más digna para todos y todas.
En época de democracia se siguen reproduciendo prácticas dictatoriales. Ejecuciones como las de Eulalio Blanco y Sebastián Larroza, cuando le arrebatan sus vidas por estar reclamando derechos al igual que otros cientos de casos de campesinos y campesinas ejecutadas en democracia, reportados al Estado y que permanecen en la impunidad.
Ernesto Benítez, también reclamando derechos en democracia, es detenido y torturado en manos de agentes estales. El caso permanece, hasta hoy, en la impunidad, aún contando con una resolución de Naciones Unidas que encontró la más absoluta desidia en el Estado. A 7 años de dicha resolución, el Estado aún permanece responsable y cómplice de estas torturas demorando la apertura de la investigación fiscal bajo argumentos ya superados por otros países del mundo que han encontrado el camino para vencer la impunidad y que nuestro Estado se niega a transitar.
A esto se suma la falta de educación efectiva en derechos humanos, por lo que instamos al Estado a mirar la historia y a comprometerse con un cambio efectivo que concrete los derechos humanos tan relegados; instamos a los funcionarios y funcionarias a no ser cómplices de un país sin memoria y sin reparación que reproduce los crímenes y desidia de la época dictatorial.
19.862 personas detenidas arbitrariamente; 18.722 personas torturadas; 236 niñas/os, adolescentes privados de libertad; 17 niños/as nacidos en prisión; 20.814 exiliados políticos; 459 desparecidas/os; 128.076 víctimas, no pueden banalizarse, no pueden ocultarse, no pueden olvidarse; y sobre todo, la historia no puede repetirse.
Desde la sociedad civil trabajan personas que con convicción y compromiso no dejarán piedra que remover, trabajo que desarrollar, idea que concretar, escrito que realizar, protesta a la cual acudir, juicio que promover, para que, hoy en democracia, un país más justo y más igualitario para todos y todas, sea una realidad.
Asunción, febrero 1 de 2019
Coordinación de Turno: Francisco Benítez, Red de ONG’S que trabajan VIH; Víctor Bareiro, Seija; Vidal Acevedo, Serpaj-Py.Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de Codehupy.
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