Bolsonaro, ministros y asesores involucrados en fraude, lavado, soborno y violencia machista – Por Gabriele Kuehnle, CLAE
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Gabriele Kuehnle, CLAE *
El nuevo presidente de Brasil Jair Bolsonaro prometió liberar su país de la corrupción, del crimen organizado y de la violencia, cargando personalmente con una historia dudosa en este contexto. Una detallada investigación del portal The Intercept (1) revela que tanto él como seis de sus ministros y tres asesores entraron en conflicto con la ley hace años.
Casos de corrupción y fraude, hasta de violencia contra mujeres forman parte de sus carreras. Algunos tienen condenas, otros cargan con demandas pendientes. En varios casos los procedimientos fueron «congelados» durante años hasta su prescripción.
La investigación de The Intercept muestra un mundo donde graves delitos son tolerados como triviales «asuntos de caballeros». Visibiliza las camarillas de ideología derechista que existían en el ámbito judicial, político y militar operando junto a las grandes corporaciones durante muchos años en Brasil.
La primera parte del informe se centra en el mismo presidente Jair Bolsonaro.
1) El presidente Bolsonaro pasó 11 de sus 27 años de carrera política en el «Partido Progresista» (PP). Dicha organización reúne el el mayor número de políticos investigados (2) en el marco de las investigaciones de «Lava Jato» por corrupción: dos senadores, 18 diputados y 11 ex-diputados.
Aunque los casos de este partido (PP) llenaron los titulares a partir de 2014, Bolsonaro renunció recién en 2016. Admitió entonces públicamente que su partido había recibido cientos de miles de dólares en sobornos de la notoria compañía cárnica JBS, una de las empresas en el centro de la tormenta del «Lava Jato».
«Sí, el partido consiguió sobornos. ¿Qué partido no lo hace?» dijo Bolsonaro en un programa de Radio. Sostuvo haber transferido unos 200.000 reales recibidos de JBS a otro diputado, mientras él mismo se hubiera servido de la caja del partido. «Yo tomo [dinero] del fondo del partido. El dinero [JBS] fue a otro congresista», declaró.
2) El diario brasileño O Globo publicó el 28 de septiembre de 2018 un informe (3) indicando que el candidato Bolsonaro ocultó más de 2,6 millones de reales patrimoniales ante el Supremo Tribunal Electoral. O Globo calculó la suma cruzando cifras de la base de datos de la corte electoral con los registros inmobiliarios notariales. Un delito electoral tan grave debería invalidar la candidatura. En el caso de Bolsonaro no hubo consecuencias algunas. Es más: los activos ocultos escapan a la tributación. Hasta la fecha no hay ni una investigación por evasión fiscal.
3) El 28 de septiembre la revista Veja publicó más de 500 páginas de documentos judiciales (4) con graves denuncias de la ex-esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle. Ella afirmó que Jair Bolsonaro hubiera ocultado millones de dólares en activos. También desfalcado tres casas, un apartamento, un edificio comercial y cinco terrenos. Que los ingresos mensuales de Bolsonaro superaban los 100.000 reales, mientras su sueldo de diputado y reservista militar sumaba solo alrededor de 33.000 Reales. Denunció que él hubiera extraído joyas y dinero en efectivo por un monto de 1,6 millones de reales depositados en una caja fuerte bancaria bajo nombre de la ex-esposa.
Ningún juez abrió una causa por semejantes acusaciones, tampoco por fraude fiscal. En el año electoral, la ex-esposa de Bolsonaro se retractó de las acusaciones, aunque quedan registrados en los archivos judiciales.
4) Folha de Sao Paulo indica el 13 de agosto 2018 un caso de falso empleo (5) en la oficina parlamentaria de Bolsonaro. Una amiga de la familia del entonces diputado figuró durante 15 años entre los colaboradores como empleada. Al principio Bolsonaro rechazó la denuncia, aunque más tarde despidió a la «asesora». No hubo investigación judicial.
5) Los expertos de la corte suprema electoral de Brasil registraron unas 23 discrepancias en la financiación de la campaña electoral de Bolsonaro, el tribunal inició la investigación. Pero los siete jueces rechazaron finalmente las denuncias por «trivialidad». «Las irregularidades no pusieron en tela de juicio las elecciones «, fue el veredicto. «Los defensores del candidato compensaron algunos de los problemas posteriormente».
Importantes temas de la larga lista de acusaciones ya no estaban mas sobre la mesa. Como ejemplo: Sigue sin aclararse el rol de la empresa de servicios informáticos, AM4 Brasil Inteligencia Digital, cuya facturación de más de cien mil US$ estaba en manos del tribunal. Según los supervisores del tribunal la empresa AM4 no tenía permiso oficial de recaudar fondos (6) de campaña en Internet. Sin embargo las donaciones, en partes anónimas, se reunieron por este medio (1,11 millones de US$), un hecho ilegal.
Tampoco tuvieron relevancia los 3,6 millones de US$ procedentes de 100 empresas (7) y destinados a las campañas de mentiras contra competidores políticos de Bolsonaro. Las 11 empresas denunciadas no fueron investigadas, sus oficinas no allanadas, ya que «pueden pronunciarse por si mismo, si lo desean», así el tribunal. La ley electoral reformada en 2015 no permite la financiación por empresas.
El gabinete ministerial del nuevo gobierno cuenta con seis ministros involucrados en investigaciones judiciales, sumando también algunas condenas. Mientras se destacaron en el equipo presidencial transitorio tres asesores de reputación de fraudes y violencia grave.
1) El Primer Ministro Onyx Lorenzoni
Lorenzoni es veterinario y empresario y se desempeño como diputado federal a partir del 2003. Participó como diputado en varias investigaciones parlamentarias de corrupción. Finalmente los gerentes de la gran compañía cárnica JBS lo desenmascararon como uno de los que recibieron sus sobornos(8) En mayo de 2017 Lorenzoni admitió en una entrevista haber recibido dineros de JBS por un total de 52,000 dólares. La confesión no produjo ninguna investigación.
El juez Sergio Moro, liderando las indagaciones por corrupción, no tomó cartas en el asunto. Expresó públicamente su confianza en el nuevo primer ministro. «El ya confesó sus errores públicamente». En 2015, el mismo Lorenzoni había participado en la reforma legislativa electoral contra sobornos.
Ya en el 2006 saltó una investigación contra Lorenzoni, acusándolo de sobornos recibidos de parte de la empresa constructora Odebrecht (9) por 175.000 Reales. Durante 10 años el caso se congeló en la «heladera judicial», hasta que en junio 2018 la fiscal general Raquel Dodge solicitó al Tribunal Supremo archivarlo. El argumento de Raquel Dodge: «No había pruebas suficientes para un procesamiento.»
En comparación, la misma fiscal rechazó categóricamente todas las solicitudes de liberación del ex presidente Lula da Silva, aunque tampoco hay pruebas suficientes. Lula fue condenado a 12 años de prisión, mientras que Lorenzoni está en libertad y ocupa uno de los cargos políticos más altos del país.
Denuncias, condenas y causas pendientes de seis ministros y asesores
1) Paulo Guedes, ministro de Economía.
El economista y empresario Paulo Guedes de 69 años con un doctorado de la Universidad de Chicago, es un ideólogo de la económica ultra-neoliberal.
Guedes trabajó durante años como agente de inversiones con fondos de pensiones privados en Brasil, al estilo de los fondos de pensiones chilenos.
No es casualidad. El experto financiero era profesor de economía en Chile en la época de Pinochet, cuando se creó el sistema. El ministro fue también cofundador del banco de inversión BTG participando así en las operaciones financieras de los fondos de pensiones chilenos.
En octubre de 2018, Guedes es iinvestigado (10) por fraude administrativo y malversación de fondos de inversión en varios casos.
Mil millones de reales procedentes de siete cajas de jubilaciones estatales y paraestatales aparecieron en una empresa de su propiedad, la «BR Educação Executiva». Aparte destinó 16 millones de reales en la compra de una compañía argentina, maniobra que terminó en un negocio ruinoso. En otra de sus inversiones, en una empresa de ingeniería «Enesa Participações» clavó 112 millones de reales en pérdidas, todas en detrimento de los jubilados y pensionistas. Los procesos judiciales aún están en curso.
En los meses previos a su toma de posesión Guedes posicionó otra de sus empresas, la «Bozano Investment», para bbeneficiarse (11) de las inversiones esperadas en el sector privado. Ya que el ministro quiere privatizar los servicios de salud, educación y energía.
2) Augusto Heleno, presidente del gabinete de seguridad institucional.
El general retirado de setenta años, ex-instructor del ex-paracaidista Bolsonaro, dirige ahora el Ministerio Federal de Seguridad Institucional (GSI), coordinando los servicios de inteligencia.
El Tribunal de Cuentas (12) de Brasil multó a Heleno de 4.000 Reales en 2013 por contratos sin licitaciones y por financiamientos fraudulentos de servicios, en relación con los juegos militares mundiales en 2011 en Brasil. Heleno benefició a dos fundaciones privadas «sin fines de lucro» con contratos de 22 millones. Ambas obedecieron a dos generales, colegas de Heleno (Gral. Edival Ponciano de Carvalho y Gral. Léo Jose Schneider). (Ver aquí el texto del fallo (13))
3) Jamil Megid Jr. integrante del Equipo de Transición
Megid organizó los juegos militares mundiales de 2011 y coordinó las medidas de seguridad en otros eventos internacionales en Río, incluyendo la Jornada Mundial de la Juventud 2013, la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
Él también fue condenado (14) por el Tribunal de Cuentas de Brasil en 2013 por irregularidades como contratos de servicios y compras de equipos sin licitaciones públicas, y por sobrefacturación. Los servicios (costo 4,3 millones de reales) nunca se prestaron, los equipos técnicos nunca se entregaron. Sin embargo, cinco años después, a principios de 2018, la condena fue anulada. El juez del caso dijo que la organización de los juegos era tan difícil que sería injusto castigar a Megid por sus errores.
3) Tereza Cristina, ministra de Agricultura.
La empresaria y experta en agricultura de 65 años de edad es un típico ejemplo del entretejido de la política y el negocio. Entre 2011 y 2012, Cristina autorizó en su rol de secretaria de desarrollo agrícola en Mato Grosso do Sul las concesiones fiscales para la notoria empresa cárnica JSB. A cambio recibió en 2014 más de 100.000 reales de sobornos (15) de la misma.
Dichos «incentivos fiscales» ocupan el debate público sobre corrupción en Mato Grosso, pero el rol de Tereza Cristina no es investigado judicialmente. Siendo diputada a partir de 2014 su patrimonio se multiplicó de forma extrema. La ministra quiere reducir los controles de la aplicación de Glifosato en la agricultura.
4) Marcos Pontes, Ministro de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones.
Jair Bolsonaro nombró a Marcos Pontes, teniente coronel de la Fuerza Aérea de Brasil, para jefe del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones.
Según el portal de investigación Intercept, Pontes fue investigado durante su servicio activo en la Fuerza Aérea por presunta participación en la empresa «Portally Eventos e Produções».
El Procurador General de la Justicia Militar reclamó que Pontes incumplió el código (16) militar por sus actividades comerciales privadas. El caso quedó congelado durante diez años, hasta que la Presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber, lo archivó en agosto 2018 al ser prescripto.
3) Henrique Mandetta, ministro de Salud.
El ortopedista, pediatra y diputado Luiz Henrique Mandetta es Ministro de Salud en el Gabinete de Bolsonaro. Contra Mandetta hay un procedimiento pendiente que data de su época de Ministro de Salud en el estado de Mato Grosso del Sur (2005-2010). Es inculpado de contratar una empresa sin licitación pública y pagarla por un servicio que no prestó.
El Fiscal General congeló durante ocho años el caso sin recurrir a un tribunal. Otros cargos pendientes (17) contra Mandetta incluyen fraude, administración deshonesta, recibo de sobornos y tráfico de influencias.
4) Julian Lemos, miembro del Equipo de Transición
El diputado Lemos lidera el partido de Bolsonaro (PSL) en el estado federal de Paraíba, en el noreste de Brasil. En 2011, Lemos fue condenado en primera instancia por un contrato de obra de su empresa con el estado gracias a un certificado falso. Apelando el fallo, se congeló la causa hasta su prescripción. Lemos quedó impune.
Lemos tuvo que responder por violencia doméstica (18) en tres juicios entre 2013 y 2016. La hermana y su ex-esposa lo acusaron de malos tratos. Aunque ambas mujeres retiraron su testimonio posteriormente, una investigación forense reveló varias heridas en el cuello, el hombro y el brazo de su hermana.
5) Senador Magno Malta – Miembro del Equipo de Transición
El senador Malta, también pastor evangélico, rezó mano a mano con el nuevo presidente electo ante las cámaras, minutos antes del discurso presidencial en la noche de su victoria electoral. Bolsonaro quería nombrarlo jefe del Instituto de familia, pero la mala fama de Malta lo hizo imposible.
En septiembre de 2018 reveló el portal Intercept Brasil que Malta gastó en dos meses medio millón de reales en dos estaciones de servicio. Ambas pertenecen al ex-diputado José Tasso Oliveira de Andrade, a su vez condenado por evasión de impuestos y robo de fondos públicos. Hasta el momento no hay procedimiento contra Malta.
En septiembre de 2018 un diario del estado de Espíritu Santo involucra al senador en un siniestro asunto. En 2009 Malta era integrante de la comisión del senado contra abuso de menores. Ante la comisión se destacó con las palabras:»¡Los pedófilos desgraciados tienen los días contados!»
Malta intervino en el caso de una denuncia por abuso de una menor. A raíz de una falsa o errónea certificación médica un padre es inculpado haber violado a la propia hija de dos años y es encarcelado. Según testimonio del padre, Malta lo interrogó personalmente en la cárcel.
El hombre fue torturado como en los tiempos de la dictadura. Quedó ciego en un ojo y perdió 75 % de vista del otro. A los nueve meses salió en libertad a raíz de un nuevo examen de la niña que comprobó la falsa denuncia. El padre inició un juicio contra Malta (19) sin resultado. Recién a los siete años es rehabilitado completamente, recibiendo una pensión por discapacidad laboral a raíz de la tortura.
7) Alexandre Frota – un amigo cercano de Bolsonaro
Alexandre Frota, un político de 55 años, ex futbolista, modelo y estrella de porno, fue una de las personas elegidas acompañando el presidente ante las cámaras en la noche de la victoria electoral. Frota consiguió un escaño como congresista de Sao Paulo. Un famoso protagonista del discurso de odio contra la «ideología de género».
En 2014, Frota relató en un show de la televisión nacional con mucha risa, cómo violaba a una sacerdotisa (20) de la religión afrobrasileña. El actor pasó más de cinco minutos describiendo la violación al público, hasta el punto cuando la mujer perdió el conocimiento debido a su brutalidad. Frente a las indignadas críticas de organizaciones de mujeres, Frota clasificó su relato poco después de «ficción». El amigo cercano de Jair Bolsonaro fue indagado, pero no hubo procedimiento judicial.
Fuentes:
1) https://theintercept.com/2018/12/09/brazil-jair-bolsonaro-cabinet/
(4) https://veja.abril.com.br/politica/ex-mulher-acusou-bolsonaro-de-ocultar-patrimonio-da-justicia-eleitoral/ (Página borrada de Internet)
(6) https://www.plantaobrasil.net/news.asp?nID=102044
(11) https://theintercept.com/2018/11/27/investimos-conflitos-interesse-guedes-ministerio-economia/
(13) https://www.documentcloud.org/documents/5237342.html#document/p1
(16) https://theintercept.com/2018/11/06/astronauta-marcos-pontes-investigado-socio-empresa/
* Psicóloga y socióloga, periodista colaboradora en medios de prensa europeos y latinoamericanos en temas de derechos humanos, democracia y medio ambiente. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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