Argentina: repudio e indignación por otra niña de 11 años violada que fue obligada a parir
Una nena de 11 años violada fue obligada a parir en Tucumán
El Ministerio de Salud Pública de Tucumán obligó a parir a una chica de 11 años violada por la pareja de su abuela, después de dilatar el pedido de interrupción legal del embarazo (ILE) solicitado por la menor y su familia, con argumento de que se procure «salvar las dos vidas», según un comunicado emitido el martes por la noche, horas antes de que se le practicara una cesárea a la nena.
«El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA), notificó esta noche a la directora del Hospital “Eva Perón”, Dra Elizabeth Avila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en Familia y Sucesiones de la Va Nominación, Dra Valeria Judith Brand, el cual consigna que “en atención a la innecesariedad de judicialización” y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y -según el oficio- “ conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL”, se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas», fue comunicado que generó malestar entre las personas que defienden los derechos de la chica a la que se la conoce públicamente como «Lucía» para resguardar su identidad.
La nena había sido amenazada de muerte por su violador para que no dijera nada y recién casi cinco meses después se lo pudo contar a su mamá. Aunque en ese momento comenzó a ser víctima además del estado tucumano, cuyo gobierno provincial el año pasado se declaró oficialmente «provida». Si bien «Lucía» manifestó en cuatro oportunidades oficial su voluntad para que se le practicara la ILE (cuando iban 19 semanas de gestación), desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial se dilató al situación para que se le pudiera practicar el aborto, tal como sucedió en un caso similar en Jujuy, donde la beba murió días después de la cirugía.
Por su parte, Abogadas y abogados del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) salió rápidamente a repudiar los acontecimientos. «Esta noche se practicó una cesárea a la niña de 11 años víctima de violación y se encuentra fuera de peligro. La práctica no fue la solicitada. Se seguirá con las medidas necesarias porque Si.Pro.Sa es responsable. Preocupa la presencia de agentes del Ministerio Público fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando datos personales de quienes lo practicaron. El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia», tuiteó la agrupación.
Además, la Campaña por el Aborto Legal regional Tucumán realizó a una marcha para el miércoles por la tarde para repudiar el accionar del Ministerio y para pedir las renuncias de Rossana Chahla (ministra) y de Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo).
Tucumán retrocede un siglo: buscan prohibir también los abortos de mujeres que hayan sido violadas. https://t.co/AtHHTuRb2N pic.twitter.com/cjFgPwqeqt
— Tiempo Argentino (@tiempoarg) 9 de noviembre de 2018
Forzar a las niñas a gestar y parir es tortura
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito manifestamos nuestro más enérgico repudio y nuestra preocupación por la violación de los derechos humanos fundamentales por parte del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y sistema público de salud de la provincia de Tucumán, en la que incurrieron al obligar a una niña de 11 años, quien fuera víctima de una violación, a continuar con una gestación que expresamente solicitó interrumpir.
La niña ingresó al Hospital “Eva Perón” de la ciudad de San Miguel de Tucumán con 19 semanas de gestación, y todos los mecanismos burocráticos del Estado se pusieron al servicio de la tortura, arriesgando su vida y su salud. La obligaron a llegar hasta la semana 24 de gestación, a sabiendas de los riesgos que implica para una niña atravesar biológica y psicológicamente una gestación producto de una violación. Nuestras vidas valen y no podemos permitir que sea el mismo Estado el que vulnere nuestros derechos.
En este caso hubo dilaciones injustificadas contrariando lo establecido por el Código Penal (Art. 86), el fallo FAL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. No se respetó la integridad de la niña y, una vez más, violaron el secreto profesional divulgando su historia clínica, revictimizándola.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán actuó desde el conservadurismo y, utilizando una visión sesgada e irresponsable, violó los derechos humanos establecidos en pactos, tratados y convenciones internacionales, aceptando además que todo el personal médico y el hospital público donde se llevó adelante la práctica se declarasen objetores de conciencia, por lo que tuvieron que garantizar la interrupción dos médicos que no trabajan en el sistema público de salud tucumano.
En nuestro país el aborto es legal cuando la gestación es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. El único requerimiento para acceder a la práctica en este caso era el consentimiento informado.
El gobernador, los ministros y las ministras, las autoridades hospitalarias y las y los profesionales de la salud son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. Las y los profesionales podrán ser sancionados penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones.
Niñas, no madres. El embarazo forzado no puede ser una política pública; “no es una niña feliz, no es una madraza”, como nos quiso hacer creer el editorial de La Nación. No es una nena con muñeca. Ha sido víctima de abuso sexual, agredida, estigmatizada por un adulto abusador, machista y misógino y por otro montón de adultos, ministros, fiscales, jueces, autoridades hospitalarias y profesionales de la salud que debían brindarle asistencia integral y garantizar la interrupción del embarazo.
Nosotras/es, las/es activistas que todos los días ponemos el cuerpo para que este mundo sea un lugar amoroso para nuestras niñas, niños y niñes, no vamos a permitir que les roben su infancia.
Por eso, exigimos:
– La inmediata desvinculación de los responsables de ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes contra Lucía:
Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo médico del SIPROSA),
Rossana Chahla (ministra de Salud Pública de la provincia),
Elizabeth Ávila (médica pediatra de neonatología del hospital Eva Perón),
Washington Navarro Dávila (ministro de Defensa).
– La renuncia de Juan Manzur (gobernador de Tucumán).
– La inmediata implementación del Protocolo ILE en toda la provincia.
– La prohibición absoluta de la objeción de conciencia institucional.
#NiñasNoMadres #NoEsILEesTortura
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
El Estado paralelo de los celestes
El ejercicio de la violencia ya no consiste simplemente en impedir el acceso a derechos avalados por leyes. Ahora los antiderechos también mienten. Con su nombre, su apellido, sin que les tiemble la voz. Sin que se les mueva un pelo. Por lo visto, también sin dudar sobre la legalidad de aquello que planean hacer y hacen en aras de sus creencias personales y en asociación –lícita solamente en los papeles– con otras personas afines. No les importa estar en la función pública y mentir. Es posible que estén allí precisamente con ese objetivo: para obstaculizar una agenda de ampliación de derechos a como dé lugar e insistir, a la vez, en forzar otra de autoritarismos disfrazados de piedad y buena conciencia, en nombre de una supuesta moral. No siempre, no en todo hay dos campanas. Hay cuestiones en las que no todas las “opiniones” valen.
En el caso de la niña de Tucumán (¿hay recordarlo? De 11 años, violada y embarazada por la pareja de su abuela), al menos dos funcionarios mintieron de manera abierta y pública. Lo hizo el secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud tucumano, Gustavo Vigliocco, hace sólo doce días, cuando aseguró que, por tener “cercanía con la niña y su madre”, le constaba que la pequeña quería “continuar con su embarazo”. Lo dijo explícitamente en entrevista con una radio porteña el 16 de febrero. El martes por la noche, para anunciar que se realizaría una intervención a la niña, el propio Ministerio de Salud provincial –a cargo de Rossana Chahla–, adelantó en un comunicado que la práctica se haría, en consonancia con lo indicado por la justicia (siguiendo la doctrina FAL), “en procura de salvar las dos vidas”.
Al funcionario Vigliocco lo desmintieron los hechos: ocho veces habían pedido la niña y su mamá la ILE; “quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, dijo ella, que tuvo dos intentos de suicidio porque la gestación seguía.
Al comunicado del ministerio de Chahla lo desmintió la Corte Suprema de su provincia.
Los antiderechos, en su programa de arrogancia autoritaria, ya ni discuten acerca de los derechos: directamente mienten sobre lo que otras personas expresaron que desean para su vida. Violan la ley mientras aseguran que dice lo que no dice. Usurpan la estructura del Estado para vaciarlo de sentido desde adentro desconociendo sus leyes, torciendo la letra de los consensos sociales a los que se llegó tras procesos y debates (sociales, públicos) intensos.
A la chica de Tucumán, no sólo el violador la victimizó. Esos funcionarios que mintieron públicamente de manera tan descarada para decidir por ella, sobre su vida, ¿van a continuar como si nada en la función pública?
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