Sobre la posición de México en la reciente reunión del Grupo de Lima – Por Natalia Saltalamacchia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Natalia Saltalamacchia*
El 4 de enero México fijó una primera posición sobre la situación en Venezuela y la actividad del Grupo de Lima mediante un discurso pronunciado por el subsecretario Maximiliano Reyes. Dicho discurso presenta un juego de equilibrios que vale la pena analizar, es más sofisticado que las declaraciones del presidente López Obrador y no se presta a la calificación rápida. En diplomacia el lenguaje y los matices cuentan mucho.
Primero, el discurso representa sin duda un cambio de posición respecto a la administración anterior en un punto fundamental: México retoma la doctrina Estrada en tanto que “se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto a la legitimidad” del gobierno de Maduro que comienza el 10 de enero. Aquí vale la pena subrayar: “no se pronuncia” no quiere decir en automático que “reconoce” la legitimidad o respalda a ese gobierno. Se abre así un espacio de ambigüedad intencional (que es para lo que siempre ha servido la doctrina Estrada). La intención puede ser mirar para otro lado y no hacerse cargo de la crisis en Venezuela; o bien, puede dirigirse a abrir un margen de maniobra para actuar de manera diferente frente a dicha crisis.
Segundo, en el discurso se afirma que la situación de Venezuela “seguirá siendo prioridad de la política exterior de México” y se sugiere el deseo de revaluar el camino de las sanciones y el aislamiento diplomático por no ser fructífero (y hay que reconocer que desafortunadamente no lo ha sido, en parte porque China le da oxígeno a Maduro). La premisa central es que hay que volver al objetivo primigenio del Grupo de Lima enfocado en favorecer un proceso de diálogo interno entre todos los actores venezolanos para encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis. Esto amerita dos reflexiones:
• En efecto, el no pronunciamiento sobre la legitimidad del gobierno de Maduro en principio coloca a México en una posición equidistante entre las partes que le permitiría ser un mediador creíble (en compañía de otros actores). Pero ¿qué señales tiene México de que el gobierno dictatorial de Maduro estaría dispuesto a iniciar un nuevo proceso de negociaciones? Me parece que ninguna por ahora.
• Si la razón estratégica de apegarse a la doctrina Estrada fuese abrir un margen de operación, uno esperaría que en los próximos meses México sea consecuente y despliegue una importante actividad diplomática para favorecer ese diálogo (aprendiendo algo de los fracasados intentos anteriores, porque sí los hubo). Veremos.
Tercero, hay que reconocer que México no puede fijar posición en el tema de Venezuela de manera aislada, sin tomar en cuenta el escenario regional en su conjunto. La composición del Grupo de Lima ha mutado desde su creación en 2017 y es particularmente preocupante la deriva radical que impulsan los gobiernos de Bolsonaro en Brasil y de Duque en Colombia. El desafío de México es encontrar el difícil equilibrio entre no condonar (menos respaldar) el gobierno de Maduro pero tampoco abonar a un ambiente que legitime el uso de la fuerza, en ningún sentido. Ni interna, ni internacional, ni abierta, ni encubierta.
Cuarto, la posición de México no condena abiertamente la ruptura del orden constitucional en Venezuela, pero sí busca “lograr las condiciones … para el desarrollo del pueblo venezolano, en un marco de paz, democracia y seguridad”. Además, el discurso reintroduce el lenguaje de los derechos humanos en la política exterior. Esto tanto para referirse a la situación de Venezuela:
“México reitera su preocupación por la dinámica que ha alterado la tranquilidad y la prosperidad del pueblo venezolano, así como la situación en torno al respeto de los derechos humanos que se vive”.
Como en alusión a los principios de política exterior del país:
“México continuará promoviendo la cooperación internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tanto en Venezuela como en el resto del mundo”.
Esto no es un dato menor, ya que hasta ahora la mayor parte de los representantes gubernamentales y legisladores afines habían omitido sistemáticamente en sus declaraciones mencionar el octavo principio introducido en la Constitución con la reforma de 2011. Bienvenida sea su reincorporación porque refleja la identidad del México democrático al que creo que todos aspiramos.
En suma, esta es la primera toma de posición sustantiva del gobierno de López Obrador ante el tema de Venezuela en un entorno regional que es cada vez más complejo. A diferencia de lo que muchos interpretan con celeridad, no es una simple declaración de “vamos por la no intervención y que los venezolanos se las arreglen solos”. Tampoco es una señal de que, si las cosas no avanzan en términos de diálogo, México terminará por distanciarse francamente de Maduro (como sería deseable).
Yo veo en este discurso tan sólo la primera pieza de una política exterior que, una puede imaginar, está todavía en fase de diseño a un mes del inicio de gobierno. Es una posición diplomática prudente, que deja diferentes puertas abiertas, como quizá sea sensato hacer en el arranque y mientras se toma el pulso de las transformaciones regionales. Su rumbo se irá decantando al tenor de los acontecimientos internacionales pero también -hay que decirlo- del juego de fuerzas políticas al interior del gobierno de México.
Lo que está claro —sea cual sea la estrategia— es que México no puede retraerse de lo que pasa en Venezuela y sus consecuencias regionales. Por eso tomo al pie de la letra la última frase de la posición de México: “Nuestra apuesta es por la diplomacia”. Tiene que ser mucha, profesional y activa.
(*) Profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM.
