Recupera su libertad Sonia, la primera guerrillera de las FARC en ser extraditada
En septiembre pasado, Anayibe Rojas Valderrama regresó a Colombia en un vuelo procedente de Washington. Sonia, como se le conocía en las filas guerrilleras, era una de las figuras de más alto rango de las Farc que habían sido extraditadas, y la primera mujer de ese grupo en ser puesta a disposición de la justicia de Estados Unidos.
Apenas llegó, la exguerrillera fue enviada a la cárcel El Buen Pastor, para que respondiera por los cargos de lavado de activos que tenía pendientes en el país. Ella, que estaba en las listas de combatientes que entregó la guerrilla en medio del acuerdo de paz, quedó a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, que acaba de ordenar su libertad condicional. Es decir, aún tiene que saldar cuentas y rendir declaraciones por sus delitos ante este tribunal.
Sonia fue capturada el 9 de febrero de 2005 en un operativo del Ejército a una casa de Peñas Coloradas, en Cartagena del Chairá, en Caquetá. En el lugar, fueron hallados ocho fusiles, 40 kilos de cocaína pura y 25 millones de pesos en efectivo, producto del narcotráfico.
Una vez detenida alcanzó a afrontar cargos en Colombia por lavado de activos para las Farc por 10.000 millones de pesos. En la misma acusación aparecen Ferney Tovar Parra y Oscar Castrillón, alias Cascarita. Según la investigación, el ilícito se hizo a través del negocio de la ganadería, la venta de gasolina y la administración del transporte fluvial en el Caguán.
En Estados Unidos fue condenada a 16 años de prisión, de los cuales pagó 13, pues obtuvo rebajas por buen comportamiento. Esa sentencia fue por el delito de conspiración para enviar cinco kilos o más de cocaína, manufacturarla y distribuirla con la intención o el conocimiento de que llegarían a Estados Unidos. Para las autoridades norteamericanas, alias Sonia supervisó la fabricación de cocaína en el área controlada por el Frente 14 de las Farc (suroriente del país) y negoció varios cargamentos de droga. Para respaldar la acusación, los fiscales contaron con comunicaciones interceptadas que la vinculaban a los cargos.
Sonia se convirtió en una figura clave para las Farc, que propusieron reiteradamente canjes humanitarios por ella y Simón Trinidad, quien sigue preso en Estados Unidos.
Sin pruebas de Estados Unidos, JEP decidirá extradición de “Jesús Santrich”
La Jurisdicción Especial para la Paz decidió seguir adelante con el estudio de la garantía de no extradición del exjefe de las Farc Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, tras no recibir de las autoridades de Estados Unidos las pruebas que lo comprometen en un presunto envío de cocaína a ese país.
El pasado 10 de diciembre, la Sección de Revisión de Sentencias de la JEP remitió a la Embajada de los Estados Unidos la carta rogatoria, pidiendo el material probatorio. Los magistrados estipularon un plazo de 40 días hábiles para recibir las evidencias, término que se venció.
A partir de ahora, las partes (Procuraduría, Santrich y su abogado) tendrán cinco días hábiles para presentar los alegatos, es decir, sus argumentos para defender su posición. Una vez surtido ese término, la Sección tendrá que decidir si le concede o no la garantía de no extradición al exjefe guerrillero. Se prevé que esta decisión se conozca a mediados de febrero, aunque la norma no estipula un plazo específico para hacerlo.
Cabe recordar que la garantía de no extradición está prevista para exguerrilleros de las Farc que hayan dejado las armas, que estén en proceso de reincorporación y que hayan cometidos delitos antes de la firma del Acuerdo de Paz (1° de diciembre de 2016). En caso de que sea concedida, eso no significa impunidad, pues los hechos deberán ser investigados en Colombia.
Santrich fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol por petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de haber pactado un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína. El exjefe guerrillero está preso a la espera de que le resuelvan su situación de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.
El excombatiente fue visto por última vez el pasado lunes, 21 de enero, en la cárcel La Picota. Ese día, una comisión del Consejo de Estado llegó al centro penitenciario para realizar la audiencia pública de pérdida de investidura. Nicolás Yepes, representante de la Procuraduría, le pidió al alto tribunal que no decrete la pérdida de investidura “en conformidad con las consideraciones precedentes, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y los derechos fundamentales”.
En su intervención, de más de nueve puntos, el exlíder guerrillero reafirmó que nada tiene que ver en el proceso que abrió Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz. Agregó que considera que la Fiscalía no tiene pruebas contundentes en su contra y que se le han violado sus derechos políticos y humanos al no permitirle que se posesionara en la curul de la Cámara de Representantes que ganó en las elecciones de mayo de 2018.
“No he pensado mover un gramo de cocaína a ninguna parte. No soy un narcotraficante. Soy un gestor de paz”, agregó Santrich, quien añadió ese día que a él lo han involucrado “mañosamente” en un proceso de narcotráfico y que espera que el Consejo de Estado no permita que ocurra “su asesinato político”, si eventualmente llegara a decretar su pérdida de investidura.
