Ni una menos, pero también menos inoperancia gubernamental – Ruta Krítica, Ecuador
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El Gobierno cada día exhibe poca responsabilidad pública. Las autoridades actúan por su cuenta, sin liderazgo ni dirección política, porque nuestro “Primer Mandatario” no gobierna ni goza del prestigio intelectual para conducir una nación. Con un Vicepresidente y una Ministra del Interior instaurados como los artífices pragmáticos de la gestión, Lenín Moreno queda en un lugar inidentificable y, de paso, sin responsabilidades ulteriores, como parece que es su modo de ser desde cuando fue “Segundo Mandatario”.
Tras lo acontecido en Ibarra todas las autoridades parecen desconocer que el Estado ecuatoriano respeta la vida y sus garantías constitucionales y como derecho humano; es su deber establecer medios, medidas y/o mecanismos que tutelen ese derecho. Además, cuenta con una entidad pública capaz de proteger ese bien jurídico y otros. Para el efecto hay mecanismos. Por ello es falso decir que en nuestro país un policía, por cumplir su potestad pública, puede ser detenido o, peor, sometido a una pena de privación de libertad. En el caso específico del crimen de Ibarra: la aplicación y uso progresivo de la fuerza era su obligación jurídica.
El Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza tiene carácter obligatorio. Su omisión es sancionada. En el reglamento antes citado en el artículo 11 señala cinco niveles diferentes pero vinculantes de aplicación del uso progresivo de la fuerza de manera legal. Por lo visto en redes sociales aparentemente existió un mal procedimiento: la Policía si debió intervenir, someter e incluso disparar contra quien atentaba contra una tercera persona: una mujer en estado de gestación. No lo hizo y por tanto es no solo una omisión sino un delito por las terribles consecuencias del hecho.
En tal sentido, sí hay responsabilidades legales; desde la Ministra hasta los agentes policiales. Dirán que si se le disparaba moría el potencial (y ahora ya) asesino, pero para eso hay un procedimiento de investigación, como en cualquier otra situación, porque no se trata de un delito de los policías sino la defensa del Estado de la vida de una persona amenazada por otra, a la luz pública, más si es un caso de femicidio.
Entonces, eludir las responsabilidades y confundir al país con comparaciones absurdas, llamando a las fuerzas especiales y generando xenofobia –desde un absurdo comunicado oficial del Palacio de Carondelet- demuestra la incapacidad de dirigir y contener situaciones extremas, demuestra la ausencia de liderazgo con la misma Policía y, para variar, demuestra el desmantelamiento (por odio y venganza con el anterior gobierno) de procesos y mecanismos que no deben depender de un Presidente o un Ministro.
Por todo esto, utilizando el adagio de que “piensa mal y acertarás”, lo cual indicaría que dicha incapacidad política nos llevará a un endurecimiento o represión social (como ya dijimos en un editorial anterior) y con eso tendremos lo que quieren los seguidores del estilo de Bolsonaro por acá: una arremetida contra todo tipo de delincuencia y “de paso” contra cualquier manifestación de rechazo o protesta social.
María Paula Romo queda retratada en su más justa identidad: inhabilitada para ayudar a gobernar porque apela a los sentimientos bajos de la gente y no entiende el sentido de un Estado de derecho. Si como legisladora captó la teoría como ministra no aprobó el año y solo queda por delante su renuncia.
