Marchas a favor y en contra de la salida de la comisión anticorrupción de la ONU
Guatemaltecos manifiestan a favor y en contra de Cicig
El grupo que se concentró en las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ondeaba banderas de Guatemala y quemó cohetes, en celebración por la decisión del gobierno de expulsar a esa misión de las Naciones Unidas.
La tarde de este martes se venció el plazo de 24 horas que fijó el lunes el gobierno para que los funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) abandonaran el país, después de que desconociera a la misión de la ONU en una carta que la canciller Sandra Jovel entregó al secretario general del organismo Antonio Guterres.
Durante la mañana de ayer hasta el mediodía, vehículos ingresaban y salían de la sede de Cicig a donde llegaron para sacar artículos —no se ha especificado cuáles—, como parte de un plan de contingencia que echó a andar por seguridad de sus funcionarios y de sus materiales, de acuerdo con el portavoz Matías Ponce.
“Estoy contenta con que la Cicig se vaya, comenzó con buenas intenciones pero se corrompió”, afirmó Thelma de Saravia una de las manifestantes.
“Es hora de que recuperemos nuestra soberanía. Somos un país libre, soberano e independiente. Hemos sido víctimas durante ocho años de una persecución de la Cicig”, expuso María Estela Vielman, hermana de Carlos Vielman, exministro de Gobernación, que actualmente enfrenta un proceso judicial, cuya investigación encabeza la Cicig.
“Estoy muy contento porque el presidente nos devolvió la soberanía al país que un grupo de personas con buena o mala intención le regaló a un grupo de militantes socialistas”, indicó Fernando Castillo otro de los asistentes.
«No al moralazo»
Mientras tanto, en el exterior de la Corte de Constitucionalidad (CC) personas han llegado para mostrar su respaldo a Cicig y rechazo a las acciones gubernamentales.
Manifestaciones en favor y en contra de la Cicig
Con la consigna de «no al moralazo», los manifestantes portan carteles en los cuales exigen al Gobierno que acate las resoluciones de la CC.
Debido a esta manifestación fue necesario cerrar la 11 avenida y 8a. calle de la zona 1.
“Sentimos cólera e indignación contra este gobierno que en lugar de defender los intereses del pueblo porque ya no queremos más corrupción está defendiendo los intereses de las mafias”, expuso María Elubia Zúñiga, manifestante.
Los manifestantes en la CC coincidían en que los últimos acontecimientos alrededor de la Cicig han sido “malas noticias” porque podría representar un retroceso en la lucha contra la corrupción.
“Estoy manifestando por el amor a la patria y para oponerme a este gobierno, la gente se muere de hambre en los hospitales y no hay escuelas”, manifestó otra de las asistentes.
Los manifestantes en la CC coincidían en que los últimos acontecimientos alrededor de la Cicig han sido “malas noticias” porque podría representar un retroceso en la lucha contra la corrupción.
“Hacemos una cadena humana para defender el orden constitucional y la democracia de este país que está siendo amenazada por el gobierno, el Congreso, el Ejercito y el Cacif”, exclamó Enrique Hernández, secretario de finanzas de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos.
Batalla legal
A partir del pasado sábado el tema Cicig volvió a estar en el ojo del huracán cuando el gobierno pretendió impedir el ingreso de uno de sus investigadores, pero luego de una batalla legal que tardó horas, pudo entrar al país.
Desde ese día, diversos sectores se han manifestado tanto en contra como a favor de la Cicig.
La CC tiene pendiente de resolver varios amparos que han interpuesto actores de la sociedad civil para revertir la decisión del presidente Jimmy Morales de desconocer a la comisión internacional.
Personal de la Cicig sale de Guatemala, por seguridad
Matías Ponce, portavoz de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), confirmó que la misión internacional lleva a cabo un plan de contingencia para dar seguridad al personal y resguardar materiales.
Durante la mañana de ayer fue posible ver vehículos con enseres que salían de las oficinas, aunque no se pudo determinar que tipo de objetos eran los que se trasladaban.
Pasadas las 15 horas llegó una jueza a practicar una diligencia de exhibición personal a favor del personal de la comisión.
La Dirección General de Control de Armas y Municiones notificó a la Cicig que debe devolver las licencias de tenencia y portación de armas de sus funcionarios.
Óscar Pérez, vocero del Ministerio de la Defensa, informó que en atención al Acuerdo Gubernativo 2-2019, la Digecam fijo para este miércoles el plazo para que los funcionarios de Cicig entregen las licencias que les permiten portar y utilizar las armas.
Pérez dijo que la información de la cantidad de personal que poseía esta licencia es información reservada.
El acuerdo fue publicado este miércoles y con este el gobierno da por finalizado el convenio de Cicig.
A favor y en contra
A las 15.30 horas de este martes se venció el plazo que el Gobierno fijó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para que abandone el país.
A través de las redes sociales se hizo un llamado a manifestar en contra del gobierno, a las 17 horas frente a la Corte de Constitucionalidad.
Mientras tanto, ciudadanos contrarios a la Cicig llegan al mismo lugar para festejar la decisión presidencial de dar por concluido el acuerdo.
Guatemala enfrenta batalla judicial por cierre de CICIG
El cierre unilateral de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.
El gobierno anunció la víspera el fin del acuerdo de la Comisión, adscrita a la ONU, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores, que defienden o repudian la acción.
Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras otros sectores, incluidos algunos políticos y la cúpula empresarial, demandan que se respete la decisión y soberanía del país.
«La decisión unilateral de presidente Morales (…) es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho», sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.
En defensa de la acción de Morales, el senador estadounidense Mike Lee, republicano, publicó en Twitter que «Guatemala tiene todo el derecho de pronunciarse y defenderse de violaciones a su soberanía y abusos cometidos» por la Cicig.
Juristas debaten sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión: mientras unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.
Hasta el momento, se han presentado cinco amparos ante la CC contra el mandatario, y cuatro de ellos solicitan la destitución de Morales.
Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra la medida gubernamental.
TENSIÓN ACUMULADA
La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el Ejecutivo intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig.
Además, tras un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien Morales quiso expulsar y, posteriormente, negó en septiembre pasado el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.
La relación de Morales con la Cicig es hostil desde el inicio de su mandato en 2016, luego de que este ente acusara a su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de juicio.
La situación se agravó en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción en las finanzas de su partido cuando ganó la presidencia en 2015.
Este martes, el gobierno publicó en el diario oficial la decisión que da por concluido el acuerdo de creación de la Cicig, cuyo mandato terminaba el 3 de septiembre.
El secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó categóricamente la decisión e instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los compromisos sobre la comisión.
APOYO A LA CICIG
Igualmente, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, consideró que la decisión presidencial viola el estado de derecho, los tratados internacionales y el convenio de creación de la comisión. Por ello, presentó un amparo ante la CC para revertirla.
Rodas afirma que las acciones del presidente son un atentado contra la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Por otro lado, la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo local de Transparencia Internacional, presentó en la CC un recurso de amparo en contra de la terminación del acuerdo de la Cicig y una solicitud para destituir al presidente y a la canciller, Sandra Jovel.
Se sumaron a la ola de críticas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, según los cuales la medida viola las obligaciones internacionales y es «un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad».
RECHAZO A LA CICIG
La cúpula empresarial, aglutinada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), apoya el retiro de la Cicig, a la que han denunciado por «graves faltas al debido proceso».
«La terminación de la Cicig es una decisión que está dentro del marco de sus competencias (gubernamentales) por virtud de la Constitución» del país, agregó la Cacif en un comunicado.
Sin embargo, advirtió que la acción debe de ir acompañada «de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad».
Por su lado, la agrupación Guatemala Inmortal instó a la población a apoyar la decisión de Morales.
«La Cicig se fue apoderando del sistema de justicia (…) y la poca confianza que había en los jueces desapareció por culpa de la Cicig», consideró el dirigente José Luis González.
