Maduro asume su segundo mandato en medio de una fuerte presión de EEUU y la derecha regional
Claves por las que la juramentación de Maduro ante el TSJ es constitucional
Este jueves 10 de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudirá ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, para juramentarse de cara al inicio de su segundo mandato (2019-2025), después de resultar electo con 6.248.864 votos (67,84 %), el pasado 20 de mayo de 2018.
En el camino a este acto, sobre el que se posa la mirada del mundo, el Mandatario ha enfrentado numerosos desafíos: la crisis económica que atraviesa la nación suramericana, las medidas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y un intento de magnicidio, perpetrado el 4 de agosto.
A este paquete se le suma, desde el año pasado cuando se conocieron los resultados electorales, una estrategia liderada por Washington en la región, a través del Grupo de Lima, para desconocerlo en su nuevo período de gobierno.
La oposición nacional y sus aliados internacionales han dicho de todo para confundir. Aseguran que la juramentación es “inconstitucional”, critican que sea ante el TSJ e incluso hablan de “vacío de poder” y de “usurpación de funciones”. Atacan por todos lados con el objetivo declarado de “salir”, de la manera que sea, del Mandatario venezolano.
¿Por qué es constitucional?
En entrevista con El Ciudadano, la abogada venezolana Ana Cristina Bracho explica las nociones fundamentales por las cuales el acto que se desarrollará este jueves está dentro de lo que contempla la Carta Magna del país suramericano.
“Es absolutamente absurdo sostener que no es constitucional el cumplimiento de un supuesto constitucionalmente previsto en el artículo 231. Está estipulado que en el caso de no poder ir a una juramentación ante la Asamblea Nacional (AN) se acuda a una juramentación ante el TSJ”, dijo.
“El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, artículo 231 de la Constitución.
Bracho aclaró que una juramentación de este tipo no ha ocurrido antes en el país, porque lo inédito en todo este caso es un “poder que se desvincule de la lógica de la colaboración y la conformación del Estado, como es el caso del Parlamento que se afirma suprapoder, no vinculado con las órdenes emanadas del Poder Judicial”.
La AN la ganó la mayoría opositora el 6 de diciembre de 2015. El problema vino después, el 5 de enero de 2016, cuando juramentaron a tres diputados del estado Amazonas cuyos resultados fueron impugnados ante la Sala Electoral por irregularidades, lo que generó un conflicto judicial que derivó en un “desacato” que hasta hoy se mantiene.
Además, en noviembre pasado, el Parlamento declaró “inconstitucional” la futura juramentación y el nuevo mandato, para iniciar una “estrategia de presión”, reiterando así su declaración de guerra y cerrando todas las puertas al diálogo.
El principio de soberanía
Antes de todo el debate por el acto ante el TSJ, a donde la oposición ha querido llevarlo, hay un hecho que sustenta el segundo mandato del jefe de Estado. El pasado 20 de mayo, gústele o no a la comunidad internacional, fue electo por 6.248.864 electores (67,84 %) en unos comicios en los que la oposición llamó a no participar.
Bracho recordó que desde 1999 Venezuela vive en una democracia participativa y protagónica. El artículo 5° de la Carta Magna señala que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que conforman el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
Además, en su artículo 228, la Constitución reitera que “la elección del presidente o presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o la candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos”.
“El 10 de enero nadie empieza a ser o deja de ser presidente. Lo que ocurre es el acto en el que se termina un gobierno e inicia otro. La cualidad de presidente se obtiene en las urnas y se certifica con la proclamación que hace la autoridad electoral. Por ende, ese acto no puede hacer que ninguna persona a quien se le atribuyó electoralmente la cualidad de presidente, la pierda”, ahondó la abogada venezolana.
El Grupo de Lima y otras farsas
Sobre la declaración que el 4 de enero suscribió el Grupo de Lima, en la que desconoció el Gobierno de Maduro y pidió transferir el Poder Ejecutivo a la AN, Bracho explicó a El Ciudadano que “no tiene ninguna vinculación o implicación jurídica o legal por ser una decisión tomada por un grupo de funcionarios extranjeros, cuando en virtud del artículo 5 de la Constitución la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.
Asimismo, detalló que la línea retórica que intentó la oposición fue hablar de la falta absoluta del presidente, situación que no ocurre, porque no hay un mandatario impedido ni que se haya negado a ir a la AN. “Lo que tenemos es una AN que se niega a recibir a un ciudadano electo y con las credenciales correspondientes emanadas de la autoridad electoral”, acotó.
Manifestó que no puede haber “vacío de poder”, una postura defendida por algunos juristas, en tanto hay un candidato que fue proclamado mediante los procedimientos previstos ante el Consejo Nacional Electoral.
Sobre la “usurpación de funciones”, de la que también habla la oposición, señaló que es una figura prevista en el Código Penal y se da cuando un funcionario aparece a ejercer un rol que no le corresponde. “No tenemos otro funcionario que haya sido electo por el pueblo y certificado por la autoridad electoral, por tanto no están reunidos los requisitos del tipo penal“, finalizó.
Presidente Maduro: “Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington contra Venezuela”
Está en marcha un golpe de Estado contra la República Bolivariana de Venezuela ordenado desde Washington, con la complicidad del denominado Grupo de Lima, organización que aglutina a los gobiernos de extrema derecha de Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Panamá, Canadá, Guatemala, Paraguay, Chile, Honduras y Costa Rica.
Así lo denunció este miércoles el presidente venezolano, Nicolás Maduro Maduro, durante una rueda de prensa con medios internacionales, efectuada en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
“No puedo mentirle a nadie. Compañeros civiles y militares: Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington contra el Gobierno legítimo y constitucional que yo presido. El pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que (estos grupos) pretendan perpetrar hoy o mañana. Enfrentaremos y derrotaremos a cualquier ‘quinta columna’, a cualquier grupo de traidores que pretendan violentar la estabilidad de Venezuela, sea quien sea”, sentenció desde el Salón Ayacucho.
El Mandatario calificó como “un cartel de intereses mafiosos” al referido Grupo de Lima, subyugado a las órdenes de la Casa Blanca.
“Han querido convertir la juramentación presidencial en una guerra mundial, y no lo vamos a permitir, triunfará la paz y la democracia en nuestro país”, dijo el jefe del Estado venezolano a proposito de su juramentación como Presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia para el período 2019-2025, acto que se efectuará este jueves 10 de enero con la presencia de diversos líderes mundiales.
Maduro reiteró que el gobierno de los Estados Unidos solo tiene como opción la injerencia militar contra nuestro país.
“La Revolución Bolivariana está preparada para enfrentar a la quinta columna que se levante”, aseguró.
Finalmente, el Presidente de Venezuela puntualizó: “La élite imperialista que ha gobernado a los Estados Unidos desde hace 200 años, ven a América Latina como su patio trasero, nos ven como nuevos esclavos y nuestras riquezas como su bien natural”.
Estos son los líderes del mundo que asistirán a la juramentación de Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se juramentará próximo 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el período 2019-2025, y varios líderes del mundo han confirmado su asistencia al acto.
El mandatario boliviano Evo Morales asistirá al acto tras la confirmación dada por el canciller Diego Pary durante un contacto con una emisora de radio local.
“El presidente Morales, acompañado por mi persona, viajaremos a la ciudad de Caracas (capital venezolana) el día 9 de enero”, afirmó el funcionario.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela confirmó la presencia del vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, en el acto de juramentación.
Tras una conversación telefónica entre el presidente Maduro y su homólogo Recep Tayyip Erdoğan, este último le reiteró su respaldo al pueblo y al Gobierno venezolano.
Asimismo, expresó su deseo de afianzar los vínculos entre ambas naciones «así como el trabajo compartido por la consolidación de un mundo multipolar, de justicia, armonía y paz entre las naciones».
La Presidencia de El Salvador notificó este miércoles que el mandatario Salvador Sánchez Cerén se suma a los jefes de Estado que han confirmado su presencia en la toma de posesión del presidente Maduro.
«La solidaridad del pueblo y Gobierno de Venezuela tuvo un momento invaluable con la rápida ayuda a El Salvador ante los devastadores terremotos que golpearon a nuestro país en el año 2001», refiere el comunicado.
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informó que viajará a Venezuela para acompañar al mandatario Maduro en la ceremonia de juramentación para el período 2019-2025. «Seguimos construyendo juntos el porvenir de desarrollo, de felicidad y paz de la familia latinoamericana», expresaron en una nota de prensa.
Igualmente, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, comunicó que el Ejecutivo Miguel Díaz-Canel encabezará la delegación que acudirá al evento el próximo jueves.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, indicó que estará junto a los demás jefes de Estado y líderes del mundo para el acto a celebrarse en el TSJ este jueves.
El Gobierno de China también se hará presente a través de su ministro de Agricultura, Han Changfu, enviado especial comandado por el presidente Xi Jinping.
El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, informó este martes que su Gobierno enviará una representación de su país para la toma de posesión del presidente Maduro, la cual estará encabezada por el encargado de negocios en Venezuela, José Luis Remedi.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó que su encargado de Negocios en la Embajada de su país en la nación suramericana, Juan Manuel Nungaray, representará al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia.
En horas de la tarde de este martes, arribó al país el el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Sanussi Barkindo, quien también se sumará a los invitados para la toma de posesión del mandatario, según informaron las autoridades.
La noche de este miércoles arribó a Venezuela el Primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, así mismo ya se encuentran en el país el Vicepresidente de Surinam, Michael Ashwin Adhin y el Canciller de Antigua y Barbuda, Everly Paul Chet Greene, para acompañar al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumirá su segundo periodo constitucional 2019-2015, este jueves 10 de enero de 2019.
En horas de la noche de este miércoles llegó el Ministro de Defensa de la República Islámica de Irán, Amir Hatami, en representación del Gobierno iraní para asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela el 20 de mayo de 2018 por la mayoría de la población, con 5.823.728 votos, el 67,7 por ciento de respaldo popular, en una jornada que marcó un 47,02 por ciento de participación.
Canciller Arreaza entregó Nota de Protesta al Grupo de Lima en rechazo a injerencia
Tras la reciente agresión del Grupo de Lima, el canciller de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, procedió a la entrega de Notas de Protesta en rechazo a la intromisión en los asuntos internos del país.
La entrega de las Notas, que se llevó a cabo en la sede de la Casa Amarilla, en Caracas, expone el categórico repudio de Venezuela en lo que se refiere a la injerencia extranjera proveniente de países como Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia, cuyos gobiernos acordaron además, condenar la expulsión de dos buques de la petrolera estadounidense Exxon Mobil, que se encontraban en aguas jurisdiccionales venezolanas, incurriendo así en una flagrante violación de la soberanía de la nación caribeña.
La primera reunión que sostuvo el canciller venezolano, fue con la encargada de negocios de la República del Perú, Rosa Álvarez, representante del país, que de acuerdo a las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, prohibirá el ingreso de funcionarios del Estado venezolano a su país.
Seguidamente fueron recibidos los encargados de negocios de la República Argentina, Eduardo Porretti; José Wilson Moreira, de la República Federativa del Brasil; Lori Corrivean, de Canadá; Roberto Araos Sánchez, de la República de Chile.
A ellos se suman, los encargados de negocios, Danilo González Ramírez, de la República de Costa Rica; Gilda Morales, de la República de Guatemala; Fernando Suarez Lobo, de la República de Honduras; Emilio Pascual, de la República de Panamá y Celso Riquelme, de la República el Paraguay.
A la reunión también asistió Carlos Gamboa, ministro consejero de la República de Colombia, país con el cual Venezuela ha tratado de establecer comunicación diplomática de manera constante y respetuosa a pesar de la postura intervencionista asumida por Iván Duque en coordinación con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quienes pretenden vulnerar la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano.
Comunicado: «Ante la asunción de un nuevo mandato presidencial, la CIDH alerta sobre la profundización del debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela»
Frente a la asunción de un nuevo mandato del Presidente Nicolás Maduro el 10 de enero próximo, como resultado de un proceso electoral que no contó con las mínimas condiciones para la realización de elecciones libres y justas en el país, la Comisión alerta sobre la profundización del debilitamiento institucional en Venezuela, advierte sobre la persistencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos y alerta sobre las graves consecuencias que ocasionaría el retiro del Estado de la OEA para la población venezolana.
El 20 de mayo de 2018 el Presidente Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En las instancias previas del proceso electoral, se evidenciaron reales obstáculos para la participación efectiva de la oposición, lo que se tradujo en un alto grado de abstención de las fuerzas políticas que afectó el pluralismo necesario en elecciones democráticas. Las injerencias de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre el CNE, organismo que carece de independencia e imparcialidad, la reprogramación del calendario electoral de modo imprevisible, la no validación de los partidos políticos por no haber participado en “elecciones inmediatamente anteriores” por parte de la ANC, las inhabilitaciones para ejercer la función pública a integrantes de la oposición y potenciales candidatos a cargos públicos electivos, los plazos excesivamente cortos y requisitos impuestos por el CNE para inscribir candidatos, la convocatoria apresurada a elecciones y la afectación en el registro de nuevos electores y personas venezolanas en el extranjero; todos estos factores mermaron significativamente la participación y la posibilidad efectiva de que la población cuente con opciones sustantivas para el cargo de la presidencia. Solo un partido político logró su validación en las elecciones presidenciales. El número de partidos políticos disidentes continúa reduciéndose progresivamente, 21 partidos políticos nacionales mientras que 2016 se contaba con un total de 67. La OEA, la Unión Europea, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron sobre la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales. El Grupo de Lima, a su vez, realizó un llamado al Presidente a no asumir la presidencia el próximo 10 de enero y lo instó a respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y transferirle en forma provisional el poder ejecutivo hasta la realización de nuevas elecciones presidenciales democráticas.
El modo en que desarrollaron las elecciones presidenciales profundizó la crisis institucional. Desde hace años la CIDH ha alertado sobre el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos que atraviesa en Venezuela. En su Informe «Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, la Comisión remarcó la inobservancia del principio de separación de poderes existente en el país. También consideró que existe una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular, a raíz de la falta de independencia judicial y las constantes intromisiones del Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la ANC sobre materia propias de la Asamblea Nacional (AN). La detención de los diputados Requesens y Borges en el 2018, luego de que fueran levantadas sus inmunidades parlamentarias, evidencian la continuidad de esta grave situación. A su vez, la ANC convocada por el Presidente, criticada en su origen y conformación, continuó durante el 2018 adoptando decisiones que excedieron su naturaleza y violan el principio de separación de poderes en detrimento de la Asamblea Nacional, tales como autorizar el enjuiciamiento de los mencionados diputados, o refrendar la designación del Presidente del Banco Central efectuada por el Ejecutivo. El congelamiento presupuestario y la discrecionalidad en el otorgamiento de los recursos financieros para el funcionamiento de la AN son factores que dificultan aún más su labor. Por su parte, el Ejecutivo prorrogó por Decreto el Estado de Excepción y Emergencia Económica, sin la aprobación de la AN tal como exige la Constitución, quedando facultado a ejercer poderes extraordinarios y adoptar medidas excepcionales para asegurar el orden y restringir las garantías.
El debilitamiento de la institucionalidad democrática ocurre en un contexto estructural de represión y persecución a la disidencia, en el marco de la militarización de la seguridad pública, que agrava el deterioro de los derechos políticos y a la participación en la vida pública, en estrecha relación con la afectación a la libertad de expresión. Según información recibida por la CIDH, en los primeros nueve meses del año se contabilizaron 14 personas fallecidas en el contexto de protestas sociales. A su vez, luego de las protestas de abril-junio de 2017, alrededor de 757 civiles habrían sido procesados en la jurisdicción penal militar.
La CIDH y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión continúan observando la profundización del deterioro a la libertad de expresión en Venezuela, debido a la apertura de procesos penales contra periodistas que investigan hechos de corrupción, como es el caso de los periodistas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg del portal Armando.info, la práctica de detenciones arbitrarias de comunicadores que cubren protestas y las detenciones de ciudadanos que expresan críticas o disienten con el gobierno a través de las redes sociales. Se registraron nuevos casos de aplicación de la denominada “Ley contra el Odio”. También se han denunciado nuevas estrategias para intentar controlar la circulación de información en Internet, a través del bloqueo de sitios web y la vigilancia de las comunicaciones de ciudadanos en redes sociales. Además, se agravó la situación de provisión de papel por parte de la empresa estatal que monopoliza ese insumo, lo que determinó que al menos 35 periódicos vieran reducidas sus ediciones, tirajes y/o dejarán de circular.
La CIDH ha reiterado que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto. La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».
En paralelo al creciente deterioro institucional y las afectaciones a los derechos políticos, la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) continuaron observando un agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales en el país. En octubre de 2018, junto a varios expertos del sistema de Naciones Unidas, se alertó sobre serio deterioro del sistema de salud, a causa del desabastecimiento de medicamentos, el estado de las instalaciones y falta de personal e insumos médicos. La reaparición de epidemias erradicadas décadas atrás refleja la gravedad de la situación. En 2018, se registraron 230 muertes por casos de difteria y sarampión. Se estima que, entre 2017 y 2018, 2.500 personas que requieren de diálisis por deficiencias renales, fallecieron por causa de la crisis del sistema de salud. Más de 79.000 personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales desde 2017 y el número de defunciones de estas personas aumentó de 1.800 en 2014 a posiblemente más de 5.000 en los últimos años, según informes de la sociedad civil. A su vez, la escasez de alimentos y el encarecimiento de los pocos productos proteicos o suplementos nutricionales disponibles en el país provocan la desnutrición crónica infantil, de personas adultas mayores y el deterioro de la alimentación saludable.
La CIDH señaló en su Resolución 2/18 que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando el país como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, ha llevado a cientos de miles a migrar hacia otros países de la región en los últimos años. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cifra de migrantes y refugiados venezolanos para diciembre de 2018 era de 3.314.195 millones, de los cuales 460,000 son niños, sin que existan previsiones de retorno a corto o mediano plazo a Venezuela. Las proyecciones indican que para finales de 2019, otros 2 millones de venezolanos podrían abandonar su país.
Durante el año de 2018 la CIDH otorgó 6 medidas cautelares solicitando al Estado de Venezuela la protección de: niñas y niños pacientes del área de Nefrología del Hospital José Manuel de los Ríos, debido a la falta de un tratamiento médico adecuado a causa del desabastecimiento; Juan Carlos Caguaripano, Luis Humberto de la Sotta Quiroga, Pedro Patricio Jaimes Criollo, privados de su libertad sin acceso a la atención médica adecuada; Juan Carlos Requesens Martínez, también privado de su libertad en riesgo de ser objeto de actos de violencia; C.L. y otras 42 personas en riesgo por la falta de entrega de medicamentos antirretrovirales para tratar adecuadamente el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
A su vez, durante 2018 la Corte Interamericana emitió dos sentencias de fondo respecto de Venezuela. En su sentencia en el caso San Miguel Sosa y otras del 8 de marzo de 2018, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional de Venezuela por violación a los derechos a la participación política y a la libertad de pensamiento y expresión, en relación con el principio de no discriminación; el acceso a la justicia y a un recurso efectivo para tutelar los derechos de las víctimas; y el derecho al trabajo. El caso se relaciona con la terminación arbitraria de los contratos laborales de tres funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras, como consecuencia de una desviación de poder motivada por una voluntad de represalia en su contra por haber firmado una solicitud de referéndum revocatorio del mandato del entonces Presidente de la República Hugo Chávez Frías en diciembre de 2003, en un contexto de denuncias de represalias y persecución política.
El 26 de septiembre de 2018 en el caso López Soto y otros, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, de no discriminar, y de adoptar medidas de derecho interno, así como por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Linda Loaiza López Soto fue víctima de extrema violencia física, psicológica y sexual por parte de un particular, en total indefensión como consecuencia de la manifiesta omisión del Estado de protegerla frente al riesgo que enfrentaba.
Asimismo, la Corte Interamericana continuó dando cuenta del incumplimiento manifiesto por parte del Estado venezolano de sentencias emitidas en años anteriores. Por esta razón, la Corte dispuso continuar aplicando el artículo 65 de la Convención Americana e incluir en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA dicha situación de incumplimiento, sin perjuicio de continuar supervisando directamente tales fallos.
Como en anteriores oportunidades, la CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho. En particular, la Comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores, y como así también a destinar todos los esfuerzos posibles para erradicar de modo urgente las causas de la escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos, que acarrean gravísimas consecuencias para la vigencia de los derechos de la población.
La Comisión ha tomado nota de la denuncia por parte del Estado venezolano de la Carta de la OEA, la cual entraría en vigor en abril próximo. En otras oportunidades la CIDH se pronunció sobre el grave retroceso y el debilitamiento de la protección internacional que significa la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos efectuada por Venezuela, la cual entró en vigencia el 10 de septiembre de 2013. La Comisión también remarcó que, como Estado miembro de la OEA, Venezuela sigue sujeto a la jurisdicción de la Comisión y a las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana, suscritas por el Estado en 1948. La denuncia a la Carta de la OEA, decisión sin precedentes en el sistema interamericano que fue deplorada por la CIDH, genera una profunda preocupación por su impacto en el acceso a los mecanismos interamericanos de protección de derechos humanos por parte de los venezolanos y venezolanas, en el grave contexto que la Comisión ha venido reportando. Existen diversas preocupaciones respecto de la eficacia y validez de dicha denuncia. Igualmente, la Comisión toma nota de que Venezuela no ha denunciado varios instrumentos interamericanos de derechos humanos que le otorgan mandatos. Por ello, la Comisión analizará detalladamente todos los aspectos relacionados con la denuncia y adoptará una posición sobre sus consecuencias respecto de la continuidad de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela. La CIDH reitera su llamado al Estado a revertir la decisión de retirarse de la OEA, y a retomar sus compromisos bajo la Convención Americana y la competencia contenciosa de la Corte IDH.
Asimismo, la CIDH reitera su disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observación, que la Comisión viene solicitando desde el año 2004.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Comparando la legitimidad de Maduro con la de Donald Trump, Mauricio Macri, Sebastián Piñera y Juan Manuel Santos
El presidente Nicolás Maduro será investido este jueves 10 de enero para su nuevo mandato presidencial tras resultar elegido el pasado 20 de mayo de 2018, con 61,8 % de los votos. Sin embargo, algunos jefes de Gobierno cuestionan su legitimidad, cuando estos en las respectivas jornadas comiciales de sus países tuvieron porcentajes menores de apoyo popular.
Por ejemplo:
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo el 46,09 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016, en las cuales hubo 44,6 por ciento de abstención. Su votación representa el 20,55 por ciento del total del padrón electoral, si incluimos también a todas las personas que se abstuvieron.
- El caso de Trump es muy particular, porque obtuvo menos votos que su principal contrincante, Hillary Clinton, del partido Demócrata (62.984.825 votos de Trump versus 65.853.516 votos de Clinton), pero aún así fue declarado ganador por la forma como funciona el sistema electoral estadounidense (Fuente: Wikipedia).
- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, obtuvo el 51,34 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 22 de noviembre de 2015, en la cual hubo 19,23 por ciento de abstención. En la segunda vuelta esto representó el 41,46 por ciento del total del padrón electoral.
- Juan Manuel Santos, quien fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018, fue reelegido el 15 de junio de 2014 con el 50,98 por ciento de los votos en la segunda vuelta del proceso electoral, en el que hubo 52,23 por ciento de abstención. Los votos recibidos por Santos representan apenas el 23,7 por ciento del total del padrón electoral, si incluimos también a todas las personas que se abstuvieron.
- Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, fue elegido el 19 de noviembre de 2017 con el 57,1 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones de este país, en las que hubo 50,98 por ciento de abstención. Los votos recibidos representan el 26,75 del total del padrón electoral.
El presidente Nicolás Maduro obtuvo el 20 de mayo el 67,84 por ciento de los votos, en un proceso que contó con 53,93 por ciento de abstención. Sin embargo, los votos recibidos por el Presidente venezolano representan el 31,25 por ciento del total de los votos del padrón electoral, muy por encima de lo obtenido por Piñera, Santos y Trump, de quienes en ningún momento se ha dudado de su legitimidad.
