La OEA sesiona hoy para discutir la situación en Nicaragua
Seis votos decidirán el presente de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA). A los casi confirmados 18 países comprometidos con sancionar al régimen orteguista, el Consejo Permanente del organismo interamericano necesita asegurar media docena más de votos para aventurarse al camino de aplicar la Carta Democrática al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Consejo Permanente sesionará este viernes sobre la situación de Nicaragua, a solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En esta reunión, los representantes de las 34 naciones americanas tienen solo dos opciones: llaman a realizar “gestiones diplomáticas” o convocan a una Asamblea General extraordinaria de los ministros de relaciones exteriores, que es la instancia máxima del organismo regional. En ambos casos, solo se necesitan 18 votos para aprobarlos.
Sin embargo, expertos consultados por Confidencial explicaron que el Consejo Permanente y Almagro, no se aventurarán a llamar a una asamblea extraordinaria de cancilleres que resulte un fiasco, sino logran los 24 votos en la sesión de este viernes.
Esta será la cuarta sesión del Consejo Permanente sobre Nicaragua. En las tres anteriores se ha superado la barrera de los 18 votos. En julio pasado, una resolución de condena contra la represión gubernamental obtuvo 21 votos. Sin embargo, en la última votación ese número bajó a 19, porque Honduras y Guatemala decidieron abstenerse.
La clave de la votación estará en los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que en su mayoría se han abstenido o ausentado de las votaciones sobre la crisis nicaragüense. Tal es su importancia que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, realizó la semana pasada una gira por algunas de esas naciones para pedirles su apoyo en el Consejo Permanente.
El primero de enero, Moncada envió una carta a los gobiernos de América Latina y el Caribe, en la que descalifica al secretario general de la OEA y les ruega no aprobar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática.
Comisión de buenos oficios
Almagro convocó de urgencia a la sesión, a finales de diciembre, basado en el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Entre esas decisiones está la “realización de gestiones diplomáticas”, que consiste en crear una comisión de buenos oficios que visite el país y promueva la “normalización de la institucionalidad democrática”.
El exdiplomático Carlos Tünnermann Bernheim dijo que el Consejo Permanente podría considerar que en la crisis nicaragüense esas gestiones diplomáticas “ya no proceden”, luego de que el régimen de Ortega y Murillo prohibiera la entrada de un grupo de trabajo de la OEA, creado en agosto para evaluar la situación en Nicaragua.
Sin embargo, el también académico no descartó que el Consejo Permanente apruebe las “gestiones diplomáticas”, al considerar que no tienen los 24 votos para asegurar una asamblea extraordinaria.
Reunión de cancilleres
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, establece el artículo 20.
“Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”, añade.
Una asamblea extraordinaria de cancilleres no implica directamente que el país en cuestión será expulsado de la OEA. Aunque se tengan los 24 votos, los ministros de relaciones exteriores podrían optar por agotar todas las vías diplomáticas.
Desde que se aprobó la Carta Democrática, en septiembre de 2001, se ha aplicado en diez ocasiones: Venezuela en 2002; Perú en 2004; Ecuador en 2005 y 2010; Bolivia en 2003, 2005 y 2008, Nicaragua en 2004 y 2005. En todas esas ocasiones, la OEA realizó “gestiones diplomáticas” y de “buenos oficios” para mediar y resolver las crisis en esos países.
Solo en una ocasión, en Honduras en 2009, la OEA ha invocado la Carta Democrática para expulsar a uno de sus miembros. Esto fue en el contexto del golpe de Estado que sacó de la Presidencia a Manuel Zelaya.
Posible suspensión de Nicaragua
Tünnermann, quien fue embajador de Nicaragua ante la OEA, señaló que en el caso nicaragüense “todo está encaminado a la aplicación del artículo 21, que es el que habla de la suspensión”.
La expulsión del organismo implicaría un mayor aislamiento del mundo y perder el acceso a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es una de las principales fuentes de financiamiento de inversión pública.
“Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”, indica el artículo 21 de la Carta Democrática.
El tiempo para convocar a la Asamblea General dependerá, según el exdiplomático, de si están asegurados los 24 votos, ya que por la gravedad de la situación en Nicaragua, “el plazo no puede ser muy largo”.
El régimen orteguista ha asesinado al menos a 325 ciudadanos, herido a más de tres mil, encarcelado a más de 600 presos políticos y provocado el exilio de unos 60 000 por la persecución política. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), concluyó en su informe final que el Gobierno de Ortega y Murillo ha cometido delitos de “lesa humanidad”.
El artículo 21 establece además que “el Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”.
CIDH reitera debilitamiento de Estado de derecho en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este diez de enero el debilitamiento del Estado de derecho ante las “graves violaciones” de derechos humanos en Nicaragua, en la víspera de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebre este once de enero una sesión al respecto.
“La CIDH urge a Nicaragua a restituir las condiciones para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de las personas para la vigencia del Estado de derecho en ese país”, indicó la Comisión en un comunicado.
CIDH denuncia el debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en Nicaragua https://t.co/QMfol1IjhT
— Antonia Urrejola (@totonia68) January 10, 2019
La institución hizo estas afirmaciones un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA celebre una sesión extraordinaria este viernes para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua.
En su nota, la CIDH advirtió que la “grave crisis” de derechos humanos en el país se ha extendido por más de ocho meses “debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno”.
La comisión criticó además la clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, así como a la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos.
Estos factores, según la CIDH, “perpetúan la impunidad de las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la represión estatal a las protestas”.
“Las protestas iniciadas desde abril de 2018 fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos policiales bajo el mando de la presidencia. (…) Se ha generado un estado policial en el país que busca acallar la disidencia y cerrar los espacios democráticos”, señaló en la nota.
En diciembre pasado, la CIDH advirtió de una “intensificación de la cuarta etapa de represión”, y acusó al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de cometer crímenes “de lesa humanidad”, ante el Consejo Permanente de la OEA.
El secretario de la OEA, Luis Almagro, inició a finales de diciembre el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si fracasan antes las gestiones diplomáticas.
Según organismos humanitarios, al menos 325 nicaragüenses han sido asesinados por la brutal represión oficial contra las protestas cívicas contra el Gobierno de Ortega y Murillo, que ahora han ilegalizado las manifestaciones ciudadanas, estableciendo un régimen policial de facto.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la Seguridad Social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestaciones.
