La Defensoría del Pueblo registró 172 líderes sociales asesinados durante 2018
«Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades, y esto viene sucediendo desde marzo de 2017», afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Según los datos de la entidad, 35 de los 172 asesinatos ocurrieron en el departamento del Cauca, 24 en Antioquia, 18 en Norte de Santander, 14 en Valle del Cauca, 11 en Caquetá, 11 en Putumayo, 10 en el Meta y 7 en Nariño.
A estos le siguieron Chocó (7), Arauca (6), Córdoba (6), Santander (3), Bogotá (2), Bolívar (2), Caldas (2), Cesar (2), Huila (2), Quindío (2), Risaralda (2), Tolima (2), Atlántico (1), Boyacá (1), Casanare (1), Cundinamarca (1), Guaviare (1), Magdalena (1) y Vichada (1).
Por otra parte, la Defensoría señaló que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre pasado fueron asesinados 431 líderes sociales, la mayoría de ellos vinculados a juntas de acción comunal, indígenas, comunitarias, campesinas y afrodescendientes.
Asimismo, la entidad manifestó que en lo corrido de este año han sido asesinados siete líderes, dos de ellos en el Cauca y el resto en Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
«Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los derechos humanos. Eso es lo que ha sucedido«, añadió Negret.
En ese sentido, detalló que la entidad convocará para el próximo 21 de febrero una «audiencia defensorial» con la que buscará actualizar las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los activistas y se revisará además la respuesta de las autoridades competentes frente a esta situación.
La idea, agregó, es impulsar la protección de las personas que representan a sus comunidades, así como a los líderes sociales y los defensores de derechos humanos.
Por otra parte, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que, según un informe de la ONU, son 231 casos reportados «de afectación de la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos» entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre pasado.
De esos casos, «la Fiscalía ya ha establecido autoría en 126» y le puede dar cuenta «al mundo entero» de que ha «logrado identificar a los autores de estos crímenes en el 54,5 % de los casos».
El procurador colombiano, Fernando Carrillo, calificó esta semana como inadmisible lo que sucede con los líderes sociales y defensores de tierras.
Por esto conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la defensa de los derechos humanos y colectivos.
“Líderes sociales no pueden seguir siendo blanco de ataques”: Iván Duque
El presidente Iván Duque se refirió en la tarde de este jueves, al culminar el consejo de seguridad en La Guajira, a la situación de seguridad de los líderes sociales en el país y al alarmante número de asesinatos que se presentaron en los primeros días del 2019.0
Según el mandatario, de los 126 casos de asesinatos de líderes sociales que han sido esclarecidos por la Fiscalía, “un porcentaje significativo obedece a crímenes cometidos por el Clan del Golfo, Los Pelusos, el ELN, Los Caparrapos, entre otros”.
“Nosotros estamos comprometidos con la protección. Hoy, más de 3.000 líderes tienen protección de la UNP, pero tenemos que garantizar no solamente que haya prevención, sino una sanción a los que están detrás de estos crímenes abominables”, dijo Duque.
En ese sentido, anuncio el fortalecimiento de los instrumentos de la Fuerza Pública para ubicar a los cabecillas de estos grupos armados organizados que están detrás de gran parte de las muertes de líderes sociales.
“Vamos a fortalecer las herramientas de cooperación con la ciudadanía, para que nos permitan llegar a donde están esos culpables y que tengan una sanción severa. También vamos a fortalecer los instrumentos de denuncia y de reacción a las alertas tempranas, para que no se sigan presentando esos incidentes en el país”, concluyó el presidente.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.
La actual situación motivó que la entidad convocara para el próximo 21 de febrero a una audiencia defensorial para actualizar los escenarios de riesgo que enfrentan los líderes sociales y se revisará la respuesta por parte del Estado y el Gobierno Nacional para proteger la vida de estas personas.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.”, dijo Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo.
