La CIDH expresa preocupación por hechos de violencia contra trabajadores rurales en Brasil
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los hechos de violencia cometidos en contra de trabajadores rurales que ocurrieron el 5 de enero en la Hacienda Agropecuaria Bauru, municipio de Colniza del Estado de Mato Grosso, Brasil. La CIDH urge al Estado brasileño a investigar estos hechos con debida diligencia y abordar las causas estructurales de estos hechos de violencia, vinculados al acceso a la tierra.
De acuerdo con informaciones de público conocimiento, el sábado 5, miembros de la seguridad de la Hacienda Agropecuaria Bauru dispararon a trabajadores rurales que se dirigían al rio Traíra para abastecerse de agua. Como consecuencia de estos hechos, una persona identificada como Eliseo Queres fue asesinada y otras nueve habrían resultado heridas, de las cuales 3 estarían en estado de gravedad. Según lo señalado por la Comisión Pastoral de Tierra (CPT), los trabajadores estaban vinculados a la Asociación Gleba Unión, municipio de Colniza y al Movimiento de Lucha por tierra 13 de octubre.
Según información disponible, en los interrogatorios realizados por la Policía Nacional los guardias afirmaron que reaccionaron a la invasión de personas supuestamente armadas. Sin embargo, los heridos declararon que ninguna de las víctimas portaba armas de fuego. Asimismo, la Policía indicó que habría indicios de que las personas afectadas no estaban armadas dado que solamente se encontraron las cápsulas del mismo calibre de las armas de los guardias de la propiedad rural. La información disponible indica que las víctimas que fueron baleadas estaban acampando a 7 km de la hacienda, debido a que habían sido retiradas de la hacienda en una reintegración de posesión en noviembre del año pasado.
Al respecto, organizaciones de derechos humanos manifestaron que este caso configura una tentativa de masacre en contra de las casi 200 familias que habitan en dichas tierras en el municipio de Colniza; algunas de las cuales tomaron posesión y otras compraron lotes en los que viven y se dedican a la cría de animales y a la producción de alimentos. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil informaron que el área de conflicto es conocida como Hacienda Magali y corresponde a un terreno reclamado por las familias de trabajadores rurales en el marco de la reforma agraria, y que al mismo tiempo algunos políticos locales alegan tener derechos de propiedad sobre parte del área. Igualmente, las organizaciones afirmaron que las familias cumplieron con la decisión judicial de la Vara Agraria en Acción Posesiva y cambiaron el campamento de local, sin que esto les hubiera garantizado la seguridad.
En sus observaciones preliminares de la visita in loco de la CIDH a Brasil en noviembre de 2018, la Comisión determinó que de acuerdo a los registros de la CPT, entre las víctimas de homicidios durante 2017, se contabilizaron 21 trabajadores rurales sin tierra; 11 correspondían a miembros de comunidades quilombolas y 6 correspondían a personas indígenas víctimas de la violencia por los conflictos vinculados a la tierra. A su vez, la CPT señaló que sólo se había investigado el 8% de esos asesinatos. En el marco de dicha visita, la CIDH recibió abundante información sobre desalojos forzosos violentos por parte del Estado y de grupos latifundistas. Al respecto, la Comisión expresó su profunda preocupación por el incremento de la violencia rural y el grave problema que enfrentan decenas de miles de familias del campo que año a año son desalojadas de las tierras que habitan u ocupan. Frente a esta situación, la CIDH instó al Estado a adoptar urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de defensoras y defensores del derecho a la tierra y al medio ambiente en Brasil.
La CIDH ha observado que los desalojos afectan a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad e intensifican la desigualdad, los conflictos sociales, la segregación y la creación de guetos. Los desalojos forzados con frecuencia están vinculados a la falta de certeza jurídica sobre sus tierras, lo que constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Por lo tanto, la CIDH estima pertinente precisar que los desalojos deben realizarse únicamente en observancia a las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos y a los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad, con la finalidad legítima de promover el bienestar social y garantizando soluciones a la población desalojada que pueden consistir en la restitución y el retorno, el reasentamiento a una tierra distinta mejor o de igual calidad y la rehabilitación o la justa compensación.
Asimismo, en caso de que sea necesario realizar un desalojo, la CIDH ha indicado que los Estados deben brindar protección a la dignidad, a la vida y a la seguridad de las personas desalojadas, asegurando como mínimo el acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales, agua potable y saneamiento, alojamiento con condiciones adecuadas de habitabilidad, entre otros. Adicionalmente, se debe garantizar el acceso seguro a recursos comunes de propiedad de los que dependían anteriormente, lo que incluye la posibilidad de recolectar sus bienes, enseres, cultivos y cosechas.
La Comisión reitera que la ausencia, los retrasos excesivos de los procesos de demarcación y/o titulación de las tierras, así como la interrupción de esos procesos, pueden generar un ambiente propicio para el surgimiento de conflictos, al permitir el ingreso de terratenientes o campesinos en tierras tradicionales o ancestrales. Asimismo, contribuye a la pérdida de territorios y tierras tradicionales; el desalojo, desplazamiento interno y finalmente reasentamiento de las personas afectadas; la destrucción y contaminación del medio ambiente tradicional; el agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural de las comunidades afectadas; y su desorganización social y comunitaria. En consecuencia, la CIDH recomienda atender las causas estructurales relacionadas con los conflictos vinculados a la lucha por la tierra, con el fortalecimiento de policías públicas dirigidas a la reforma agraria y programas para la prevención y atención a la violencia en el campo.
Finalmente, la CIDH exhorta al Gobierno de Brasil a investigar con debida diligencia las circunstancias alrededor de los hechos y otros actos de violencia contra campesinos sin tierra o asentados, a fin de identificar y sancionar a las personas responsables y así combatir la impunidad y evitar la repetición de hechos similares. Asimismo, la Comisión urge adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad de los trabajadores rurales que se encuentran bajo su jurisdicción, en particular a los miembros de las familias que se encuentran ubicadas en la Hacienda mencionada. Igualmente, la CIDH resalta que ante este tipo de situaciones el Estado brasileño tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir el desplazamiento, proteger y brindar asistencia a las personas desalojadas durante su desplazamiento, prestar y facilitar asistencia humanitaria y facilitar soluciones duraderas.
CIDH manifesta preocupação com atos de violência contra trabalhadores rurais no Brasil
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) manifesta sua preocupação com os atos de violência cometidos contra trabalhadores rurais, em 5 de janeiro, na Fazenda Agropecuária Bauru, município de Colniza, Estado de Mato Grosso, Brasil. A CIDH insta o Estado brasileiro a que investigue esses fatos com a devida diligência e a que enfrente as causas estruturais desses atos de violência, vinculados ao acesso à terra.
De acordo com informações de conhecimento público, no sábado, dia 5, membros da segurança da Fazenda Agropecuária Bauru dispararam contra trabalhadores rurais que se dirigiam ao rio Traíra para abastecer-se de água. Em consequência desses fatos, uma pessoa identificada como Eliseu Queres foi assassinada e outras nove teriam sido feridas, das quais três estariam em estado grave. Segundo relato da Comissão Pastoral da Terra (CPT), os trabalhadores eram vinculados à Associação Gleba União, do município de Colniza, e ao Movimento de Luta pela Terra 13 de Outubro.
Conforme informações disponíveis, nos interrogatórios realizados pela Polícia Nacional, os guardas afirmaram que reagiram à invasão de pessoas supostamente armadas. No entanto, os feridos declararam que nenhuma das vítimas portava arma de fogo. A Polícia também informou que haveria indícios de que as pessoas afetadas não estavam armadas, uma vez que somente se encontraram cápsulas do mesmo calibre das armas dos guardas da propriedade rural. As informações indicam que as vítimas que foram baleadas estavam acampadas a 7 km da fazenda, da qual haviam sido retiradas em virtude de uma reintegração de posse, em novembro do ano passado.
A esse respeito, organizações de direitos humanos declararam que esse caso configura uma tentativa de massacre das quase 200 famílias que habitam essas terras, no município de Colniza, algumas das quais vivem em lotes dos quais tomaram posse e outras em lotes comprados, dedicando-se à criação de animais e à produção de alimentos. Também organizações da sociedade civil informaram que a área de conflito, conhecida como Fazenda Magali, corresponde a um terreno reclamado pelas famílias de trabalhadores rurais, no contexto da reforma agrária, e também por alguns políticos locais, que alegam ter direitos de propriedade sobre parte da área. As organizações também afirmaram que as famílias cumpriram a decisão judicial da Vara Agrária, em ação possessória, e mudaram o acampamento de local, sem que isso lhes tivesse garantido segurança.
Em suas observações preliminares sobre a visita in loco da CIDH ao Brasil, em novembro de 2018, a Comissão determinou que, de acordo com os registros da CPT, entre as vítimas de homicídios no decorrer de 2017, foram contabilizados 21 trabalhadores rurais sem terra, dos quais 11 eram membros de comunidades quilombolas e seis eram indígenas vítimas da violência decorrente dos conflitos vinculados à terra. Por sua vez, a CPT salientou que só 8% desses assassinatos haviam sido investigados. Por ocasião dessa visita, a CIDH recebeu abundantes informações sobre desalojamentos forçados violentos por parte do Estado e de grupos latifundiários. A esse respeito, a Comissão manifestou profunda preocupação com o aumento da violência rural e com o grave problema que dezenas de milhares de famílias do campo enfrentam, anualmente desalojadas das terras que habitam ou ocupam. Frente a essa situação, a CIDH instou o Estado a que adote urgentemente todas as medidas necessárias para garantir o direito à vida, à integridade e à segurança das defensoras e dos defensores do direito à terra e ao meio ambiente no Brasil.
A CIDH observou que os desalojamentos afetam pessoas que se encontram em maior situação de vulnerabilidade e intensificam a desigualdade, os conflitos sociais, a segregação e a criação de guetos. Os desalojamentos forçados são, com frequência, vinculados à falta de certeza jurídica quanto às terras, o que constitui um elemento essencial do direito a uma habitação adequada. Por conseguinte, a CIDH considera pertinente destacar que os desalojamentos devem ser realizados unicamente em observância das normas e padrões internacionais em matéria de direitos humanos e dos princípios de excepcionalidade, legalidade, proporcionalidade e idoneidade, com a finalidade legítima de promover o bem-estar social e garantir soluções à população desalojada, que podem consistir na restituição e no retorno, no reassentamento em uma terra diferente, melhor ou de igual qualidade, e na reabilitação ou justa compensação.
A CIDH ressaltou que, caso seja necessário proceder a um desalojamento, os Estados devem oferecer proteção à dignidade, à vida e à segurança das pessoas desalojadas, assegurando, no mínimo, o acesso a uma alimentação adequada em termos nutricionais e culturais, água potável e saneamento e alojamento com condições adequadas de habitabilidade, entre outros. Além disso, deve-se garantir o acesso seguro a recursos comuns de propriedade dos quais dependiam anteriormente, o que inclui a possibilidade de dispor de seus bens, objetos, cultivos e colheitas.
A Comissão reitera que a ausência, os atrasos excessivos dos processos de demarcação ou titulação das terras, bem como a interrupção desses processos, podem provocar um ambiente propício para o surgimento de conflitos, ao permitir a entrada de fazendeiros ou camponeses em terras tradicionais ou ancestrais. Reitera também que isso contribui para a perda de territórios e terras tradicionais; para o desalojamento e o deslocamento interno e, finalmente, para o reassentamento das pessoas afetadas; para a destruição e a contaminação do meio ambiente tradicional; para o esgotamento dos recursos necessários à sobrevivência física e cultural das comunidades afetadas; e para sua desorganização social e comunitária. Consequentemente, a CIDH recomenda que sejam atendidas as causas estruturais relacionadas aos conflitos vinculados à luta pela terra, com o fortalecimento de políticas públicas dirigidas à reforma agrária e de programas voltados para a prevenção e o atendimento da violência no campo.
Finalmente, a CIDH insta o Governo do Brasil a que investigue com a devida diligência as circunstâncias que cercam os fatos e outros atos de violência contra camponeses sem terra ou assentados, a fim de identificar e punir as pessoas responsáveis e, desse modo, combater a impunidade e evitar a repetição de fatos similares. A Comissão insta também a que sejam adotadas todas as medidas necessárias para garantir os direitos à vida e à integridade dos trabalhadores rurais que se encontram sob sua jurisdição, em especial os membros das famílias que se acham localizadas na fazenda mencionada. A CIDH ressalta ainda que, diante de situações dessa natureza, o Estado brasileiro tem a obrigação de adotar medidas para prevenir o deslocamento, proteger e oferecer assistência às pessoas desalojadas durante o deslocamento, prestar e facilitar assistência humanitária e promover soluções duradouras.
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