Edgar Gutiérrez, excanciller de Guatemala: “La decisión del presidente Jimmy Morales tendrá graves repercusiones a nivel interno en el país y a nivel internacional”

Entrevista al excanciller de Guatemala Edgar Gutiérrez

Por Nicolás Retamar, de la redacción de NODAL

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un órgano internacional que nació a fines de 2006 del acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Su objetivo fundacional fue ‘apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS)’. Aunque su labor debía terminar en 2009, se solicitaron diferentes prórrogas que extendieron su labor hasta el 03 de septiembre de 2019.

Sin embargo, el 7 de enero de 2019 en una conferencia de prensa brindada desde Nueva York en la sede de Naciones Unidas, la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala Sandra Jovel anunció que el presidente Jimmy Morales daba por finalizado el acuerdo denunciando “injerencia, presión a diputados y violación a la soberanía” del país.

NODAL entrevistó a Edgar Gutiérrez, periodista, analista político y asesor de gobiernos y organizaciones sociales en América Latina y exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala entre 2002 y 2004.

¿Qué es exactamente la CICIG? ¿Por qué interviene en Guatemala?

La CICIG es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano en realidad inédito sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales. Fue creada hace once años a solicitud del Estado de Guatemala y su integración es producto también de la aprobación del Congreso, es decir, como ley nacional. Es por lo tanto un acuerdo bilateral entre Guatemala y las Naciones Unidas y por otro lado es una ley nacional derivada de acuerdos de derechos humanos. La Comisión tiene como propósito investigar y desmantelar, apoyando al Ministerio Público local, estructuras de crimen y corrupción que se enquistan en el Estado o que tienen una relación fluida con él, una relación casi simbiótica entre crimen y Estado.

Derivó de un análisis que realizamos en la Secretaria de Análisis Estratégico hace 15 años que nos decía que Guatemala hacia 2020 en un análisis prospectivo, podía caer en la condición de Estado fallido dado que sus élites no se comprometían con el fortalecimiento de las instituciones ni con inversiones de largo plazo ni con políticas sociales de inclusión. Que podíamos como país ser mucho más importante por ser fuente de inseguridad internacional dada la posición geográfica del país, una suerte de puente entre el sur y el norte, entre este y oeste, entre sur y norte donde se trasiega el 90% de las drogas, particularmente cocaína, que se consume en el mercado más grande del mundo que es los Estados Unidos.

El experimento, que eso es la CICIG, funcionó y particularmente maduró a partir de 2015 llegando a identificar estructuras de crimen en el poder central del Estado y haciendo que presidentes como Otto Pérez Molina, Álvaro Colom, Alfonso Portillo y otros altos funcionarios rindan cuentas ante la ley.

Es la primera vez que en Guatemala la justicia, una suerte de serpiente que solo ha picado a los descalzos, está llegando a los intocables, a los más poderosos, y eso es lo que ha generado una reacción en bloque del status quo que ahora pretende desmantelar esta Comisión.

¿Cuál es el impacto que tiene a nivel nacional e internacional la decisión del gobierno guatemalteco de dar por terminado el acuerdo con la CICIG?

La decisión del presidente de Guatemala Jimmy Morales, de salir o denunciar unilateralmente el acuerdo de la CICIG, tendrá graves repercusiones a nivel interno en el país y a nivel internacional. Esta decisión que adoptó el lunes 7 de enero fue precedida por una serie de actos violatorios de órdenes judiciales que indicaban que el presidente no podía expulsar al comisionado Iván Velásquez, un jurista colombiano que ha dirigido la CICIG durante los últimos cuatro años, ni a ningún funcionario de la Comisión. Sin embargo, el mandatario y sus ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación desobedecieron esa instrucción. Por lo tanto una jueza ordenó ligar a proceso a funcionarios de Migración y a identificar la cadena de mando que dio lugar a esos hechos ilícitos. Entonces aquí está en cuestión no solo el hecho de que el presidente incumple un acuerdo internacional que tiene un plazo establecido de vigencia, que culmina el próximo 3 de septiembre, no solo incumple esto y el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres ha rechazado enérgicamente la disposición guatemalteca, sino que además tiene que rendir cuentas ante la ley.

En Guatemala se habla ya de un golpe de Estado técnico, un golpe de Estado en cámara lenta puesto que el presidente ha violado la Constitución y está rompiendo el orden republicano. De su lado, la comunidad internacional, particularmente en Estados Unidos el Capitolio, senadores y representantes demócratas han anticipado que Guatemala no será certificada como país de asistencia y cooperación internacional y varios de sus funcionarios de gobierno y empresarios que están apoyando a Jimmy Morales podrían ser también objeto de sanciones tanto simbólicas como el retiro de visas, como más directas tratándose de suspensión de negocios, congelamiento de bienes para casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Por tanto, a Guatemala le viene como a Nicaragua y Venezuela un periodo de aislamiento internacional e internamente una inestabilidad muy grave.

Hace menos de tres años que Jimmy Morales solicitó la quinta prórroga a la ONU para la permanencia de la CICIG en el país ¿Por qué entraron en conflicto el organismo internacional y el gobierno?

Lo que provocó el conflicto entre Jimmy Morales y la CICIG fue el descubrimiento accidental de que el hermano del presidente y su hijo mayor estaban involucrados en un acto de corrupción. Esto apareció dentro de una investigación judicial y el comisionado de la CICIG Iván Velásquez se lo comunicó al presidente y le dejó la iniciativa para que él decidiera como tratar el asunto que no podía quedar en la impunidad aunque no era un caso gravísimo de corrupción. El presidente a partir de entonces rompió la relación con la Comisión, nunca más volvió a recibir al comisionado Velásquez. Eso ocurrió a partir de septiembre de 2016.

En agosto de 2017 el presidente Morales pidió personalmente al secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterres la destitución del comisionado Velásquez pero dado que no pudo argumentar razones de peso, el secretario decidió mantenerlo en el cargo, Sin embargo, un año después, el presidente impidió el regreso de Iván Velásquez al país y desde entonces permanece fuera.

Naciones Unidas mantiene en el cargo al comisionado Iván Velásquez pero él no ha podido ingresar al país a pesar de que hay órdenes de tribunales y de la Corte de Constitucionalidad, que es el Tribunal Supremo de la nación, de que él puede ingresar y gozar de los privilegios e inmunidades diplomáticas que otorga la Convención de Viena.

Eso es lo que ha provocado a fin de cuentas el distanciamiento y la ruptura entre el presidente Jimmy Morales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Pero como la Comisión ha venido a remover poderes enraizados de corrupción, de impunidad y de crimen, el presidente Morales está siendo respaldado por partidos políticos clientelares y corruptos, por empresarios que también emplearon el método de la corrupción para hacerse de negocios, de privilegios, y con ese respaldo el decidió denunciar el acuerdo de la CICIG y enfrentar el aislamiento internacional al que aludí y las consecuencias graves sobre un régimen de gobernabilidad bastante precario en el país.