Ecuador: 800 estudiantes graduados de la Universidad de Guayaquil aún no recibieron sus títulos
El interventor de la Universidad de Guayaquil presentó a Carlos Villacreces como el nuevo decano de la Facultad de Jurisprudencia. Alumnos piden entrega de diplomas.
La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil mantiene represados, hace cinco meses, los títulos de 800 alumnos que ya egresaron de sus carreras.
Este lunes, mientras estudiantes recibían sus clases, Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional (CIFI), presentó a Carlos Villacreces como el nuevo decano de la unidad académica ante la falta de solución de dicho problema (el último encargado fue Adolfo Ruiz).
Passailaigue explicó que el retraso se ha dado por irregularidades en cuanto a la falta de firmas, de documentos de sustento, certificados de prácticas preprofesionales y de papeles de vinculación con la comunidad.
Además denunció que carece de un sistema adecuado de información y procesos.
Según él, se actuó de acuerdo a necesidades e intereses de las autoridades de ese entonces. “Esos son algunos de los puntos en los que vamos a encontrar soluciones sin perjudicar a los estudiantes”. La autoridad cuantificó que había 6.000 casos de este tipo en las diferentes facultades, pero que solo los de Jurisprudencia están pendientes.
Villacreces, quien asumió el decanato, tiene 30 años en la unidad académica. El funcionario adelantó que trabajará con el vicedecano, directores de área y profesores experimentados. Mientras que el CIFI dará asesoría y auditoría interna.
El interventor ratificó que se revisará individualmente cada caso. “Si han cumplido con la entrega de los documentos, no hay razón para que no se les entregue el título”. De su lado, Villacreces hizo un llamado a los estudiantes, profesores y trabajadores para sacar de la crisis a la Facultad. Ayer, en su primer día de gestión, preveía mantener una reunión con ocho estudiantes involucrados que pidieron ser atendidos en su despacho.
Estudiantes y problemas
En la presentación del nuevo decano estuvieron presentes los alumnos que representan a los 800 casos.
Una de ellas fue Dennise Zapata, de 26 años, quien debía en diciembre de 2018 recibir el título de abogada. “Cumplo con todo: tengo el certificado del Consejo por haber cumplido las horas preprofesionales”. Ella dijo que otros 725 estudiantes se encuentran en la misma situación. Para la joven fue conveniente el cambio de decano. “El anterior no cumplía ni solucionaba nada. Tuvimos 12 reuniones en las que escuchamos solamente una frase de su parte: ‘Yo no sé”.
Zapata contó que para realizar su sueño de convertirse en abogada ha tenido que sacrificar muchas cosas, recibir clases en las bodegas de la Espol y en otras instituciones, donde incluso tuvo que aguantar sol y lluvia. “Nos parece injusto que nuestros derechos sean vulnerados en una facultad en la que se supone vamos a salir a defender los derechos de las personas”.
Jénnifer Mieles espera que el nuevo decano gestione la entrega de los títulos. “He cumplido con mis requisitos. Los terminé en agosto de 2018, pero desde entonces no aparezco en el sistema”.
Asimismo, Juan Torres, de 23 años, aseguró que esta situación hizo que perdiera su oportunidad de ascenso laboral. “Tuve que dejar el trabajo porque me quisieron reubicar en el área de archivo. Con mi título eso no hubiese ocurrido. Tampoco puedo postular a una maestría y seguir preparándome”.
El alumno Jaime Hurtado también es parte de los 800 estudiantes que no reciben el diploma. Él destaca que hay excelentes docentes, pero que otros se aprovechan de la situación. El alumno expresa que tienen la ilusión de que registren el cartón de una vez por todas. “Hay errores administrativos”, se queja.
Kevin Pava ayer expresó su indignación: “Esperamos que se cumpla lo establecido”. Él rindió el examen complexivo y obtuvo el mejor puntaje.
Otros, como Gladys Domínguez, piden sanción a las autoridades. “No hay gente capaz y no queremos que otros estudiantes pasen por lo mismo”. En respuesta a esos pedidos, Passailaigue prometió que analizará el accionar de cada una de las autoridades para establecer responsabilidades. “Vamos a apoyar desde Administración Central y analizar los procesos internos”, puntualizó.
