Cuba: Díaz-Canel denuncia a EEUU por reactivar programa que estimula el robo de cerebros
Díaz-Canel denuncia intentos de reactivar programa que estimula robo de cerebros
El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este sábado los intentos de imponer el Programa de Parole para Médicos Cubanos, establecido por el Gobierno estadounidense de George W. Bush (2001-2009) y derogado por el de Barack Obama (2009-2017).
«Tratan de imponer un perverso recurso para estimular el robo de cerebros. Una campaña anticubana más, que manifiesta la impotencia imperial ante las conquistas revolucionarias. Sus promotores son incapaces de favorecer una relación civilizada, les ciega la soberbia #SomosCuba», escribó el jefe de Estado en su cuenta @DiazCanelB.
El jueves último, los senadores de origen cubano Marco Rubio y Bob Menéndez, introdujeron un recurso en el Congreso de Washington para exigir a la actual administración restablecer el programa de robo de cerebros dirigido a los profesionales de la salud que cumplen misión en el exterior.
La víspera, el director general para Estados Unidos de la cancillería e la isla, Carlos Fernández de Cossio, manifestó en Twiter que el resentimiento impotente contra Cuba no tiene límites.
«Incapaces impedir reconocido desarrollo profesional humano, calidad del beisbol y potenciales inversión. Bob Menéndez y Marco Rubio quieren restaurar programa de robo de cerebros contra médicos cubanos», escribió el diplomático en su cuenta @CarlosFdeCossio.
Guantánamo: 17 años después espera a sus nuevos prisioneros
Las fotografías difundidas con orgullo por el Pentágono de los primeros prisioneros trasladados el 11 de enero de 2002 en aviones militares desde Afganistán a la prisión de Guantánamo indignaron al mundo. Diecisiete años después aún permanecen 40 prisioneros en ese campo de concentración del siglo XXI, y Trump reclama invertir decenas de millones de dólares en mejorar sus infraestructuras para recibir a nuevos rehenes.
Guantánamo nos recuerda que la cruzada “contra el terror” iniciada por Bush, Blair y Aznar que se ha cobrado tantos miles de víctimas aún no ha terminado.
En esas imágenes distribuidas por el Pentágono a medios de todo el mundo en 2002 se mostraba a numerosos hombres frente a sus celdas de rejas metálicas al aire libre de cinco metros cuadrados. Estaban vestidos con monos naranja, arrodillados, amordazados, encadenados de pies y manos, con grandes gafas ciegas negras, mascarillas en la boca, cascos de insonorización cubriendo sus orejas, guantes acolchados y pies enfundados.
Ninguno de ellos tenía idea de dónde estaba, muchos no lo supieron hasta años después. Con ese equipamiento y provistos de pañales habían soportado cerca de 30 horas de vuelo encadenados en el suelo de aviones de carga militares.
El primer grupo de prisioneros, 23, llegó a la base naval estadounidense situada ilegalmente en la provincia cubana de Guantánamo el 11 de enero en un avión militar C-141, pero no fue ese un vuelo directo desde Afganistán.
Escalas en suelo español
La primera parte del vuelo, realizada en un C-17, partió de la base de las tropas estadounidenses en Kandahar, Afganistán, y aterrizó en España, en la base militar de Morón de la Frontera. Allí se traspasó a los prisioneros al C-141 con el cual se siguió viaje hasta Guantánamo.
Habían pasado exactamente cuatro meses desde los atentados terroristas del 11-S de 2001 y el servil Gobierno de José María Aznar se apuntó entre los primeros gobiernos europeos en brindar gustosamente apoyo a la cruzada “contra el terror” lanzada por George Bush junior.
Una comisión de investigación del Parlamento Europeo y otra del Consejo de Europa confirmaron años después, en 2007, que los aviones camuflados de la CIA que trasladaron a Guantánamo o a prisiones secretas a individuos capturados en distintos países, hicieron más de 1.400 escalas en aeropuertos europeos entre 2002 y 2005.
Más de 120 de esas escalas tuvieron lugar en 10 aeropuertos civiles españoles y un número indefinido en bases militares españolas de uso conjunto con EEUU.
La relación de Aznar con Bush se estrecharía aún más en los años siguientes y ambos, junto con Blair, constituirían luego el tristemente célebre trío de las Azores que menos de dos años después del 11-S y de la guerra de Afganistán que se inició semanas más tarde de esos atentados, lanzaba en marzo de 2003 la ilegal y unilateral guerra devastadora contra Irak en aras también de la ‘guerra contra el terror’.
A ese primer avión C-141 que partió de la base de Morón hacia Guantánamo le seguirían varios más en los siguientes días. En pocas semanas ya eran 150 los prisioneros que mostraba el Pentágono como trofeos a todo el mundo, y el goteo de traslados fue constante durante los primeros años.
Aquellas fotos fueron portada de medios de todo el mundo, provocando gran indignación por el trato inhumano y vejatorio que suponían y por la violación de las normas sobre trato a prisioneros de guerra establecidas en las Convenciones de Ginebra desde 1950.
George Bush respondió a esas críticas con su particular estilo: emitió un memorándum en el que etiquetó a todos los detenidos como “talibán” o “combatientes de Al Qaeda” sin aportar ninguna prueba que todos lo fueran, y creó para ellos la figura de “combatientes enemigos”. Con ese novedoso estatus, una verdadera burla a la ONU y a todos los organismos internacionales, excluía a esos presos de los derechos que confieren las Convenciones de Ginebra a todo prisionero de guerra desde 1949.
Aduciendo que la base naval de la bahía de Guantánamo, enclavada en la provincia cubana del mismo nombre desde 1903 -pese a las reiteradas denuncias del Gobierno de Cuba- era un “territorio estadounidense de ultramar”, Bush impidió la actuación de los tribunales federales de EEUU.
Por medio de su Orden Militar del 13 de noviembre de 2001 Bush ya había decidido que los prisioneros serían juzgados por tribunales militares.
La trama jurídica urdida por la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado dejó así en un absoluto limbo legal a todos los individuos capturados por sus fuerzas armadas en Afganistán u otros escenarios de guerra y a los secuestrados y trasladados por la CIA a centros de tortura.
Agentes españoles participaron en los interrogatorios a dos de los detenidos en Guantánamo que tenían nacionalidad española.
Prisioneros de entre 13 y 89 años
Se tardó años en conocer la identidad de quienes estaban detenidos en Guantánamo y el tipo de torturas a las que habían sido sometidos con total impunidad. Según los datos de ACLU (American Civil Liberties Union) la más poderosa asociación defensora de los derechos civiles de EEUU, en total pasaron por la prisión 779 personas de 40 nacionalidades diferentes.
El menor tenía 13 años -y hubo otros 20 menores de edad-; el mayor tenía 89 años. Fueron cerca de 200 los agentes del FBI que participaron en los abusos y torturas a prisioneros; 26 de los detenidos en Guantánamo habían sido previamente torturados por agentes de la CIA en cárceles secretas situadas en distintos países, algunas de ellas en suelo europeo, en Hungría y Polonia.
Al menos 7 prisioneros se suicidaron al no soportar las torturas y el confinamiento; el más joven de ellos, Yasser Talal Al Zahrani, se suicidó a los 21 años. Había sido capturado a los 16 años.
Muchos otros prisioneros intentaron suicidarse, más de 100 llevaron adelante una huelga de hambre de protesta en 2005, a los que se terminó alimentando por la fuerza, sujetos a una silla y por medio de sondas gastroesofágicas.
Según Harry B. Harris, el que fuera comandante de la Joint Task Force en Guantanamo -y actual embajador de EEUU en Corea del Sur- los suicidios no eran consecuencia de la desesperación sino “parte de un plan de guerra asimétrica diseñado por Al Qaeda”, “una hábil estrategia de propaganda”.
Según el informe de ACLU, coincidente con datos de Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos, solo el 5% de los prisioneros que pasaron por Guantánamo fueron detenidos por las tropas estadounidenses.
El 86% fue capturado por milicias controladas por ‘señores de la guerra’ afganos y vendidos por entre 3.000 y 25.000 dólares cada uno a las tropas de EEUU tras acusarlos interesadamente de ser combatientes talibán o de Al Qaeda. El Pentágono invirtió millones de dólares en esas ‘compras’.
De ahí los pésimos resultados logrados.
Cientos de ellos fueron liberados sin cargos tras años de confinamiento, más de 500 de ellos durante la era Bush. Obama ‘heredó’ 242 de su predecesor y ‘legó’ 41 prisioneros a Trump tras sus ocho años de mandato. Trump ha transferido en dos años solo a uno, el saudí Ahmed Mohammed Al-Darbi.
Como en buena parte de los casos de prisioneros transferidos a sus países de origen o a terceros países, Al-Darbi, capturado en 2002 en Azerbayán y torturado en una cárcel secreta de la CIA en Afganistán, tuvo que autoinculparse ante el tribunal militar de la base de Guantánamo para poder ser trasladado a una prisión de Arabia Saudí, para ser sometido a un programa de ‘desradicalización’ durante varios años más.
Solo 8 fueron condenados por los tribunales militares, cuyos miembros hicieron caso omiso de las denuncias de las torturas que habían sufrido para que se autoinculparan. Siete de los fiscales militares designados por el Pentágono pidieron su traslado al no poder soportar el nivel de injusticia de esos juicios, realizados sin garantía alguna. Los prisioneros no tienen derecho a conocer los autos acusatorios por ‘problemas de seguridad nacional’.
Human Rights First, otra de las más grandes organizaciones defensoras de los derechos civiles en EEUU aporta por su parte estos otros datos complementarios: 4 detenidos murieron desde 2009 por distintas razones, aparte de los suicidados; los 40 detenidos que aún permanecen en la prisión, la mayoría de ellos yemeníes están allí desde hace más de 10 años; 7 de ellos están actualmente siendo juzgados; 5 de los prisioneros están desde hace tiempo a la espera de ser liberados; 26 son los considerados por el Pentágono ‘especialmente peligrosos’ y a los que no está dispuesto a liberar en ningún caso aunque contra varios de ellos no se presentaron pruebas incriminatorias.
Según los cálculos de HRF, similares a las cifras oficiales del presupuesto de Defensa, mientras el mantenimiento de un preso en una cárcel federal de máxima seguridad en territorio estadounidense cuesta al Estado 78.000 dólares anuales, un prisionero de la base de Guantánamo cuesta 10 millones, dado que se mantiene el mismo personal militar y civil (1.760 efectivos) y la misma infraestructura para los 40 detenidos actualmente que la que se mantenía cuando había 780.
Solo la rehabilitación del Camp 7, el ultrasecreto bloque donde se mantiene a los 15 prisioneros considerados más peligrosos -algunos están acusados de participar en la planificación de los atentados del 11-S y otros actos terroristas- fue presupuestada en 2014 por John F. Kelly , -comandante bajo la Administración Obama del Comando Sur de Estados Unidos y desde 2017 Secretario de Seguridad Nacional de Trump- en 69 millones de dólares, a 4,6 millones por prisionero.
Paralizado el proyecto por Obama ha sido recuperado por Trump, quien proyecta poder realizarlo antes de 2022 si se aprueba su nuevo presupuesto general de Defensa para 2019.
Pese a los magros resultados obtenidos con este siniestro laboratorio caribeño, Trump se obstina en mantenerlo abierto para trasladar allí a “los tipos malos que amenazan la seguridad de Estados Unidos”.
El presidente estadounidense emitió el 30 de enero de 2018 una Orden Ejecutiva revocando la decisión de Obama de cerrar la prisión y anunciando que se trasladaría allí a nuevos prisioneros.
En 2008 llegaron los últimos detenidos a Guantánamo, pero el Pentágono le ha presentado un plan a Trump meses atrás para rentabilizar tan costoso penal con el ingreso de prisioneros de “alto valor” del Estado Islámico que mantiene actualmente en bases militares en Oriente Medio.
En junio pasado se llevó a cabo una simulación de llegada en avión a Guantánamo de nuevos prisioneros para comprobar que todo el protocolo seguía estando aceitado como hace una década.
El Partido Demócrata no apoyó a Obama para cerrar Guantánamo
Obama prometió en 2009 cerrar el penal y al irse de la Casa Blanca en 2017 este seguía abierto. ¿Por qué no utilizó el mecanismo presidencial de la Orden Ejecutiva para hacerlo sorteando así la oposición republicana? Muchos analistas se han hecho esa pregunta.
Los republicanos no eran su único problema. Obama encontró en realidad una seria oposición en el seno del propio Partido Demócrata. No logró apoyo cuando al inicio de su mandato anunció que se formaría una comisión para investigar y castigar a los responsables de los numerosos casos de torturas contra los prisioneros de guerra, y tampoco cuando planteó su plan para cerrar Guantánamo, proponiendo liberar a los presos contra los que no había cargos y juzgar en tribunales federales estadounidenses a aquellos contra los que sí los hubiera.
Numerosos gobernadores demócratas se opusieron al igual que los republicanos a que se trasladara a los que fueran condenados por esos tribunales a cárceles de máxima seguridad en sus respectivos estados. Aseguraban que una decisión de ese tipo haría que sus estados se convirtieran en objetivo de los terroristas.
En 2015, durante el segundo mandato de Obama, el Partido Republicano controlaba las dos Cámaras. Al aprobar el presupuesto de Defensa para 2016 tanto la Cámara de Representantes como el Senado rechazaron la partida reclamada por el presidente para poder llevar a cabo su plan de cierre de Guantánamo.
Obama no pudo vetar la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) porque se votó por una amplísima mayoría, y ello fue posible porque solo una minoría de demócratas votó en contra. En la Cámara de Representantes el Partido Republicano tenía 247 escaños de un total de 435, pero consiguió 370 votos a favor y solo 58 en contra; en el Senado eran 54 los republicanos de un total de 102, pero fueron 91 los que votaron a favor de la Ley y solo hubo 3 en contra.
Las cifras son elocuentes. El Partido Demócrata tiene evidentemente un problema interno grave y varias familias con intereses muy distintos.
Todo esto ha contribuido para que Guantánamo siguiera abierto.
Entre los reclamos a Trump para que invierta en mejorar las infraestructuras de la prisión, los mandos militares de la misma piden reacondicionar algunos de sus bloques, sus campos, para albergar a prisioneros ancianos, como el otrora rico empresario paquistaní Saifullah Paracha, de 71 años, u otros con discapacidad física.
A pesar de que importantes cargos del Pentágono rechazan mantener abierto Guantánamo por su costo y su manifiesta ineficacia en la lucha contra el terrorismo, Trump sigue adelante con sus planes. En diciembre de 2017 el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Nils Melzer, criticó duramente en un comunicado que en Guantánamo se siguieran aplicando torturas de distinto tipo y denunció la impunidad con la que actuaban los responsables de estas.
Pero para el presidente la tortura nunca fue un problema. En 2017 impidió que se desclasificara el informe de 6.700 páginas elaborado por una comisión parlamentaria presidida por la demócrata Dianne Feinstein -recientemente elegida presidenta de la Cámara de Representantes- sobre los interrogatorios y torturas de la CIA.
Desde el inicio de su mandato reivindicó el uso del ‘waterboarding’ (submarino). En un acto de su campaña electoral, en junio de 2016, Trump preguntó a sus seguidores: “¿Qué opináis del waterboarding?” Y se respondió: “Me gusta mucho, no creo que sea suficientemente duro”.
En 2017 conmovió a muchos la decisión del presidente de nombrar a un hombre clave en la elaboración de los memorandos de la Administración Bush teorizando y justificando la tortura sistemática con los prisioneros, Steven Engel, para presidir el Consejo Legal del Departamento de Justicia.
En 2018 nombraba igualmente a Gina Haspel, responsable de una cárcel secreta de la CIA en Tailandia donde se torturó a varios prisioneros, como directora de la agencia. Trump no ocultó en ningún momento su propósito de recuperar las prácticas más siniestras de la ‘guerra contra el terror’ de la era Bush.
¿Y la comunidad internacional?
Las protestas y críticas de la ONU y la UE durante los años más duros de la “guerra contra el terror” de Bush se fueron espaciando y prácticamente han desaparecido.
Para aquellos prisioneros considerados menos peligrosos por el Pentágono la vida diaria en la prisión ha mejorado y por ello organiza visitas de periodistas para visitar algunos de los campos de detenidos, a los que solo se pueden ver a través de mirillas. Pueden comprobar que tienen una biblioteca, vídeos, juegos, clases de dibujo y manualidades.
Más de 30 de los cuadros pintados por prisioneros y varias esculturas fueron presentados a fines de 2017 en la exposición Oda al mar: arte de la Bahía de Guantánamo en una galería del Upper West Side de Manhattan. Fue un éxito, varios famosos compraron algunas de esas obras y se empezaron a interesar por los ‘artistas’, lo que decidió al Departamento de Estado a prohibir la salida de más pinturas y esculturas de la prisión, alegando que eran “propiedad del Estado”.
El Pentágono sabe que después de diez o más años aislados del mundo, el ‘valor’ de esos presos, lo que puedan saber de cómo funciona Al Qaeda o Daesh es nulo. Se ignora cuál es el trato que reciben los 15 presos del Camp 7, un bloque del que se desconoce todo. Ni siquiera se sabe dónde está localizado.
Y el “tour” para los medios se completa mostrando otras dependencias de la base naval donde la bandera de McDonald ondea junto a la enseña de las barras y estrellas, donde existe un campo de golf, gimnasio, piscina, cine, supermercados, tumbonas en la plaza, bares y distintos lugares de esparcimiento para las tropas y funcionarios civiles estadounidenses y sus familiares.
El Pentágono organiza visitas a la base naval de grupos de payasos para entretener a los hijos de los militares o de grupos de rock y otros espectáculos en vivo para las tropas para hacerlos ‘sentir como en casa’ y que olviden que están ocupando suelo extranjero, que del otro lado del perímetro de la base está la legítima titular de ese territorio, la archienemiga Cuba.
A escasa distancia de las viviendas, bares, polideportivo y ruidosas fiestas de los carceleros hay 40 hombres encarcelados desde hace más de 10 años. Están a merced de los caprichos de un presidente que como sus predecesores actúa con total impunidad, con la seguridad que le da saber que la llamada ‘comunidad internacional’ no hará nada por ellos, que puede seguir contando después de 17 años con su pasiva -cuando no activa- complicidad.
