Chile: ¡Carrera única en Carabineros y FFAA! – Por Maximiliano Rodríguez
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Maximiliano Rodríguez*
La revelación de los crudos videos del operativo policial que terminó con la vida del joven mapuche Camilo Catrillanca derivó finalmente en la remoción por parte del gobierno del Director General de Carabineros Hermes Soto.
La serie de hechos gatillados por la muerte de Catrillanca ha desnudado la profunda crisis por la que atraviesa el sistema de dominación burgués vigente en Chile. Ha configurado también un cuadro de insospechadas consecuencias. Gran parte de las tendencias y la institucionalidad por las que discurra el ejercicio de la dominación del gran capital podrían estar, efectivamente, jugándose en esta coyuntura.
El paso del tiempo ha permitido conocer mayores detalles, develando la profundidad y dialéctica de la crisis. Precisamente uno de los que marcó su desenvolvimiento se refiere al rechazo del general Soto a presentar su renuncia ante la petición hecha desde La Moneda, obligando al presidente Piñera a recurrir al uso de sus facultades constitucionales para removerlo del cargo.
El margen de maniobra, sin duda, se le había estrechado al gobierno. Soto era la última línea de protección que separaba al ministro Chadwick de la escalada de la crisis hacia las esferas más altas del poder civil burgués. No por nada el ex ministro de los gobiernos de la Concertación, secretario general de la OEA y actual senador socialista José Miguel Insulza se apresuraba en salir a desmarcarse de los que pedían la salida de Soto y Chadwick. «Esto de andar pidiendo cabezas todos los días lo que está haciendo es desestabilizar la seguridad pública del país», declaraba. Son palabras que vienen de alguien que conoce bien cómo se maneja la política interior del Estado y las necesidades de la seguridad interna del país.
Lo paradójico de la situación -y a contrapelo de las caricaturas que se levantan desde la oposición burguesa en el parlamento, y de las cuales incluso sectores de la izquierda fuera de este se hacen parte- es que la administración de Piñera ha hecho todo lo que un gobierno tiene al alcance en un régimen democrático-burgués.
Es cierto que en un comienzo el manejo político-comunicacional fue torpe, especialmente en las personas del intendente Luis Mayol y la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez. Hecho del cual trataron de sacar provecho oportunista y demagógicamente las fuerzas políticas burguesas de la vereda del frente, montando el circo de la interpelación al ministro Chadwick por la diputada Nuyado.
Sin embargo, ya tomadas las riendas de la situación después de conocerse los hechos, el gobierno determinó un derrotero que derivó en la renuncia del intendente Mayol, querellas, destitución de generales y altos mandos de Carabineros. De hecho, el último acto del hoy ex General Director Hermes Soto fue cursar, a petición del gobierno, la renuncia de 10 generales, algo inédito en el período de administración civil del capitalismo chileno.
¿Qué más se le podría pedir a un gobierno -del signo que sea- que actúa en el marco de la legalidad burguesa? ¿Podría hacer algo distinto? Esta es la razón de fondo que explica la esterilidad política que todo el progresismo burgués, incluso su expresión más “radical” del Frente Amplio y sus patrulleros ciudadanos, ha mostrado en toda la coyuntura. Sin banderas que enarbolar seriamente, queda relegado a la impotencia y el ridículo.
Y la verdad dicha sea de paso, en estricto rigor la vinculación de Chadwick y Ubilla, e incluso del mismo general Soto, en los hechos que derivaron en la muerte de Camilo Catrillanca no se compara con la responsabilidad, por ejemplo, del ex subsecretario de Bachelet Mahmud Aleuy en el montaje de la Operación Huracán llevada a cabo en el marco de la acción de los aparatos represivos sobre el pueblo mapuche.
El problema es otro. Va más allá de las visiones maniqueas y de la danza de personajes entre los distintos cargos de la institucionalidad burguesa hoy cuestionados.
Naturaleza, aspectos y lo que se juega en la crisis
La dimensión de la crisis burguesa que trágicamente ha salido a flote con el asesinato del joven mapuche es la autonomización con respecto al resto de los poderes del Estado que desde hace un tiempo exhiben las fuerzas represivas en la Araucanía. Es la necesidad profunda de los intereses nucleados en torno a la gran explotación forestal que ha convertido a Carabineros en prácticamente una guardia privada de las empresas del rubro, so pena incluso de pasar a llevar descaradamente las reglas mínimas del Estado de Derecho. Es una verdadera guardia pretoriana al servicio del gran capital actuante en el Wallmapu, cuya función no es sino instalar un estado de hostigamiento y amedrentamiento permanente hacia el pueblo mapuche que quiebre su determinación de lucha.
Esta autonomía, sin embargo, no surgió de la nada. Es una respuesta a la radicalización y extensión que ha cobrado la causa mapuche y las estrategias puestas en juego: sabotaje económico y recuperación de tierras. Contó además con el beneplácito de los sucesivos gobiernos democráticos y la colaboración de otros poderes del Estado, especialmente el judicial a través de los fiscales de la zona.
El problema, sin embargo, es que tal autonomía del actuar represivo conspira contra eventuales salidas burguesas de más largo aliento, como la que precisamente intenta poner en práctica el actual gobierno con el denominado Plan Araucanía, iniciativa que lidera el ministro Alfredo Moreno. Es como si los dos grandes engranajes de la dominación clasista, la coerción y el consenso, actuasen descoordinadamente, corriendo por carriles distintos y entrando en colisión entre sí.
Es cierto que hoy la represión en el Wallmapu es necesaria para preservar los intereses del gran capital. Ningún gobierno burgués puede renunciar a ella en el estado actual de la zona, pero hay formas y formas de llevarla a cabo. Estas se encuentran fundamentalmente en función de los objetivos estratégicos que se hayan trazado previamente.
Por ello, y a diferencia de las caricaturas que se comúnmente hacen, la política que el gobierno de Piñera trata de llevar a cabo no es una que se sustente exclusivamente en una escalada represiva en la zona. El apaciguamiento del Wallmapu, en el plan del gobierno, no parte de la premisa de la derrota militar del pueblo mapuche. Hay definitivamente otra visión. La cuestión militar es, sin duda, parte integral de su plan, pero seguramente está concebida más bien para mantener a raya las expresiones más radicales y ganar tiempo para la articulación y cosecha de los primeros frutos de su plan de desarrollo económico-social para la zona.
Así, la actual crisis es, por un lado, una crisis entre instituciones del Estado. En este caso, entre el ejecutivo y Carabineros, la cual tuvo como expresión sintomática la decisión de Hermes Soto de no presentar su renuncia al cargo de Director General ante la petición del gobierno.
En este ámbito, está en cuestión y se juega la potestad del poder civil burgués como conductor efectivo (Clausewitz) -o sea, aquel que fija los objetivos estratégicos y la modalidad de acción- de las fuerzas represivas del Estado.
Es también, por otro lado, una crisis profunda al interior de la institución de Carabineros. En efecto, esta ya se encontraba profundamente cuestionada por los casos de fraude que se habían detectado en su interior y la falsificación de pruebas en el contexto de la Operación Huracán que estalló en el gobierno anterior.
El general Soto aparecía así como el hombre del gobierno, nombrado apenas asumido este, para llevar a cabo una importante reestructuración de la institución. Naturalmente una acción de tamaña envergadura no puede llevarse a cabo sin que se ponga en tensión el equilibrio entre los distintos grupos de poder al interior de Carabineros. Estas disputas internas fueron las que precisamente afloraron con la filtración -a través del diputado comunista Hugo Gutiérrez- de la hoja de vida funcionaria de Soto, que consignaba una falta completamente menor, y hasta anecdótica a estas alturas, en comparación con las acusaciones que hoy se le formulan a su antecesor, Bruno Villalobos, por su responsabilidad en hechos de violación a los derechos humanos, y por las cuales la justicia ha decidido procesarlo. Cabe recordar que Villalobos había sido nombrado Director General por la presidenta Bachelet.
En este sentido, Soto nunca pudo afirmarse como cabeza de la institución que supuestamente dirigía. La revelación los videos lo tomaron por sorpresa, cuando precisamente venía asegurando que no había registros audiovisuales del operativo. Quedó en evidencia que al interior de Carabineros le mentían.
Su misma asunción estuvo acompañada del llamado a retiro de generales que seguramente ocupaban mejores posiciones de poder que él para acceder al cargo. Después, con la muerte de Catrillanca, se vio obligado a dar de baja a funcionarios involucrados directamente en los hechos y pedirles la renuncia a altos mandos por la responsabilidad que les cabía. Y finalmente, volvió a cursar el retiro de generales. El gobierno debe haber comprendido que su situación al interior de Carabineros no quedaba en buen pie. Por más que fuera una persona en la cual confiar, su caída era inevitable.
Su remoción es una demostración de autoridad -más bien simbólica a estas alturas- del gobierno, pero sobre todo una medida de resguardo ante el eventual ridículo al que podría exponerse el ejecutivo en futuras situaciones como estas al no contar con información fidedigna producto de la falta de ascendencia de los altos mandos sobre la institución.
Lo que se está jugando entonces en Carabineros es la conformación de los equilibrios internos de poder, el grupo de personas que estará a la cabeza y, sobre todo, la institucionalidad que lo regirá en las próximas décadas.
Consecuencias
Las consecuencias que traerá la actual coyuntura son en gran medida imprevisibles.
En lo inmediato, si la crisis siguiera escalando hasta llegar al círculo de confianza del presidente, podría marcar el fin anticipado del gobierno. El piñerismo perdería credibilidad y confianza a ojos del gran capital, quedando sin sustento político-social para encarar los desafíos que el sistema de dominación enfrenta. En otras palabras, no sería la fracción burguesa llamada a aglutinar en torno a ella los intereses del capital para interlocutar con el resto de los actores sociales. En estos meses se pondrá a prueba la verdadera capacidad política del piñerismo en este aspecto.
Por otra parte, las sucesivas purgas a las que se ha visto expuesto el alto mando de Carabineros en el último tiempo no pueden sino generar inquietud al interior de la institución. Si la situación de la Araucanía sigue tal cual está hoy, e incluso si cobra nuevos bríos, como parece estar sucediendo, la necesidad de represión se hará aún más patente para doblegar y disciplinar al pueblo mapuche.
Sin embargo, esto pondría al generalato en una situación altamente compleja. Por un lado, el poder civil burgués le encomienda la represión del pueblo mapuche; pero por otro, le quita el piso político, dejando expuesto a sus miembros a seguir la suerte de la serie de generales y altos mandos que han sido removidos de sus cargos a raíz de la muerte de Catrillanca.
Ya no resulta tan fácil lavarse las manos y descargar la responsabilidad en “excesos” individuales de la tropa y bajos mandos, a los cuales se les puede dar fácilmente de baja. Ahora, en cambio, han quedado truncadas importantes y prometedoras carreras.
Dicha situación no puede sino generar que el generalato y altos mandos, en activo y en retiro, empiecen a mirar con buenos ojos y prestar oídos a personajes que prometen, y están dispuestos, a avalar sin empacho alguno el actuar represivo de Carabineros en la zona. Sería este uno de los elementos de ascendencia sobre los aparatos represivos a un bloque que materialice una eventual salida por la derecha a la actual crisis general de la dominación burguesa.
Una nueva institucionalidad de los aparatos represivos, ¿qué hacer?
La crisis de Carabineros es una fisura importante en el esquema de dominación e institucionalidad burguesa actualmente vigente en Chile, la cual hay que saber horadar pensando en los intereses de las clases trabajadoras y luchas populares.
Como sosteníamos, a partir de ahora se empezará a fraguar una nueva institucionalidad para Carabineros, o al menos quedará instalada su necesidad.
La institucionalidad de Carabineros, como las de las Fuerzas Armadas, es anacrónica. Internamente es un régimen de castas. En la práctica son dos cuerpos en uno, que siguen carreras distintas. Por una parte, está la suboficialidad, para quien están vetadas las altas posiciones en la institución; y por otra, está la oficialidad, la cual es formada y accede a los puestos de mando.
Esto es algo con lo que hay que acabar exigiendo una carrera única, tanto en Carabineros como en las FF.AA. Es una reivindicación democrática elemental que debería estar en el programa mínimo de la izquierda para el presente período.
Dicha reivindicación no apunta a cambiar el carácter burgués del cuerpo de Carabineros, que indefectiblemente lo seguirá siendo. De hecho, es imposible cambiar su carácter si el poder entero del capital no se encuentra cuestionado. No es la situación actual. La burguesía es y será por el momento la dueña y señora de los destinos de la sociedad chilena.
En este contexto, es una forma de ir permeando a los cuerpos represivos del Estado, de tender un puente entre estos y las luchas populares. Es una reivindicación destinada a hacer reflexionar a la tropa, que siembra la inquietud en las comisarías y cuarteles.
¿Qué sucedería si mañana, en cada choque con las fuerzas represivas, trabajadores, pobladores, estudiantes levantaran tal reivindicación?
¿Acaso la suboficialidad no empezaría a dirigir su mirada no ya al “enemigo” que tiene al frente en la calle, sino al que tiene internamente en las comisarías y cuarteles? El cual además es el que ha venido metiendo las manos hasta los codos en los fondos públicos y el primero en esconder la cabeza cual avestruz en la responsabilidad que le compete en los crímenes contra el pueblo, deslindándola “valientemente” en la tropa, y que además será el primero en echarse a los brazos de las peores expresiones políticas de la burguesía.
(*) Economista chileno, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
