Argentina: el gobierno busca bajar la imputabilidad de edad y expulsar a migrantes que ‘estén de manera ilegal o hayan cometido delitos’
Después de las Taser, la baja de imputabilidad
En línea con el discurso punitivista que encabeza la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno volvió a instalar, en un año electoral, el debate por la «baja de edad de imputabilidad» en la agenda mediática, insinuando que podría tratarse en sesiones extraordinarias en febrero. La iniciativa, que es debatida desde el inicio de la gestión de Cambiemos, intenta llevar a 15 años la edad para condenar a adolescentes que cometan delitos graves, pero hasta el momento recibió el rechazo de organismos nacionales e internacionales dedicados a la infancia por centrar el debate en la baja de la edad, algo que va en contra del principio de progresividad en materia de derechos humanos.
La posibilidad de enviar un nuevo proyecto del régimen penal juvenil al Congreso fue anunciado ayer en la tapa del diario Clarín y el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martín Casares, fue el vocero oficial encargado de subrayar que el Gobierno está «dispuesto a negociar» para alcanzar el «consenso más fuerte», algo complicado de hacer en menos de un mes frente a un tema que cuenta con muchos rechazos y diferencias hacia dentro de los bloques.
Casares señaló que la iniciativa para modificar la actual ley 22.278, sancionada durante la última dictadura cívico-militar, está lista para enviar al Parlamento y fue consensuada hacia el interior del Gobierno frente a una postura más dura que mantenía la ministra de Seguridad para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. El proyecto que estaría listo para ir al Congreso contempla que a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.
Mientras que entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años. En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 años por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios.
«Queremos cambiar el paradigma de respuesta y solución que el Estado da al menor que delinque», señaló Céspedes y destacó que se ha «tomado la opinión de muchos sectores, de ámbitos académicos y judiciales, de especialistas en la materia para conseguir consenso fuerte», en referencia a la comisión de especialistas conformada a principios de 2017.
La comisión fue creada para debatir un nuevo Sistema Penal Juvenil que modifique la ley redactada por la última dictadura cívico-militar, una cuenta pendiente que el país tiene con el sistema de derechos de niños, niñas y adolescentes y que es mucho más profundo que el debate sobre la edad de imputabilidad.
La última vez que el ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció el tratamiento de la ley de responsabilidad penal juvenil, el debate terminó quedando trunco por la cercanía de las elecciones legislativas de 2017 y pidió dar «una discusión seria», por lo que consideró mejor que el debate «se dé recién en 2018, lejos de las elecciones». Sin embargo, en el inicio del año electoral, la iniciativa vuelve a surgir con intenciones de ser tratada en extraordinarias.
En aquel momento también se habló de la necesidad de generar «consensos con Unicef y todo el arco político», según pedía el ministro Garavano. Convocados como parte de la comisión de especialistas destacada por Céspedes, Unicef y la Defensoría General de la Nación (DGN) rechazaron ya en 2017 la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. «Violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos», advirtió entonces Damián Muñoz, abogado público oficial ante los Tribunales Orales de Menores Nº 2 y co-titular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la DGN.
Además, Muñoz había marcado la particularidad de «intentar zanjar y evitar una ley de la dictadura cívico-militar, pero al mismo tiempo coincidir en la baja a la edad de punibilidad, que fue lo que hizo el régimen militar».
Por su parte, Florence Bauer, representante de Unicef en Argentina en aquella mesa de trabajo, reconoció la necesidad de tener un Sistema Penal Juvenil acorde con «los estándares internacionales», pero advirtió que «la edad de imputabilidad es un elemento importante de la Ley de Justicia Penal Juvenil que tiene que ser tratado en conjunto con los otros aspectos y no de manera aislada y, en Argentina, esta reforma no requiere bajar la edad de imputabilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos».
Patricia Bullrich: “El 20% de las personas que están detenidas son extranjeras”
a ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la decisión del Gobierno de agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, y alertó sobre un “aumento del delito en manos” de foráneos.
En declaraciones al programa Cada Mañana, por Radio Mitre, la funcionaria explicó: “El objetivo es que todo aquel que venga al país lo haga para colaborar, y no para delinquir”. En ese sentido, advirtió que en delitos vinculados a las drogas, “el 20% de las personas que están detenidas son extranjeras” y aclaró que, por tal motivo, Migraciones creó un listado de “personas que están impedidas de estar en el país, ya sea porque han cometido faltas o delitos”.
Además, explicó que se busca crear una Cámara Nacional Migratoria que permita sentar jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones. “Queremos que sea un tramite mas expeditivo, más rápido porque tiene que ver con la seguridad de la gente”.
Al respecto, aclaró que se están generado “unidades especiales de búsqueda” para interceptar a todas las personas que están en los listados y que poseen procesos penales en su contra.
En otro orden de cosas, se refirió a la decisión del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad y detalló que “en Argentina, el 7% de los delitos están cometidos por menores de 16 años”.
“Hoy la edad de imputabilidad es de 16, pero estamos creando una imputabilidad penal a los 15 y una imputabilidad administrativa a cualquier edad. No importa la edad en la que se cometa el delito, el menor entrará a un Régimen Socio Educativo Terapéutico para que no siga en esas conductas”, explicó y sumo: “Será un régimen muy estricto compuesto de imputabilidad y tratamiento para impedir que el joven avance en la carrera delictiva”.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno tiene la “firme convicción” de que es necesario “avanzar en este Régimen Penal Juvenil” y adelantó que será enviado al Congreso para que sea tratado en las sesiones extraordinarias.
Seis argumentos en contra de bajar la edad de imputabilidad
La red apuntó que el Gobierno insiste en «una medida ineficaz para solucionar la inseguridad» y recordó que el objetivo de bajar la edad de imputabilidad, lejos de contar con consenso, fue rechazado «por la absoluta mayoría de los especialistas convocados por el propio ministro Germán Garavano en las rondas de consulta de 2017».
Además, el colectivo de especialistas y organizaciones agregó que al volver a centrar el debate de un nuevo Régimen Penal Juvenil en la baja de la imputabilidad también desconoce las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizadas al Estado Argentino en junio del 2018, los análisis de Unicef Argentina y hasta de la propia Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).
«En medio de un contexto de violencia generalizada, con las fuerzas de seguridad empoderadas en el uso de las armas de fuego, me parece sumamente peligroso bajar la edad de culpabilidad de los chicos», advirtió Nora Schulman, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn) e integrante de la red.
Schulman, en diálogo con PáginaI12, resaltó que la problemática de los adolescentes involucrados en delitos «es una cuestión de derechos» y «si no se le da la posibilidad de recuperación a través de políticas públicas que los ampare no va a haber ley ni baja de edad que les permite recuperarse». «Hay que pensar más en derechos y menos en punitivismo y medidas de encierro», sentenció.
En el mismo tono, el comunicado del colectivo concluye que «bajar la edad de punibilidad no soluciona ninguno de los problemas con los que se la pretende justificar, es contraproducente y regresivo» y desarrolla en seis puntos clave su rechazo a la iniciativa «demagógica».
Los argumentos en contra de la medida que impulsa el Gobierno:
- NO SIRVE La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años. Como ejemplo, el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo uno fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8 por ciento del total).
- EMPEORA la situación en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.
- UTILIZA a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que, en realidad, son los primeros en sufrir. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes, cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial.
- CONFUNDE sobre el fondo de la cuestión: es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas. Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue la actual Ley 22.278, dictada por la dictadura en 1980. La otra, un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los y las adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años.
- Es INCONSTITUCIONAL porque viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, que fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años a poco de retornar al sistema democrático. Volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años. Lo mismo ocurriría frente a la propuesta de bajar la edad sólo para los casos más graves. Está expresamente rechazado por el Comité de Derechos del Niño, órgano creado por la Convención sobre los Derechos del Niño que en Argentina tiene rango constitucional. Por último, sería incongruente respecto del conjunto de derechos y obligaciones de las personas en función de la edad.
- ESTADO SOCIAL ANTES QUE PENAL. El Estado debe garantizar a los niñas niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061.
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