Abusos en la Iglesia chilena: ya son 255 las víctimas y 202 los religiosos investigados
Aumentan a 255 las víctimas de casos de abuso en la Iglesia chilena
El Ministerio Público informó este martes que a nivel nacional hay 148 investigaciones en curso relacionadas con abusos al interior de la Iglesia Católica chilena.
Además, el número de víctimas se elevó a 255, 10 más que en el último balance.
En el marco de la cuenta pública de la Fiscalía de O’Higgins, el fiscal nacional, Jorge Abbott, informó que hay 202 personas relacionadas con la Iglesia Católica investigadas, entre ellos 119 sacerdotes y ocho obispos.
Tras dar a conocer estas cifras, Abbott acusó que, hasta ahora, no han tenido la colaboración que esperaban de la Iglesia.
«Hemos tenido respuestas parciales del Vaticano, no las que hubiéramos querido y tampoco con toda la información que hubiésemos querido, pero estamos insistiendo ante el Vaticano, cuyas autoridades han comprometido el apoyo a nuestra investigación», dijo el jefe del Ministerio Público.
Respecto a la indagatoria que lidera la Fiscalía Regional de O’Higgins, en la cuenta pública se dio a conocer que ya hay cuatro clérigos formalizados.
El persecutor Emiliano Arias dio cuenta que «el 30 de enero se va a discutir el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa del señor (cardenal Ricardo) Ezzati y, además, en esa misma audiencia vamos a efectuar la revisión de las medidas cautelares de Óscar Muñoz Toledo (ex canciller del Arzobispado de Santiago)para, en definitiva, ya estar en condiciones de presentar una acusación».
«Esa investigación está bastante avanzada y ahí la novedad es que vamos a ir a litigar al Tribunal en Macul, esa es la competencia definitiva de esa causa», agregó.
Helmut Kramer, vocero de la Red de Víctimas de Abusos Eclesiástico en Chile, dijo que «hace varios meses que venimos diciendo que, en verdad, la Conferencia no ha prestado ninguna ayuda en Chile a la Justicia».
Historiador: «Es una situación bastante mayor de la que se pensó»
Para el experto en historia de la Iglesia Católica, Marcial Sánchez, «no cabe la menor duda de que estamos hablando de una situación bastante mayor de la que se pensó en un principio».
«Obviamente», dijo el historiador, «yo creo que todos tenemos que ayudar, y cuando digo todos, digo la ciudadanía en su conjunto, el Estado en su conjunto», pues «no necesariamente estos antecedentes pasan por el Vaticano, muchas veces pasan por testigos presenciales o por personas que hoy día puede que tengan antecedentes y están callados en su rincón».
Abbott acusa que Vaticano ha dado respuestas “parciales” a requerimientos
“Hemos tenido respuestas parciales, no las que hubiéramos querido y tampoco con toda la información que hemos querido, pero estamos insistiendo ante el Vaticano, cuyas autoridades han comprometido el apoyo a nuestra investigación”. Así lo reveló el fiscal nacional, Jorge Abbott, al participar en la cuenta pública de la Fiscalía Regional de O’Higgins, y en relación a los requerimientos de información que el Ministerio Público ha hecho a Roma, en el marco de las investigaciones a sacerdotes por abusos sexuales en la Iglesia Católica chilena.
Abbott agregó que espera que “la Iglesia y sus autoridades cooperen en los términos que nos manifestó monseñor (Charles) Scicluna cuando estuvo en Chile”.
En tanto, desde la Fiscalía Nacional detallaron el catastro de investigaciones vigentes, actualizado hasta fines de 2018. De acuerdo con el registro, las causas aumentaron desde octubre del año pasado, de 124 a 148. En tanto, las personas investigadas se incrementaron de 178 a 202 y las víctimas subieron de 222 a 255. Entre ellas se cuentan 110 niños, niñas y adolescentes.
Sobre esta alza, Arias explica que si bien no existe el mismo incremento de las denuncias que cuando ocurrieron los primeros allanamientos, expresó agradecimiento por la confianza de las víctimas al continuar acercándose a denunciar.
“Hay casos de personas realmente vulnerables, menores incluso y que son migrantes, en los que aprovechándose de esa situación se produjeron abusos”, detalló el fiscal regional.
En este ámbito, agregó que ya hay cuatro clérigos formalizados por los delitos de estupro, abuso sexual, violación reiterada y almacenamiento, producción y distribución de material pornográfico infantil.
Arias indicó que hasta la fecha se han realizado nueve diligencias de entrada y registro en seis regiones del país. También anunció que “de aquí a marzo” presentará nuevas acusaciones.
Una fecha relevante será el próximo 30 de enero, cuando se discutirá el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en la causa contra el excanciller Óscar Muñoz. En esta misma ocasión, también se revisarán las medidas cautelares de Muñoz.
Sobre el caso de un ex diácono y orientador de un colegio de Rancagua que almacenaba y producía pornografía infantil, Arias señaló que “lo grave es que esta persona fue investigada canónicamente por hechos gravísimos cometidos en Arica, y no se comunicó este hecho a las autoridades que tenían la obligación de perseguirlo y sancionarlo”.
Ezzati a un paso de perder la nacionalidad: víctimas de abusos de la Iglesia esperan que Congreso confirme la decisión
La decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de revocar la nacionalidad por gracia al arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, fue celebrada por víctimas de abusos sexuales y la organización Laicos de Santiago.
Para el coordinador de la organización Laicos de Santiago, Osvaldo Aravena, “es bastante simbólico que la comisión, de manera unánime, haya aprobado el quitarle la nacionalidad; es una evidente señal de lo que se viene en la Cámara y en la otra instancia desde el punto de vista de ratificar esta decisión”.
En tanto, Jorge Franco, uno de los exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla que acusan abusos de sacerdotes de la Congregación Marista, señaló a Radio Cooperativa que “el Senado y la Cámara de Diputados tienen la oportunidad de dar, nuevamente, una señal importante de que la justicia también se puede llevar a través de los representantes que nosotros hemos votado”.
La votación a favor de quitarle la nacionalidad por gracia al cardenal imputado por encubrimiento de abusos fue adoptada este lunes por los senadores opositores Alejandro Navarro, Juan Ignacio Latorre y Adriana Muñoz, mientras que los legisladores de Chile Vamos, Felipe Kast (Evópoli) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI), no estuvieron presentes en la instancia.
Ahora, el proyecto debe ser visto por la Sala del Senado y, posteriormente, en la Cámara de Diputados.
El proyecto contra Ezzati
Ezzati obtuvo la nacionalidad chilena por gracia el 24 de abril de 2006, luego que el Congreso Nacional se la concediera unánimemente “como un reconocimiento a la fructífera y valiosa labor que durante más de 30 años ha desarrollado en beneficio de los desposeídos, particularmente, en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más necesitados”.
Sin embargo, las senadoras Ximena Rincón (DC) y Adriana Muñoz (PPD) presentaron el proyecto de ley para revocar su nacionalidad a la luz de la crisis que enfrenta la Iglesia católica chilena por los casos de abuso sexual ocurridos al interior de la institución. En estos casos, Ezzati ha sido sindicado como uno de los principales encubridores de actos de abuso.
Según el coordinador de la organización Laicos de Santiago, esta circunstancia es, además, “la consecuencia de lo que se ha sembrado desde la jerarquía (eclesiástica) y, particularmente, desde la actitud del cardenal Ezzati. Se supone que alguien que tiene nacionalidad por gracia es alguien que contribuye al bienestar, a lo positivo de la sociedad chilena, y no ha sido el caso”.
El proyecto señala que hay “hechos públicos y notorios” que justifican la revocación de la nacionalidad por gracia a Ezzati, como la obstrucción a las víctimas de Fernando Karadima, su actitud “hostil y persecutoria” en contra de Felipe Berríos, José Aldunate y Mariano Puga, la “agresión gratuita a las personas de la comunidad transgénero en el marco de la tramitación de la Ley de Identidad de Género” y la “contumacia en su conducta de irresponsabilidad ante la crisis de la iglesia chilena producto del encubrimiento institucional de los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes por décadas y a lo largo de Chile”.
