Uruguay: Tribunal ratifica el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic
Un Tribunal de Apelaciones ratificó este martes el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic, que en mayo de este año había sido imputado por los delitos de «peculado» y «abuso de funciones».
Según informó Radio Sarandí y confirmó Montevideo Portal, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno ratificó el fallo de la jueza Beatriz Larrieu, que en mayo había entendido que Sendic cometió ilícitos en la negociación entre Ancap y la empresa intermediaria Exor y en el uso de la tarjeta corporativa.
Según la sentencia a la que accedió Montevideo Portal, el tribunal entendió que Sendic «se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones» en la negociación con Exor.
Además, el Tribunal asevera que «resulta acredito en principio y sin perjuicio de ulterioridades, que se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal».
En paralelo, Sendic deberá afrontar el próximo sábado una decisión del Plenario del Frente Amplio sobre el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre su caso.
Punto por punto: los argumentos del tribunal que confirmó el procesamiento de Sendic
El ex vicepresidente Raúl Sendic «se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones» y «se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal» por eso sólo pudo justiticar US$ 138 de los $ 550 mil y US$ 38 mil que gastó, concluyó el Tribunal de Apelaciones Penal de 4 Turno al confirmar el procesamiento del exjerarca en la megacausa de ANCAP. El fallo confirmó la imputación a Sendic de los delitos de abuso de funciones y peculado (apropiación de dinero públicos por parte de un funcionario estatal) resuelto por la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu.
El fallo contradice la pretensión del fiscal Luis Pacheco, quien había señalado delitos en seis de las ocho presuntas irregularidades denunciadas por la oposición, y que apuntaban tanto a directivos del ente petrolero, como a ejecutivos de sus empresas subsidiarias. Según supo El Observador, el fiscal estudiará el fallo para resolver si presenta un recurso de casación con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia haga lugar a su pedido de procesamiento de los restantes directores de ANCAP.
Si bien señala que «la actuación de los distintos indagados, fue en general irregular, pues se apartó de los procedimientos transparentes que deben presidir la actuación pública», sólo en el caso de Sendic, se entiende que constituye delito, pues «se requiere que la actuación haya sido con abuso, arbitraria y con finalidad perjudicial para los funcionarios o los particulares, no siendo necesario el efectivo perjuicio».
Estos son los argumentos del tribunal en cada uno de los puntos señalados por la Fiscalía.
El negocio con Trafigura
Para el tribunal, “no surgen elementos de convicción suficientes respecto a que la actuación de los indagados (…) hayan incurrido en abuso de funciones de su cargo de forma arbitraria (…) ni que haya causado perjuicio en los límites del delito de peligro que se trata, a la administración o a particulares”, ya que el ente igualmente ganó dinero.
“La ilicitud de la conducta, no puede juzgarse por el éxito económico o los dividendos que pueda tener la empresa estatal. Tampoco puede evaluarse la ilicitud penal por la buena fe o el desconocimiento de los directores”, explica el fallo.
La oposición denunció irregularidades en la contratación de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con Petroecuador (petrolera estatal ecuatoriana), entre los años 2010 y 2011. Desde que el contrato se inició, ANCAP trabajó con Trafigura que compraba –como intermediara- crudo a Petroecuador y contrapartida le vendía gas oil.
Durante varios meses no hubo contrato de por medio, y se estima que entre 2010 y 2012 hubo operaciones por US$ 4.900 millones, aunque las ganancia de ANCAP fueron de apenas US$ 5 millones. Para el fiscal, ANCAP «incurrió en una grave irregularidad, consistente en contratar con una empresa privada sin el correspondiente llamado previo a procedimiento competitivo».
Por este punto pidió procesar por abuso de funciones además de a Sendic, a los exdirectores Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro, representante del Partido Colorado.
Anticipos de dinero por parte de Cementos del Plata a Pleno Verde
El fiscal del caso, Luis Pacheco, había pedido el procesamiento de Juan Luis Romero, presidente de la división Porland de ANCAP por el pago de anticipos por la suma de US$ 2,4 millones a la empresa de transporte brasileña Pleno Verde S.A., que había sido contratada por Cementos del Plata para trasladar cal a Brasil. Como las plantas de ANCAP nunca llegaron a producir la cantidad de Cal que Pleno Verde había acordado trasladar a Brasil, Cementos del Plata decidió hacer pagos por adelantado para sostener a la empresa transportista y evitar que el negocio de exportación a Brasil se cayera.
El fiscal había pedido el procesamiento de Romero por el delito de abuso de funciones por el pago de esos adelantos. Sin embargo el tribunal coincidió con la jueza y decidió no procesar al jerarca en el entendido que, aunque es un funcionario público, en tanto gerente de Portland, Comercialización y Producción de Cemento Portland de ANCAP, en este caso actuó como presidente de Cementos del Plata, una subsidiaria que se rige bajo el derecho privado. Asimismo, quedó acreditado que Romero consultaba a directores y otros jerarcas del ente, por lo que no actuó por motivación propia.
Además, el fallo concluyó que «no se configuraría el delito de abuso de funciones, por falta de tipicidad de su conducta, al no relevarse el dolo»
Cancelación de la deuda con PDVSA y la participación de Exor
El tribunal confirmó el procesamiento de Sendic, por entender que el ex vicepresidente “prescindiendo de todo asesoramiento, en particular de la Jurídica de ANCAP acordó con Exor y Pdvsa la ingeniería financiera para cancelar las deudas”, y recién cuando Pdvsa ya había desplazado a Exor del negocio “buscó la ratificación de lo actuado por parte del Directorio”. “Se entiende que la actuación de Sendic Rodriguez al respecto fue claramente arbitraria y abusiva”, concluye el fallo.
El tribunal no hizo lugar al procesamiento de los otros directores porque “debieron implicarse posteriormente (en el tema) para enfrentar y resolver una situación consumada, habiendo actuado asesorados por la Jurídica de ANCAP”.
El fiscal había pedido el procesamiento de Sendic, José Coya (expresidente de ANCAP) y los exdirectores Juan Gómez y Germán Riet por abuso de funciones, por la forma en la que se llevó adelante el pago de la deuda con la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
Para pagar la deuda de US$ 800 millones que el ente mantenía con Pdvsa, la compañía venezolana había propuesto a Exor para que creara una ingeniería financiera. En 2012 Exor se puso a trabajar y cuando armó un sistema de pago que le permitiría a ANCAP ahorrar US$ 200 millones, Pdvsa decidió prescindir de sus servicios como intermediario y en su lugar puso al banco Banco del Tesoro de Venezuela.
Rescisión del contrato con KIOS SA.
El fiscal Pacheco había pedido el procesamiento por el delito de abuso de funciones de Eduardo Goldsztejn, jefe de Mantenimiento de la División Marítima y Ricardo Lemes, integrante de la jefatura de Operaciones Marítimas de ANCAP por su rol en la contratación de una empresa que había perdido una licitación a cambio de que desistiera de presentar un juicio contra el ente.
Pero el tribunal falló que “no existen elementos de convicción suficientes que habiliten una imputación penal” contra Goldsztej y Lemes, porque ellos no fueron quienes decidieron rescindir el contrato.
Planta de Bioetanol
El fiscal había pedido el procesamiento del exgerente de ALUR, Manuel González, por el delito de estafa por su papel en la firma de contratos con la empresa Abengoa para la construcción de una planta de bioetanol. La compañía entregó seis pagos extra a lo que establecía el contrato en favor de la constructora firmadas tanto por él como por el expresidente de ALUR y actual senador, Leonardo de León. Uno de los premios acordados a posteriori de firmado el contrato para la construcción de la planta, fue el pago de US$ 1 millón por entregar la obra 40 días antes de lo previsto inicialmente.
La fiscalía había cuestionado ese pago porque no se cumplió con todas las condiciones pactadas respecto a la obra. Sin embargo, el tribunal entendió que el presunto incumplimiento es “extremadamente técnico”, y que se requirió de un arbitraje internacional para evaluarlo, “lo que por sí descarta la imputación por falta de dolo”.
