Trump firmó la ley Nica-Act que establece sanciones para el gobierno de Daniel Ortega

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Donald Trump firma la Nica Act

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la Nica Act, que establece duras sanciones políticas y económicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Con la firma de Trump entra en vigencia la legislación, que traerá sanciones individuales para personeros del régimen, así como condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La nueva ley, aprobada de manera unánime en el Senado y Congreso de EE.UU., es una fusión de la NicaAct propuesta e impulsada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, una enmienda del Senador republicano Ted Cruz y otra del demócrata Bob Menendez. Además, incluye un retoque del Senador Marco Rubio dirigido contra los cómplices y allegados del régimen.

La ley también conocida como “Magnitsky Nica” tiene el nombre oficial de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233.

El 27 de noviembre el Gobierno de Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo y al colaborador más cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el presidente Trump, consideró la crisis en Nicaragua como “una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional”.

“Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, detalla la orden ejecutiva.

El entonces comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de facto de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN, también fueron sancionados en julio, por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción.

Los tres funcionarios, pertenecientes al círculo de máxima confianza de la pareja presidencial, se unieron así al ahora exmagistrado electoral, Roberto Rivas, quien fue el primer sancionado en diciembre del 2017.

El efecto de la sanción se traduce en congelar todos los activos de los sancionados en Estados Unidos, y prohibirles cualquier clase de transacción comercial y financiera, a través de sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro.

El impacto de la Nica Act

“Es un golpe devastador”, catalogó Norman Caldera, excanciller de la República, en ocasión de la aprobación del Congreso. Para Caldera, la Nica Act resulta tan nociva para el régimen de El Carmen porque hay un efecto combinado con la Orden Ejecutiva del presidente Trump que sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, y a esto se agrega la reunión que este miércoles sostendrá el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le da seguimiento a la crisis sociopolítica.

“Difícilmente se puede seguir recibiendo mas presión. Esta es una olla de presión a la que no solo le estás aumentando el calor, sino que la presión todos lados”, graficó Caldera.

La Nica Act fusionada con las enmiendas de los senadores Ted Cruz, Bob Menéndez y Marco Rubio establece no solo el condicionamiento de préstamos para Nicaragua en organismos multilaterales, sino que impondrá sanciones a funcionarios y exfuncionarios del régimen Ortega Murillo involucrados en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.

La nueva ley se agrega a la Orden Ejecutiva, descrita por Caldera como una acción que “amplía el círculo para incluir a ciudadanos, empresas norteamericanas, a los residentes en Estados Unidos que antes no estaban en las sanciones anteriores. Amplía, también, la definición de las personas sancionables para incluir a los cómplices”, explicó.

El excanciller sostuvo que los “cómplices” de los que habla la Nica Act (también llamada Magnitsky Nica) son aquellos que prestan testimonios falsos en los juicios contra ciudadanos querellados por terrorismo, crimen organizado, asesinatos, entre otros delitos para criminalizar su participación en las protestas contra la dictadura. “También son cómplices jueces y otros que aplican la ley incorrectamente”, advirtió.

La Nica Act conmina a que, en un plazo de 180 días posterior a su aprobación, el Secretario de Estado presente a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero. Abarca a miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial. Además, advierte a “personas que transfieren, o facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para uso en o con respecto a Nicaragua, que son utilizados por el Gobierno de Nicaragua para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.

Confidencial


¿Qué medidas toma Nicaragua ante intervencionismo de EE.UU.?

El Gobierno del presidente Daniel Ortega suspendió la presencia en Nicaragua de la organizaciones que buscaron la desestabilización del pueblo y el injerencismo promovido por EE.UU.

La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló este jueves la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y del organismo Hagamos Democracia, al considerar que estas «organizaciones llevaron a cabo actividades que no se corresponden con sus fines», que ratifican la postura injerencista de agentes en el exterior, principalmente EE.UU.

De acuerdo con los legisladores, estas organizaciones han financiaron y contribuyeron con el fallido golpe de Estado que buscaba derrocar al Gobierno de Nicaragua.

Ante estas situaciones que pretenden someter al pueblo nicaragüense al yugo de las fuerzas extranjeras, el Gobierno del presidente Daniel Ortega tomó una serie de medidas que, de acuerdo con los funcionarios del Estado, prevén combatir el intervencionismo de Washington en el país.

Pese a las reiteradas denuncias realizadas por el presidente Ortega sobre los ataques injerencistas de EE.UU. que atentan contra la soberanía de Nicaragua, el Gobierno de Donald Trump decidió la aprobación de la Nica Act, la cual impone una serie de sanciones económicas y políticas a Nicaragua.

Suspensión de organizaciones

Por su parte, el canciller la República, Denis Moncada envió este miércoles una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, en la que se les notificó la suspensión temporal de la visita y permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la CIDH-MESENI, por su injerencismo.

“Esta suspensión temporal de la CIDH-MESENI y Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, será hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y cese la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua” reseñó la misiva.

La Nica Act plantea un complejo panorama en lo económico para el Gobierno de Nicaragua que, al ser vetado en organismos financieros internacionales, no podrá adquirir préstamos para el desarrollo del país, lo cual tendría un fuerte impacto en la construcción de obras públicas.

Moncada aseguró que a pesar de las buenas acciones del Gobierno para establecer mesas de diálogos que contribuyan a conseguir la paz en el país, estas organizaciones han actuado como «puntas de lanza de la intentona golpista».

De esta forma, el Gobierno del presidente Ortega se mantiene en defensa de la soberanía nacional, ante las agresiones externas del Gobierno de EE.UU., con la aprobación de la Nica Act y la sanciones unilaterales que plantea.

Telesur


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