Paraguay: Cinco puntos clave para pensar Itaipú, “lo nuestro” y el 2023 – Por Cecilia Vuyk
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Cecilia Vuyk *
La lucha del pueblo paraguayo a lo largo de su historia ha sido la lucha por su desarrollo soberano e independiente, primeramente, contra la dominación colonial de la Corona española, y -luego del periodo independiente de la mano del Dr. Francia y los López- contra la dominación imperialista norteamericana-brasileña, consolidada tras la destrucción del Estado nacional independiente (1811-1870) y la instalación del Estado antinacional luego de la Guerra de la Triple Alianza (19865-1870), abriendo la fase de recolonización en la que nos encontramos hasta hoy.
Hoy en día, esta lucha se centra en combatir las trabas impuestas al desarrollo nacional, como lo son el latifundio semi-feudal, el endeudamiento del pueblo con los capitales extranjeros y el mantenimiento del Estado al servicio de éstos. La lucha contra el Tratado de Itaipú y por el manejo soberano de nuestros recursos naturales es una de las tareas claves.
El 13 de agosto de 2023 se cumplen 50 años de la entrada en vigor del Tratado, y se llega al plazo establecido por el numeral VI del Anexo C en el cual las disposiciones de dicho Anexo podrán ser revisadas. El nuevo gobierno encabezado por Mario Abdo sostuvo que abrirá una Mesa de Negociación con expertos para tratar el tema, planteando como premisa que “no queremos nada que no sea nuestro, pero lo nuestro lo vamos a defender”. Esa misma premisa fue repetida luego por el actual director paraguayo de Itaipú, José Alderete, así como por el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira. La pregunta es, ¿qué considera el presidente y su gabinete que es “lo nuestro”, y qué “no”?
La historia de los gobiernos paraguayos tanto en las negociaciones como en el manejo de la entidad binacional Itaipú en estas casi 5 décadas ha estado marcada por la entrega de la soberanía nacional a los intereses extranjeros. Los debates tanto del gobierno en relación al 2023 giran en torno a la composición del costo de la energía luego de amortizada la deuda oficial (espuria, como siempre debemos recordar) y a la distribución de la nueva renta energética que ingresaría luego del 2023. Si bien son debates importantes, aislados no resolverán el problema de la soberanía entregada en Itaipú.
El 2023 nos abre la posibilidad desde el pueblo de colocar los elementos centrales para la recuperación de nuestra soberanía en Itaipú, lo que podemos considerar con todas las prerrogativas como “lo nuestro”, tocando los puntos nodales de la entrega a través del Tratado: la apropiación social de la energía y la renta energética, el pago de la deuda, la farsa de la binacionalidad, la cesión de territorio y la potestad de invasión militar. En este primer artículo analizaremos 3 de estos puntos.
1. La apropiación social de la energía
Desde el inicio de la producción hidroeléctrica el 5 de mayo de 1984, la entidad binacional Itaipú ha generado a la fecha más de 2.500 millones megavatios-hora (MWh), batiendo en el año 2016 el récord mundial de producción energética anual con 103.098.366 megavatios-hora (MWh). Si bien la energía producida corresponde 50% a Paraguay y 50% a Brasil, por lo establecido en el Tratado Paraguay cede (es decir, entrega, no vende) a un precio fijo la energía no utilizada la Brasil. En este periodo, Paraguay cedió 85,7% de su energía al Brasil, utilizando éste un total de 92,9% de toda la energía producida en Itaipú hasta hoy.
Uso de energía de Itaipú 1984-2017
El Estado brasileño abonó hasta el 2016 en concepto de compensación por cesión de energía un total de 3.363 millones USD por los 1.197.117.000 MWh recibidos, lo que representa un promedio de 2,8 USD/MWh, mientras el precio de mercado oscila entre 100 y 120 USD/MWh.
Estudios plantean que el monto perdido por el pueblo paraguayo al no disponer libremente de su energía (es decir, poder venderla en vez de tener que cederla) ronda los 53.300 millones de dólares norteamericanos. Sin embargo, más allá de dicho cálculo -que es interesante para contar con una dimensión cuantitativa de referencia, pero reduccionista al plantearlo en términos únicamente monetarios-, la pérdida central del pueblo paraguayo al no disponer libremente de su energía es la imposibilidad de manejar soberanamente sus recursos y no poder destinarlos el desarrollo nacional.
2. El pago de la deuda
La deuda de Itaipú se origina a partir de los préstamos contraídos por la entidad para la construcción de la obra. En 1975, Itaipú recibe el primer crédito otorgado por parte de Electrobras por valor de 3.566 millones USD en moneda brasileña, compatible con el cronograma y presupuesto original de la obra que ascendía a 2.033 millones USD. Sin embargo, la deuda siguió aumentando con nuevos préstamos, generando la deuda espuria que seguimos pagando hasta hoy, que posee 5 principales causantes: 1. La sobrefacturación de la obra (casi 10 veces más); 2. El vencimiento de la deuda (mora por el no pago); 3. El subsidio de la tarifa de energía por debajo de su costo de 1986 a 1990 a las empresas brasileñas principalmente; 4. La implicancia del Plan Real; y 5. La doble indexación de la deuda (intereses sobre intereses).
La deuda oficial asciende a agosto 2018 a 7.500 millones de dólares. Estimaciones de técnicos del área sostienen que el total de esta al momento de su cancelación oficial (proyectada para el 2022) llegaría a 79.000 millones USD, es decir, un monto con el que se podrían construir 3 nuevas represas del tamaño de Itaipú. Otros estudios sostienen que en la actualidad la deuda ya ha sido cancelada, y que, en consecuencia, la deuda se encuentra sobrepagada (Informe CEBH e Informe Sachs 1).
El pago de la deuda no se hace en función al uso de la energía producida (93% Estado brasileño y 7% Estado paraguayo), sino que, bajo el manto de la binacionalidad de la entidad, la deuda se divide 50% y 50% entre el Estado paraguayo y el Estado brasileño, pese a que quien se benefició con el 92,9% de la energía total producida a la fecha fueron los monopolios brasileños y asentados en Brasil.
Quienes pagan la deuda de Itaipú en última instancia son los usuarios de electricidad brasileños y paraguayos a través del pago de sus tarifas de servicio eléctrico. Así, el pueblo paraguayo, a través del pago de la deuda de una energía que no utilizó, que cedió a los monopolios extranjeros y que es una deuda principalmente espuria y corrupta, subsidia e inyecta una importante suma de capital al capital financiero brasileño y asentado en Brasil, así como a los bancos internacionales acreedores de Electrobras, como la J.P. Morgan, uno de los principales bancos a nivel mundial.
3. La binacionalidad
La binacionalidad se encuentra establecida en el Art. III del Tratado. El Anexo A (Estatuto) establece en su art. 7 que el órgano de administración de Itaipú es el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva, siendo el Consejo de Administración el órgano principal. Al ser binacional, la entidad sostiene que no se encuentra regida ni regulada por normas ni leyes nacionales de cada Estado -ni paraguayo ni brasileño- sino únicamente por lo establecido en su órgano de gobierno, es decir, por lo dictado por el Consejo de Administración2.
Los honorarios de los consejeros paraguayos son de 82.549.205 Gs, mientras que los del director general son de 106.871.738 Gs más 2.313.294 Gs de auxilio de alimentación, totalizando 109.185.032 Gs mensuales. Estos honorarios no se rigen por ninguna matriz salarial pública, sino por la matriz de la binacional, haciendo uso de la binacionalidad para no ser controlada. Los altos honorarios, junto con otros beneficios tanto oficiales como los no oficiales, son uno de los elementos de control y garantía del mantenimiento de la dominación extranjera en Itaipú con consentimiento y participación de los consejeros paraguayos.
La Contraloría General de la República sostenía en su informe de la auditoría de Itaipú (2012) que “los representantes nacionales en las esferas decisorias de la Binacional (…), por razones ignoradas y dando la espalda a los sagrados intereses del país – con su silencio algunos, y activamente, otros – supieron preservar por encima de todo, los intereses corporativos de la, entonces, empresa pública Eletrobrás, es decir, del Estado brasileño.”
La binacionalidad y el manejo de la entidad desde el Consejo de Administración ha significado la imposibilidad de dirigir soberanamente la entidad, y representando la dirección del capital brasileño e internacional de la entidad, como se demostró en el subsidio a la energía eléctrica a las empresas brasileñas entre 1984 y 1990. En esa ocasión, al fijarse la tarifa de electricidad, los consejeros brasileños sostuvieron que “se volvió no viable a las empresas del sector eléctrico brasileño” la tarifa fijada y plantearon que la misma sea fijada por debajo del costo de producción. Los consejeros paraguayos dijeron que “el Paraguay acompaña al Brasil en esta dificultad” (Consejo de Administración, 1986), fijando una tarifa subsidiada por debajo del costo e incorporando luego el monto de ese subsidio (4.193,5 millones USD) a la deuda de Itaipú, que fue pagada por el pueblo paraguayo y brasileño.
Asimismo, la binacionalidad ha representado la imposibilidad de controlar la entidad. Un ejemplo de ello es la ausencia hasta la fecha de una auditoría de la deuda. En 1997, en medio de grandes movilizaciones sindicales contra la deuda de Itaipú en Paraguay, se aprueba en el Congreso Paraguayo la Ley 1611/97 que establecía la auditoría e informes de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a la ANDE. En diciembre del mismo año la ley es declarada inconstitucional por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y confirmado en su inconstitucionalidad por la Sala Constitucional de la Corte en el 2011, en medio también de las movilizaciones populares contra la deuda y por la libre disponibilidad de energía en Itaipú.
Los argumentos principales esgrimidos en las sucesivas negativas de los Estados y de la entidad binacional a la auditoría de la deuda son que las auditorías se realizan a las cuentas nacionales y la entidad binacional carece de cuentas nacionales, y que la auditoría a la binacional por parte de un organismo estatal -sea la Contraloría General de la República, de Paraguay, o el Tribunal de Cuentas de la Unión, de Brasil- sería una violación a la soberanía del otro Estado y que el Tratado no establece la auditoría. El planteo de la binacional como salida a las exigencias sucesivas de auditoría fue una Comisión Binacional de Cuentas (Itaipú, 2017), que no se concretó hasta la fecha.
Los desafíos
El 2023 es la única fecha establecida como tal en el Tratado para su revisión, en este caso específico, la revisión del Anexo C. Esta oportunidad coloca sobre la mesa los temas centrales que hacen al manejo de la entidad, y al rol político-económico que viene cumpliendo Itaipú desde su nacimiento como parte del esquema del poder corrupto, prebendario y opresor.
Difundir datos que han sido escondidos de la ciudadanía, y abrir un amplio debate nacional en torno a los puntos centrales para la recuperación de nuestra soberanía nacional en Itaipú es de fundamental importancia. Los resultados de la negociación de Yacyreta nos dan la pauta de lo que podría venirse en Itaipú si como pueblo no tomamos cartas en el asunto y alzamos nuestra voz para debatir, participar y decidir. La pelota está en nuestra cancha, y la recuperación de la soberanía nos llama. Respondamos.
* Militante social y política, docente, politóloga, especialista en desarrollo latinoamericano e investigadora social asociada al centro de educación e investigación Cultura y Participación para el cambio social. Su línea de investigación es Imperialismo y dependencia -con énfasis en el estudio del subimperialismo brasileño- y proyecto nacional soberano e independiente.
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