Nicaragua: la policía allanó las instalaciones de ONG cuyas personerías jurídicas fueron disueltas por la Asamblea Nacional
Policía Orteguista allana con violencia instalaciones de organismos civiles
La Policía Orteguista (PO) se tomó la noche de este jueves y madrugada de este viernes las instalaciones de los organismos Popol Na, Cenidh, Instituto de Liderazgo Las Segovias y el Centro de las Investigaciones para la Comunicación (Cinco), los mismos a los que el régimen les canceló la personería jurídica este jueves.
Los organismos denunciaron que se trató de un allanamiento ilegal, ya que la Policía Orteguista no tenía orden judicial. El Popol Na, a través de un comunicado, aseguró que sus portones fueron destruidos y las madres de los presos políticos que se alojaban ahí fueron golpeadas.
Haydée Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, dijo que paramilitares y antimotines se tomaron las instalaciones de la ONG durante la madrugada. Secuestraron al vigilante. Además las fuerzas orteguistas destruyeron todo dentro del Instituto de Liderazgo.
Según los trabajadores del Instituto existe temor de que PO los secuestre y aseguraron que conocen información de que se giró orden de arresto contra Castillo.
Además, la Policía Orteguista se tomó la mañana de este viernes las instalaciones del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), según confirmaron los directivos del instituto. La PO rompió puertas y forzaron las cerraduras de las oficinas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), condenó los actos de allanamiento y hostigamientos hacia las ONG a las que este jueves les fue cancelada la personería jurídica.
#Nicaragua – @OACNUDH reitera su enérgica condena por los recientes allanamientos y hostigamientos policiales en contra de @confidencial_ni @cenidh @popol_na Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de las Segovias y @ieepp pic.twitter.com/qIF1vJ1vhN
— OACNUDH (@OACNUDH) December 14, 2018
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció ante el acoso y los allanamientos hacia los organismos en Nicaragua.
Debe cesar inmediatamente el acoso y la violencia contra ONGs, contra defensores de los derechos humanos. Sólo los regímenes autoritarios restringen derechos fundamentales como el de reunión, de asociación y de expresión #OEAenNicaragua https://t.co/UAc1VJahjo
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 14, 2018
Allanan medio de comunicación independiente
Carlos Fernando Chamorro explicó que la Policía Orteguista buscaba allanar las oficinas de Cinco, en Los Robles, sin embargo, esta no se encuentra ubicada en esta dirección. Pero sí “barrieron” las oficinas de los medios de comunicación independientes de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. La PO se llevó las cámaras, equipos de comunicación y de edición.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se presentó en las instalaciones de Confidencial para evaluar los daños y pérdidas que sufrió este medio de comunicación.
(VIDEO) Policía de la dictadura de Daniel Ortega irrumpió esta madrugada en las oficinas del semanario Confidencial y Esta Semana, dirigidos por @cefeche. Sustrajeron ilegalmente equipos, como cámaras y computadoras https://t.co/fAYH1ZEhPl (Imágenes cortesía) #SOSNicaragua pic.twitter.com/K91gSC4IG1
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) December 14, 2018
Alta comisionada de DDHH de ONU y la CIDH condenan allanamientos a ONG en Nicaragua
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (OACNUDH) expresó “su enérgica condena por los recientes allanamientos y hostigamientos policiales en contra de Confidencial, el Cenidh, Popol Na, Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de las Segovias y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
La OACNUDH, que preside la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló en un comunicado que “estos actos, que suceden después de la cancelación de la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil, constituyen, en conjunto, un patrón de violaciones de las libertades fundamentales de expresión y asociación con serio impacto en todos los demás derechos de las y los nicaragüenses”.
Esta “condena” por el comportamiento de la Policía Nacional, que ha allanado las instalaciones de estas ONG, decomisando sus equipos de trabajo, se emite justo cuando hoy se tiene prevista la llegada a Managua de Marlene Alejos, representante de OACNUDH para América Central para reunirse con el canciller de Estado de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, según información divulgada por la OACNUDH en sus redes sociales.
El 12 de diciembre pasado la OACNUDH condenó en un comunicado la cancelación de las personerías jurídicas, y considera que esta medida “confirma la progresiva reducción y restricción de los espacios de participación democrática y de los derechos políticos y libertades fundamentales de expresión, asociación y de reunión pacífica en Nicaragua”.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sostuvo que “es imperativo que el órgano judicial revierta estas decisiones actuando en el marco de la imparcialidad e independencia”.
Almagro y CIDH reaccionan
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) también llamó al Gobierno de Daniel Ortega a terminar con este tipo de acciones.
“Debe cesar inmediatamente el acoso y la violencia contra los ONG, contra defensores de los derechos humanos. Sólo los regímenes autoritarios restringen derechos fundamentales como el de reunión, de asociación y de expresión”, señaló Almagro en su cuenta de Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó también la cancelación de las personerías de nueve ONG en Nicaragua, señalando en un comunicado su preocupación al constatar que los argumentos usados para derogar las personerías son “excesivamente” vagos e imprecisos.
“La disolución forzada de las organizaciones civiles, especialmente de las defensoras de derechos humanos, constituye una de las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Además, se trata de una medida que afecta a las personas acusadas y a sus defensores, y estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, señaló Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.
En su pronunciamiento la CIDH “advierte con preocupación que el fundamento de los decretos” dictados para cancelar las personerías “estaría basado en disposiciones excesivamente vagas e imprecisas, sin el debido proceso legal previo, y que otorgan un amplio margen de discrecionalidad al legislador para ser aplicadas en contra de las organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la defensa de los derechos humanos o que son opositoras al Gobierno como una represalia por su labor en el país”.
La CIDH “advierte que la criminalización de las organizaciones defensoras de derechos humanos mediante tipos penales vagos e imprecisos con el objetivo de coartar o realizar represalias por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, es contraria a los estándares interamericanos de derechos humanos y el derecho internacional”.
El Ministerio de Gobernación (Migob), órgano rector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Nicaragua, ha solicitado a la Asamblea Nacional, hasta el momento, la cancelación de la personería a nueve organismos señalándoles de usar su esquema organizacional para gestionar, canalizar fondos y apoyar acciones desestabilizadoras en el país.
El Gobierno de Daniel Ortega, controla más de dos tercios de diputados en el Poder Legislativo, lo que permitió cancelar con 70 votos a favor la personarías de esos organismos.
El CIDH enfatizó su “preocupación respecto de que la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones, sin garantías del debido proceso, sea coartar la capacidad de las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos humanos en Nicaragua”.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) informó a la CIDH que “las iniciativas presentadas y aprobadas en la Asamblea Nacional responsabilizan a las organizaciones de realizar acciones tendientes a desestabilizar al país o, en el caso del Ieepp, por la comisión de delitos al gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas”.
“Algunos de los representantes de las organizaciones afectadas han tenido que huir de Nicaragua por ser perseguidos o han sido deportados, como es el caso de Ana Quirós, de Cisas. Resulta esencial revisar la normativa invocada en las decisiones del legislativo a la luz de los estándares internacionales y garantizar a los integrantes de las organizaciones sancionadas todas las garantías del debido proceso», expresó al respecto la Comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH.
Popol Na denuncia saqueo de la Policía
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