Movilizaciones, paros y audiencia en la CIDH contra la repostulación de Evo Morales
Sectores, partidos y entidades refuerzan protesta por el 21F
Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitara al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, la movilización del 21F se ha reforzado. Entidades y hasta tiendas políticas expresaron su disposición para “sumar fuerzas” hoy, cuando se prevé que se lleve adelante el paro cívico en distintas regiones del país.
Ayer, se registraron, además, tres piquetes de huelga y activistas se crucificaron. Una vigilia se levantó en Cochabamba y las marchas están a un paso de ingresar a sede de Gobierno.
La Asamblea de la Paceñidad confirmó que se sumará el paro, al igual que otros comités del país, como de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Riberalta (Beni). “Lo que queda ahora es resistir esta decisión, es volcarnos a las movilizaciones, para evitar que esta decisión se consuma”, dijo el alcalde Luis Revilla.
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz anunció que acatará la protesta, y anunció bloqueos en 65 puntos. No obstante, los choferes, afines al Movimiento Al Socialismo, anunciaron que romperán los cercos.
La Universidad Mayor de San Andrés también decidió acatar el paro de actividades y creó un comité de movilización. “El Honorable Concejo Universitario decidió apoyar todas las movilizaciones de nuestro pueblo”, tuiteó Waldo Albarracín, rector de esa casa de estudios.
En el caso de Santa Cruz, además de los cívicos, los gremiales y artesanos se sumaron a la protesta. Desde el concejo municipal cruceño indicaron que acatarán la movilización.
Políticos y caravanas
Los candidatos Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, de Comunidad Ciudadana, convocaron a la ciudadanía a protestar durante esta jornada, en busca de revertir la determinación del TSE. “Esta es una batalla democrática que vamos a ganar”, manifestó el expresidente.
Rubén Costas, líder del Movimiento Demócrata Social (MDS), indicó: “los Demócratas llamamos a toda la Bolivia que dijo ‘No’ a impugnar esta decisión del TSE. Y para ello, participaremos activamente en el paro de mañana (hoy) pidiendo a la ciudadanía que apoye con su firma nuestra (iniciativa de) impugnación”.
La caravana que partió desde Konani, denominada Marcha por la democracia, arribó ayer a El Alto, tras una caminata de cinco días. La movilización tiene al menos 500 marchistas. Hoy –anunciaron– se dirigirán al ente electoral.
La otra marcha, que emprendió su recorrido desde Chaparina (Beni), anoche llegó hasta Urujara (La Paz) y se prevé, también, que hoy haga su ingreso a la sede de Gobierno.
Los colectivos que llevan adelante la vigilia en puertas del TSE anunciaron que organizan el recibimiento de los marchistas. Por otro lado, la Policía determinó acuartelamiento de los efectivos, desde las 00:00 de hoy, con el fin de prevenir incidentes.
Las huelgas
En las últimas horas se instalaron tres piquetes de huelga, dos en La Paz y una en Santa Cruz. En el caso de la urbe paceña, el primero se estableció en la vigilia que llevan adelante los activistas en frente de la sede del organismo electoral. Ocho movilizados asumieron la medida. “Lo que ahora estamos exigiendo es la anulación de la resolución que emitieron los cuatro vocales”, sostuvo Celeste Ricaldi, de la plataforma Construyendo.
La segunda huelga se instaló ayer en ambientes del Legislativo. Los diputados Rafael Quispe y Grover Huanca, además de los senadores Juan René Huachalla y Jorge Ordóñez, establecieron el piquete en el hall de la Asamblea Legislativa.
En Santa Cruz, el candidato a la vicepresidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Humberto Peinado instaló el tercer piquete de huelga junto a otros activistas cerca del Tribunal Electoral Departamental (TED).
Crucificados, una vigilia
En La Paz, tres activistas decidieron crucificarse frente al Órgano Electoral. “Hoy hemos tomado la decisión más radical de crucificarnos frente al TSE, contra los vocales que aprobaron el fallo a favor de Evo Morales y eso nosotros nunca lo vamos a permitir”, expresó Leonel Condorhuayra, activista de la plataforma Generación Para Bolivia.
ARCE DENUNCIA USO POLÍTICO DE CIDH PARA SACAR DE LA PAPELETA A MORALES
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, afirmó ayer que las dos fundaciones que acudieron a esa entidad de la OEA fueron a defender los derechos de los partidos políticos de oposición que no quieren competir contra el presidente Evo Morales y por eso buscan sacarlo de la papeleta electoral.
“Con todo el respeto que merecen los solicitantes, debo decir que el único derecho que pretenden defender esta tarde ante ustedes (la CIDH) es el derecho de los partidos opositores bolivianos a no competir democráticamente en las próximas elecciones con el Presidente indígena que ha cambiado para siempre y para bien la historia de una nación que hoy es un referente mundial”, afirmó el titular en su intervención en la audiencia pública informativa convocada por la CIDH sobre la reelección en Bolivia, la sentencia 84/17 y la Convención Americana.
Ese espacio fue solicitado por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (HRF), que estuvieron representados por el exmagistrado del TCP José Antonio Rivera Santibáñez, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y el exasambleísta de Podemos Rubén Darío Cuéllar.
Precisamente fueron ellos los primeros en intervenir y poner en juicio la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que determinó la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos por sobre algunas disposiciones de la Constitución que limitaban la repostulación de las autoridades nacionales y subnacionales.
Rivera Santibáñez, por ejemplo, señaló que la repostulación no es un derecho humano y que la nueva candidatura del presidente Morales viola los derechos de las personas que se opusieron en el referendo del 21 de febrero de 2016 a la reforma del artículo 168 de la CPE para incorporar las dos reelecciones de manera continua.
A ello, el Ministro de Justicia respondió que el TCP lo que hizo fue ejecutar lo que establece la propia Carta Magna, que en sus artículos 13. IV, 256 y 410 dispone que los tratados internacionales de derechos humanos deben aplicarse por sobre las disposiciones de la propia norma suprema.
En consecuencia, el TCP, “a través de la sentencia 084/2017, efectuó un control de constitucionalidad y de convencionalidad en apego estricto a sus legítimas competencias, aplicó el artículo 256 de la Constitución, cuya piedra angular es el principio de aplicación preferente de los tratados en materia de derechos humanos, incluso por sobre la ley fundamental”.
Basado en ello, Arce afirmó que el haber hecho prevalecer el artículo 23 de la Convención Americana —que posibilita que todas las autoridades nacionales y subnacionales vuelvan a postular en futuras elecciones— es “un acto legal, legítimo y en consecuencia con el orden interno y externo”.
En la audiencia, que se desarrolló en el salón B Padilha Vidal, en Washington, Estados Unidos, el exasambleísta de Podemos Rubén Darío Cuéllar, en nombre de la delegación, solicitó a la CIDH que a la brevedad posible pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva que determine si la reelección indefinida de una autoridad en funciones es compatible con la Convención Americana y si la alternancia en el poder constituye una restricción al derecho de elegir y ser elegido.
Además solicitó que se exhorte al Estado a “garantizar el derecho a la reunión y protesta pacífica de los ciudadanos bolivianos, de esta manera los órganos estatales deben deponer cualquier actitud, acciones de violencia que puedan afectar la integridad física, la salud y la vida de los bolivianos”.
Las peticiones no obtuvieron una respuesta inmediata de la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien llegó tarde a la apertura de la audiencia.
La comisionada señaló que el tema planteado “es de tal importancia fundamental para la democracia que no lo podemos decidir ahora ni podríamos indicar cuál sería nuestra decisión”.
“Yo, como no soy experta (…), yo necesito tiempo para evaluar, condensar y llegar a una conclusión”, dijo y agregó: “La Comisión se compromete a dar la debida consideración a los alegatos presentados de lado y lado”.
Casi al final, Margarette May Macaulay requirió a las delegaciones traducciones en inglés de los artículos aludidos de la Constitución para realizar la revisión.
El canciller del Estado, Diego Pary, indicó que con la audiencia concluyó el procedimiento solicitado por las fundaciones y que la CIDH no emitió ningún criterio sobre el tema de la repostulación.
“Al concluir la audiencia los comisionados no hicieron ningún pronunciamiento, no hubo ninguna recomendación para el Estado boliviano, ésta fue solamente una audiencia informativa, con lo que concluyó este procedimiento”, enfatizó.
Comunicado | Bolivia reafirma ante la CIDH constitucionalidad del fallo del TCP que habilita a la postulación del Presidente Evo Morales
El Estado boliviano reafirmó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la sentencia 0084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita a las autoridades electas a una nueva postulación, respeta y desarrolla la Constitución boliviana y aplica preferentemente los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En representación del Estado, participaron los Ministros de Relaciones Exteriores, Diego Pary y de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; quienes estuvieron acompañados por el embajador boliviano en la OEA, José Alberto Gonzales; y el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, en la audiencia pública de la CIDH, en su 170º periodo ordinario de sesiones, donde también participaron dos fundaciones opositoras como solicitantes, la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y Fundación de los Derechos Humanos (HRF).
En su intervención el Canciller Pary hizo referencia a la profundización de la democracia en Bolivia. “Desde el retorno a la democracia, la población boliviana fue en reiteradas oportunidades a las urnas electorales para elegir un gobierno legalmente constituido, que se hiciera cargo de los destinos del país. Sin embargo, debido a la baja legitimidad de los actores políticos por el manejo discrecional, sectario y patrimonialista que hacían de las instituciones públicas, en las elecciones presidenciales de los años 1985, 1989, 1993, 1997 y 2002, fue el entonces denominado Congreso Nacional, y no el voto popular, el que en definitiva eligió a los presidentes y vicepresidentes del Estado”, rememoró.
Pary recordó que el año 2005, el pueblo eligió al primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien ganó con una amplia e histórica mayoría del 53.74% de votos a su favor. “A partir de la elección del presidente Morales, se ha llevado adelante un amplio proceso de profundización de la democracia y la inclusión social”, enfatizó.
En este contexto, el 21 de febrero de 2016, en Bolivia se realizó un referendo sobre la modificación del artículo 168 de la Constitución boliviana, respecto a la reelección continua del Presidente y Vicepresidente. Los resultados de este referendo arrojaron una diferencia mínima del 1% a favor de la opción negativa.
Pary aclaró que este resultado fue manipulado e inducido, a través de una campaña corporativa mediática, planificada y mentirosa de desprestigio, creada en contra del presidente de las bolivianas y bolivianos y que, a pesar de ello la Constitución Boliviana, no se modificó en los artículos que proponía, con lo cual se dio pleno cumplimiento a propósito del referendo realizado y no existe ninguna vulneración como mencionan los solicitantes en esta audiencia.
A su turno, el Ministro de Justicia en relación a la Sentencia Constitucional 0084/2017, señaló que la misma cumple plenamente la Constitución boliviana, y que “se desarrolla el derecho interno boliviano, sino que cumple y desarrolla el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aplicando de manera preferente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, a todos los derechos en general y a los derechos políticos en particular”.
Arce precisó que, bajo la actual Constitución, el Estado boliviano tiene la función esencial de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos cumpliendo plenamente el principio del derecho internacional, incorporando tres artículos fundamentales para garantizar la primacía de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales suscritos por Bolivia.
“En primer lugar, el artículo 13 que establece que los derechos y deberes se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 256 que establece que los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre ésta. Tercero, el artículo 410 de la Carta Magna que establece que el bloque de constitucionalidad estará integrado fundamentalmente por los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, detalló.
Arce ratificó que estos elementos fundamentales en las que se funda la sentencia que emitió el TCP el 28 de noviembre de 2017 sobre los derechos políticos que constitucionalmente habilita al Presidente del Estado, al Vicepresidente, Gobernadores y Asambleístas Departamentales, Alcaldes y Concejales, elegidos democráticamente, para ser reelectos, por voluntad popular.
Asimismo, manifestó que este hecho guarda plena consonancia con las experiencias de otros países latinoamericanos, tales como Nicaragua, Honduras y Costa Rica. “Bolivia no es el primer ni el segundo país, sino el cuarto en adoptar esta postura, la Convención Americana”. Concluyendo que “la re-postulación de un candidato no viola derecho alguno y representa una mera posibilidad, toda vez que en última instancia serán los electores quienes le brindarán su voto confianza o se lo denegará”.
A su vez, el Canciller manifestó ante la CIDH que Bolivia goza de plena estabilidad política, económica y social, con una democracia consolidada, con elecciones libres y de acuerdo a la legislación del país, para todos los cargos y niveles.
Finalmente, las autoridades subrayaron que Bolivia es una Nación que viene consolidando un sistema democrático real y propio, con identidad, con amplia participación social y con fuertes componentes de inclusión social. Bolivia es un ejemplo en la región no solo en valores democráticos, sino en estabilidad, dignidad y crecimiento.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
