Los países del ALBA-TCP rechazan medidas coercitivas de EEUU contra Nicaragua
ALBA-TCP rechaza aplicación de sanciones unilaterales de EEUU con la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenan la violación de las normas más elementales del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, a través de la pretensión por parte de EEUU de imponer medidas coercitivas unilaterales como la llamada Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua (llamada NICA-ACT, por sus siglas en inglés).
ONU: persisten restricciones en Nicaragua
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Oacnudh) emitió este miércoles su tercer boletín sobre la crisis en Nicaragua, destacando que no observa mejoras en materia de derechos humanos y que persisten las restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
“La Oacnudh no observó ninguna mejora en la situación de los derechos humanos en Nicaragua en noviembre. Continuó recibiendo denuncias de hostigamiento y detenciones arbitrarias contra dirigentes campesinos y estudiantiles y defensores y defensoras de derechos humanos”, indica el boletín en su primer acápite.
La publicación de Oacnudh se conoce cinco días después de que la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentara en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, un informe de 465 páginas sobre los hechos de violencia ocurridos en el país entre el 18 de abril y 30 de mayo.
En este tercer boletín, la Oficina de la Alta Comisionada precisa que además del deterioro a los derechos humanos, hubo restricciones a las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y “los derechos a un juicio justo y a la presunción de inocencia de las personas que participaron en manifestaciones durante el primer semestre de 2018 continuaron siendo violados”.
Arrestos
Oacnudh destaca que durante el seguimiento, correspondiente al mes de noviembre, fue objeto de su preocupación el arresto de cuatro defensores de derechos humanos que desempeñaron un papel activo durante las protestas, las que surgieron en abril por una reforma fallida al seguro social.
Los casos a que hace referencia el organismo, son el de Lener Fonseca y Freddy Navas, representantes del Movimiento Campesino, el representante estudiantil Ramón González y la feminista Ana Quirós, deportada a Costa Rica.
El organismo afirma que “siguiendo el patrón observado por la Oacnudh desde el inicio de la crisis político-social y política a mediados de abril, todas estas detenciones presentaron elementos de arbitrariedad o ilegalidad que contravienen normas y estándares internacionales de derechos humanos”.
Prohibiciones
La Oacnudh señala también que la Policía Nacional no permite que se realicen movilizaciones pese a que se solicita permiso:
«El 21 de noviembre, la Unidad Nacional Azul y Blanco notificó a la Policía que realizaría una manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 23 de noviembre, la Policía anunció que no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas por parte de personas, asociaciones o movimientos que participaron, y que están siendo investigadas por sus acciones en el intento fallido de golpe de Estado que dejó traumas, luto y dolor a las familias nicaragüenses».
Igual que en el informe del GIEI, el boletín de la Oacnudh expresa que conocieron de las agresiones e intimidación que sufrieron algunos medios de comunicación, y este organismo tomó nota de casos particulares como el canal 100% Noticias, en Managua, y Radio Mi Voz, en la ciudad de León, en el occidente del país.
Sobre el director de 100% Noticias, expone que “el 24 de noviembre, mientras conducía con su esposa, un oficial de policía que llevaba un pasamontañas lo amenazó de muerte, mientras que otro oficial apuntó con un arma de fuego a su esposa. Los trabajadores de Radio Mi Voz, en la ciudad de León, también fueron objeto de hostigamiento”.
La detención y situación legal de manifestantes antigubernamentales, también ha interesado al Oacnudh, pero reconoce que no podría establecer un número exacto de privados de libertad en el período de seguimiento, debido a que no contaron con cifras oficiales y es probable que después de las 48 horas, algunos detenidos hayan sido liberados.
Indica que el 6 de noviembre, por primera vez, el Gobierno proporcionó información detallada sobre 272 personas detenidas, 255 hombres, 17 mujeres. De ellas, 26 ya habían sido condenadas por cargos relacionados con las protestas.
Periodista Luis Galeano abandona Nicaragua tras orden de captura
El periodista nicaragüense Luis Galeano, director del programa de opinión y debate «Café con Voz», informó que abandonó el país tras la orden de captura girada por un juez de Managua, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado.
«Hemos salido del país efectivamente debido a la persecución que ha entablado la dictadura en contra de los medios de comunicación independientes, en contra de periodistas independientes», dijo Galeano en su programa transmitido a través de Facebook Live.
Galeano, de 40 años, transmitía su programa en el canal 100 % Noticias que fue allanado por la Policía Nacional el viernes, al tiempo que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, lo que efectivamente ya ocurrió.
El periodista Miguel Mora, dueño del canal 100 % Noticias, y Lucía Pineda, la jefa de prensa de ese medio, están detenidos desde la noche del viernes pasado tras el allanamiento de esa televisora y enfrentan cargos por «fomentar e incitar al odio y la violencia» y «provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas».
El juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales, a petición de la fiscal auxiliar Lillyam Sosa, también emitió una orden de captura en contra de los periodistas Galeano y Jackson Orozco, además del comentarista político Jaime Arellano, según la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
Galeano, que ha trabajado para el periódico local El Nuevo Diario, la Agencia EFE y colaborado con la agencia estadounidense Associated Press (AP), calificó esa orden de captura de «infame» y, pese a estar fuera de Nicaragua, «no lo callarán».
«El régimen Ortega-Murillo cree que al sacarnos del país, o al encarcelarnos o al tratar de perseguirnos y desesperarnos, todo se acabó y está equivocado», sostuvo.
A su juicio, la «persecución» que el Gobierno que preside Daniel Ortega realiza contra organismos no gubernamentales, medios de comunicación independientes y periodistas críticos, «lo único que hace es mostrar el rostro criminal que ha tenido el señor Ortega oculto».
«Ustedes (Gobierno) quieren criminalizarnos a nosotros (los periodistas) y quieren echarnos la culpa de la desgracia que ustedes mismos han provocado», señaló el comunicador, que acusó al Ejecutivo de ser «un régimen criminal», soberbio, arrogante, prepotente, de no respetar las libertades públicas, ni al que piensa distinto.
«En Nicaragua se ha convertido en un crimen pensar distinto, decir las cosas que uno cree, emitir opiniones cuando la Constitución nos da ese derecho», argumentó Galeano, que se declaró un «perseguido político».
Junto a Galeano también huyó del país el periodista Wistom Postome, que forma parte del equipo del programa «Café con Voz», según dijo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recién sobre la «intensificación de la cuarta etapa de represión estatal» en Nicaragua contra periodistas y medios independientes.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
El Gobierno dio por concluida la misión de ese organismo en Nicaragua la semana pasada.
Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce 199 muertos.
Ortega, con más de 11 años en el poder de manera continuada, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de «golpe de Estado» que, asegura, ya ha sido derrotado.
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