Ley Micaela: el Senado argentino aprobó por unanimidad iniciativa contra la violencia machista
Un Senado unánime
Con el voto a favor de los 59 legisladores presentes, el Senado aprobó ayer por unanimidad la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos (en Diputados, el miércoles a la noche, se aprobó por 171 votos a favor y uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo). En medio de una semana marcada por las denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de militancia, el oficialismo debió ceder a la presión social incorporar el proyecto en la orden del día de la sesión extraordinaria. Senadores y senadoras de todos los bloques opositores criticaron la “hipocresía del Gobierno” al asegurar la defensa de las mujeres y recortar en un 18 por ciento el presupuesto del área. Nancy González (FpV, Chubut) denunció que “desde hace un año y medio está cajoneada la ley de emergencia en materia de género”. María Magdalena Odarda (Frente UNEN, Río Negro), reprochó que no se había construido ni uno de los refugios que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que empezarían a hacerse en febrero y que tampoco se organizó el cuerpo de asesores letrados gratuitos.
La ley propone la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.
La norma estipula la obligatoriedad de la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones y abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos descentralizados.
El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INAM), que dirige Fabiana Tuñez, y el Ministerio de Modernización. En su artículo 4º, la ley establece: “Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, las que comienzan a impartirse dentro del año de la entrada en vigor de la presente ley. Para tal fin se podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres firmadas por el país”.
Consultados por este diario, desde el INAM (que es el organismo de monitoreo de la Convención de Belém do Pará y de otras sobre violencia de género) aseguraron que a la brevedad difundirán los detalles acerca de cómo serán los cursos, cómo se organizarán y quiénes van a dictarlos y evaluarlos.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del Estado en materia de género. El impacto público del “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardin contra Juan Darthes fue otra de las variantes que empujaron el proyecto, que se había presentado en 2017, tenía dictamen de comisión (consensuado entre diputados de todos los bloques) desde hacía meses y sin embargo corría riesgo de perder estado parlamentario por no ser tratado en el recinto.
Ley Micaela: ¿por qué se trata de un avance fundamental?
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado tratará durante el día de hoy la Ley Micaela, un proyecto que propone la creación de una capacitación sobre violencia de género para todos los trabajadores y trabajadoras estatales. El debate se incorporó en sesiones extraordinarias gracias a la presión popular y a las denuncias de abuso que se difundieron a partir del caso de la actriz Thelma Fardin.
Micaela García era de Gualeguay, provincia de Entre Ríos y tenía 21 años. Fue asesinada en abril de 2017. El femicida, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de prisión efectiva por dos violaciones cometidas en julio y noviembre de 2010. Sin embargo, desde enero de 2016, contaba con salidas transitorias, hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, le concedió libertad condicional, a pesar de que los informes del Servicio Penitenciario y del Equipo Técnico Crimonológico lo desaconsejaban. El caso movilizó al país y, gracias a la presión popular, Wagner fue condenado a prisión perpetua. Por su parte, Néstor Pavón, fue condenado a 5 años por encubrimiento agravado.
El proyecto de ley inicialmente presentado en mayo de 2017 por la Fundación Micaela García, con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria, Libres del Sur, Movimiento Evita y Frente de Izquierda, propone un programa de capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. Recién el pasado 20 de noviembre, en el plenario de las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda, se aprobó un dictamen de consenso que crea el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”. El 18 de diciembre, obtuvo media sanción en Diputados, con 171 votos a favor. El único que votó en contra fue el diputado Alfredo Olmedo que justificó su decisión diciendo estar en contra de la “ideología de género”.
Entre sus principales puntos, la ley prevé la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado y organismos descentralizados, en concordancia con la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El programa estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y del Ministerio de Modernización y será de cumplimiento obligatorio, lo que implica que, negarse a realizarlo “sin causa justa”, será considerado una “falta grave”, pasible de sanción disciplinaria. Una vez aprobada la ley, las integrantes del INAM tendrán cuatro meses para establecer los contenidos curriculares del curso a implementarse durante el año próximo.
La inclusión de este proyecto en las sesiones extraordinarias de la agenda legislativa se logró gracias a la presión social. En un principio, su tratamiento había sido descartado, pero la situación cambió particularmente luego de las innumerables denuncias de abuso difundidas en redes sociales y medios de comunicación a partir del caso de Thelma Fardin y de la reacción social a la campaña “Mirá cómo nos ponemos”, iniciada por el colectivo Actrices Argentinas. Tampoco se puede dejar de mencionar la reciente sentencia sobre el crimen de Lucía Pérez, en donde los jueces absolvieron a los imputados de abuso y femicidio, en un fallo machista que revictimiza a la joven e invisibiliza el contexto de vulnerabilidad.
La falta de consciencia sobre la complejidad del problema y la gravedad de la violencia de género es parte de una realidad cotidiana de la cual el Estado es responsable. Las conductas machistas de la Justicia, pero también del resto de los poderes estatales se confirman todos los días, en la falta de políticas para proteger a las víctimas y para erradicar la violencia de género antes de que ocurra. En este sentido, la Ley Micaela es así una herramienta fundamental para desarmar las relaciones de poder que, inmersas en la cultura, marcan las decisiones de los funcionarios y funcionarias y para desmontar, desde el propio Estado, la cadena de violencias que llevan a que, en Argentina, una mujer muera cada 32 horas.
