La «Ley Micaela», nueva ley hacia la igualdad de género en la Argentina. Por Sara Isabel Pérez, especial para NODAL
La «Ley Micaela», nueva ley hacia la igualdad de género en la Argentina.
Por Sara Isabel Pérez*
El miércoles 19 de diciembre el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley “Micaela García”, que crea el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres.” La ley establece, la obligatoriedad de la formación y capacitación permanente en gestión con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos, de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todas las personas que se desempeñan en el Estado, ya sea por haber sido electos o por designación directa tendrán la obligación de tomar cursos sobre el tema. De esta manera, se busca avanzar en la introducción de la perspectiva de género en todas las instancias estatales, como una de las estrategias indispensables para frenar la violencia de género en Argentina.
La ley se denomina “Micaela García”, en homenaje a la joven de 21 años, que fuera secuestrada, abusada y asesinada en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el 1 abril de 2017. Su cuerpo fue hallado una semana después del hecho, en la misma ciudad. A a los pocos días, el femicida de Micaela fue apresado.
El femicidio de Micaela, militante social y estudiante del profesorado de Educación Física, conmovió a la sociedad argentina, que, como lo ha venido haciendo, se manifestó en las calles exigiendo justicia. La situación se agravó y provocó aún mayores reacciones del movimiento de mujeres y de las organizaciones feministas cuando se conoció que su femicida había sido condenado previamente por dos abusos sexuales y que circulaba por las calles de Gualeguaychu, luego de haber obtenido la libertad condicional.
La reacción del poder judicial generó un gran rechazo social y dio lugar a diversas respuestas. Mientras que sectores del gobierno nacional promovieron acciones punitivistas, reclamando mayores penas para los victimarios, las organizaciones feministas y los partidos políticos buscaron soluciones alternativas, a partir del diseño de políticas que garanticen la prevención de la violencia y presentaron un conjunto de iniciativas legislativas, al que llamaron “Micaela García”. Entre ellas estaba la que el día miércoles fue convertida en Ley.
El proyecto de ley, tratado en la Cámara de Diputados el día martes 18, fue presentado originalmente en mayo de 2017. Fue introducido, luego de fuertes presiones, por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en sesiones extraordinarias, en un contexto social de gran movilización pública en torno a la violencia de género.
La denuncia pública por violación que formuló días atrás la actriz Thelma Fantin, acompañada por la organización Actrices Argentinas abrió las puertas a una efervescencia de manifestaciones públicas y denuncias de mujeres de todas las edades y los espacios sobre experiencias de situaciones de abuso y violencia sexual. El actor Juan Darthes ya había sido denunciado previamente por otras actrices; sin embargo, en esta oportunidad, la denuncia fue escuchada. La frase #Yotecreo recorrió las redes sociales y nuevamente se pusieron en el centro del debate las relaciones de poder patriarcales y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, sea esta física, sexual, psicológica, económica o simbólica.
Desde el 1º de abril de 2009 se encuentra vigente en Argentina la Ley Nacional 26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sin embargo, la implementación de lo que la Ley establece aún está muy lejos de garantizar lo que ella misma estipula.
La partida presupuestaria asignada al Instituto Nacional de las Mujeres en el presupuesto 2019, según el informe realizado por ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ha sufrido un significativo retroceso respecto de 2018. Por otro lado, según allí se observa, hay reducciones clave en temas sensibles, como el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia (PNA) y las líneas de atención telefónicas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La implementación de la “Ley Micaela García” requerirá de una asignación de fondos específica, que hasta el momento, la ley no prevé, para garantizar su efectividad.
Por otro lado, la ley asigna al INAM la responsabilidad de diseñar los contenidos curriculares para los cursos a impartir. Sería fundamental que el INAM consulte a las Universidades Nacionales y a centros e institutos del CONICET, que pueden realizar aportes significativos. Existe en Argentina una importante actividad de docencia, investigación y extensión universitaria, así como un trabajo en red entre las universidades nacionales (RUGE – CIN) que, sin dudas, puede ser un aporte diferencial al diseñar y llevar a cabo la capacitación que la ley establece.
*Sara Isabel Pérez, Coordinadora del Programa de Acción Institucional para la Prevención de la Violencia de Género de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina
