Jubilados marchan a la espera de un fallo clave de la Corte sobre la reforma previsional
Jubilados marchan a Tribunales por un fallo clave de la Corte sobre la Reforma Previsional
El máximo tribunal debe definir si deja sin efecto o no la quita compulsiva del 70% que impuso el gobierno de Mauricio Macri a las sentencias con fallo favorable por actualización de jubilaciones.
Se espera que miles de personas se movilicen este martes hasta el Palacio de Justicia con la cosigna «Con los jubilados no» al cumplirse un año de la sanción, entre disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones al por mayor, de la polémica reforma previsional que modificó a la baja la formula para calcular los montos de las jubilaciones.
En diálogo con C5N el abogado previsionalista Christian D’Alessandro recordó que «mientras el presidente (Mauricio) Macri decía el año pasado que los jubilados le ganarían por entre 4 y 6 puntos a la inflación, este año el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó 25 puntos».
La marcha a Tribunales coincide además con la fecha estipulada por la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer su fallo en una causa que busca declarar inconstitucional la quita de casi el 70% que impuso, primero de manera voluntaria y luego compulsiva el gobierno de Macri a las sentencias favorables a los jubilados por el recálculo de sus jubilaciones.
Así, mientras el gobierno de Cambiemos ofrecía pagar de manera inmediata esos juicios a cambio de una quita del 70% luego aplicó dicha reducción de manera compulsiva.
Según trascendió los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti fallarán a favor de los demandantes y votarán a favor de la actualización de las jubilaciones.
Para el año que viene quedará el planteo de inconstitucionalidad de la modificación a la baja de la fórmula de cálculo de las jubilaciones aprobada en diciembre del año pasado en medio de una fuerte represión en las calles.
La movilización de este martes cuenta con el respaldo de decenas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos. También solicitarán un aumento que compense la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones en 2018; que PAMI restablezca la cobertura del 100% en medicamentos; el acceso a la vivienda a adultos mayores vulnerables, y que el Congreso derogue la ley de la reforma previsional.
La canasta básica de los jubilados supera los 26 mil pesos mientras que la jubilación mínima es de 9.309 pesos.
Reforma previsional: fallo complica acuerdo con el FMI
En medio de un clima de extrema tensión, con desesperados intentos oficiales por tratar de torcer el resultado (o en su defecto postergar la definición) y cabildeos de último minuto, la Corte Suprema fallará hoy contra el Gobierno por la fórmula que la ANSES debe aplicar para pagar los haberes a los jubilados que hicieron juicio al Estado. Apuntalado en el precedente “Elliff”, la mayoría del máximo tribunal validará el índice ISBIC, más beneficioso para el cálculo de haber inicial, y sellará la disputa que mantiene en vilo a la Casa Rosada, que se debate entre la resignación y la negación (como con las tarifas en 2016). Tal como anticipó Ámbito Financiero el viernes, el voto firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti contendrá también un fuerte mensaje político dirigido al Congreso para que homologue un parámetro común y complete un vacío legal que los ministros detectaron, lo que haría extensible al universo de casos que tramita la Justicia de la Seguridad Social. Pero también se especulaba con que los dardos apuntarán hacia el organismo que preside Emilio Basavilbaso y eventualmente se declararán inconstitucionales dos resoluciones de la propia ANSES, lo que significaría un cachetazo adicional.
En una postal inusual para el cuarto piso del Palacio de Tribunales, las gestiones del oficialismo no se limitaron a llamados telefónicos que -como informó este diario- tenían interlocutores desde la Jefatura de Gabinete, la Procuración del Tesoro y la propia ANSES en un intento final por torcer del destino del fallo. Anoche, el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, se instaló en el despacho de Elena Highton de Nolasco, la única indecisa. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votará a favor de la posición oficial por que se aplique el RIPTE, tal como reclamó la ANSES sobre la base de la ley de Reparación Histórica. El interrogante es si quedará en minoría absoluta (como con “2×1”), o si el resultado final sea una derrota para el Gobierno de tres votos contra dos, chance de máxima, luego de que fracasara un pedido de aplazamiento del fallo para febrero.
El caso que cerrará la agenda de la Corte de decisiones sensibles será el de Luis Orlando Blanco, que se jubiló en 2003, hizo juicio y lo ganó. Pero ya vigente la Reparación Histórica, se le aplicó para el pago la fórmula obtenida a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en lugar de la basada en el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). La Corte tomará el precedente “Elliff” que ya mencionaba el ISBIC y sobre eso rechazará la postura de ANSES que sistemáticamente apeló las sentencias de las 23 Cámaras Federales de todo el país por aplicar esta fórmula en lugar del RIPTE. Habrá tarea para el Congreso para que legislen y tomen la brasa candente de un stock estimado en 150 mil casos análogos. Es facultad de los legisladores asegurar que la ANSES no sea la principal fuente de litigios en materia previsional (por apelación) que era precisamente lo que se buscaba combatir.
En el Gobierno tampoco se ponen de acuerdo en el impacto fiscal de la decisión que se conocerá hoy al mediodía. Mientras que las áreas judiciales se lamentan, Hacienda y hasta el propio ministro de Producción, Dante Sica, relativizaron el impacto (“nulo”), sobre todo si se da de manera escalonada y no en catarata, como implicaría una acción colectiva. La ANSES dictó dos resoluciones, la 56/18, por la que dispone que se recalculen los haberes previsionales otorgados antes de agosto de 2016 de manera retroactiva. Y una reciente y cuando ya habían comenzado a girar los votos de algunos ministros sobre el caso Blanco. El 12 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la Secretaría de la Seguridad Social que ratificaba el RIPTE como el índice que la ANSES aplica para el cálculo de haberes jubilatorios y la facultad del organismo previsional para regularla. Ambas podrían quedar a tiro de inconstitucionalidad en el fallo de la Corte más esperado del año y que ofrecerá múltiples mensajes políticos.
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