Guatemala: la Fiscalía y la CICIG piden juicio al exministro de Gobernación por corrupción
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron que trece personas enfrenten juicio por el caso conocido Caja de Pandora, en el que se investigaron dos hechos: la corrupción en Presidios y los nexos entre la alcaldía municipal con el reo Byron Lima.
La mandataria de Cicig, Claudia González, explicó a la jueza a cargo del caso Erika Aifán las razones para solicitar que enfrenten juicio, mencionó tener pruebas que vinculan a funcionarios de Presidios con Byron Lima: «Luis Alberto González (director de Presidios en 2012) visitaba a Byron Lima. La seguridad personal de González estaba conformada por Lima y antiguos trabajadores de Lima fueron contratados en el Sistema Penitenciario».
Entre los acusados se encuentran el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el exdirector de Presidios Luis Alberto González y el hermano de Byron Lima, Luis Alberto Lima. El fallecido alcalde Álvaro Arzú enfrentó proceso de antejuicio pero fue declarado sin lugar.
En el caso de López Bonilla, la fiscalía indicó que colaboró con Lima para que el reo tomara el control de la prisión.
El caso
Los señalados de acuerdo al MP habrían integrado una estructura criminal cuyo jefe Byron Lima, asesinado en prisión, confabuló con particulares y funcionarios el cobro de comisiones ilegales a reclusos para obtener el cambio de prisión a conveniencia del reo que pagaba.
Según las pruebas de la fiscalía en el año 2012, Byron Lima pudo haber coordinado el traslado de más de 100 reos a la cárcel Pavoncito.
La otra parte de la investigación determinó que Byron Lima a través de su hermano, acusado, realizó negocios con la Municipalidad de Guatemala y el Partido Unionista a través de la cooperativa que dirigía en prisión llamada Torre Fuerte.
Entre las pruebas que presentó la fiscalía se encuentra el testimonio de Alejandra Reyes, la viuda de Byron Lima.
Las peticiones del MP y la Cicig fueron escuchadas por la jueza Aifán que antes de resolver si enfrentarán juicio las trece personas, escuchará a los abogados defensores.
“No es posible investigar a todos simultáneamente”, Iván Velásquez
Tras tres meses de silencio, Iván Velásquez habló en Centroamérica. Desde que el 31 de agosto pasado el presidente guatemalteco Jimmy Morales emprendió su ofensiva contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el máximo responsable de esta oficina anticorrupción auspiciada por la ONU se la ha pasado en una gira mundial hablando sobre la experiencia de luchar contra la corrupción en Guatemala, pero había evitado, hasta este viernes 7 de diciembre, interactuar con periodistas centroamericanos.
Velásquez, que por ahora tiene prohibido el ingreso en Guatemala por orden gubernamental, participó en San Salvador un foro organizado por el Consorcio por la Transparencia. En su discurso, dejó entrever que cuando termine el mandato de la CICIG también terminará una de las etapas más pujantes de la Comisión. “Hay algo mucho más importante que la CICIG y es Guatemala”, dice Velásquez, ante la pregunta de si el cerco montado por la administración Morales supondrá un punto final para la institución. “Hay un 70 % de aprobación para la Comisión. ¿Cómo se expresará esta ciudadanía en una petición de continuidad de la CICIG? Ya serán los guatemaltecos los que definan sus canales y sus acciones”, dice.
El 31 de agosto, el presidente Morales anunció que no renovará en septiembre de 2019 el mandato de la CICIG. Acto seguido, en una acción que fue recriminada por el procurador de Derechos Humanos y organizaciones civiles, el Ministerio de Gobernación envió vehículos artillados del Ejército a la colonia de Ciudad de Guatemala donde la CICIG tiene sus instalaciones. Tres días después, Velásquez viajó a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de Estados Unidos y, en ese momento, el Gobierno de Guatemala prohibió su reingreso en el país. Desde entonces, Velásquez dirige la Comisión desde la distancia, con ayuda de una directora interina que sí está en el país centroamericano. Jefes fiscales como Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), aseguran que si la CICIG se va, el país volvería a la impunidad de antes.
El texto que aquí se presenta es una consolidación de las preguntas que periodistas y el público asistente al foro hicieron al comisionado Velásquez. El comisionado brindó un discurso y después contestó las preguntas que le hicieron llegar por escrito, incluida una de un periodista de El Faro. Después del acto, brindó una conferencia de prensa de 14 minutos con periodistas salvadoreños.
– ¿Considera que el hecho de no poder usted entrar en Guatemala o la negación de visas a investigadores de la CICIG representa un punto y final para la CICIG, al menos tal como la conocíamos?
—Todavía no hay punto final. La CICIG continúa, y todavía yo estoy al frente, dirigiendo desde fuera de Guatemala. En todo caso, hay algo mucho más importante que la CICIG, y eso es Guatemala, porque todo el trabajo de la CICIG, finalmente, es por Guatemala. Entonces, más que el problema de la permanencia de la CICIG, el problema es la permanencia o no de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad y de la reivindicación de esto que se convirtió en algo aceptado por la sociedad como una enseña: que no hay nadie por encima de la ley, y que se expresa en los procesos que se encuentran en curso.
– ¿Cómo afecta el trabajo de la CICIG que usted no pueda ingresar en Guatemala?
—Sí hay una afectación en la cotidianidad, y en el trato diario con los compañeros de la comisión. Pero también hay una afectación en el trato con líderes sociales, con entidades gubernamentales, con sectores de la sociedad con los que había reuniones constantes. Ahora las reuniones son más limitadas aunque lo logramos a través de videoconferencias. Inclusive lo hemos hecho con diputados, con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con Alianza por las Reformas, que es un gran consorcio de más de 30 entidades vinculadas con la lucha contra la corrupción, con autoridades indígenas, con columnistas de prensa, con periodistas; es decir, que hemos tratado que la imposibilidad de ingreso afecte lo menos posible al normal desarrollo de la Comisión. Los compañeros de la CICIG, lo mismo que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y en general del Ministerio Público, siguen con igual entusiasmo.
– ¿Por qué Naciones Unidas no da un paso más fuerte para que pueda regresar a Guatemala?
—Digamos que no hay respuesta. Sin embargo, sí quiero decir esto, porque no decirlo significaría cierta descortesía mía: que no obstante la declaratoria de persona non grata y el intento de expulsarme de Guatemala, no obstante la prohibición de regresar al país, el secretario general de la ONU ha mantenido el respaldo y ha permitido que desde fuera del país yo pueda continuar dirigiendo la Comisión, y esto es un respaldo en realidad muy fuerte. Sobre el regreso o no a Guatemala, hay otras circunstancias nacionales que pueden tener cierta prudencia y que en todo caso lo que no debe existir aquí es una confrontación directa entre el secretario general de la ONU y el presidente de la República de Guatemala.
– La Corte de Constitucionalidad ha ordenado al gobierno que negocie con la ONU las nuevas cláusulas de trabajo de la CICIG. Eso apunta a que es el fin de esta era de la CICIG.
—Lo que hay que tratar es que no se pierdan la eficiencia y el impulso que han venido teniendo la CICIG. La ausencia mía del país, naturalmente, genera unas dificultades; es decir, no es lo mismo dirigir desde afuera que dirigir en el propio país. No es lo mismo la relación personal cotidiana que a través de videoconferencias o llamadas pero lo importante es que haya una continuidad. Independientemente de lo que finalmente se acuerde, la CICIG no puede perder su capacidad de investigación, y de ser un apoyo al Ministerio Público, y un apoyo cierto, real, fuerte.
– ¿Cree que la negociación va a ir en detrimento de la mística del trabajo de la CICIG que usted dirige?
—Realmente plantear una nueva CICIG es muy complicado porque eso supondría una modificación del acuerdo de constitución de la CICIG, y una modificación del convenio supone una intervención nuevamente del Congreso de la República para su aprobación, y de la Corte de Constitucionalidad para determinar si está ajustado a la Constitución. Y de acuerdo con lo que el presidente ya ha transmitido al secretario general de la ONU, la decisión del Gobierno es que no continúe la CICIG después del 3 de septiembre de 2019. Entonces, la negociación Gobierno-ONU no significaría finalmente una CICIG reformada, en el sentido de que el convenio se toque, porque ni siquiera habría tiempo para llegar a una negociación en ese sentido. Lo demás podría ser respecto del funcionamiento propio de la CICIG, que es lo que dice el artículo 12 del acuerdo de constitución: las controversias sobre el funcionamiento de la Comisión las resuelven las partes en discusiones amigables.
– Hay críticas a la CICIG. ¿Qué críticas usted considera válidas?
—Ocurre que a la CICIG se le atribuye algunas situaciones que no son siquiera imputables al Ministerio Público; por ejemplo, que hay un exceso de prisión preventiva, pero eso es una decisión judicial, porque el Ministerio Público no puede tomar una determinada decisión en ese sentido, sino que hace la petición al juez y este resuelve. Hay críticas porque la CICIG no ha logrado condenas suficientes o prontas, ese es un problema también del Poder Judicial; no es imputable al Ministerio Público ni a la CICIG que contribuye con la investigación. Las sentencias las dictan los jueces. Y hay otras críticas que son totalmente infundadas, por irreales; críticas que se han venido originando a partir de la contradicción del gobierno actual con la CICIG.
– Por ejemplo, que la CICIG intervino en un allanamiento ilegal en Casa Presidencial.
—En realidad, el propio presidente de la República, al producirse el registro en la Secretaría de Seguridad de la Presidencia, había dicho que no existía ninguna actuación irregular, pero ocho o diez meses después, en medio de la confrontación, dijo que esta era la manera en cómo se evidencia que la CICIG es un peligro para la seguridad nacional. Seguramente hay críticas que podrían tener un sustento; sin embargo, lo que más se repite es lo de las investigaciones selectivas, o que la CICIG no investiga a todos. Lo que pasa es que no es posible investigar a todos simultáneamente. La capacidad de la CICIG además es reducida. Lo que sí es absolutamente cierto es que la CICIG no favorece a ningún sector o a ninguna persona. Algo muy frecuente en Guatemala es el “paracuandismo”; cuando se tiene una investigación contra alguien y la gente pregunta “para cuándo” este otro, y se hace investigaciones sobre ese otro, y luego “para cuando”, este otro.
– ¿Qué se debe de hacer para que el sistema de justicia no sea selectivo y buscador de protagonismos mediáticos?
—El problema de lo selectivo es si esa selectividad implica un favorecimiento a unos o un orden en la investigación criminal. Si ocurre lo primero, es realmente grave. Significa que no existe una fiscalía imparcial porque otro problema que hay, y lo es más en las fiscalías pequeñas como la guatemalteca, es que no se puede asumir, por más voluntad que tenga el fiscal general, las investigaciones de todos los delitos y de todas las personas, porque no hay capacidad para dar respuestas de esa naturaleza. Entonces, que unas personas aparezcan inicialmente vinculadas a procesos, de acuerdo con el desarrollo de las investigaciones, con las circunstancias, con las mayores o menores probabilidades de éxito de una investigación, no significa por sí mismo que haya persecución selectiva.
– ¿Por qué importa que quien se ponga a la cabeza de la Fiscalía sea independiente?
—Cuando se depende de que llegue una persona a dirigir una institución, es porque falta institucionalidad. En Guatemala también se depende de quién llega a ser jefe del MP, y las mismas preocupaciones que escuché aquí en El Salvador respecto de la elección del fiscal general se producen cada cuatro años en Guatemala, porque se depende de la persona y se dice que si llega una persona con compromisos, se corre el riesgo de que todo lo que haya avanzado en el MP retroceda o se paralice. Esto de la independencia es realmente crucial, sobre todo en estos momentos en América Latina, en general, en donde los ministerios públicos de muchos de nuestros países son frágiles. La independencia que mostró el MP permitió todo lo que se hizo en 2015, 2016, 2017, hasta ahora. Sin independencia, difícilmente la Fiscalía habría solicitado la orden de captura contra un presidente de la República en funciones.
– ¿Puede enumerar un par de mecanismos de fortalecimiento institucional que trasciendan más allá del funcionario de turno?
—El establecimiento de una verdadera carrera fiscal, que tenga en cuenta los méritos, que sea por idoneidad, por capacidad, por honorabilidad, que se ingrese al servicio público, particularmente, en la Fiscalía General y en el Poder Judicial. Y por otro lado, el fortalecimiento o adquisición de capacidades técnicas en la investigación criminal, pues eso hace mucho más objetiva la investigación, para que dependa mucho menos de prueba testimonial, y que se armen casos basados en pruebas científicas. Eso, además, sirve como resguardo frente a cualquier interés particular de desviar investigaciones porque la fortaleza probatoria es incuestionable.
– Antes de la creación de la CICIG, hubo críticas de diversos funcionarios en cuanto a la creación de la Comisión.
—Sí, me parece normal que existan esas controversias, aunque yo no estaba en Guatemala y tengo poco conocimiento sobre cómo se desarrollaron. Sé que hay sectores y personas que desde ese tiempo de las discusiones se venían oponiendo y afirmaban que esta era una forma de pérdida de soberanía o de injerencia de la comunidad internacional en los asuntos internos. Pero finalmente llegaron a un acuerdo, el Gobierno con la ONU, porque esto fue por petición del Gobierno de Guatemala.
– En 2015, parte de lo excepcional en el combate a la corrupción fue la sumatoria de actores sociales, empresarios, universidades… ¿Qué pasa cuando algunos de estos actores se ven vinculados a casos de corrupción y se pierde el apoyo?
—Creo que sí hay una afectación real. Se produjo, efectivamente, a mediados del 2016, después de que importantes empresarios resultaron involucrados en investigaciones por temas de sobornos, de cohechos, o de financiamiento electoral ilícito. En ese momento se inició una campaña fuerte contra la CICIG, inclusive de lobby en Estados Unidos, para tratar de disminuir o restar el apoyo de ese país a la CICIG. Y desde entonces se ha venido conformando un frente muy poderoso; en realidad, son sectores que tienen mucho poder, donde está naturalmente involucrado el Gobierno, pero también con empresarios afectados o con temor porque saben qué es lo que pasa y saben cuál es la decisión de la CICIG, de continuar con el Ministerio Público adelantando estas investigaciones. Entonces, para tratar de frenar a la CICIG, diputados que se encuentran investigados, exdiputados, militares y exmilitares han venido desarrollando una campaña negra contra la CICIG. A pesar de todo eso, después de la prohibición de ingreso al país, en algún estudio de opinión que se hizo, el 70 % de los guatemaltecos respaldaba la presencia de la CICIG en el país y no estaba de acuerdo con la decisión presidencial de que concluyera en septiembre de 2019.
– ¿Qué tan determinante es el apoyo o de la presión de la sociedad civil para mantener o solicitar una CICIG?
—El apoyo que nosotros recibimos de parte de la sociedad civil durante 2015 fue realmente decisivo para las investigaciones. Creo que sin ese respaldo, el gobierno habría podido actuar con mucha tranquilidad no sólo contra la CICIG, sino también contra la fiscal general, y tuvo que abstenerse porque había una real y muy amplia voluntad general de que continuaran estas investigaciones. Para la permanencia de la CICIG, lo decía, ya hay una decisión presidencial, y ya hay también ese 70 % de aprobación de permanencia de la comisión. Cómo se exprese esta ciudadanía en una petición de continuidad de la CICIG, ya serán los guatemaltecos los que definan sus canales y sus acciones; es decir, es un tema en el que yo no tendría cómo opinar en este momento.
– ¿Usted no nota un debilitamiento en el apoyo ciudadano a la CICIG? El 31 de agosto, cuando las camionetas militares llegaron afuera de la CICIG, se convocó a las protestas y la verdad es que fue una reunión muy pobre de gente.
—Sí, pero hay una situación que también habría que mirar, y es lo que significó el discurso presidencial el 31 de agosto, que fue el día del anuncio que la CICIG no continuaría en septiembre de 2019; cómo se produjo, con decenas de militares o policías uniformados respaldando al presidente, y lo que eso significó, según lo que me decían guatemaltecos sobre las épocas de la dictadura. Esos vehículos artillados no sólo estuvieron al frente de la CICIG, sino que luego hicieron rondas por las embajadas y se desplazaron a la plaza de la Constitución y a la Corte de Constitucionalidad; entonces, esa sola expresión tiene una finalidad naturalmente intimidatoria que probablemente produjo un resultado en el sentido que menciona en la pregunta. Sin embargo, también se vieron manifestaciones: los indígenas de Sololá el 10 de septiembre; el 11 de septiembre en Totonicapán, con grandes manifestaciones de miles de las comunidades indígenas. El 12 de septiembre campesinos desplazándose hacia la ciudad capital. Es decir, también ha existido un gesto pero finalmente lo que importa más que el respaldo a la CICIG es el respaldo de la ciudadanía a un trabajo de la justicia, a un trabajo contra la corrupción, y a un compromiso de los guatemaltecos porque, finalmente, son ellos los responsables de su destino, los responsables de trabajar por la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
