Guatemala: el gobierno retiró inmunidad y acreditación diplomática a 11 miembros de la CICIG
Se acabaron los amagues: Gobierno expulsa a investigadores de CICIG
A las 13 horas con 10 minutos, personeros de Migración se hicieron presentes en la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para notificar la expulsión de 10 investigadores del ente internacional.
Los investigadores a quienes se les retiraron las visas e inmunidad son: Coriolano Marcelo Umpirrez Osorio, John Washington Giménez Robayna, María Martin Quintana, Fernando Robles Reyes, Yilen Osorio Zuluaga, Roque Marcelo Veliz Lopez, Horacio Roberto Piccardo Candia, Luis Fernando Orozco Álvarez, Fernando Washington Dos Santos Oliverira, Cesar Augusto Rincón Sabogal.
Si no se retiran en 72 horas serán expulsados con el apoyo de la fuerza pública.
Once investigadores y abogados de Cicig quedan sin inmunidad
A los investigadores ya se les había revocado o denegado visas de trabajo desde octubre último. Ellos han trabajado en casos como el financiamiento a FCN en 2015, La Línea y Traficantes de influencias:
1 – Vicenzio Caruso, quien tuvo participación en el caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial FCN-Nación, en el cual el Congreso archivó las dos solicitudes de retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales. Experto en rastreo de capitales y lavado.
2 – Yilen Osorio Zuluaga, quien estuvo a cargo de la investigación del caso Traficantes de influencias, en el que MP y Cicig pidieron el retiro de inmunidad del diputado Felipe Alejos, pero la Corte Suprema de Justicia lo denegó.
3 – Roque Marcelo Veliz López, investigador uruguayo que participa en el caso contra Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia separada del cargo y quien está procesada.
4 – Luis Fernando Orozco Alvarez, investigador en el caso La Línea, que espera inicio de juicio, y mandatario de Cicig en el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación, en el cual el Congreso ya archivó la segunda solicitud del retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales.
5 – César Augusto Rincón Sabogal: abogado del caso casos IGSS-Pisa, ya sentenciado, y Botín Registro de la Propiedad, en el cual están involucrados Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente. Rincón es colombiano-canadiense y lleva más de 10 años de trabajar en la Cicig.
6 – John Washington Gimez Robayna.
7 – María Martín Quintana, quien fue delegada de oficina de Cicig en Quetzaltenango, la cual cerró operaciones para concentrarse en casos en la sede central.
8 – Fernando Robles Reyes, investigador financiero.
9 – Harcio Roberto Piccardo Candia.
10 – Fernando Washington dos Santos Oliveira.
11 – Coriolano Marcelo Umpierrez Osorio.
La notificación oficial, que salió publicada este martes en el apartado legal del Diario de Centro América, señala: el día 17 de diciembre del presente año se les comunicó -a los 11 investigadores y abogados- que sus acreditaciones que les fueron otorgadas de manera personal e individual como expertos de la Comisión y familiares, según el caso, debido a que la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas, dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que en tales calidades les correspondieron.
Consultado sobre el retiro de las acreditaciones, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dijo que el Ejecutivo quiere que la Cicig cumpla con su mandato y con estas actuaciones lo está impidiendo.
La Cancillería afirmó que con el retiro de sus privilegios «cada uno de los funcionarios se convierte en un extranjero más en el territorio nacional, lo que significa que deben sujetarse a las leyes y normas del país».
La información oficial señala que este procedimiento era el paso administrativo siguiente al retiro o revocatoria de las visas de cortesía y que el acuerdo de creación de la Cicig continúa vigente.
Además, señala el Minex: «el diálogo con ONU se mantiene y se está a la espera de que ellos respondan sobre las inconformidades planteadas por el país».
La cartera indicó que la notificación sobre el retiro de privilegios se hizo por medio de un acta que se entregó a la sede de la Cicig, en la zona 14 capitalina, y que, aunque esta no fue firmada de recibido, el documento se dejó en el lugar.
Cuando en octubre se hizo oficial que el Ejecutivo no renovaría y denegaría visas de trabajo a los 11 investigadores y abogados de la comisión, fuentes informaron a Prensa Libre que las motivaciones podrían estar relacionadas con las nuevas investigaciones sobre corrupción en las que el personal estaba involucrado.
Por su parte, el presidente Jimmy Morales afirmó que esas visas se denegaron o no se renovaron atendiendo la seguridad del país. «Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado».
Comunicado de prensa sobre información que circula respecto a situación de 11 funcionarios internacionales
Según información que circula proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a once funcionarios y dos de sus familiares a quienes no se les ha renovado su visa de cortesía, acreditación diplomática y se les retira la inmunidad. Cabe señalar que los funcionarios internacionales involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala.
La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios.
La información citada en el Diario Oficial no ha sido notificada a la CICIG mediante los canales diplomáticos correspondientes. Un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas. La Comisión no ha sido notificada mediante un procedimiento que esté legalmente previsto por lo que no puede considerarse una notificación diplomática.
“La decisión del ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala de revocar y no renovar visas a funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, carece de fundamento legal, y por lo tanto , es arbitraria. La única razón expresada, tanto por el Presidente de la República como por la ministra, señalando de terroristas a esos funcionarios, con investigaciones pendientes en sus países de origen, es absolutamente falsa como se demostró oportunamente con los certificados de carencia de antecedentes penales que fueron aportados a la Cancillería. Si el Gobierno de Guatemala posee una información veraz diferente, sería conveniente que la diera a conocer públicamente”, señaló el Comisionado Iván Velásquez.
Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de CICIG derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visa de cortesía. Según el acuerdo de creación de CICIG es solamente el Comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales.
“La decisión que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores el día de ayer, publicada hoy en el Diario de Centroamérica, en el sentido de que “la acreditación de las personas antes indicadas quedó sin efecto (…) por lo que corresponde la devolución de los carnés de identificación que les fueron otorgados en su calidad de expertos de esa Comisión y que están aún en su poder (…) [y] ya no les corresponden los privilegios e inmunidades de que gozaban en su calidad de expertos de la CICIG”, es igualmente injustificada y desconoce el Acuerdo de Constitución de la Comisión, que es del que se derivan las inmunidades otorgadas a los funcionarios extranjeros de la CICIG”, manifestó el Comisionado.
La CICIG sigue trabajando en el marco de lo expresado en su acuerdo de creación que señala que es mediante el diálogo entre el gobierno de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas la vía para solucionar cualquier diferendo.
“Las vías de hecho adoptadas por la Cancillería de Guatemala desconocen la Constitución Política de la República, constituyen un atentado al Estado de Derecho y podrían significar el preludio de acciones de fuerza contra los funcionarios de la CICIG”, señaló el Comisionado Velásquez.
Ven ilegal nueva arremetida del Minex contra la CICIG
Analistas consultados por “La Hora”, aseguraron que las nuevas acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) contra investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), son ilegales y no tienen efectos jurídicos.
De acuerdo con Oswaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala (CES), lo que publicó el Minex no puede tener efectos jurídicos y no puede nacer a la vida jurídica porque es contrario a derecho. “El acuerdo con el Secretario de Naciones Unidas sobre la CICIG está vigente y este acuerdo establece que los únicos que pueden renunciar a sus inmunidades y prerrogativas son los propios funcionarios, el Comisionado puede renunciar a las mismas frente al Secretario de Naciones Unidas, y los empleados de CICIG frente al Comisionado y ellos no están renunciando a eso”.
El decreto 35-2007 del Congreso de la República mediante al cual se aprobó el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala por CICIG, avala íntegramente lo que dice el Acuerdo, por lo tanto, lo que hizo la canciller, Sandra Jovel o lo que hace la Cancillería va en contra de este decreto legislativo, entonces es ilegal en ese sentido, explicó el analista.
“Es una acción más del Pacto de Corruptos. No obstante se sienten con el poder para ejecutar ese tipo de reglas que ellos mismos están creando”.
Según Samayoa, hay necesidad de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le ponga un alto al Gobierno y reitere que ya se determinó que toda controversia la deben resolver mediante el convenio y “no por las ideas u ocurrencias de los funcionarios, porque eso es actuar arbitrariamente”.
Por su parte, Luis Linares de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que estas acciones de la Cancillería son ilegales, porque las inmunidades de los miembros de la CICIG no son objeto de retiro, ya que incluso trasciende del cargo de la persona, “no es como la inmunidad que otorga el Derecho de Antejuicio, que protege a la persona cuando ostenta el cargo, aquí es para protegerlos de las acciones por las actividades que realizan o por los intereses que afecten las acciones de la CICIG”, destacó.
“En general creo que estas acciones violan el Acuerdo, por otro lado es la muestra de la terquedad del Gobierno en cuanto a que de una u otra forma quiere desmantelar el trabajo de la CICIG. Contradice totalmente lo que ha dicho en palabras el presidente Jimmy Morales, al decir que apoya la lucha contra la corrupción”, manifestó Linares.
Agregó que los funcionarios de este Gobierno están envalentonados, además, que la pasividad y ambigüedad en las acciones ha permitido que los funcionarios sigan paso a paso socavando las capacidades de la CICIG. El analista advirtió que posteriormente irán en contra del Ministerio Público (MP).
Por último, aseguró que la pasividad de la ciudadanía mantiene envalentonados a los funcionarios tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República.
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