El gobierno habilita a la policía a disparar sobre personas en situación de fuga
Licencia para matar
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso en práctica un reglamento para el uso de armas letales por parte de fuerzas federales que legaliza lo que hizo el policía Luis Chocobar, al asesinar a un asaltante que huía. La iniciativa se publicó ayer en el Boletín Oficial y tendrá vigencia desde hoy. El reglamento también vuelve legal disparar a una persona sobre la que luego se compruebe que tenía un arma de juguete, o bien disparar a alguien que forma parte de un grupo donde otro tiene un arma, o bien disparar a quien haga un movimiento que el policía interprete que puede ser para sacar un arma. La resolución fue cuestionada por organismos de derechos humanos y por la Defensoría General de la Ciudad.
El viernes pasado, en plena cumbre del G20, cuando le preguntaron sobre la medida –que todavía no estaba publicada–, la ministra Bullrich aseguró que tenía que ver con darles garantías y establecer un protocolo de actuación a las comitivas extranjeras. No obstante, la resolución que se conoció hoy no tiene plazos temporales: no se trata de medidas excepcionales para el G20, sino de una política que rige de ahora en más. De hecho, el decreto deroga “toda disposición o normativa contraria a la presente medida dictada en jurisdicción del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Pese a que un vocero de Bullrich aseguró la semana pasada que ya estaba en efecto el nuevo reglamento, el decreto publicado ayer establecía que recién hoy entraba en vigencia. Por lo tanto, no tuvo relación alguna ni vigencia durante el G20. De hecho, no aparece tampoco mencionado en los considerandos de la resolución.
En el “Reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, indica en su segundo artículo que los motivos para hacer “uso de las armas de fuego” son, además del peligro inminente de la vida propia o de otra persona, “para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” y también “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
¿Qué considera el Gobierno de Mauricio Macri como “peligro inminente”? Lo aclara en el artículo cinco del mismo reglamento: “Se considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones, en las siguientes circunstancias”. Además de cuando la persona “actúe bajo amenaza de muerte o lesiones graves”, cita las siguientes posibilidades:
- “Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”. En septiembre de este año, un niño de 9 años con retraso mental jugaba en la vereda de su casa con un arma de juguete. Un policía de la Bonaerense confundió el arma, se bajó del patrullero, comenzó a ahorcarlo con la remera y a golpearlo brutalmente. La madre salió a socorrerlo y el policía le dijo que debía agradecer que no había bajado con el arma. Ahora, con el nuevo reglamento de Bullrich, podrá hacerlo y disparar.
- Otra de las causales para el uso de armas letales es “Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: 1) Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas; (…) 3) Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”. Según este último punto, la simple interpretación de un policía de que una persona podría estar por sacar un arma, bastan para responder con disparos.
- “Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”. Nuevamente, queda a criterio del policía cuando una persona puede causar esto “sin el uso de un arma”.
- “Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”. Queda a criterio del policía que sería “debido cumplimiento del deber”.
- “Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
Esta última es, textualmente, una descripción del delito por el que Luis Chocobar está yendo a juicio: según las filmaciones, dos asaltantes acuchillaron a un turista, uno de ellos intentó huir y Chocobar le disparó por la espalda. El presidente Macri lo recibió para felicitarlo y sostuvo, al igual que Bullrich, que los disparos se habían efectuado para salvar al turista. Las filmaciones de las cámaras de seguridad desmintieron el montaje oficial y mostraron que Chobocar en ningún momento actuó para proteger al turista (a quien, en un primer momento, le apunta con su arma). Llegó después, persiguió a Pablo Kukok y lo mató. Una pericia reciente de la Policía Federal, que el Gobierno nacional difundió a los cuatro vientos, asegura que la bala rebotó.
El reglamento aprobado por la ministra Bullrich tuvo como respuesta inmediata las críticas de distintos organismos de derechos humanos e instituciones destinadas a proteger las garantías de los ciudadanos. El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, aseguró que “en lugar de proteger la vida de los ciudadanos, el Estado impone la violencia”. El funcionario indicó que el reglamento “incluye, bajo el ropaje del cumplimiento del deber y la legítima defensa, situaciones en que el peligro ha cesado”. “Este supuesto permitiría absolver al policía Chocobar por el asesinato de Pablo Kukoc, perpetrado cuando este huía sin representar grave e inminente peligro la vida de terceros”, advirtió.
Pese a que el decreto dice ampararse en legislación internacional, Duacastella indicó que viola los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. “Es la conversión en ley del gatillo fácil”, sostuvo la referente de Correpi, María del Carmen Verdú.
«Convirtieron el gatillo fácil en ley», denuncian organismos de Derechos Humanos
Organismos de Derechos Humanos y antirrepresivos advirtieron esta mañana la peligrosidad de la implementación generalizada de la denominada doctrina Chocobar. “Es la conversión en ley del gatillo fácil”, dijo María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que “el gobierno está poniendo en práctica la teoría del «enemigo interno». Ambas organizaciones salieron a repudiar el protocolo que autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas sobre situación de fuga y que se publicó hoy en el Boletín Oficial. La decisión del gobierno fue adelantada por Tiempo en su edición del domingo.
Verdú recordó que, antes de la Cumbre del G20, el Ministerio de Seguridad había asegurado que el uso de armas letales estaría limitado a una situación de peligro contra los líderes presentes en Argentina para participar de las deliberaciones en Costa Salguero. “A partir de la publicación en el Boletín Oficial vemos que quieren ampliar esa resolución para uso general. Es la conversión en ley del gatillo fácil”, sentenció.
La abogada explicó que “cada una de las hipótesis que ponen para justificar el uso de armas letales son las excusas que dan los efectivos en los juicios por fusilamiento de gatillo fácil: delito de lesiones (caso Chocobar), o que la policía suponga que el otro está armado aunque no lo esté (caso Céspedes)”.
“En las normas del manual de capacitación de la Policía Federal, vigente de marzo 2002, establece que tiene que haber una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio en enfrentamiento con personas armadas con el mínimo de riesgo posible para terceros. Y también se establece que, en caso de fuga, no se justifica el uso de armas excepto que en su huida el agresor continúe haciendo fuego. Prescribe que entre matarlo o dejarlo escapar, hay que dejarlo escapar. Todas las técnicas y tácticas policiales privilegian la vida de las personas. Disparar es el último recurso disponible sólo para protección propia y de terceros”, explicó.
La abogada recordó que “hay dos tratados internacionales de la Asamblea de la ONU, uno de 1979 y otro de 1999, incorporados a la normativa de aplicación interna, que son los códigos de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que contemplan sólo usar arma de fuego cuando otros medios sean ineficaces, respetando y protegiendo la vida”.
En tanto, Carlotto señaló que «el gobierno está poniendo en práctica la teoría del «enemigo interno» que se utilizó durante la dictadura». “No vamos a tener miedo como ellos quieren. No nos deprimimos, seguiremos luchando por recuperar el pais”, concluyó la referente de Derechos Humanos.
Desde el Parlamento, la diputada Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) sostuvo que la resolución es “muy grave, Bullrich autoriza el uso de armas de fuego, permiso de fusilar a pibes, pobres y disidentes”.
Por otra parte, el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, aseguró que «en lugar de proteger la vida de los ciudadanos, el Estado impone la violencia”, y señaló que el reglamento “comete un fraude de etiqueta ya que incluye, bajo el ropaje del cumplimiento del deber y la legítima defensa, situaciones en que el peligro ha cesado (…) Este supuesto permitiría absolver al policía Chocobar por el asesinato de Pablo Kukoc, perpetrado cuando este huía sin representar grave e inminente peligro la vida de terceros”. Advirtió además que la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich “viola los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana en 1990».
HIJOS Capital expresó: “Lo dijimos y ella lo confirma: Patricia Bullrich es el brazo armado de la miseria planificada”. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos publicó: “El gobierno, de manera inconstitucional, legaliza el gatillo fácil y la Doctrina Chocobar. ¡No podemos permitirlo!”, llamó.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analizó y adviertió: “Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial. A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”.
A su vez, AGD UBA manifestó: “Llamamos a las y los docentes a pronunciarse en contra de esta resolución, que significa un retroceso en nuestras libertades democráticas y un aval a la barbarie de los aparatos del Estado”.
Todo el arco opositor repudia la normativa represiva
Un gran número de dirigentes alertaron sobre la posibilidad de fusilamientos, el alejamiento del Estado de Derecho y la preparación de un modelo represivo. Por ejemplo, la exjueza y actual diputada nacional peronista por Santa Fe Alejandra Rodenas, quien como magistrada tuvo a su cargo el procesamiento de una parte de la banda narco rosarina “Los Monos”, tuiteó: “En el día de hoy el Ministerio de Seguridad oficializó la doctrina Chocobar en la reglamentación del uso de armas de fuego y se alejó un poco más del respeto por el Estado de Derecho”.
Su comprovinciano y también diputado nacional Agustín Rossi coincidió: “El gobierno de Macri autorizó a las fuerzas de seguridad de Bullrich a usar armas de fuego, aún cuando la persona sospechada esté desarmada. Cuando cambiamos Estado de Derecho por disparos por la espalda, toda la ciudadanía está en peligro. El crimen organizado se ríe, impune”.
Sergio Burstein, dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, sentenció: “Luz verde al gatillo fácil”. La también diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez recordó: “Bullrich mintió al decir que el nuevo protocolo de uso de armas aplicaba para el G20, entró en vigencia hoy y habilita disparar incluso cuando la persona supuestamente responsable de un delito está desarmada”. Su par Hugo Yasky calificó a Bullrich como “la ministra más peligrosa de los últimos 50 años”. El senador Fernando “Pino” Solanas lamentó: “El decreto de Bullrich habilita la pena de muerte en Argentina. No hay ajuste sin represión”.
Desde la izquierda, la diputada nacional Romina del Plá (PO – Frente de Izquierda) aseguró: «Patricia Bullrich aprovechó la excusa del G20 para legalizar la Doctrina Chocobar. Esto es legalizar el gatillo fácil, el uso de armas de fuego y disparar a matar. Esto es muy grave porque en los considerandos ni siquiera es necesaria la identificación de las fuerzas federales”, advierte.
La diputada porteña (PTS/Frente de Izquierda) Myriam Bregman marcó: “Patricia Bullrich modifica el Código Penal por resolución ministerial. Interesantísimo lo suyo, pero inconstitucional. Todos y todas debemos manifestar ampliamente el repudio a la resolución sobre la ampliación del uso de armas de fuego. Con toda nuestra fuerza”, enfatizó. Su par Nicolás del Caño señaló: “Patricia Bullrich promueve el fusilamiento liso y llano como hizo la prefectura con Rafael Nahuel cuando lo asesinó por la espalda”.
El dirigente Itai Hagman expresó: “En el Boletín Oficial se publicó hoy el decreto que oficializa la #DoctrinaChocobar y legaliza el gatillo fácil. Se autoriza el empleo de armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención ante un hecho delictivo. Muy grave”.
Por su lado, la diputada nacional Mónica Macha señaló: “Bullrich profundiza su política de rienda suelta a las fuerzas de seguridad, ahora con el nuevo reglamento de uso de armas de fuego, que es otra medida irresponsable que pone en peligro a toda la población”. Su par Gabriela Estévez enfatizó: «Hay poca comida pero hay muchas balas’. Para Cambiemos gobernar es reprimir.” Para el también legislador Gabriel Solano “Patricia Bullrich legaliza el gatillo fácil”. Mientras que el diputado nacional Carlos Castagneto coincide: “Bullrich legitimó la “doctrina Chocobar” con nuevo protocolo para el uso de armas de fuego”.Por su lado, la diputada nacional Mónica Macha señaló: “Bullrich profundiza su política de rienda suelta a las fuerzas de seguridad, ahora con el nuevo reglamento de uso de armas de fuego, que es otra medida irresponsable que pone en peligro a toda la población”. Su par Gabriela Estévez enfatizó: «Hay poca comida pero hay muchas balas’. Para Cambiemos gobernar es reprimir.” Para el también legislador Gabriel Solano “Patricia Bullrich legaliza el gatillo fácil”. Mientras que el diputado nacional Carlos Castagneto coincide: “Bullrich legitimó la “doctrina Chocobar” con nuevo protocolo para el uso de armas de fuego”.
Genocidas: la Corte volverá a expedirse sobre el 2×1
La Corte Suprema de Justicia volverá a expedirse sobre el polémico 2×1 que beneficiaba a los genocidas de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Se espera que se revoque el fallo inicial luego de la ley promulgada en el Congreso Nacional que canceló ese beneficio para los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
La definición se llevará a cabo este martes cerca del mediodía y reemplazaría al fallo de 2017, el cual llevó una multitud a las calles en repudio por el beneficio para el represor genocida Luis Muiña.
Los magistrados se expedirán en base a la ley 27.362, aprobada por el Congreso a mediados de 2017, tras la controvertida resolución judicial.
Con esa medida, los diputados y senadores nacionales legislaron de forma explícita que este beneficio no puede ser implementado a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad.
El caso que se tomará como precedente será el de Rufino Batalla, condenado a 12 años de prisión por su participación en el centro clandestino La Cacha, quien luego de la resolución que benefició a Luis Muiña el 3 de mayo de 2017 también reclamó que se le computara el 2×1 para salir de prisión.
La expectativa está puesto en el voto del juez Horacio Rosatti, quien el año pasado votó a favor de concederle este beneficio a represores, pero en esta oportunidad cambiaría su postura para adecuarse a la ley.
Cabe recordar que el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y la vice, Elena Highton, habían avalado el criterio del 2×1 en el caso Muiña.
Entre los crímenes del caso Batalla está el de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
