El coordinador de la ONU en Bolivia avala el proceso electoral
ONU pide elección transparente y Evo ve democracia fortalecida
Un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamando los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin distinción.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) abogó ayer, en el marco de la celebración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por un proceso electoral «transparente» y «democrático» en el país, en medio de los cuestionamientos que hay sobre la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales.
«Esperamos que el país lleve a cabo un proceso electoral transparente, democrático y que sea lo mejor para el bienestar social, político de todas y todos los bolivianos», dijo el coordinador residente de la ONU en Bolivia, el colombiano Mauricio Ramírez.
El diplomático se refirió en esos términos tras ser consultado insistentemente por los periodistas sobre si la reelección indefinida del presidente Evo Morales es o no un derecho humano para el organismo internacional.
Ramírez sostuvo que «no estamos para comentar» asuntos que «han decidido» el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en torno a la habilitación del mandatario para las elecciones primarias y las presidenciales de 2019.
La candidatura de Morales fue habilitada la semana pasada por el TSE, al entender la mayoría de sus miembros que no pueden contradecir una sentencia del Constitucional, que en 2017 estableció la reelección indefinida en el país.
El Constitucional se basó en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada por Bolivia, que da a un gobernante el derecho a ser elegido y al pueblo a elegirlo.
La decisión del Órgano Electoral agudizó las protestas en el país de la oposición y colectivos que demandan respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) que negó a Morales, en el poder desde 2006, una reforma constitucional para eliminar el límite de dos mandatos consecutivos que establece la Constitución que él mismo promulgó.
LECTURA DE EVO Y REACCIONES
Al respecto, el Presidente escribió ayer en Twitter que ahora «la democracia está más fuerte que nunca, aunque la derecha trate de hacer creer lo contrario».
En otro mensaje, se refirió a la declaración de los Derechos Humanos y que en ese marco lo primero que hizo su Gobierno fue «devolverle la dignidad al pueblo boliviano» con base en los principios de igualdad y libertad.
Decenas de usuarios aprovecharon los tuits del Presidente para escribirle mensajes relacionados con motivo de esa fecha. Por ejemplo, Franz Barrios Suvelza le transcribió el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a la letra señala: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
“En ese marco si el Gobierno de Evo desconoce la voluntad del #21F, desconoce la ‘autoridad’ de su Gobierno”, expresó Barrios con el hashtag #BoliviadiceNo.
Así, varios usuarios le recordaron que su gobierno no respeta el voto del pueblo expresado el 21F. “Respeta mi voto, aprende a vivir sin poder o acaso naciste con él. Bolivia ya decidió y te dijo No”, escribió David Méndez.
Pocos tuits expresaban su respaldo a Morales.
Mientras el ex presidente y candidato a la Presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó en la misma red social que «los derechos políticos y civiles están en su peor momento» en Bolivia.
«La decisión del pueblo no es respetada, la Justicia está envilecida, la libertad de expresión, de asociación y de prensa están limitadas. Recuperar la vigencia de los DDHH –derechos humanos– es un imperativo», añadió Mesa.
Informe denuncia vulneración de DDHH
Un informe alerta que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en el país son vulnerados, por lo que pide al Estado priorizar su protección, según un reporte presentado ayer por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la ONG Unitas.
Susana Eróstegui, directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), sostuvo que el «Estado boliviano ha mantenido una tendencia vulneratoria» de derechos este año, en la presentación del informe.
«Es imperante que el Estado se enfoque en el mejoramiento de las políticas para la protección de los derechos, considerando que las tres libertades (asociación, reunión pacífica y expresión) son las bases fundamentales de una sociedad democrática», expresa el reporte que leyó Eróstegui.
De acuerdo con ese diagnóstico, se vulnera la libertad de expresión «contra quienes investigan, critican o se oponen a la gestión gubernamental».
«En varias ocasiones altas autoridades públicas han descalificado las opiniones, el trabajo y las capacidades de medios de prensa, instituciones, organizaciones políticas y plataformas ciudadanas, menoscabando su derecho a impartir información y opiniones», manifestó.
La Directora expuso que «hay limitaciones a la libertad de asociación» y que existe un «debilitamiento de las instituciones estatales» y nombró al Tribunal Supremo Electoral.
Corre plazo de 72 horas contra el TSE; cívicos alistan huelga para revertir la repostulación
Este lunes empezó a correr el plazo de 72 horas definido por comités cívicos contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la renuncia de los vocales o la anulación de la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García, caso contrario iniciarán una huelga de hambre de alcance nacional que ya preparan.
«Ha comenzado a correr desde hoy (lunes) el plazo de 72 horas contra el Órgano Electoral hasta el miércoles. Si deciden mantener (los vocales su decisión), las decisiones (de protesta) tampoco van a cambiar», advirtió el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar.
Representaciones cívicas de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Beni decidieron el viernes en Cochabamba exigir a los vocales del TSE renunciar o inhabilitar la candidatura del oficialismo, pero además convocaron a los jefes de partidos políticos y candidatos presidenciales a una cumbre para definir la defensa de la democracia.
Hasta el momento no se pronunciaron los miembros del ente electoral, que junto al binomio oficialista habilitaron a otros siete de la oposición. El oficialismo calificó de «un golpe artero a la democracia» la exigencia cívica.
Cuellar informó que la plaza 24 de Septiembre será el escenario de la huelga de hambre y que la encabezará.
«Queremos (la medida extrema) en la plaza para que sea abierta a todos los ciudadanos, porque creo que esta es una lucha de todos los bolivianos y todos tenemos que estar unidos», insistió.
También determinaron los cívicos hacer una representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanso (CIDH) para que se pronuncie de inmediato sobre lo que consideran una «ilegal» repostulación de Morales y García, amparada en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que se sustentó en el derecho a elegir y ser elegido del Pacto de San José de Costa Rica.
Más allá de la amenaza cívica, los plazos también van corriendo para las elecciones primarias del 27 de enero. El ente electoral recordó este lunes que este martes vence el período abierto para la impugnación de candidatos o binomios, que está restringido a militantes.
La opositora Demócratas comunicó que este martes hará llegar al TSE los libros con firmas de ciudadanos apoyando la impugnación del binomio Morales-García, según anunció vía Twitter su candidato presidencial Oscar Ortíz.
«La gente está indignada porque no se está respetando el voto del 21F, está muy molesta porque no se respeta la Constitución y nos dicen que no es posible que dos personas quieran seguir prorrogándose en el poder», dijo Ortíz en un video difundido por su cuenta.
Los opositores reivindican el resultado del referéndum del 21 de febrero, cuando ganó el No a la repostulación.
20 expresidentes piden vigilar a Bolivia por ‘ruptura del orden constitucional y democrático’
Una veintena de expresidentes demandaron a los Gobiernos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) mantenerse “vigilantes” y disponer de las “medidas preventivas necesarias” ante lo que consideraron la “ruptura del orden constitucional y democrático” en Bolivia a raíz de la repostulación de Evo Morales.
“Declaración sobre Bolivia”. Así titula el documento suscrito por los exjefes de Estado miembros de la denominada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), de la que es miembro el opositor Jorge Tuto Quiroga.
El documento incluye seis puntos en los que se hace una lectura del referéndum del 21 de febrero de 2016 y su resultado; además de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional del 28 de noviembre de 2017 que habilita a Morales, la cual es calificada como “violatoria” y “fraudulenta”.
“La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”, señala el tercer punto.
La declaración final señala: «Instamos, respetuosamente, a los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, a mantenerse vigilantes y disponer las medidas preventivas y efectivas necesarias y apropiadas a la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales».
Entre los firmantes aparecen los expresidentes Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España) Enrique Bolaños G. (Nicaragua), Rafael Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Vicente Fox (México), César Gaviria (Colombia), Felipe González (España), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Lacalle ( Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Gustavo Noboa (Ecuador), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Álvaro Uribe (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) .
Hasta la noche de este domingo no se conoció un pronunciamiento oficial sobre la declaración de este grupo de expresidentes.
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