Cuba: congresistas debaten la nueva Constitución tras la consulta popular
Diputados cubanos debaten sobre Proyecto de Constitución
De cara al inicio este viernes del segundo período ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados cubanos reunidos en tres grupos de trabajo, analizaron el proyecto de nueva Constitución enriquecido con el criterio popular tras la consulta celebrada entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre.
También estuvieron presentes en cada uno de los grupos de trabajo integrantes de la comisión redactora del texto, conformada por 33 diputados encabezados por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Para facilitar el debate, los parlamentarios comenzaron sus análisis por el Preámbulo, pasando luego por cada uno de los Títulos contenidos en el nuevo proyecto de Carta Magna.
Preámbulo
Entre los comentarios referentes al Preámbulo, que deviene la “puerta” del texto constitucional, varios diputados comentaron sobre la necesidad de incorporarle “el movimiento estudiantil” como reconocimiento de su aporte al proceso revolucionario.
Al respecto, Yolanda Gómez, por Cabaiguán, sugirió agregarlo al párrafo donde se expresa “por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones obreros y de campesinos (…)”.
Ana María Aparicio, miembro de la Comisión Redactora, aclaró que en la frase movimientos revolucionarios ya se incluyen a las organizaciones estudiantiles, mientras que el secretario José Luis Taledo Santander recordó que el Preámbulo “no puede contener todos los detalles históricos porque se extendería demasiado”.
Este Preámbulo tiene una fuerza ideológica y una carga histórica tremenda, valoró el diputado por Holguín, Yusuam Palacios, quien reconoció tanto a dicha Comisión como a los encargados de procesar toda la información emanada de la consulta popular.
Además de mostrarse de acuerdo con que esa primera parte del texto constitucional incluya a los estudiantes, Palacios agregó que ha sido pertinente que, amén de la mención del avance de la sociedad hacia el Comunismo, se retome la idea de no retroceder jamás al sistema capitalista. “Eso no nos está permitido por la Historia”.
Al decir del diputado, se dio un gran paso al expresar en el proyecto de Carta Magna, al Comunismo “como legítima aspiración de todos”. También con ello hemos silenciado la manipulación de los enemigos ante la opinión pública internacional sobre que Cuba deja de ser comunista, precisó. Es válido, legítimo y muy provechoso que tengamos esta mención expresa, apuntó.
En una de las salas del Palacio de Convenciones de La Habana, el diputado Eusebio Leal propuso incluir en el Preámbulo una referencia a la Asamblea y a la Constitución de Guáimaro, hecho fundacional de la historia constitucional cubana, y “fundamento del Estado revolucionario fundado por aquellos legisladores sobre el grito pronunciado por el Padre de la Patria”.
“No es posible ignorar a los legisladores de Guáimaro, porque en ellos descansa la piedra angular de la república revolucionaria”.
El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, coincidió con ese planteamiento porque el hecho fundacional de Guáimaro tiene una importancia tal que enriquece el Preámbulo, debido a que gracias al espíritu de esos constituyentes surgió la primera República”.
Título I: “Fundamentos políticos”
Las principales opiniones se enfocaron en la importancia de la incorporación de los términos de justicia social y humanismo al Artículo 1.
También se reafirmó que el Partido Comunista de Cuba “único, martiano, fidelista, marxista y leninista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado”.
Toledo Santander esclareció que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre todo el territorio nacional y el espacio radioeléctrico; así mismo, se ejerce jurisdicción en la zona contigua en correspondencia con el derecho internacional.
Debates más profundos fueron motivados por un planteamiento de una diputada de Camagüey sobre la inclusión del ciberespacio, y normas y regulaciones dirigidas a este, en el inciso referido al espectro radioeléctrico.
En ese sentido, se explicó que el ciberespacio es intangible, no hay forma de ejercer soberanía sobre él porque trasciende frontera. Hacia adentro se pueden establecer algunas regulaciones referentes a equipos, redes, formas de acceso, pero el ciberespacio rebasa el límite de la soberanía nacional. “No podemos incluir en la Constitución algo que extralimite y rebase nuestra soberanía”, explicó Acosta.
En una intervención posterior en respuesta a una duda planteada por la diputada Yuleidis Cruz sobre por qué en el Capítulo I (Principios Fundamentales) no aparecen refrendados los atributos nacionales, uno de los miembros de la comisión redactora y Acosta explicaron que hay una Ley de Símbolos Nacionales, pero no de atributos nacionales.
Título II: ” Fundamentos Económicos”
Los aspectos más valorados se correspondieron con la prominencia de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la dirección planificada de la economía.
Al respecto, el diputado Marino Murillo enfatizó que la planificación logra el equilibrio en el corto plazo entre lo que se demanda y lo que se tiene. También comentó que ser dueño de los medios fundamentales de producción “nos pone en una situación favorable para poder trazar el desarrollo del país”.
Un asunto que generó varias interrogantes fue el referente a que “la propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes como las prinicipales infraestructuras”. (Artículo 24)
A decir de la diputada Ana Teresa Igarza “el término principal crea dudas y abre la posibilidad de que esa infraestructura secundaria pueda ser transmitida de manera excepcional”.
Tras un amplio debate en la sala número 1 del Palacio de Convenciones se pidió reevaluar ese término.
Sobre la tierra
Una preocupación de Yaquelín Puebla, de Cauto Cristo, Granma, estuvo relacionada con el tema de la tierra, reflejado en el artículo 29 y donde se expresa que “la compraventa o transmisión onerosa de este bien solo podrá realizarse previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley, y sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición mediante el pago de su justo precio”.
En ese sentido, la diputada enfatizó en que debe quedar bien claro que sea el Estado el que debe tener la preferencia sobre las tierras. Al respecto Gustavo Rodríguez, ministro de la Agricultura, esclareció que el aspecto del Estado en preferencia sobre la compra de la tierra hoy ha sido la práctica, y en el presupuesto “ello tiene respaldo financiero”.
Este párrafo que se incorpora a dicho artículo “nos deja abierta la posibilidad de hacer una ley o un código más flexible y con más condiciones” al Decreto Ley 125 existente, el cual regula todo lo relacionado al uso y tenencia de la tierra.
Sobre tal particular Majela Ferrari, asesora de la Comisión redactora, aclaró que el término “derecho preferente” en realidad se refiere al de derecho de tanteo y retracto, y explicó que no se negocia. Por tanto, el Estado nunca renuncia a este derecho preferente de compra que tiene. Hay una voluntad política y el Estado siempre va a comprar, apuntó.
Concentración de la riqueza
En otro de los grupos se apreció que hay opiniones y posiciones encontradas en torno al tema de la concentración de la riqueza: las de quienes quieren limitarla de facto y jurídicamente, y de quienes se oponen a ello.
Al intervenir en el debate sobre esta cuestión, el secretario del Consejo de Estado aclaró que “los límites de la riqueza a veces son difíciles de delimitar. Qué es riqueza, hasta dónde llega, hasta dónde se concentra; cuándo la riqueza es ilícita, y la reconocemos, y es delito, y cuándo es lícita, que es la que tenemos que compartir. Para distribuir riqueza hay que generarla; si no se produce, si no se genera, no podemos llegar a cumplir ese principio de una justa distribución de la riqueza”, dijo.
“Para redistribuir existe la vía fiscal, la vía impositiva; si usted gana más, adquiere más riqueza, el Estado, en función de ese principio de redistribución establecido en la Constitución, percibirá una parte de esos ingresos para distribuirlos entre los ciudadanos y los menos favorecidos. Pero no podemos decir directamente que se limita la riqueza”, afirmó Acosta.
Mencionó que la percepción de acumulación de la riqueza en Cuba, difiere en ocasiones de lo que se aprecia en otros países. “Aquí a veces se habla de la riqueza de un taxista, o de quien tiene un timbiriche, y eso en ningún lugar de este mundo es riqueza. Se trata de un trabajador autónomo que subsiste. Sus ingresos son de subsistencia, y por tanto tenemos que lograr ese equilibrio, y no verlo limitados al hoy, sino con la perspectiva del mañana”.
Al vincular este tema con el de trabajadores del sector público insatisfechos por sus ingresos y preocupados por situaciones como esta, Acosta añadió que con esa perspectiva hacia el mañana “tenemos que ajustar la pirámide, colocar en su justo lugar al sector público, al maestro, al intelectual, al profesor, el médico”.
“Tenemos que aspirar a una sociedad más próspera y sostenible, esa prosperidad tiene que alcanzar cada vez más a más ciudadanos. Ese es el objetivo de la Revolución, y el que está en el Proyecto de Constitución. Pero no atacando lo que hemos reconocido, con independencia de que puede haber violaciones. Es un sector que no podemos atacar ni reprimir; esa propiedad está construida, y esa manera de gestionar está reconocida tanto en la Constitución como en las leyes.
“Es un asunto complejo. Hay quienes quieren limitar de manera absoluta la riqueza, y lo que están limitando también es el desarrollo de las fuerzas productivas. Es limitar también que esa riqueza se genere. Lo que tiene que haber es control sobre la generación, tiene que haber legalidad en la riqueza que se construye. Si un campesino tiene su tierra, y produce, y vende su producción y gana su dinero, hay que aplaudirlo: genera su riqueza pero también contribuye al bienestar de la nación”.
Y continuó: “Cuando un artista, cuando un deportista, cuando un trabajador del sector no estatal ganan su riqueza lícitamente, también hay que aplaudirlo, porque con esto se beneficia una parte de la sociedad. Aportan también al resto de la sociedad por vía impositiva, que es lo que va a permitir redistribuir esa riqueza”.
Trabajo: ¿Deber u obligación?
Sobre el trabajo, los diputados coincidieron que quede expresado en la Constitución como un deber social. José Castañeda, por La Lisa, La Habana, apuntó que es cierto que no debe quedar redactado en el texto constitucional como una obligación, “pero hay un sentir generalizado en el país de la necesidad de que el trabajo incida de forma positiva para que más personas se pongan a producir”.
Al ser el tema uno de los más discutidos en la consulta popular, Marucha Lenzano, por Santiago de Cuba, manifestó que los planteamientos han sido desde el punto de vista de mejorar la condición obrera, y que no exista tanto desbalance entre el número de población en edad laboral y aquellos que se mantienen vinculados a la producción y los servicios.
Título III “Fundamentos de la Política Educacional, Científica y Cultural”
Al dialogar sobre el Título III los diputados reconocieron el artículo 32, donde se expresa que la política educativa, científica y cultural se fundamenta en los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Título IV “Ciudadanía”
Los diputados de los grupos de trabajo reconocieron como positivo que se haya esclarecido que “la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana”.
Título V “Derechos, deberes y garantías”
Este estuvo entre los más debatidos por los legisladores, quienes reconocieron el hecho de agregar que “la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes”. La diputada Doraine González, de Camagüey, dijo que prefería la redacción anterior del artículo 43 (ahora 46) donde quedaba explícito que “el Estado garantiza a todos sus ciudadanos la vida”.
En particular la inserción del nuevo capítulo III, relacionado con las familias, suscitó un gran análisis al reconocerse que ello, además de ser una respuesta a las demandas de la población, era necesario para que la Constitución se parezca a la vida del pueblo.
Lo novedoso de dejar señalado que “el Estado reconoce y protege a las familias, amén de su forma de organización”, fue aplaudido por los parlamentarios; sin embargo, sobre el tema del matrimonio se reformuló el contenido del anterior artículo 68, (ahora 82), en el cual se estipula que “el matrimonio es una institución social y jurídica”, dejando a la ley la responsabilidad de determinar la forma en que se constituirá.
Sobre este punto, el diputado Luis Ángel Robles, por La Habana, reconoció que la forma en que queda conformado el artículo 82 “no significa un retroceso”, pues se desdobla el concepto de matrimonio y se emplea el término cónyuge -neutro-; no obstante, mostró su desacuerdo con aplazar hasta dos años y someter a referendo popular el proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.
“Estoy de acuerdo con que se lleve a consulta popular, pero no a referendo”, expresó, y pidió que sea en el seno de la Asamblea Nacional donde se lleve a cabo esta votación, porque “estamos poniendo derechos de personas y de grupos en una posición ´crítica´ si se lleva este Código a referendo popular”.
Al explicar el porqué de la decisión tras un debate y “discusiones muy duras” debido a que este es un tema muy sensible, Majela Ferrari, miembro de la Comisión redactora, particularizó en que un aspecto a reflexionar ha sido cómo se ha desplazado la atención de la reforma constitucional a este tema, “porque no hay que saber derecho para verter una opinión al ser esta una cuestión donde subyace un profundo contendido moral y donde cada ciudadano ha emitido su juicio”.
“El criterio popular se ha transparentado mucho en esta consulta, ha habido que analizar en abstracto, cómo hay una concepción moral que no ha evolucionado y eso es algo lamentable. Me duele que mi pueblo haya sido revolucionario en temas como el racismo y el aborto, y no en este aspecto; esto nos tiene que poner a pensar en las estrategias para cambiar esto, porque estamos hablando de justicia social, igualdad y dignidad”.
No obstante, Ferrari explicó que trasladar dicho asunto a la consulta popular y referendo está vinculado con el derecho de participación y ambos no deben desligarse. Con posteridad se va a valorar un Código de Familia revolucionario y las personas tienen que tener una manera vinculante de decisión, que en este caso concreto (otras leyes como el Código de Trabajo no se sometieron a referendo) es de alta sensibilidad.
“Les pido que sean reflexivos y entiendan que la decisión de la política del Estado es apoyar al matrimonio y que los derechos lleguen a todos”.
En similitud a lo expresado por Ferrari, el diputado Danhiz Díaz, destacó que la voluntad política del Gobierno y el Partido va más allá de reconocer el matrimonio, sino la igualdad de derechos para todos; “el primer logro es que haya un capítulo de familia y que se agregue la unión de hecho”.
Desde otro grupo de los reunidos en el Palacio de Convenciones, la diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) opinó que se ha aprendido y avanzado en el tratamiento matrimonio entre personas en la actualización del proyecto de Carta Magna, y que “para nada hemos retrocedido”.
Afirmó que los derechos, garantías y deberes de la diversidad sexual y de género quedan protegidos como nunca en la nueva versión del texto constitucional, y que el contenido del artículo 68 “está reformulado en distintos momentos del nuevo capítulo III, el cual quedó muy bien elaborado”.
El artículo 68 del proyecto de Constitución, que reconocía que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, suscitó un total de 192 mil 408 opiniones; el 24,57 por ciento de los criterios que se emitieron durante el proceso fueron sobre este asunto, es decir, en el 66 por ciento de las reuniones hubo una opinión al respecto.
Otros temas abordados
Sobre las inquietudes planteadas por el pueblo y diputados sobre los temas de edad mínima y máxima y período de mandato del presidente, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, recordó que el tema se abordó en el congreso del Partido, en reuniones de gobierno, entre la población.
“La historia de las revoluciones es muy compleja. Sobre todo, pasa por los hombres. Una cosa son las personas que hacen la revolución, que tienen la legitimidad histórica de haberla hecho, y otra quienes les suceden. Hay que buscar límites en los ejercicios de los cargos. Son experiencias que el socialismo real no resolvió”, comentó.
“Hay que entender los argumentos que el propio Raúl ha dado, que vienen de una meditación de muchos años. Hay alguien que ha querido comprar el tiempo que estuvo Fidel con el tiempo actual, pero Fidel hizo la Revolución”, añadió.
En otro momento del debate parlamentario, el cantautor Raúl Torres, diputado por Caimanera, se refirió a la realidad de que una agresión permanente que sufre Cuba es la presencia de una base naval estadounidense en su territorio nacional, a lo cual pudiera hacerse referencia en el Título X, Defensa y Seguridad Nacional.
“Es un tema relacionado con la soberanía, podría ser efímero, temporal, y por ello no reflejarse en la Constitución, pero igualmente podría estar reflejado”, dijo. Un miembro de la comisión redactora explicó que el tema, aunque no se explicita una mención a la Base Naval de Guantánamo, es abordado en el Artículo 12 del texto del Proyecto de Constitución: “La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos y concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad nacional”.
Ese artículo estaba presente, con otra definición, en la Constitución de 1940, y fue reforzado en la de 1976. Ahora se mantiene y perfecciona. En cuanto a las atribuciones de los consejos populares, varios diputados, incluidos presidentes de consejos populares, reconocieron que el artículo referido a este tema es importante, porque no los enajenan de las dificultades que existan, sino que les enmarcan en las entidades de nivel local y les dan capacidad de fiscalizar y controlar a entidades que tributan servicios directamente a la localidad.
El secretario del Consejo de Estado recordó que los consejos populares no tienen la capacidad de ejercer control y fiscalización de entidades que no son de subordinación local y no tributan directamente a la localidad. “Si una fábrica afecta a la población y tiene efectos contaminantes eso puede discutirlo la Asamblea Municipal”, dijo.
Aclaró que “con eso no disminuye la autoridad del consejo popular. Este se dedica a lo que concierne directamente a la población, lo que le afecta localmente, lo que está en su nivel de competencia”.
La víspera los parlamentarios realizaron un estudio individual de la propuesta de Carta Magna, resultante de los debates en 133 mil 681 reuniones para efectuar propuestas del anteproyecto, con una asistencia de 8 millones 945 mil 521 personas.
En dichas reuniones se realizaron un millón 706 mil 872 intervenciones, de ellas 783 mil 174 propuestas, (666 995 modificaciones, 32 149 adiciones, 45 548 eliminaciones y 38 482 dudas). Igualmente, fueron recibidas 2 mil 125 propuestas realizadas por los cubanos residentes en el exterior.
En un 62 por ciento predominan las opiniones favorables al proceso de consulta, y las críticas en un 3 por ciento. Por tanto, el pueblo valida la importancia de incluir las opiniones de la población y se destaca el papel de los medios de comunicación.
